Un tribunal de Bogotá ordenó ocultar publicaciones oficiales que muestran al presidente Abelardo de la Espriella junto a cuerpos de presuntos miembros de grupos armados. La medida es temporal y responde a una tutela que busca proteger derechos de menores.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá tomó una decisión que golpea la estrategia comunicativa del Gobierno colombiano. La orden exige retirar de forma temporal varias publicaciones difundidas por la Presidencia. Estas mostraban al mandatario junto a cadáveres de personas abatidas en operativos militares.
La medida cautelar surge dentro de una acción de tutela, un recurso legal para proteger derechos fundamentales. El representante a la Cámara Santiago Osorio presentó la demanda. Su principal preocupación era el posible acceso de niños y adolescentes a las imágenes.
Las publicaciones en cuestión aparecieron en Instagram los días 2 y 4 de septiembre. Ambas estaban vinculadas a operaciones contra grupos armados en distintas regiones del país.
Dos operativos, dos escenas de violencia
La primera publicación correspondió a la operación Azarías, realizada en Miraflores, Guaviare. En las fotos, De la Espriella camina entre bolsas blancas con los cuerpos de al menos 23 personas. Las Fuerzas Militares las abatieron durante un enfrentamiento contra disidencias de las FARC.
Dos días más tarde llegó la segunda publicación. Esta vez el escenario fue Riohacha, en La Guajira, durante la operación Centinela de la Patria. El presidente apareció frente a los medios junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas. Entre ellos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Estas imágenes convirtieron la exhibición de cadáveres en parte del mensaje oficial sobre seguridad. Además, abrieron una discusión sobre los límites de esa práctica.
Una pausa, no una condena
Es importante entender qué tipo de decisión tomó el juzgado. No declaró ilegales las publicaciones ni ordenó borrarlas para siempre. Solo dispuso esconderlas mientras se resuelve el fondo del caso.
La Presidencia y De la Espriella cuentan ahora con dos días para presentar su defensa. Luego, el tribunal deberá decidir si las imágenes vulneraron derechos fundamentales, en especial los de menores de edad.
El proceso también involucra a otras entidades. Entre ellas están Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Críticas previas de la Defensoría
Antes de esta orden judicial, la Defensoría del Pueblo ya había cuestionado la práctica. Su directora, Iris Marín, pidió al Gobierno evitar competir con los grupos armados en crueldad. Según ella, el Estado no debe buscar imponer miedo ni humillar al adversario como forma de comunicación.
Esa intervención sumó una capa distinta al debate. Ya no se discute solo la legitimidad de los operativos militares. Ahora también se cuestiona cómo comunica el Estado sus resultados y qué límites debe respetar al hacerlo.
Seguridad y comunicación bajo la lupa
El Gobierno de De la Espriella ha priorizado el combate a organizaciones armadas desde su llegada al poder. Las imágenes buscaban proyectar firmeza y mostrar resultados concretos de esa ofensiva.
Al mismo tiempo, ese uso comunicativo generó rechazo entre defensores de derechos humanos. El debate ya no gira solo en torno a las operaciones. También plantea qué tan lejos puede llegar un Gobierno al exhibir cadáveres como prueba de sus logros.
La decisión judicial marca, por ahora, un freno a esa estrategia.
Lo que viene
Las publicaciones permanecerán ocultas mientras avanza el proceso. La Presidencia y De la Espriella deberán presentar sus argumentos en el plazo fijado.
Después, el juzgado resolverá si hubo una violación de derechos y qué consecuencias podrían aplicarse. Hasta entonces, ningún tribunal ha declarado ilegal el contenido ni ha ordenado su eliminación definitiva.
Lo cierto es que un juez decidió frenar temporalmente la difusión oficial de estas imágenes. La razón: evaluar si exponer cadáveres, sobre todo ante menores, choca con derechos protegidos por la Constitución colombiana.
