El imputado enfrenta cargos por cohecho y extorsión agravada, mientras avanza la investigación por la red criminal vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan.
Un juez federal en Michoacán dictó prisión preventiva oficiosa contra Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como operador del CJNG en Uruapan y presunto reclutador de adolescentes en centros de rehabilitación. Aunque su figura está relacionada con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la audiencia se centró únicamente en delitos de cohecho y extorsión agravada, sin imputaciones directas por homicidio.
Según la Fiscalía, “El Pelón” identificaba a jóvenes con adicciones para integrarlos como narcomenudistas o sicarios. Entre ellos estaban Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”, menores que habrían participado en el ataque contra el alcalde. La investigación reveló que, días antes del crimen, Jaciel exigió 10 mil pesos a María Esther “N”, madre de Fernando, asegurando haber “salvado” a su hijo de un conflicto interno. También pidió 5 mil pesos a la madre de Víctor Manuel. Ambas se negaron.
La fiscalía documentó amenazas constantes y agresiones, incluido un ataque con tijeras contra Fernando, cuya fotografía fue enviada a su madre como intimidación. En medio del acoso, el joven logró enviar un mensaje final: “Mami, no le vayas a dar dinero; es una extorsión”. Días después fue hallado sin vida en la carretera Uruapan–Paracho, junto con otro implicado en la red criminal.
La captura de Jaciel ocurrió el 23 de noviembre, tras ser ubicado en un hotel donde actuaba de forma sospechosa. Al salir del lugar, fuerzas federales y estatales lo detuvieron con 40 gramos de droga, e intentó sobornar a los agentes con 5 mil pesos. Autoridades confirmaron que operaba como reclutador del CJNG y mantenía contacto con responsables del asesinato de Manzo.
Aunque la Fiscalía investiga la estructura completa detrás del homicidio, el Ministerio Público aún no presenta cargos relacionados con el asesinato del edil ni por reclutamiento de menores con ese fin.
Vecinos frenan megaproyecto opaco de Janecarlo Lozano en la GAM y lo señalan por vínculos con la delincuencia organizada
Vecinos lograron frenar la remodelación del parque Corpus Cristie, emprendida por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, una obra de la que dependencias no tenían conocimiento ni habían autorizado presupuesto; además, lo acusan de proteger a bandas de extorsionadores como “Los Tanzanios”.
Mientras el gobierno local del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso presume una reducción histórica de los delitos cometidos en la Gustavo A. Madero, vecinos denuncian que es el propio alcalde el que estaría cometiendo ilícitos al, presuntamente, proteger a una banda delictiva denominada “Los Tanzanios” y desviar recursos en obras públicas no solicitadas.
En septiembre de 2025 comenzó una pugna legal entre vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac y el alcalde Janecarlo Lozano, quien ya había revelado sus aspiraciones para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX. El motivo de la disputa era una colosal remodelación al parque Corpus Christie, el cual tuvo una primera remodelación en 2014, y el cual, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos, funcionaba correctamente, aunque carecía de mantenimiento como pintura y poda de pasto.
No obstante, sin consultar a los vecinos y sin informar a la Secretaría de Obras Públicas de la GAM, el alcalde inició una obra para enrejar el parque y construir un ojo de agua al interior.
Un día, los trabajadores de la alcaldía comenzaron a talar árboles, una acción que detonó la alerta entre los vecinos.
Tras solicitar explicaciones, el alcalde de Gustavo A. Madero aseguró que el parque sería revitalizado con una presunta inversión de 50 millones de pesos. La intención, aseguró, era construir un “Edén” similar al que Brugada inauguró en “El Mestizaje”, en la misma demarcación apenas en agosto.
Sin embargo, los vecinos objetaron que el parque “no necesitaba una remodelación, sino mantenimiento” y que tampoco estaban de acuerdo en que el espacio fuera enrejado.
Acusaron que, de inicio, se trataba de una estrategia de Janecarlo para acaparar los reflectores mediáticos que lo catapultarán a la contienda electoral por la jefatura de Gobierno de CDMX 2030. También acusaron que la alcaldía no pudo declarar de dónde procederían los recursos para la remodelación, pues desde 2014 el parque no ha tenido mantenimiento.
Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre la obra y la opacidad de los recursos con los que habría de construirse.
El 3 de septiembre de 2025, los vecinos presentaron una demanda de amparo para frenar la obra y, el 30 de octubre, un Juzgado de Distrito sobreseyó el caso, concluyendo la suspensión definitiva de las obras.
Sobre la procedencia de los recursos o el plan de desarrollo urbano, la alcaldía se negó a transparentarlo, al considerar que era información de tipo reservada.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2025, la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano de la GAM notificó a los vecinos que no tenían conocimiento o autorización para llevar a cabo la remodelación del parque Corpus Cristie y se deslindó de las acciones que el alcalde realizaba.
Hasta el momento, la alcaldía solo accedió a responder que se habían talado 16 árboles y que la remodelación había sido consultada con “vecinos”, prueba de ello fue un video generado con IA en el que aparentemente se veía una reunión vecinal. Además, los propios habitantes de la colonia Gadalupe Tepeyac señalaron que los vecinos consultados por el alcalde “ni siquiera” vivían en la alcaldía.
Acusan vínculos con “Los Tanzanios”
Los señalamientos de incompetencia y corrupción contra el alcalde Janecarlo comenzaron meses después de que ganara la elección.
En julio de 2025, un Comité Vecinal presentó un informe ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que vinculó al alcalde expriísta y ahora morenista con “Los Tanzanios”, una banda de narcomenudistas y generadores de violencia oriundos de Iztapalapa, que han extendido el terror y la inseguridad sobre otras demarcaciones como la Gustavo A. Madero y Tláhuac.
El informe del Comité detalló que sujetos, vinculados a “Los Tanzanios”, subían a las unidades de transporte público de la GAM para extorsionar a los operadores.
Además, acusaban venta de droga y la organización de arrancones sobre las avenidas principales, generando inseguridad y violencia en la demarcación.
“Usan placas sin casco para escapar. (…) llevan armas de uso del ejército escondidas en las motos. (…) dejan subir a los extorsionadores de “Los Tanzanios” a pedir dinero. Visten sudaderas azules con estampados del Demonio de Tazmania.
Las cámaras de videovigilancia y los botones de auxilio fueron desactivados por miembros del Cártel de los Nazis, que operan de noche con autos color blanco sin placas… Son bandas protegidas por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso”, denuncia el escrito.
Bandas y delitos que aquejan a la segunda alcaldía más poblada de la CDMX, para la cual en 2024 se solicitó una partida adicional de 6 mil 400 millones.
Una alcaldía que hoy presume una reducción del 74% en los delitos, mientras los habitantes señalan al alcalde por opacidad y vínculos con el crimen organizado.
La nueva legislación busca atacar la extorsión con penas severas y medidas para proteger a las víctimas.
El Senado de México ha dado un paso importante hacia la creación de una nueva ley que combate la extorsión. La minuta de la iniciativa General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión avanzó en comisiones, siendo aprobada por unanimidad. Este esfuerzo busca establecer un tipo penal claro para este delito que afecta a muchos ciudadanos.
Este nuevo marco legal establece que la extorsión será perseguida de oficio, brindando así una mayor protección a las víctimas. Estas podrán presentar denuncias de manera anónima, lo cual es un avance significativo considerando que el 97% de los casos no son denunciados por miedo a represalias.
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, encabezadas por los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, introdujeron cambios en 25 artículos de la minuta. La pena principal por extorsión se incrementará de 15 a 25 años, con posibilidades de sumar más años debido a 34 agravantes, dependiendo de la gravedad del caso.
La prisión podría llegar hasta 42 años en casos extremos. Esto aplicaría a extorsionadores que operen desde prisiones, que se hagan pasar por miembros de organizaciones criminales, o que utilicen violencia física o psicológica. También se considera una severidad especial para aquellos que extorsionen a migrantes o que cobren “derechos de piso” a negocios de diferentes sectores.
Durante la discusión, los senadores resaltaron la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad en la persecución de estos delitos.
