La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar un estado de emergencia para enfrentar el impacto de las redadas migratorias del ICE, una medida que busca proteger a las comunidades afectadas, agilizar apoyos y reforzar servicios legales y financieros para familias migrantes.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia como respuesta a las redadas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que desde junio han generado preocupación en las comunidades migrantes.
La propuesta, impulsada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, se someterá a votación el próximo martes 14 de octubre. De aprobarse, la medida otorgaría al condado facultades extraordinarias para atender las consecuencias de las detenciones y deportaciones, incluyendo la contratación urgente de personal, el ampliamiento de asistencia financiera y el fortalecimiento de servicios legales para las familias afectadas.
“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una emergencia local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades migrantes”, señaló Horvath en un comunicado.
Además, la declaración podría permitir la aplicación de nuevas protecciones para inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos a raíz de las operaciones del ICE. La Junta ya había solicitado, a finales de septiembre, un informe legal para explorar los mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de reforzar la protección de las familias ante la aplicación de leyes federales de migración.
