Pese a la polémica nacional por casos de abusos en modelos militarizados, la administración de Teresa Jiménez busca mantener estos planteles bajo el argumento de que forman jóvenes con disciplina y futuros elementos de seguridad.
El Gobierno de Aguascalientes, encabezado por la panista Teresa Jiménez, confirmó que buscará mantener activos los bachilleratos militarizados de la entidad, pese a la revisión nacional sobre este modelo educativo tras la muerte de Dafne Zapata durante un campamento militarizado en Tamaulipas.
El secretario de Gobierno estatal, José Antonio Arámbula López, informó que la administración local dialogará con la Secretaría de Gobernación y el Ejército mexicano para obtener respaldo federal y permitir que estos planteles continúen operando. Según el funcionario, se buscará demostrar que las escuelas cumplen con la normatividad y han generado resultados positivos.
La postura del gobierno estatal contrasta con la determinación de autoridades educativas federales de revisar este tipo de esquemas. Aun así, la administración de Jiménez insiste en que los bachilleratos militarizados representan una alternativa de formación académica y disciplina para los jóvenes.
Arámbula López señaló que estos planteles han funcionado como semillero para agentes de seguridad, por lo que solicitarán que autoridades federales conozcan directamente su operación, instalaciones y modelo educativo antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, padres de familia han expresado respaldo a la continuidad de las escuelas, al señalar que los estudiantes mantienen jornadas extendidas con actividades académicas, físicas y formativas. Sin embargo, organizaciones y sectores críticos han advertido que la disciplina militar dentro de espacios educativos requiere mayores controles y supervisión para evitar abusos.
El caso ocurre en medio del debate nacional sobre los límites de la militarización en la formación de menores y jóvenes. Aunque Aguascalientes defiende su modelo, la controversia permanece abierta sobre si estos esquemas deben mantenerse o replantearse bajo nuevos criterios de seguridad y derechos educativos.
