El Órgano de Administración Judicial promete que el examen de diciembre no costará plazas a nadie, pero el personal sindicalizado no le cree y bloquea sedes.
Con cadenas en las puertas desde la madrugada, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores. Cerraron la sede de San Lázaro, en la Ciudad de México, para rechazar la evaluación del desempeño de diciembre. Temen que esa prueba ponga en riesgo su sustento.
Los manifestantes piden que las autoridades respeten su antigüedad y su estabilidad laboral. También exigen garantías para conservar sus puestos. Aseguran que el bloqueo de esta y otras sedes seguirá por tiempo indefinido. Además, varias convocatorias en redes sociales llaman a llevar las protestas a por lo menos 17 estados.
La molestia creció el jueves. Ese día, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que regula la evaluación, derivada de la reforma judicial. El organismo examinará los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre a secretarios, actuarios y oficiales.
Ante la protesta, el OAJ respondió con un comunicado y trató de bajar la tensión. Calificó de falso que los exámenes de diciembre de 2026 provoquen despidos o pérdida de plazas. Explicó que esta primera prueba solo servirá para diagnosticar. No habrá aprobados ni reprobados, y los resultados no afectarán la permanencia de nadie.
Según el OAJ, el objetivo es detectar en qué temas necesita capacitación el personal. La primera evaluación ordinaria, con efectos legales, llegará hasta que terminen los cursos correspondientes.
El organismo también dijo que respeta la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar su inconformidad. Aun así, insistió en que la ley obliga a evaluar para fortalecer la carrera judicial, y no para justificar despidos. Por ahora, el OAJ reiteró su disposición al diálogo.
