La exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, afirmó en una reciente entrevista que su encarcelamiento fue una venganza política de López Obrador. Ella sostiene que el presidente la vio como un obstáculo.
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no se contiene al hablar sobre su tiempo en prisión. En una entrevista reciente, volvió a señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador como el artífice de su encarcelamiento. Según ella, AMLO sabía que representaba un reto para su administración.
Durante la conversación, Robles recordó su cercanía con el presidente durante sus inicios en el PRD. Afirmó haberlo apoyado en su carrera política, creyendo que era la mejor opción para liderar. Sin embargo, su percepción ha cambiado drásticamente. Ella afirma que el resentimiento que López Obrador sintió tras el fraude electoral de 2006 lo llevó a un punto de no retorno.
“Desde entonces, ya notaba un cambio en su carácter. Siento que ese resentimiento le hizo desarrollar un ego que justifica cualquier acción”, expresó Robles.
La exfuncionaria sostiene que su encarcelamiento no solo fue un acto de venganza, sino parte de una estrategia política. Asegura que AMLO quería asegurarse de que su proyecto no encontrara obstáculos provenientes de su experiencia y conexiones. “Él sabía que tenía que encarcelarme. No había pruebas en mi contra, solo una vendetta”, comentó.
Robles también mencionó el controversial caso de la Estafa Maestra. Dijo que la acusación en su contra tenía una consigna específica y que algunos de los acusadores terminaron ocupando cargos en el gabinete de López Obrador. Para ella, esto confirma que la persecución tenía un propósito claro.
Finalmente, Robles cuestionó la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, sugiriendo que muchas mujeres siguen enfrentando desigualdades. “No todas las mujeres que realmente representan causas han llegado. Aún queda mucho por hacer”, concluyó. (Con información de Sin Linea).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alcanzó un 84% de aprobación en sus iniciativas legislativas, superando a sus antecesores desde el 2000.
En sus primeros 18 meses como presidenta, Claudia Sheinbaum ha demostrado una notable efectividad en el Congreso. Logró que se aprobara el 84% de las iniciativas que presentó, un récord en comparación con sus predecesores desde el año 2000. Esta cifra se destaca a pesar de enfrentarse a retos significativos en el ámbito legislativo.
Desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026, Sheinbaum propuso un total de 75 reformas y nuevas leyes. De estas, 63 ya han sido aprobadas, mientras que 11 están pendientes y solo una fue rechazada. Este éxito es importante en el contexto actual, especialmente después de las dificultades que enfrentó con sus planes electorales.
A diferencia de otros presidentes, Sheinbaum cuenta con el apoyo mayoritario de su partido, Morena, y sus aliados, el PT y el PVEM. Esto le ha permitido avanzar en sus prioridades legislativas. Sin embargo, la reciente reforma electoral no logró el respaldo necesario, un revés significativo en su agenda.
En comparación, el expresidente priista Enrique Peña Nieto alcanzó una aprobación del 80% en sus propuestas, mientras que el espurio, Felipe Calderón logró un 79.55%. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, tuvo una tasa de aprobación del 75.73%. En el lado opuesto, Vicente Fox, quien presentó el mayor número de iniciativas, tuvo una tasa de rechazo más alta.
Claudia Sheinbaum también ha promulgado 19 reformas constitucionales en su mandato, superando a Vicente Fox, quien logró 18. Entre sus cambios destacados se encuentran la reducción de la jornada laboral y la prohibición de reelección. Esto refleja su enfoque en mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Recientemente, la presidenta presentó un plan electoral, el cual fue rechazado por la oposición, impidiendo que se alcanzara la mayoría necesaria. No obstante, su partido sigue buscando opciones para presentar de nuevo esta iniciativa en el futuro.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, enfatizó que los resultados son un paso hacia la eliminación de privilegios en el sistema electoral. No obstante, los críticos, como Rubén Moreira del PRI, acusan a Morena de desviar la atención de problemas urgentes como la inflación y la inseguridad.
Claudia Sheinbaum continúa trabajando por su agenda legislativa, mostrando su compromiso con un futuro donde el bienestar de los ciudadanos sea la prioridad. (Con información de Milenio).
Ricardo Salinas Pliego desató polémica tras proponer que quienes reciben dinero de programas sociales no puedan votar. Sin embargo, la misma historia de sus empresas es la prueba de que recibió miles de millones de pesos del Estado mexicano durante décadas. Parece que el razonamiento lógico no es lo suyo; mientras que la hipocresía, sí.
