En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Oficina de la Presidencia repartió entre sus trabajadores cientos de tarjetas electrónicas y vales de papel para recargar gasolina y otros combustibles. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las autoridades correspondientes no han podido comprobar la legalidad de dichos gastos, aunque a la fecha no hay denuncias.
En 2018, el último año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, su oficina, que comandaba Francisco Guzmán, gastó más del doble de lo que tenía previsto. Fue a través de contratos fantasma, gastos sin comprobar de gasolina y pagos sin sustento a trabajadores adscritos al Estado Mayor Presidencial, dejó un posible desfalco de más de 33 millones de pesos que, cinco años después, no ha sido denunciado ni penal ni administrativamente.
El presupuesto de la Oficina de la Presidencia en 2018, modificó en casi 105%: de los mil 797 millones de pesos que se le habían autorizado gastar para ese año, terminó desembolsando 3 mil 682 millones.
Por ejemplo, en noviembre de 2018, a unos días de dejar el poder y entregárselo al equipo de Andrés Manuel López Obrador, la Oficina de la Presidencia solicitó una ampliación al presupuesto de la partida 35501 denominada “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, que ese año tuvo una de las carteras más abultadas, con recursos por más de 300 millones de pesos, por 33.5 millones de pesos.
De esos 33.5 millones, el 92.89%, es decir, 31.1 millones de pesos, se repartieron en otras partidas, como la de “material de apoyo informativo”, “gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial” o “maquinaria y equipo industrial”, áreas que, a decir de las auditorías, no tenían una necesidad real de gasto. Sin embargo, ese incremento injustificado en el uso de los recursos en el último año del sexenio, no fue señalado como irregular ni como daño al erario.
Entre el cúmulo de documentos que la ASF revisó a partir de 2019 en la Oficina de la Presidencia, los auditores encontraron 19 contratos firmados en 2018 para la adquisición de diversos bienes y servicios que sumaban un total de 75 millones 728 mil 100 pesos.
Sin embargo, nunca se pudo comprobar la recepción de esos bienes y servicios establecidos en 14 contratos por un monto de 27 millones 61 mil pesos, por lo que ese pago se consideró un presunto daño patrimonial, que a la fecha no ha sido reclamado. En suma, a esos 27 millones de desfalcos en la Oficina de la Presidencia se agrega un monto de un millón 788 mil 598.68 pesos por huachicoleo cometido por servidores públicos que trabajaban junto al presidente.
La ASF revisó cómo se usaron los recursos de dos partidas relacionadas con la compra de combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, entre las que se ejercieron 130 millones 270 mil 500 pesos durante 2018.
En su auditoría, la ASF identificó que de 563 tarjetas electrónicas que se repartieron entre servidores públicos para pagar gasolinas y combustibles de los vehículos oficiales de la Presidencia, no se pudo comprobar a qué vehículos se les suministró gasolina a través de 23 tarjetas por un monto de 725 mil 800 pesos y de vales de papel por un monto de 279 mil 300 pesos.
Además, en la revisión, los auditores detectaron que nueve de los vehículos a los que se les suministraron 52 mil 130 litros de gasolina, equivalentes a 783 mil 500 pesos, no formaban parte de las flotillas de la Presidencia ni de otras dependencias, por lo que sumó ese otro monto al presunto daño patrimonial.
La ASF también reportó otro presunto desfalco relacionado con el pago a trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial por 4 millones 921 mil 400 pesos por inconsistencias entre los pagos reportados en la nómina del personal y los informes del ejercicio del presupuesto, entre los que hubo excesos en las primas vacacionales, asignaciones adicionales al sueldo y remuneraciones al personal eventual.
Sin embargo, la contratación de trabajadores eventuales adscritos al Estado Mayor Presidencial fue otra manera de desviar recursos desde la Oficina de la Presidencia que, aunque fue identificada por la ASF, no la sumó al monto de daño al erario.
De igual forma, la ASF encontró que 115 personas que habían sido contratadas como eventuales o por honorarios por la Oficina de la Presidencia para el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, trabajaban en realidad en otros lugares, públicos y privados, pero los 56 millones de pesos que la Presidencia les pagó como sueldos, no se reportaron como daño patrimonial por la ASF.
Cabe destacar que la ASF sólo revisó la mitad del presupuesto ejercido por la Presidencia.
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