Además, se estableció que los servidores públicos que no reporten casos de extorsión enfrentan penas de 10 a 20 años de prisión, lo que refleja el compromiso de la nueva legislación para frenar este delito desde todos los frentes.
Con la aprobación de esta reforma, se busca no solo castigar a los delincuentes, sino también garantizar la seguridad de quienes sufren en silencio. El Senado se prepara para discutir este tema en el pleno en una sesión convocada para mañana. La lucha contra la extorsión avanza, y con ello, la esperanza de un futuro más seguro para todos los mexicanos.
Carlos Alberto “N”, conocido como “El Apá”, fue trasladado a un penal federal en Guanajuato tras su detención como objetivo prioritario por homicidios y extorsiones.
Carlos Alberto “N”, apodado “El Apá”, fue detenido en el municipio de Tonalá, Jalisco. Este individuo es un operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es conocido por estar vinculado a al menos 15 homicidios.
Las autoridades identificaron a “El Apá” como un objetivo prioritario en Aguascalientes debido a su presunta relación con un esquema de extorsión y narcomenudeo. Tras su captura, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Guanajuato, donde se mantendrá en un penal de máxima seguridad.
La detención se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Este operativo buscó garantizar la integridad de todos los involucrados durante el traslado.
Manuel Alonso García, titular de la Fiscalía de Aguascalientes, informó que el arresto de “El Apá” se consiguió gracias a la captura de sus cómplices en una operación que tuvo lugar el 5 de noviembre en los Altos de Jalisco. “El Apá” generaba violencia en la zona metropolitana de Aguascalientes y se le acusa de extorsionar al sector agropecuario.
Además, se le señala por obligar a comerciantes a adquirir productos como vapeadores. Un aspecto notable de su operación es que cambiaba constantemente su apariencia para evadir a las autoridades. Alonso García relató que “El Apá” cambiaba su físico, color de cabello y vestimenta, incluso usaba pelucas.
Hasta el momento, se han detenido a 11 personas vinculadas a su red delictiva en una serie de operativos conocidos como “Otoño”, que buscan desmantelar las estructuras criminales del CJNG en la región. La captura de “El Apá” representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.
La estrategia integral busca atender las causas de la violencia, reforzar la seguridad, impulsar desarrollo económico y promover cultura de paz en Michoacán.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre. La iniciativa busca atender las causas de la violencia en la entidad mediante un enfoque integral.
Sheinbaum anunció que esta semana su gabinete recorrerá comunidades y municipios, incluyendo pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas y sectores productivos, para recopilar propuestas y construir el plan “desde abajo”, con la presentación formal prevista para finales de esta semana o principios de la siguiente.
“La paz no se impone con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Michoacán nunca se ha rendido, y nosotros tampoco”, aseguró la mandataria.
Sobre el planteamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró que ya se enviaron nuevos elementos de seguridad tras el asesinato de Carlos Manzo y señaló que este atentado duele a todo el país. Reafirmó que su gobierno no politizará el hecho, a diferencia de la… pic.twitter.com/N7iyEvF3qW
Seguridad y justicia: Refuerzo de fuerzas federales y locales mediante unidades conjuntas, creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto, oficinas de la Presidencia en municipios, mesas quincenales de seguridad, sistemas de alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de la denuncia anónima contra extorsión.
Desarrollo económico con justicia: Garantía de seguridad social y salarios dignos para jornaleros y trabajadores del campo, inversión en infraestructura rural y creación de polos de bienestar en coordinación con el sector productivo.
Educación y cultura para la paz: Escuelas de cultura de paz, programas de reinserción social, atención a víctimas, centros comunitarios de deporte y cultura, festival anual Voces de Michoacán, becas para transporte estudiantil y promoción del deporte comunitario.
Sheinbaum confirmó que desde ayer se reforzó la presencia de la Guardia Nacional y otras fuerzas federales en Michoacán para garantizar seguridad y justicia. “El cobarde homicidio de Carlos Manzo duele no solo a su familia y comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Representaba a quienes creen que la política sirve para transformar, no para destruir”, afirmó.