El “Tío Richie” publicó en X que quienes reciben apoyos económicos “no deben poder votar”, intentando argumentar —de manera algo patética— que estos recursos se utilizan para generar dependencia política. De igual manera, afirmó que el dinero público no debe usarse para “comprar elecciones” ni para “extorsionar a los más necesitados”, y que las dádivas deben mantenerse al margen de cualquier uso electoral.
Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa? analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición:
Quien reciba un apoyo económico con el dinero de los Mexicanos, no debe poder votar.
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 28, 2026
Sin embargo, cabe recordar que el crecimiento de su emporio empresarial está profundamente ligado al dinero público: desde la privatización de Imevisión en 1993 —que dio origen a TV Azteca— hasta contratos, concesiones y créditos otorgados por distintos gobiernos, Grupo Salinas durante décadas recibió beneficios constantes del Estado. Tan solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió al menos 9 mil 732 millones de pesos en contratos públicos, además de créditos, concesiones energéticas y adjudicaciones directas.
A esto se suman episodios como la creación de empresas tras la reforma energética de 2013, contratos con Pemex por adjudicación directa, así como créditos de la banca de desarrollo y concesiones con descuentos millonarios. También destaca la participación de familiares en cargos públicos vinculados a decisiones que beneficiaron al grupo, lo que ha sido señalado como posibles conflictos de interés.
Durante más de tres décadas, dependencias federales firmaron cientos de contratos con empresas del grupo, además de otorgar licencias clave en sectores como telecomunicaciones, banca y energía, sin las cuales su expansión no habría sido posible.
Así, mientras salinas critica la destinación de recursos públicos para apoyar a la población, su propio conglomerado fue beneficiario sistemático del erario. Exhibe que ser congruente no le va de la mano.
El escándalo de la lencería en la Capilla de la Emperatriz resurge ante las recientes críticas por una imagen de Inteligencia Artificial.
El pasado siempre regresa para cuestionar el presente. Recientemente, una imagen digital de una mujer en un balcón de Palacio Nacional desató la furia de varios sectores. Estos críticos denuncian una supuesta degradación de la sede presidencial. No obstante, olvidan un episodio de cinismo puro que ocurrió bajo los techos del mismo edificio bajo el mandato de Enrique Peña Nieto.
En 2018, la modelo Katya Vega convirtió un recinto sagrado para la historia en un set fotográfico. La joven posó en ropa interior sobre un piano de cola dentro de la Capilla de la Emperatriz. Este espacio no es un cuarto cualquiera; alberga el Fondo Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda. El uso de un monumento histórico para fines de exhibicionismo erótico fue una bofetada a la dignidad nacional.
Un permiso otorgado desde el poder
Aquel acto no fue una filtración ni un descuido tecnológico. Para realizar esa sesión, la modelo necesitó acceso, tiempo y logística. Las autoridades de aquel entonces permitieron que un patrimonio de todos los mexicanos se usara como estudio privado. Hubo negligencia clara y una falta de respeto total hacia los símbolos patrios.
En contraste, la imagen que hoy causa escándalo parece ser producto de la Inteligencia Artificial. A pesar de ser un montaje digital, el ruido mediático es ensordecedor. Los mismos personajes que ayer callaron ante el uso físico y real del Palacio, hoy exigen castigos por un video inexistente. Esta conducta revela una indignación de conveniencia.
La indignación como arma política
La crítica actual carece de memoria. Resulta contradictorio ignorar una sesión de fotos real en una biblioteca histórica y enfurecerse por un algoritmo. Aquella “Lady Lencería” desnudó la fragilidad de la vigilancia en el gobierno priista. Hoy, el debate no busca proteger el patrimonio, sino atacar la gestión vigente.
El silencio de 2018 pesa hoy más que nunca. La verdadera ofensa no está en los pixeles de una computadora, sino en el permiso oficial para profanar la historia. Al final, los muros de Palacio Nacional guardan el recuerdo de quienes permitieron el exceso y de quienes hoy fingen sorpresa.
La alcaldesa de Cuauhtémoc enfrenta graves acusaciones de corrupción y violencia. Extorsiones a comerciantes y redes internas de abuso marcan su gestión.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, promete un cambio positivo. Sin embargo, su administración está manchada por serias acusaciones de corrupción. Investigaciones indican la existencia de un “cártel fantasma” involucrado en obras públicas. Esta red, supuestamente liderada por ella, favorece a ciertas empresas en contratos opacos. Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias con calles en mal estado.
Las denuncias también alcanzan a los comercios locales. Trabajadores de la alcaldía han sido acusados de extorsionar a los vendedores, cobrando cuotas ilegales. Recientemente, un empleado fue arrestado por estas acciones, dejando a las familias de los comerciantes en una situación precaria. Amenazas y agresiones son comunes, y muchos han perdido ingresos diarios debido a operativos violentos.
