Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.
En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.
Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.
A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.
Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
Banamex revela que la Presidenta mantiene más de 70% de aprobación, superando a AMLO, Fox, Calderón, Peña y Zedillo, mientras los mexicanos aseguran sentirse defendidos ante las amenazas de Donald Trump.
Claudia Sheinbaum se consolida como la Presidenta con mayor aprobación en la historia reciente de México, de acuerdo con un análisis del área de estudios económicos de Banamex, que la coloca por encima de sus cinco antecesores en el mismo periodo de gobierno.
El banco detalló que Sheinbaum registra más del 70% de aprobación ciudadana, un nivel récord que ningún mandatario había alcanzado desde que existen mediciones comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En contraste, presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox y Felipe Calderón promediaban alrededor del 60%, mientras que Enrique Peña Nieto y Zedillo se mantenían por debajo del 50%.
El estudio subraya que Sheinbaum “está por cerrar su primer año de gobierno con el mayor nivel de popularidad de los últimos sexenios”, lo que constituye un hito en la serie de encuestas elaboradas por firmas como Buendía & Márquez, Mitofsky y Enkoll.
Según Banamex, la mandataria capitaliza una percepción ciudadana que la describe como “preparada, honesta, con carácter y cercana a la gente”, atributos que coinciden con sus altos índices de popularidad. Sin embargo, el banco precisó que la inseguridad sigue siendo el aspecto más criticado de su gestión.
En el plano internacional, el informe resaltó que los mexicanos se sienten respaldados frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente firmó una orden para combatir a los cárteles incluso dentro del territorio mexicano. Frente a ello, Sheinbaum ha reiterado que “México no aceptará injerencias”, aunque mantiene la cooperación bilateral en distintos frentes, incluida la seguridad.
El documento concluye que, pese a la preocupación que genera la política de Trump hacia México, existe un amplio respaldo social a la manera en que Sheinbaum maneja la relación con Estados Unidos, lo que fortalece su imagen tanto a nivel interno como en el escenario internacional.
Entre 2013 y 2015, Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias Callo de Hacha, recibió 47 millones 389 mil 776 pesos, de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con los recursos públicos que en ese momento le fueron destinados al youtuber, se podrían haber comprado 70 viviendas.
Y con esa misma cantidad de dinero, también se habrían podido comprar 447 autos compactos.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto prefirió entregarle esos 47 millones de pesos a un personaje dedicado a vender clickbaits y esparcir Fake News.
DATOS DUROS:
Cabe recordar que, en 2015, el precio medio nacional de una vivienda en México con crédito hipotecario fue de aproximadamente 676 mil pesos corrientes, mientras que en la Ciudad de México el precio promedio de una vivienda se situó en alrededor de 1 millón 500 pesos.
En 2015, el precio de un automóvil en México variaba ampliamente según la marca y modelo, pero se podía encontrar un auto de entrada como el Chevrolet Spark en el rango de los 79 mil 500 a 99 mil pesos, mientras que un auto compacto como el Volkswagen Gol costaba entre 101 mil y 111 mil pesos.
Los modelos de gamas más altas, como los sedanes de lujo o los SUVs, podían superar los 150 mil o 200 mil pesos.
El despliegue de tropas y la transición a drogas sintéticas reducen drásticamente el cultivo de amapola, debilitando al Cártel de Sinaloa y su control en el mercado de heroína.
La capacidad de producción de amapola en Sinaloa por parte del Cártel de Sinaloa ha experimentado un desplome histórico del 94% desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la actual administración federal, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y citados en una investigación de Liliana Estevez para Milenio.
Durante el gobierno de Peña Nieto, se detectaban hasta 186 hectáreas de amapola en promedio mensual. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la superficie se redujo a 78 hectáreas, mientras que en el primer semestre de la gestión de Claudia Sheinbaum, la siembra cayó a apenas 11 hectáreas mensuales, gracias al despliegue de tropas, labores de inteligencia y estrategias coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El cambio de paradigma en el narcotráfico también influye: el cártel ha priorizado la producción de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, que tienen gran demanda en Estados Unidos, desplazando la amapola y la heroína.
Actualmente, Sinaloa cuenta con altos mandos militares en activo dentro de su estructura de seguridad, algo poco habitual: el secretario estatal de Seguridad Pública es un general y el de Culiacán un coronel en activo, fortaleciendo la vigilancia local.
