El pasado viernes, acompañada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y familiares de víctimas de feminicidio, la defensora de derechos humanos y periodista feminista, Soledad Jarquín Édgar clausuraron simbólicamente las oficinas del Poder Judicial de Oaxaca, en rechazo de que el pasado 10 de julio fue notificada la resolución de la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante la que desestima la sentencia emitida en primera instancia.
Denuncian que de esta manera se retrocede en el único avance que se tenía respecto al entramado de delitos que fueron cometidos alrededor del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín. La periodista mencionó que la resolución del Poder Judicial demuestra total parcialidad al posicionarse a favor del delincuente Heliodoro Altamirano Charis. “Descalifica también su grado de culpabilidad al definirla como media – y ya no alta– y no se acredita la existencia de las fotografías de María del Sol, negando así valor a su obra artística”, destacó.
Agregó que el Poder Judicial tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje a la sociedad, en el sentido de que la violencia no será tolerada ni permitida, sino que, por el contrario, será sancionada; sin embargo, demuestra hoy el menosprecio a las víctimas y evidencia las redes de complicidades y causas estructurales que permiten la impunidad.
Denuncian que el acusado enfrentó todo el proceso en libertad y fue hasta finales del año 2020 que se llevó a cabo la primera audiencia; en octubre de 2022 fue dictada finalmente sentencia condenatoria a 13 años 4 meses, sin embargo el sentenciado continuó disfrutando de su libertad, y se amparó contra la resolución.
Al respecto, la integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, afirmó que hay una falta de seriedad y claridad por parte del Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de Jueces y Magistrados. “Esta resolución tiene que ver con un tema de complicidad, no hay un criterio para juzgar con perspectiva de género; un criterio que se le ha venido demandando al Tribunal desde hace muchos años”, recriminó.
“Queremos denunciar públicamente al magistrado Arturo de León Vega, Ángel Alejo Torres, y Elizabeth Roxana López Luna que sin duda alguna tendrían que ser sometidas por parte de este Consejo de la Judicatura a revisión de sus actuaciones e investigación inmediata porque realmente es absurda la forma en la que echaron hacía atrás una resolución que pintaba como de avanzada y que dejaba bien al Poder Judicial del Estado”.
Puntualizó que “lo que está diciendo el Tribunal es: maten, asesinen, roben, comentan ilícitos y no va a pasar nada; el nivel de compadrazgo que tienen los actores involucrados en el feminicidio y demás delitos con nexos que se cometieron en el caso de María del Sol son evidentes”.
En consecuencia, se dicta una nueva resolución parcial que disminuye la pena de 13 a 9 años con 7 meses, desestima la gravedad de la culpabilidad y niega valor a la obra artística contenida en el equipo de trabajo robado.
El 2 de junio de 2018, María del Sol Cruz Jarquín, quien fungía como jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, fue víctima de feminicidio en Juchitán de Zaragoza, lugar en donde se encontraba, obligada por quien era su jefe, Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López.
El entonces funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Heliodoro Altamirano Charis, sabiendo ya del asesinato de María del Sol, se presentó en el hotel donde ella estaba hospedada y se apoderó ilegalmente de su computadora, cámara fotográfica y de video.
“Una vez más se demuestra que en Oaxaca se asesina la justicia. Seguiremos exigiendo justicia y evidenciando el actuar del Poder Judicial del Estado y de las demás autoridades que tienen la obligación de atender a las mujeres en situación de violencia”, subrayó la defensora de derechos humanos Soledad Jarquín Édgar.
Cabe destacar que en el marco de la clausura simbólica, se registró una acción de intimidación por parte del Estado al enviar patrullas de Protección Federal y de la Guardia Nacional a circular justamente enfrente de donde se llevaba a cabo la actividad.
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