Un incidente reciente en San Cosme añade más tensión a la situación. Alessandra afirmó haber sido atacada, pero existen videos que sugieren que todo fue un montaje. Este episodio generó dudas sobre su verdadera intención, pues parece que buscaba desviar la atención de otros escándalos de corrupción. En lugar de promover el diálogo, su respuesta fue enviar más patrullas, resultando en comerciantes heridos y mercancía destruida. Una madre soltera, que perdió su puesto de trabajo, llora por el bienestar de sus hijos.
Además, su pasado genera inquietudes. Rojo de la Vega trabajó con Enrique Peña Nieto durante la Estafa Maestra, un escándalo que evidenció corrupción a gran escala. Su administración también parece repetir los mismos patrones. Los vecinos sienten el impacto de su gestión, con un presupuesto que destina más del 60% a nómina, dejando poco para la seguridad y otros servicios esenciales.
A pesar de la crítica, Alessandra busca llamar la atención en redes sociales mediante selfies y espectáculos mediáticos. Sin embargo, se ignoran problemas reales como la inseguridad y el mal estado de las calles. Los ciudadanos, que enfrentan la realidad diaria, demandan resultados concretos.
Ante esta situación, su reelección está en juego. Las acusaciones y escándalos se acumulan. Las familias afectadas claman por justicia, y Alessandra necesita rendir cuentas. El verdadero cambio comienza con la honestidad y el compromiso hacia los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc.
El informe del FBI con el que Latinus acusó a López Obrador hace referencia a supuestos hechos ocurridos antes de 2017, cuando AMLO aún no entraba al poder.
De acuerdo al mismo informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Archivo Epstein, que Latinus publicó para denunciar el supuesto conocimiento del gobierno mexicano, no se refiere al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino al periodo de Enrique Peña Nieto.
El documento no prueba, ni acredita, ni acusa que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuviera conocimiento o relación alguna con las presuntas actividades criminales de Jeffrey Epstein en el país. En su lugar, el correo fechado el 27 de julio de 2019, atribuido a Kenneth Darrell Turner, contiene señalamientos personales y acusaciones no verificadas que se refieren a hechos ocurridos entre 2014 y 2017, es decir, durante el gobierno de Peña Nieto.
En el documento, Turner afirma la investigación independiente de una supuesta red de explotación sexual y menciona una presunta fiesta realizada en 2014 en instalaciones vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como acusaciones contra el entonces embajador estadounidense Earl Anthony Wayne. También asegura que Wayne habría sido arrestado y sentenciado en 2017, un año antes de que AMLO entrará al poder.
“Creemos que ██████ y Epstein estuvieron involucrados en la organización de esta fiesta y que se llevó a cabo en Juárez, México, en 2014, en una instalación de alojamiento controlada por el Consulado de EE. UU. Pregúntele cómo conoce a ██████. Fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años”, puede leerse textualmente en el documento.
Pese a ello, el medio Latinus aseguró que López Obrador tuvo conocimiento de estos hechos. Sin embargo, esa afirmación no aparece en el correo citado ni está respaldada por documentos oficiales. El texto sólo recoge el testimonio de Turner y deja claro que se trata de versiones unilaterales, no de conclusiones del FBI ni de resoluciones judiciales. Además, la cronología expuesta en el propio documento sitúa los hechos durante los gobiernos del PRI y del PAN, cuando AMLO no ocupaba ningún cargo en el Poder Ejecutivo federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló un plan del gobierno del priista, Peña Nieto para vender terrenos del Bosque de Chapultepec y construir un lujoso desarrollo habitacional.
En la Mañanera del Pueblo de este lunes, Claudia Sheinbaum hizo una grave acusación. Aseguró que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se planeó privatizar la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. Este espacio, que cuenta con historia y valor cultural, iba a ser convertido en un proyecto inmobiliario de lujo.
Sheinbaum recordó que el objetivo era vender el terreno por aproximadamente 10,000 millones de pesos. La presidenta explicó que el plan incluía construir un desarrollo habitacional en una zona de alto poder adquisitivo, similar a Santa Fe. Esto habría desplazado la vocación pública del lugar y generado problemas graves para la ciudad.
Desde la nueva Cineteca Chapultepec, la presidenta reveló que el terreno, que fue parte de la industria militar durante el siglo XIX, estaba en la mira de intereses inmobiliarios. En su papel como jefa de Gobierno de la CDMX, Sheinbaum solicitó a Andrés Manuel López Obrador que no se procediera con la venta. Temía que un proyecto de tal magnitud causara serios problemas urbanos y de servicios en la capital.
