El acusado fue declarado “incompetente” para enfrentar juicio estatal por feminicidio, lo que suspende el proceso, aunque permanece bajo custodia federal por un cargo que podría derivar en pena de muerte.
Un juez proclamó “incompetente” para enfrentar juicio estatal por la muerte de Iryna Zarutska. Según la evaluación de capacidad realizada en el Hospital Regional Central, el imputado es actualmente incapaz de asistir a su propia defensa. Esta determinación pausa temporalmente el proceso penal estatal contra él por feminicidio.
En el sistema judicial de los Estados Unidos, declarar a un acusado “incompetente para juicio” se refiere a que tras una evaluación psiquiátrica de la persona presuntamente responsable, el tribunal concluye que la persona no tiene actualmente la capacidad mental suficiente para entender los cargos en su contra, ni de participar de forma racional en su defensa, además de no estar en condiciones lúcidas para asistir a con su abogado de manera efectiva durante el proceso.
Este dictamen pausa el juicio estatal hasta que el acusado reciba tratamiento psiquiátrico y recupere la competencia. Una vez que los médicos determinen que ha mejorado, se reanuda el proceso judicial.
No afecta la culpabilidad ni la inocencia; sólo suspende temporalmente el juicio por razones de capacidad mental actual de algunas de las partes.
DeCarlos Brown permanece bajo custodia federal, donde enfrenta un cargo de asesinato de una mujer en un transporte público, el cual podría conllevar la pena de muerte.
El hecho fue captado por cámaras de seguridad del transporte. El video muestra el momento del ataque, con pasajeros reaccionando al suceso dentro del vagón. La refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue apuñalada mientras viajaba en el transporte público; falleció a causa de las heridas.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la posible fecha de una audiencia para confirmar o revisar la evaluación de incompetencia.
La propuesta de Claudia Sheinbaum busca unificar la legislación sobre feminicidio en México, garantizando justicia y protección a las mujeres y niñas.
La Cámara de Senadores recibió una importante iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de crear una ley general que aborde de manera unificada el feminicidio en el país. La meta es que haya un tipo penal y sanciones homogéneas en todas las entidades.
Claudia Sheinbaum destaca que, a pesar de algunos avances, las legislaciones sobre feminicidio son muy diferentes entre estados. Esta falta de uniformidad ha generado confusiones y ha permitido que casos similares se manejen de manera desigual. Así, muchas víctimas no han obtenido la justicia que merecen.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, enfatizó en redes sociales la relevancia de esta propuesta. Mencionó que es crucial lograr un futuro donde ninguna mujer muera por el simple hecho de ser mujer.
La iniciativa aborda la necesidad de crear un marco legal que establezca, entre otras cosas, un tipo penal claro y bien definido. También busca mejorar las investigaciones con un enfoque de género y fortalecer la colaboración entre el gobierno federal y los estatales. Además, considera la protección especial para los niños y adolescentes que quedan huérfanos por feminicidio, quienes a menudo enfrentan graves retos emocionales y sociales.
Este esfuerzo refleja el compromiso de las autoridades por ofrecer a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. La propuesta será analizada detenidamente en el Senado, donde se espera un debate productivo que lleve a soluciones efectivas. Con esta iniciativa, México da un paso hacia un sistema de justicia más justo e igualitario.
El estudiante de 15 años permanecerá internado mientras avanza la investigación por el asesinato de dos docentes en una preparatoria.
Un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Osmar “N”, estudiante de 15 años, por el delito de feminicidio tras el asesinato de dos maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
De acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), el menor es señalado por la muerte de las docentes Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes laboraban en la preparatoria Antón Makárenko, donde ocurrió el crimen el pasado 24 de marzo.
Durante la audiencia, realizada en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal, por lo que también dictó internamiento preventivo contra el imputado.
Asimismo, se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas en torno a este doble feminicidio que ha encendido las alertas sobre la violencia en entornos escolares.
El adolescente estuvo acompañado durante la audiencia por su defensora de oficio y su madre, quien, según autoridades, ha mostrado disposición para colaborar en el desarrollo de las investigaciones.