Seis funcionarios del Colegio de Bachilleres de Chiapas fueron arrestados por extorsión agravada en agravio de una mujer en Tuxtla Gutiérrez. Entre los detenidos se encuentran Julio César “N”, director administrativo; Mauricio “N”, jefe del departamento de mantenimiento; y otros cuatro servidores públicos de diferentes departamentos, todos vinculados a la dirección general del subsistema educativo.
El caso de los seis funcionarios del Colegio de Bachilleres de Chiapas, detenidos por extorsión agravada, ha generado un considerable impacto en la opinión pública y resalta la problemática de la corrupción en las instituciones educativas. Los acusados son cuatro personas de alto rango administrativo y dos técnicos, todos adscritos a la Dirección General del Colegio. Sus nombres figuras como Julio César “N” (director administrativo), Mauricio “N” (jefe del departamento de mantenimiento), José “N” (subdirector jurídico), Francisco “N” (jefe del departamento de almacén e inventario), Juan “N” (director normativo) y Julio “N” (jefe del departamento de recursos materiales).
La extorsión se perpetró en contra de una mujer cuya identidad no ha sido revelada, lo que sugiere un entorno delicado donde la víctima probablemente se encontraba en una situación vulnerable y se vio amenazada por la interacción con estos servidores públicos. La naturaleza de la extorsión y las circunstancias exigiendo su denuncia reflejan un abuso de poder y una violación de la confianza depositada en estas figuras administrativas.
La denuncia se presentó inicialmente ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un organismo que tiene el mandato de combatir la corrupción en los servicios públicos; esta entidad llevó a cabo las investigaciones pertinentes que culminaron en la detención de los acusados. Este proceso es un claro ejemplo de cómo las instituciones están comenzando a tomar medidas para detectar y sancionar actos de corrupción en su interior, aunque el costo de estas acciones a menudo puede ser significativo para quienes se presentan como denunciantes.
La Fiscalía del Estado ha declarado que los detenidos ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentarán un proceso penal. Es relevante destacar que uno de los detenidos, Francisco “N”, aunque ocupaba un puesto administrativo, se desempeñaba en la práctica como chofer personal del director general del COBACH, Miguel Prado de los Santos. Esto añade un matiz adicional al caso, ya que su rol en la administración podría haber facilitado aún más el ejercicio indebido de autoridad que lleva a la extorsión.
La situación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en instituciones educativas que tienen el deber de ofrecer un entorno seguro y justo para sus estudiantes y la comunidad en general. Este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el sistema educativo de Chiapas, planteando la necesidad de un mayor control y vigilancia sobre el comportamiento de los funcionarios públicos en todos los niveles.
Con una nueva reforma, el Estado de México busca sancionar a los “montachoques” con hasta 24 años de cárcel, mejorando la seguridad de los conductores en la entidad.
El Congreso del Estado de México aprobó recientemente una reforma al Código Penal que impone penas de hasta 24 años de prisión a los “montachoques”. Esta nueva medida busca proteger a más de 6 millones de propietarios de vehículos registrados en la entidad.
Los montachoques son delincuentes que provocan colisiones vehiculares para extorsionar a los conductores, especialmente aquellos en situaciones vulnerables. A través de amenazas y violencia, exigen compensaciones de al menos 10 mil pesos por incidente.
Con la reforma, las penas por extorsión en el Estado de México pasan de 12 a 24 años de cárcel, o incluso más. Esto aplica especialmente si las víctimas son personas mayores, con discapacidad o mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Los legisladores han destacado el aumento en la actividad delictiva de los montachoques, vinculada a grupos organizados, como Los 300 y La Chokiza en Ecatepec. Estas organizaciones provocan accidentes de forma intencional para exigir dinero a las víctimas.
La nueva legislación considera que el modus operandi de los montachoques es un acto de extorsión, además de incluir amenazas y daños materiales. Estos delitos no solo afectan la economía de las víctimas, sino que también ponen en riesgo su integridad física.
El objetivo de esta reforma es ofrecer un marco legal claro que disuade estas conductas delictivas. Además, busca fomentar un modelo de seguridad vial más efectivo, centrado en la prevención y el acceso a la justicia.