El gobierno actual decidió transformar esta área en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, enfocándose en crear un espacio público en lugar de uno privado. Esta decisión permitió la creación de instalaciones culturales y educativas, incluyendo la nueva Cineteca Nacional, la Bodega Nacional de Arte y la Escuela de Artes y Oficios. También se estableció la Universidad de la Salud, que ofrece formación gratuita.
El proyecto refleja un cambio de visión. La administración actual busca garantizar que las comunidades populares tengan acceso a espacios de calidad. Para lograrlo, se implementan sistemas de transporte, como la Línea 3 del Cablebús y el Tren El Insurgente.
Sheinbaum también mencionó que el proyecto original de Peña Nieto no incluía una estación para Santa Fe. Pero ahora, gracias a la nueva administración, se añadió la estación Vasco de Quiroga para beneficiar a los residentes y estudiantes de la zona.
La presidenta concluyó subrayando la diferencia entre la visión del pasado y la de la transformación que se busca hoy en día.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, se encuentra bajo la lupa por presuntos contratos millonarios a un grupo empresarial de Jalisco.
Una reciente investigación del medio La Razón dejó al descubierto una posible red de corrupción en la alcaldía de Cuauhtémoc. Alessandra Rojo, la alcaldesa, habría beneficiado a Grupo Meor con contratos que suman 97.8 millones de pesos. Este grupo empresarial incluye al menos una docena de compañías que operan en áreas como la obra pública y la organización de eventos.
Grupo Meor, originario de Jalisco, está conformado por varias empresas, una de las cuales ha recibido permisos de explotación minera desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Entre sus actividades también destaca el sector inmobiliario, especialmente en plataformas como Airbnb.
La investigación señala que Alessandra Rojo de la Vega otorgó 16 contratos a empresas vinculadas a Grupo Meor, destacando a Carbonusa y Enermusa. De estos, al menos ocho se otorgaron mediante adjudicación directa, lo que significa que no se licitaron públicamente. Esto representa un monto aproximado de 45 millones de pesos.
Un caso específico mencionado es el contrato de abril de 2025 para la compra de cemento, cal y productos de yeso. En este caso, las empresas Carbonusa, Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, y Alianza Comercialización y Construcciones compitieron, pero los tres negocios compartían representantes legales y domicilios fiscales.
La investigación destaca un sistema diseñado para eludir la Ley de Adquisiciones, lo que facilitaría desvíos de recursos en la alcaldía. Además, los servicios proporcionados por estas empresas son de difícil auditoría, ya que se refieren a obras menores de mantenimiento.
A pesar de las acusaciones y la gravedad de la investigación, Alessandra Rojo y su administración no han hecho comentarios al respecto. La situación sigue generando inquietud entre los ciudadanos que observan cómo sus recursos podrían estar siendo mal utilizados.
Morena acusó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se permitió el ingreso de más de 100 vuelos militares de Estados Unidos sin autorización del Senado.
El diputado de Morena, Arturo Ávila, acusó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se permitió el ingreso de más de 100 vuelos militares de Estados Unidos al territorio nacional sin contar con la autorización del Senado de la República. La declaración surge en medio de la polémica por el reciente aterrizaje de una aeronave militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca, hecho que fue cuestionado por legisladores de oposición.
Durante una mesa de debate, Ávila criticó que la oposición centre sus señalamientos en el actual Gobierno cuando, afirmó, en administraciones anteriores se realizaron operaciones similares sin transparencia legislativa. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el arribo del avión Hércules C-130 estuvo autorizado desde octubre pasado y estuvo vinculado exclusivamente a tareas de capacitación, sin el ingreso de tropas extranjeras, por lo que no era necesaria la intervención de la Cámara Alta.
El legislador morenista sostuvo que, durante el gobierno de Felipe Calderón, se registraron más de 2 mil vuelos de aeronaves y agencias estadounidenses, incluidos aviones Hércules, P-3 Orión y drones, algunos de ellos sin autorización del Senado. En el caso del sexenio de Peña Nieto, detalló que se contabilizaron alrededor de mil 200 vuelos en el marco de acuerdos de cooperación, de los cuales al menos 180 equivalentes al 20% habrían ingresado al país sin el aval legislativo correspondiente.
La controversia se da en un contexto de alertas emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos sobre posibles interferencias derivadas de actividades militares en el Pacífico. Mientras el Gobierno federal insiste en que se trata de procedimientos logísticos y preventivos previamente acordados, Morena sostiene que la discusión debe centrarse en las omisiones de gobiernos pasados y no en operaciones que, asegura, hoy se realizan con conocimiento y control del Estado mexicano.
