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  • ASF detecta 100 mdp en pagos irregulares dentro de la nómina educativa de Oaxaca

    ASF detecta 100 mdp en pagos irregulares dentro de la nómina educativa de Oaxaca

    La auditoría identificó recursos destinados a funcionarios con cargos de elección popular, trabajadores con plazas incompatibles y personas fallecidas. Las anomalías corresponden a la gestión de Emilio Montero Pérez al frente del instituto.

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades cercanas a los 100 millones de pesos en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), correspondientes a la Cuenta Pública 2025. Entre las anomalías encontró pagos a funcionarios públicos, trabajadores con múltiples plazas en centros geográficamente incompatibles y personas que ya habían fallecido.

    En su informe, el órgano fiscalizador reportó 10 millones 988 mil 333 pesos pendientes de aclarar por pagos a personal con plazas incompatibles, cargos de elección popular o registros de defunción. También identificó 9 millones 623 mil 222 pesos destinados a 50 trabajadores que ocupaban cargos públicos sin acreditar funciones relacionadas con la educación básica y normal.

    Otro señalamiento involucra 45 millones 316 mil 926 pesos entregados a 150 trabajadores que desempeñaban cargos de elección popular en el Congreso o municipios de Oaxaca, pero mantenían 199 plazas distribuidas en 162 centros de trabajo. Además, 31 integrantes comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibieron 13 millones 902 mil pesos mediante 39 plazas.

    La ASF también encontró pagos por 6 millones 289 mil pesos a 19 trabajadores registrados en 35 centros de trabajo durante el mismo turno, así como 8 millones 827 mil pesos a 28 empleados con adscripciones ubicadas a distancias que impedían acreditar su compatibilidad geográfica. A esto se suman pagos por más de 2.8 millones de pesos en otras plazas incompatibles y 513 mil 550 pesos a cuatro trabajadores con registro de defunción.

    Las irregularidades corresponden al periodo de Emilio Montero Pérez como director del IEEPO, quien renunció el 25 de septiembre de 2026, dos días después de la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, señalado por presuntos vínculos con Los Cromos, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Montero también fue señalado por autoridades federales por presuntos nexos con ese grupo criminal.

    Tras la detención del edil, se reveló que regidores y funcionarios municipales cobraban en la nómina educativa sin estar vinculados con el sector. Entre los casos mencionados figura Eduardo Rodríguez Burgos, esposo de la actual directora del IEEPO, Fernanda Chávez, quien percibe más de 51 mil pesos mensuales brutos en el instituto y otros 22 mil 309 pesos como auxiliar en la Secretaría de Administración.

  • Renuncia Montero al IEEPO tras la crisis de seguridad en Juchitán

    Renuncia Montero al IEEPO tras la crisis de seguridad en Juchitán

    El exalcalde dejó el cargo dos días después de la detención del actual presidente municipal de Juchitán.

    Emilio Montero Pérez dejó este viernes la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Su salida llega en medio de una crisis política y de seguridad que sacude a Juchitán de Zaragoza, el municipio que él mismo gobernó antes de que asumiera Miguel Sánchez Altamirano, hoy detenido.

    Montero encabezó Juchitán y logró la reelección para un segundo periodo. En noviembre de 2022 pidió licencia al cargo y Sánchez Altamirano, su colaborador cercano, tomó la Presidencia Municipal. Después, Sánchez volvió a competir y ganó la elección para el periodo 2025-2027. El Congreso de Oaxaca registró en su momento tanto la licencia de Montero como la llegada de Sánchez al gobierno municipal.

    Antes de convertirse en alcalde, Sánchez Altamirano trabajó como secretario particular y secretario técnico durante la administración de Montero. Ambos mantuvieron una relación política estrecha durante los años siguientes.

    El miércoles 23 de septiembre, autoridades federales y estatales detuvieron a Sánchez Altamirano en un operativo conjunto. La Fiscalía de Oaxaca lo investiga por extorsión agravada y por delitos contra la seguridad del Estado. También indaga su presunta relación con Los Cromos, un grupo que las autoridades vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez determinará si estas acusaciones proceden.

    Un día después, agentes capturaron a Jhon Keny Moreno Segura, quien fue comisionado de la Policía Municipal de Juchitán. Lo acusan de delitos contra la investigación y la seguridad del Estado, además de brindar presunta protección a Los Cromos. Moreno Segura dirigió la corporación durante los gobiernos de Montero y de Sánchez Altamirano.

    El nombre de Montero ya había aparecido ligado a este caso desde abril pasado. En aquel momento, él y Sánchez Altamirano rechazaron señalamientos que los vinculaban con grupos criminales del Istmo. Montero calificó entonces las acusaciones como falsas e infundadas.

    Esta semana la crisis se agravó más. Trascendió que varios funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán también figuraban en las nóminas del IEEPO y de otras dependencias estatales. Entre los casos señalados hay integrantes del Cabildo y personal municipal con plazas docentes o administrativas dentro del instituto que dirigía Montero.

    Hasta el miércoles, Montero seguía al frente de sus actividades públicas en el IEEPO. Ese mismo día, el organismo difundió su participación en el arranque de una estrategia nacional de atención socioemocional para escuelas de Oaxaca.

    Su renuncia coincide con otro anuncio importante. El gobernador Salomón Jara informó que pedirá al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán. El mandatario considera que las circunstancias actuales exigen una nueva conducción del gobierno municipal.

    En menos de 72 horas ocurrieron tres hechos que sacuden a Juchitán: la detención del alcalde, la captura del expolicía y ahora la salida de Montero del IEEPO. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales continúan sus operativos e investigaciones sobre presuntas redes de protección a grupos delictivos en la región.

    Hasta la tarde de este viernes, el directorio público del IEEPO todavía mostraba a Montero como director general. El instituto no había confirmado oficialmente quién ocupará su lugar.