La iniciativa busca que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio desde el inicio, con castigos más severos y reparación integral para víctimas.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum presentó una nueva iniciativa de ley general contra el feminicidio, que será enviada al Congreso de la Unión y que plantea penas de hasta 70 años de prisión, además de obligar a todas las autoridades a investigar con perspectiva de género desde el primer momento.
Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que la propuesta incluye una reforma constitucional para facultar al Congreso a emitir una ley nacional que homologue el delito en todo el país y fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno. “No es solo un tema jurídico, es una deuda histórica con las víctimas”, subrayó.
Entre los puntos clave, se establecen nueve razones de género para tipificar el feminicidio, así como penas de 40 a 70 años de cárcel y más de 20 agravantes, incluyendo casos donde la víctima sea menor de edad, adulta mayor, migrante o perteneciente a pueblos originarios. Además, el delito será imprescriptible y se investigará de oficio.
La iniciativa también contempla que los responsables pierdan derechos como la patria potestad y beneficios legales, así como la implementación de protocolos homologados y el llamado “turno continuado”, para evitar que las investigaciones se frenen por cambios de personal ministerial.
Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar destacó que el proyecto incluye un enfoque integral para víctimas directas e indirectas, con atención médica, psicológica, asesoría jurídica y apoyo a menores en orfandad, además de la creación de un registro nacional para dar seguimiento a estos casos.
Sheinbaum enfatizó que el eje central es evitar la impunidad y la revictimización, al establecer que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, cerrando la puerta a clasificaciones erróneas que históricamente han obstaculizado la justicia.
Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI, fue asesinada en su tienda en Guerrero. Su muerte conmociona a la comunidad y a sus compañeros de partido.
Claudia Ivette Rodríguez, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ometepec, Guerrero, fue atacada a balazos el pasado 11 de marzo. El crimen ocurrió dentro de su tienda, situada a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas. Claudia también había sido comisaria en la localidad.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, denunció este “cobarde asesinato” en sus redes sociales. Expresó su pésame a la familia y amigos de Claudia, mostrando la tristeza y solidaridad del partido en este difícil momento.
Testigos informaron que varios hombres entraron a su establecimiento y dispararon contra ella antes de escapar. Las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre el hecho. La Fiscalía estatal ya se encuentra en la escena del crimen para investigar lo sucedido y realizar el levantamiento del cuerpo.
La comunidad y los compañeros de partido de Claudia Ivette Rodríguez están consternados por su muerte. Este trágico evento deja una profunda herida en Ometepec, un lugar que la líder política había trabajado arduamente por mejorar.
La familia de Cecilia Monzón denunció que el feminicida confeso recibe privilegios en el Cereso de San Miguel, mientras autoridades admiten que su traslado a un penal federal está en trámite.
La exigencia de justicia plena para Cecilia Monzón volvió al centro del debate público luego de que su hermana, la abogada Helena Monzón, denunciara que Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla y responsable de su feminicidio, recibe trato preferencial dentro del Cereso de San Miguel, en la capital poblana.
A través de redes sociales, Helena Monzón afirmó haber sido testigo directo de actitudes de sumisión y privilegio hacia el ex funcionario estatal por parte de al menos un custodio. “Si se atreven a rendirle pleitesía frente a mí, el problema es grave”, denunció, al advertir que estas condiciones vulneran el proceso de justicia y revictimizan a la familia.
Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció que el gobierno estatal prioriza el traslado de internos conflictivos a penales federales, entre ellos López Zavala. Confirmó que ya se solicitó formalmente su envío al penal de El Altiplano, en el Estado de México.
El funcionario admitió que el ex priísta ha sido un reo problemático, en un contexto donde incluso se documentaron fiestas con alcohol y presencia de mujeres dentro del Cereso a finales de 2025, hechos que derivaron en traslados de otros internos y evidenciaron redes de corrupción interna.