La derecha tiene nuevo búnker: La Aurora, un medio de comunicación respaldado por el PRIAN, EPN, Aurelio Nuño, Lía Limón, Ernesto Cordero y Pablo Hiriart.
Por Martha Rojas
Aurelio Nuño, exsecretario de Educación de Enrique Peña Nieto, intenta regresar al ámbito público. El priísta ha reaparecido de la mano del “Movimiento de Independencia”, que se describe así mismo como un “espacio para repensar el liberalismo del siglo XXI”.
Se trata de una plataforma de derecha que tendrá su propio medio de comunicación: “La Aurora”. Esta publicación será dirigida por Pablo Hiriart, uno de los comunicadores que más beligerancia ha mostrado contra la Cuarta Transformación y quien, curiosamente, fue uno de los personajes más beneficiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Bajo el pretexto de “defender la libertad de expresión”, el viejo PRIAN ha vuelto a la carga con un nombre distinto: “La Aurora”.
Sin embargo, este “medio de comunicación multiplataforma”, reúne a los mismos políticos, comentócratas y comunicadores que fueron beneficiados durante los sexenios del PRI y el PAN.
Recordemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su gobierno dilapidó más de 60 mil millones de pesos en publicidad. Y esa cantidad, desde luego, no incluía las fastuosas giras internacionales, las costosas comidas y los cuantiosos regalos que estos informadores recibían, a manos llenas, de parte del gobierno de EPN.
Es importante destacar que, en julio de 2023, fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien dio a conocer una lista en la que figuraban varios de los comunicadores que se beneficiaron económicamente de los jugosos contratos de publicidad que el gobierno priísta les obsequiaba.
Y justo entre ellos se encontraba Pablo Hiriart, quien ahora ha sido designado como director editorial de La Aurora de México.
Hiriart, a quien algunas personas del ámbito periodístico han apodado “el gánster del periodismo”, intenta reinventarse para dejar de ser un simple columnista y pasar, nuevamente, a ser director de un medio, un puesto que ha ocupado en distintos momentos, pero con la misma ideología. Primero como director de la ya extinta Notimex, luego en El Nacional, La Crónica, La Razón y más recientemente, en El Financiero. Todas trincheras de derecha y desde las cuales ha manifestado su abierto rechazo a la izquierda mexicana y, en consecuencia, ha elogiado a la derecha y la ultraderecha e incluso a personajes tan deleznables como Javier Milei o María Corina Machado.
Pablo regresa de la mano de Julián Andrade, columnista de La Razón, como subdirector editorial; Yoab Samaniego Behar, un periodista de gastronomía que emanó de las filas de Tv Azteca, y Nancy Escobar, exdirectora de Divulgación de Acciones de Gobierno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por si fuera poco, el nuevo medio multiplataforma, es respaldado por el exsecretario de educación de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer.
De hecho, el político priísta publicó un video en X en el que no sólo avala el nacimiento del nuevo medio, sino que presume que estará “acompañado de un movimiento de Independencia”.
Sin explicar claramente quién encabezará ni quiénes integrarán ese movimiento, Nuño asegura que hará convocatorias semanales para que quienes estén contra el “populismo e imperialismo” se unan.
No está claro si se trata de una nueva formación política, o si la mano de Enrique Peña Nieto, desde las sombras, es la que intentará movilizar a la población con fines de descarrilar a la 4T y allanar el camino a los candidatos del PRIAN.
Fuentes cercanas a LosReporteros Mx, nos aseguran que es el propio Aurelio Nuño, junto a un puñado de políticos originarios de Atlacomulco, como Eruviel Ávila, y el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, quienes están detrás del financiamiento de este nuevo medio de comunicación.
Ahora bien, “La Aurora” no sólo tiene como objetivo desestabilizar al morenismo a golpe de titulares, sino allanar el camino para una posible elección presidencial de Aurelio Nuño.
Sin proporcionar, como la Ley lo estipula, el nombre del propietario, en su directorio, el nuevo medio de derecha solo dice, de manera parca, que su licencia está en trámite.
Pese a ello, “La Aurora” ya ha lanzado parte de su artillería publicando columnas de la panista Lía Limón, el exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, y, obviamente, el propio Pablo Hiriart.
En total, el medio reunirá a 50 informadores que Hiriart asegura no están contratados, sino que hacen una “labor solidaria”.
Un medio cuyos recursos económicos son de procedencia desconocida. La pregunta es: ¿Quién o quiénes pagan la identidad gráfica, el servidor web y la nómina de empleados y colaboradores que participan en este medio de derecha?