El Cártel de Sinaloa sigue siendo responsabilizado por la DEA por la proliferación de fentanilo, implicado en 69% de las más de 107 mil muertes por drogas en 2023 en Estados Unidos. En paralelo, se mantiene la lucha interna entre La Mayiza y Los Chapitos, con una violencia que incluye narcobloqueos, ejecuciones y secuestros.
Para reforzar la seguridad, la Federación ha desplegado constantemente efectivos militares, incluyendo 1,500 elementos adicionales en agosto, y se reclutan 150 agentes estatales entrenados como élite por instructores especializados de la Guardia Nacional, mientras la policía local ha sido autorizada para portar armas de uso exclusivo del Ejército.
Esta estrategia integral combina operativos, inteligencia y cooperación bilateral con Estados Unidos, orientada a frenar la producción de amapola y mitigar el tráfico de drogas sintéticas que amenaza la región y la seguridad internacional.
“Callo de Hacha”, los Arreola y SDP Noticias han obtenido millones por medio de su red de negocios en la que venden “clickbaits” y publicidad a diferentes gobiernos.
Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias “Callo de Hacha”, es un personaje que cobra jugosas cantidades de dinero por atacar o defender a los amigos o adversarios de sus patrones en turno, no cabe duda de que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue sumamente próspero para el youtuber sinaloense. De hecho, de 2013 a 2018, Avilés Vázquez recibió, a través de Comunicaciones Estratégicas Newlink S.A de C.V., 47 millones 389 mil 776 pesos.
El 16 de julio de 2015, para ser más específicos, Avilés Vázquez, alias “Callo de Hacha”, recibió 2 millones 312 mil 302 pesos de parte de la administración del priista Eruviel Ávila Camacho, entonces gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco.
Pero la ambición de Jorge Roberto Avilés Vázquez es grande, por lo que también ha logrado facturar con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
En noviembre de 2016, por ejemplo, “Callo de Hacha” recibió, en un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre 2016, 798 mil 831 mil pesos. Era, cabe mencionar, el tiempo en que la displicente Claudia Ruiz Massieu Salinas conducía el destino de la SRE.
Sin embargo, Avilés Vázquez no solo ha recibido dinero público de parte de las grandes secretarías de Estado…
“Callo de Hacha” también se las ha ingeniado para obtener dinero público al realizar convenios económicos con clientes como la Casa de Moneda de México, institución a la que logró venderles Hall Pages a color por más de 69 mil 500 pesos.
Y ahí no para la cosa…
En marzo de 2018, la empresa que representa a Avilés Vázquez recibió 258 mil 525 pesos para ayudar a promover el fallido NAICM a través de una “campaña de beneficios” que, lamentablemente, el youtuber tuvo que inventar porque tales “beneficios” eran inexistentes.
“Callo de Hacha”, al igual que otros youtubers contratados para esta campaña, salió a decir, sin ningún sustento, que el Aeropuerto de Texcoco se trataba de una inversión trascendente en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico.
Cabe destacar que el proyecto del NAICM fue cancelado en 2018 debido a que contó con una planeación deficiente, un proyecto oneroso y plagado de irregularidades desde su concepción y contratación.
Pero lo anterior nunca le importó al “Callo de Hacha”, ya que, lamentablemente, este remedo de comunicador no tiene ideales ni convicciones propias. Al carecer de criterio es como una veleta que se inclina según lo mueva la corriente del dinero.
Alejado del mínimo rigor informativo, el contenido de Jorge Roberto Avilés Vázquez no sigue –ni respeta– estándares periodísticos serios. “Callo de Hacha”, montado en la sátira, la provocación y los comentarios soeces, se dedica a priorizar la comedia e incentivar la opinión polarizante.
Su estilo es sardónico y efectista, por lo que, para atizar más el sensacionalismo que practica, este sujeto utiliza titulares exagerados y “clickbaits” para atraer atención. Razón por la que su enfoque carece del mínimo rigor intelectual y solo intenta ocultar que carece de pruebas y datos verificables.
“Callo de hacha” no es un periodista: es un comediante que grita, vocifera y hace de todo para llamar la atención.
Lamentablemente, eso no les impidió contratarlo en el medio SDP Noticias.
Y es que, actualmente, Jorge Roberto Avilés Vázquez trabaja bajo las órdenes de Federico Arreola García, hijo del empresario Federico Arreola Castillo, dueño y director general del portal SDP Noticias.
