La iniciativa plantea sancionar a quienes promuevan o justifiquen la violencia contra los animales en medios de comunicación y redes sociales, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
La diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que ha sido denominada públicamente como “Ley Anti Pedro Sola”, luego de la polémica desatada por los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar perros. La propuesta busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal y castigar la difusión de mensajes que promuevan o normalicen este tipo de violencia.
La iniciativa surgió después de que Pedro Sola expresara al aire que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” por la presencia de perros en establecimientos públicos. Aunque el conductor y Patricia Chapoy ofrecieron disculpas tras la controversia, la legisladora sostuvo que las figuras públicas tienen una responsabilidad especial por el impacto de sus declaraciones ante millones de personas.
El proyecto propone reformar el Código Penal de la Ciudad de México para sancionar la apología del maltrato animal, es decir, cualquier expresión que incite, promueva o justifique actos de crueldad contra los animales, especialmente cuando sea difundida a través de medios de comunicación, televisión, radio o plataformas digitales. Además, contempla que las sanciones sean más severas cuando los mensajes provengan de comunicadores, influencers o personas con una amplia audiencia.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las penas por maltrato animal. La propuesta establece hasta ocho años de prisión para quienes provoquen lesiones a animales de compañía y hasta 15 años de cárcel cuando se cause deliberadamente la muerte de un ser sintiente. La diputada argumentó que la reforma busca impedir que la violencia sea minimizada o presentada como una simple broma, pues ello contribuye a normalizar conductas de crueldad.
Por ahora, la “Ley Anti Pedro Sola” permanece en análisis dentro de las comisiones del Congreso capitalino, por lo que aún no ha sido aprobada ni se encuentra vigente. En caso de avanzar, los legisladores deberán evaluar su constitucionalidad, el alcance de las sanciones y el equilibrio entre la protección animal y el derecho a la libertad de expresión, un debate que ya comenzó dentro y fuera del ámbito legislativo.