No obstante, la SSP precisó que el traslado de López Zavala se concretaría una vez concluido su proceso judicial. El pasado 23 de diciembre, fue declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón, junto con su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas. Este jueves, el Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura a la sentencia y pena.
La investigación acreditó que López Zavala planeó el crimen, proporcionó recursos y ordenó el asesinato de su ex pareja el 21 de mayo de 2022, motivado por un conflicto legal por manutención y por el intento de silenciarla tras denunciar violencia familiar. Para la familia Monzón, sin castigo ejemplar y sin fin a los privilegios, no hay justicia completa.
Autoridades de ambos países anuncian un programa para localizar a delincuentes prioritarios en la frontera, invitando a la ciudadanía a participar.
Autoridades de seguridad de México y Estados Unidos han presentado una nueva lista de 10 criminales prioritarios. Este esfuerzo forma parte de un programa binacional enfocado en combatir la delincuencia organizada en la frontera.
Durante una conferencia conjunta, se detalló la iniciativa “Se Busca Información – Wanted,” organizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA y las autoridades de seguridad mexicanas. El objetivo es incentivar a la población a proporcionar información útil sobre estos individuos.
Los criminales en la lista son buscados por delitos graves, incluyendo homicidio agravado, secuestro, feminicidio y agresiones. Las fotografías de los sospechosos ya están visibles en carteles y vallas en lugares clave en la frontera, facilitando su identificación.
Este anuncio complementa los esfuerzos anteriores entre ambos países para luchar contra el crimen organizado. Las autoridades han colaborado en investigaciones y operativos que buscan fortalecer la seguridad en la región.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que proporcione información sin revelar su identidad. Esto contribuirá a la localización y detención de los delincuentes y mejorará la seguridad en ambas naciones. La cooperación ciudadana es esencial en esta lucha común.
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
La Fiscalía de la Ciudad de México publicó un comunicado este jueves donde anunció la detención de un hombre en Oaxaca, investigado por desaparición y feminicidio.
Tanto la Fiscalía de la CDMX, como la de Oaxaca trabajaron en colaboración para lograr la aprehensión del presunto responsable por la desaparición y feminicidio de una joven de 33 años en Iztapalapa.
La Fiscalía CDMX aprehendió a Juan “N”, probable responsable de la desaparición de una mujer, vista por última vez el 24 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.
La Policía de Investigación (PDI) logró reconocer a Juan “N”, quien se encontraba prófugo en San Pedro Pochutla, Oaxaca. El imputado fue trasladado a la capital del país, luego de su detención.
En la actualidad, con una administración ampliamente feminista en la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina ha intensificado sus servicios en favor de capturar investigar, y judicializar a quienes cometan delitos de violencia contra las mujeres.
El pasado 11 de noviembre, la Fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde, en conferencia de prensa aseguró que en la capital, de 40 feminicidios reportados en 2025, ya se ha girado orden de aprehensión en 37 casos y sólo 4 continúan en investigación.
La Fiscalía de la Ciudad de México anunció este miércoles la captura de Luis “N”, a quien señalan de haber sido partícipe en el feminicidio de una joven de22 años, quien fue localizada sin vida el 24 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los datos que compartió la Policía de Investigación sobre los hechos aseguran: “minutos antes de la agresión, la joven paseaba a su mascota y se dirigió a una jardinera en compañía de un hombre que vestía una túnica negra, identificado como el probable responsable tras el análisis de las cámaras de videovigilancia”.
#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscaliaCDMX aprehendió a Luis “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de una joven de 22 años, localizada sin vida el 24 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.
Para dar con la captura del presunto responsable del crimen, un agente del Ministerio Público obtuvo la orden de captura que solicitó con las pruebas presentadas. La Policía de Investigación dio con el imputado poco antes de cumplir el mes de haber sido atacada la joven.
Luis “N” se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. En su comunicado, la Fiscalía CDMX aseguró que garantizarán la justicia y atención integral a víctimas indirectas.
“En la Fiscalía CDMX, trabajamos con rigor y perspectiva de género para garantizar justicia para las víctimas y sus familias”, tuiteó la institución fiscal.