Con esta reforma, el Estado de México se suma a la Ciudad de México y Morelos en la lucha contra los montachoques. La ciudadanía espera que estas medidas reducen los casos de extorsión y mejoren la seguridad en las calles.
Leonardo Arturo “N” está vinculado con secuestros, extorsiones y homicidios; su captura fue coordinada entre fuerzas federales y estatales.
Autoridades federales y estatales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El Carnal”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ex director de la Policía Estatal de Tabasco. El hombre de 55 años también es identificado como colaborador cercano de Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la SSPC de Tabasco.
Al grupo delictivo al que pertenecía se le atribuyen extorsiones a comerciantes, secuestros, venta de drogas y homicidios. Sus integrantes son conocidos por emplear armas de alto calibre y realizar actos de violencia extrema, como quema de vehículos y asesinatos.
El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en… pic.twitter.com/comU89hRfm
La captura se concretó tras investigaciones para localizar a generadores de violencia. Los agentes siguieron las líneas de movilidad de Leyva Ávalos y, en recorridos por la colonia Bienestar Social, lograron identificarlo y marcarle el alto. Fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.
En la operación participaron elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.
La estrategia antiextorsión ha llevado a un aumento del 65% en detenciones y una disminución del 2.29% en la victimización por este delito en la capital.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer resultados positivos en su lucha contra la extorsión. Según el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, las detenciones por este delito han aumentado un 65% en el último año.
Vázquez presentó estos resultados durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX. Remarcó que la estrategia antiextorsión, lanzada en noviembre de 2024, ha sido fundamental para inhibir este ilícito. Como resultado, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana muestra que la victimización por extorsión disminuyó un 2.29% durante el primer semestre de 2025.
Entre enero y septiembre de este año, los delitos de alto impacto también han mostrado mejoras. Comparado con el mismo periodo del 2024, la disminución alcanza el 12%. Si comparamos con 2019, los delitos ha caído un notable 59%.
El jefe de la policía informó que durante el último año, se logró la detención de 723 generadores de violencia. También, arrestos por delitos de alto impacto superaron las 6,700 personas. Las vinculaciones a proceso han aumentado un 21%, lo que refleja un mayor compromiso con la justicia.
Además, Vázquez destacó avances en temas de género. Los feminicidios han bajado un 48% y el delito de violación un 16%. Estos datos reflejan un esfuerzo constante por parte de la SSC.
El secretario también mencionó que, en los últimos siete años, los salarios en la corporación policiaca han aumentado un 80%. Se han entregado más de 3,000 ascensos a policías que han destacado en su labor, como en el caso de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
Con estas acciones, la SSC busca garantizar la seguridad en la Ciudad de México y fortalecer la confianza de la ciudadanía. El compromiso de continuar trabajando por un entorno más seguro es claro y esencial para todos los habitantes de la capital.
Los secretarios de Seguridad y Defensa se reunirán con el gobernador y productores locales tras el asesinato de un líder citricultor.
Los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Defensa, Ricardo Trevilla, viajarán a Michoacán el próximo martes. Su objetivo es abordar la creciente extorsión que enfrentan los limoneros en la región. Esta reunión se da tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores en Apatzingán, ocurrido el 20 de octubre.
García Harfuch confirmó que se reunirán con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y otros productores locales. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad destacó que se han realizado varias detenciones y que las investigaciones sobre el homicidio de Bravo avanzan de manera significativa.
El secretario también anunció un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, en respuesta a un repunte de homicidios en meses recientes. Aseguró que la situación en Sinaloa es compleja, pero se están tomando medidas para pacificar la región.
García Harfuch enfatizó que la estrategia contra la extorsión ha mostrado resultados. Desde el inicio de la administración, se han recibido más de 59 mil llamadas al número de denuncia 089, logrando frustrar el 74% de los intentos de extorsión. Además, más de 400 personas han sido detenidas por este delito.
Finalmente, el secretario agradeció a los legisladores por su apoyo y destacó la importancia de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para reducir la violencia en el país.
