El gobierno peruano declaró en emergencia cinco penales y recurrirá a policías y militares para recuperar el control ante organizaciones criminales.
A poco más de un mes de asumir la presidencia, Keiko Fujimori enfrenta una de sus primeras crisis de seguridad con una medida que exhibe las dificultades de su gobierno para controlar las cárceles peruanas. El Ejecutivo declaró en emergencia cinco penales durante 60 días y autorizó la participación de policías y Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia.
Los penales de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I concentran cerca de la mitad de los internos vinculados con organizaciones criminales, de acuerdo con el gobierno. Las propias autoridades reconocen que desde estos centros se pueden ordenar extorsiones, asesinatos y otras actividades delictivas, además de que persisten problemas como el ingreso de celulares y objetos prohibidos.
La respuesta de Fujimori es una estrategia de mayor presencia policial y militar: habrá operativos permanentes, controles hasta 200 metros alrededor de las prisiones y acciones para bloquear las comunicaciones de los reclusos. También se contempla retirar antenas y decomisar teléfonos y tarjetas SIM. La medida busca recuperar un control que, por las propias condiciones descritas por el gobierno, las autoridades penitenciarias no han logrado mantener.
El problema se agrava por un sistema penitenciario colapsado, con una sobrepoblación de 156% y un déficit de personal, según los datos difundidos por el gobierno peruano. Así, la llamada política de “mano dura” de Fujimori comienza con una paradoja: mientras promete combatir al crimen organizado, su administración tiene que declarar en emergencia cinco cárceles para intentar impedir que los propios reos sigan dirigiendo delitos desde ellas.
