Las 11 instituciones continuarán con clases mientras autoridades estatales verifican que su estructura jurídica y administrativa cumpla con las nuevas disposiciones federales emitidas tras la muerte de una estudiante en Tamaulipas.
Las escuelas militarizadas de Nuevo León continuarán operando con normalidad, aunque serán sometidas a una revisión jurídica, administrativa y organizacional para garantizar el cumplimiento de los nuevos lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así lo informó el secretario de Educación estatal, Juan Paura García, luego de las medidas adoptadas tras la muerte de la estudiante Dafne en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.
El funcionario explicó que las 11 escuelas militarizadas que operan en la entidad, con una matrícula cercana a 11 mil estudiantes, no suspenderán actividades durante el proceso de revisión. Afirmó que el modelo educativo continuará funcionando mientras se verifica que cada institución cumpla plenamente con la normatividad vigente.
Paura García aseguró que las familias pueden tener confianza en el funcionamiento de estos planteles, ya que, según dijo, su estructura orgánica, jurídica y administrativa se encuentra alineada con los requisitos actuales. No obstante, señaló que se analizarán posibles ajustes derivados de las nuevas disposiciones emitidas por la autoridad educativa federal.
Como parte de las revisiones, el Gobierno de Nuevo León verificará aspectos técnicos y legales de cada institución, incluyendo la estructura jurídica, la nomenclatura y el nombre oficial de los planteles, con el objetivo de asegurar que operen conforme a los marcos legales establecidos por la SEP.
Las medidas fueron anunciadas luego de que la autoridad educativa federal endureciera los criterios para este tipo de instituciones tras el fallecimiento de una menor en una academia militarizada de Tamaulipas, caso que abrió el debate sobre la regulación y supervisión de estos centros educativos en el país. Con ello, Nuevo León busca mantener la operación de sus planteles sin afectar a la comunidad estudiantil, al tiempo que fortalece los mecanismos de supervisión y cumplimiento normativo.
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