Ambos personajes han hecho una mancuerna que les ha dejado millonarios ingresos. De hecho, el Periódico Digital Sendero, S.A. de C.V., razón social de SDP Noticias, también tiene un largo historial de convenios millonarios.
De 2013 a 2018, el medio fundado por Federico Arreola Castillo recibió 153 millones 578 mil 253 mil pesos por concepto de “publicidad” de parte del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, en ese mismo periodo, la empresa de los Arreola obtuvo 1 millón 680 mil 600 por “otros servicios” que, hasta hoy, no han podido especificar.
Pero sus contratos y sus convenios millonarios no terminan ahí. Los negocios de Arreola continúan, viento en popa, desangrando las arcas públicas.
El pasado 7 de agosto de 2024, por ejemplo, SDP noticias recibió 2 millones 545 mil 272 pesos de parte de la administración de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cabe destacar que Federico Arreola Castillo y su hijo, Federico Arreola García, quien hoy está a cargo de SDP Noticias, aunque se presumen progresistas, en realidad mantienen una estrecha relación de amistad con Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola, quienes los han recibido gustosamente en sus diferentes programas.
“Callo de Hacha”, por su parte, lejos de ser un simple creador de contenido, ha construido una carrera lucrativa a base de contratos gubernamentales y la venta de su opinión al mejor postor.
Lo que podemos observar aquí es, lamentablemente, una perversión del rol del comunicador y una desvirtuación periodística. En lugar de ser guardianes de la verdad estos personajes han decidido convertirse en actores al servicio de intereses particulares, vendiendo su voz, su alcance y su influencia a quien ofrezca la oferta más alta.
La ética periodística, en este caso, ha sido sepultada bajo un cerro de billetes.
El expresidente Enrique Peña Nieto se une a un torneo de golf en Madrid para recaudar fondos contra el cáncer de mama, rodeado de figuras destacadas.
Enrique Peña Nieto, expresidente de México, participó en un torneo de golf este jueves en San Lorenzo de El Escorial, España. Este evento busca recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.
Peña Nieto, quien reside en Madrid desde 2018, completó un recorrido de 18 hoyos junto a personalidades como el extenista Rafael Nadal y el futbolista Iker Casillas. También estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.
El torneo, organizado por la Fundación Clínica Menorca, tiene 24 años de historia y se enfoca en la lucha contra el cáncer de mama. A pesar de su participación en el evento benéfico, Peña Nieto enfrenta investigaciones por corrupción en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga desde 2022 por supuestos sobornos y enriquecimiento ilícito. A pesar de los problemas legales, el expresidente continúa involucrándose en actividades sociales en su nuevo hogar.
La empresa del hijo de Gil Díaz buscaba compensación por contratos cancelados con Pemex; tribunal confirma que no recibirá recursos públicos.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Perforadora Oro Negro, S.R.L. de C.V., por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) no deberá indemnizar a la empresa con dinero del erario. La resolución confirma la sentencia emitida el 2 de agosto de 2023 por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 31949/21-17-06-9/416/23-PL-09-04, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea.
La compañía, creada para rentarle plataformas a Pemex a través de su subsidiaria PEP, tiene entre sus accionistas a Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien actualmente se encuentra prófugo por presuntos delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos.
El juicio de amparo buscaba impugnar la cancelación anticipada de cuatro contratos de renta de plataformas, con un valor total de 852 millones de dólares más IVA, realizada por Pemex el 2 de octubre de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La empresa pretendía obtener así una indemnización a costa del erario público.
La decisión de negar el amparo fue unánime, con votos del magistrado presidente Alfredo Enrique Báez López, la magistrada Ana María Ibarra Olguín, y la secretaria en funciones de magistrada Yaremy Patricia Penagos Ruiz, quien también fue ponente del caso.
Los contratos detallan la renta temporal de cuatro plataformas de perforación marina —PRIM, Laurus, Fortius y Decus—, incluyendo tripulación y mantenimiento integral para operar en aguas del Golfo de México, con montos que van desde 174 millones hasta 243 millones de dólares más IVA y plazos de arrendamiento entre 2.8 y 3.9 años.
Con esta resolución, Pemex queda exento de indemnizar a Oro Negro, lo que demuestra la postura del gobierno de proteger recursos públicos frente a reclamos de empresas privadas ligadas a exfuncionarios y sus familiares.
