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  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.

  • Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    La abogada sustituye a Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR, y refuerza el enfoque de derechos humanos y legalidad en la Presidencia.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en relevo de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). La designación fortalece el equipo jurídico presidencial con una funcionaria de amplia trayectoria técnica, legislativa y en políticas públicas.

    Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una formación sólida que ha orientado su desempeño en el servicio público. Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con experiencia práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos, así como en la protección de niñas, niños y juventudes.

    Su preparación académica incluye capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, con énfasis en normatividad impositiva, cobranza coactiva y participación fiscal. Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y ética gubernamental, fortaleciendo una visión jurídica aplicada al diseño institucional.

    En su trayectoria reciente, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fue directora general del DIF-CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos. Hasta su nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de la estrategia de atención a las causas, modelo que articula prevención social con visión jurídica y de derechos humanos.

    Con este relevo, la Presidencia asegura continuidad institucional tras la salida de Ernestina Godoy a la FGR y consolida un marco legal robusto para la agenda del Ejecutivo.

  • FGR entrega a dos narcotraficantes a EUA

    FGR entrega a dos narcotraficantes a EUA

    La Fiscalía General de la República concretó la entrega de dos presuntos líderes del narcotráfico a autoridades de EUA, acusados de tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína, tras procesos de extradición avalados por cortes federales estadounidenses.


    La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de EUA a dos personas requeridas en procesos penales distintos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como parte de la cooperación bilateral en materia de justicia.

    En el primer caso, Jesús Alcaza Reyes fue solicitado por la Corte Federal del Distrito de Idaho, identificado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina y heroína, además del manejo de recursos ilícitos. Fue detenido en marzo pasado en Sinaloa.

    El segundo extraditado, Jesús Rauda Ávila, era requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. Las autoridades lo vinculan con una red criminal responsable del trasiego de cocaína desde Colombia hacia EUA. Su detención ocurrió en febrero de 2024, en la Ciudad de México.

    De acuerdo con la FGR, ambos procesos se concretaron tras las gestiones legales correspondientes y con la autorización del gobierno estadounidense, formalizando así su traslado para enfrentar cargos en cortes federales.

  • Arrestados por el atentado de Coahuayana

    Arrestados por el atentado de Coahuayana

    Seis personas cayeron en Colima. Las autoridades creen que participaron en el ataque con coche bomba que dejó seis muertos en Michoacán.

    El 15 de diciembre, militares y policías arrestaron a seis hombres en Colima. Ellos podrían estar detrás del violento ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán. Este atentado ocurrió el 6 de diciembre.

    Un operativo de la Sedena desmanteló un campamento. Lo hallaron en la comunidad de Chamila, Ixtlahuacán. Esta zona limita entre Colima y Michoacán. Los seis individuos estaban allí.

    El gobierno de Colima confirmó los arrestos. Elementos militares de la V Región y la 20ª Zona lideraron la acción. La Guardia Nacional y autoridades estatales los apoyaron.

    Incautaron armas cortas y largas. También encontraron cartuchos útiles y drogas. Hallaron equipo táctico y otras pruebas. Todo lo ligaron a actividades criminales.

    Esta operación forma parte del Plan Michoacán. El gobierno de México lo anunció hace semanas. Colima y las autoridades federales colaboran en él.

    Los detenidos y lo incautado están con las autoridades ministeriales. Ellos seguirán con las investigaciones. Quieren saber qué hacían en el campamento. También buscan aclarar su vínculo con el ataque en Coahuayana.

    El Horror del Coche Bomba

    El ataque con coche bomba sacudió a Coahuayana. Una camioneta con explosivos estalló. Sucedió frente a la comandancia de la Policía Comunitaria.

    La explosión del 6 de diciembre fue terrible. Generó una fuerte onda expansiva. Causó daños a casas y negocios. También afectó el hospital comunitario. El pánico se apoderó de los vecinos.

    Autoridades federales confirmaron las víctimas. El ataque mató a seis personas. Entre ellas, policías comunitarios. También murieron dos ocupantes del vehículo bomba. Varios heridos recibieron atención en hospitales.

    La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta. Investiga por delincuencia organizada. Quince peritos y once policías federales llegaron al lugar. Analizaron los restos y el vehículo.

    Al principio se habló de terrorismo. Después, la investigación cambió su rumbo. La Secretaría de Marina (Semar) reforzó la seguridad. Esto ocurrió en Coahuayana y municipios cercanos. Ayudaron a los heridos y protegieron a la gente.

    El vehículo era una camioneta Dodge RAM Dakota negra. No tenía reporte de robo. La habían vendido meses antes del atentado. Las autoridades creen que venía de Colima. Este dato fue clave para la investigación.

  • Red de García Luna: 61 órdenes de captura y casi 746 millones de dólares desviados

    Red de García Luna: 61 órdenes de captura y casi 746 millones de dólares desviados

    Las autoridades mexicanas intensificaron el cerco judicial contra la red de corrupción ligada a Genaro García Luna, con 61 órdenes de aprehensión por desvío de recursos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada, en un caso que involucra a familiares, empresarios y operaciones financieras en México y el extranjero.

    La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la emisión de 61 órdenes de aprehensión por delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivados de una compleja red que operó durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública federal.

    Las investigaciones establecieron que la estructura corrupta funcionó durante más de 20 años, incluso después de que el exfuncionario dejara el cargo, mediante contratos con dependencias de seguridad que permitieron el desvío de 745.9 millones de dólares del erario. Parte de esos recursos fue enviada al extranjero utilizando esquemas de ocultamiento financiero y paraísos fiscales.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentó que un conglomerado empresarial familiar, bajo el auspicio de García Luna, obtuvo al menos 30 contratos públicos, cuyos beneficios terminaron en la adquisición de propiedades y bienes en Florida, EUA, entre otros destinos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó la ruta del dinero y bloqueó a los involucrados desde finales de 2019.

    En paralelo al proceso penal que García Luna enfrenta en Brooklyn, Nueva York, el gobierno mexicano promovió una demanda civil en Miami-Dade para recuperar los activos adquiridos con recursos públicos desviados. Hasta ahora, 19 propiedades del exfuncionario y de sus presuntos cómplices permanecen aseguradas.

    Entre las personas señaladas figuran familiares directos de García Luna, empresarios ligados al grupo Weinberg y operadores financieros vinculados a empresas fachada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar y procesar a todos los implicados, mientras continúan las detenciones en México y el extranjero.

    El caso se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, tanto por el monto desviado como por el alcance internacional de la red financiera que operó durante décadas.

    Con información de Infobae.

  • Caso María Amparo Casar se frena en Reclusorio Oriente; FGR deberá seguir acusación en el Norte

    Caso María Amparo Casar se frena en Reclusorio Oriente; FGR deberá seguir acusación en el Norte

    La jueza federal canceló la audiencia inicial y ordenó archivar el trámite, al confirmar que otro juez ya conocía la carpeta de investigación.

    La audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez, prevista para este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, fue cancelada por la jueza de control Diana Selene Medina Hernández, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá continuar la acción penal ante un juez de Distrito del Reclusorio Norte.

    La juzgadora explicó que la FGR le informó, mediante dos escritos presentados en la primera semana de diciembre, que un juez del Reclusorio Norte ya tenía conocimiento de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024, relacionada con la presunta pensión irregular en Petróleos Mexicanos (Pemex), por la cual se pretende imputar a Casar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

    De acuerdo con el reporte ministerial, ese juez autorizó previamente técnicas de investigación, por lo que la jueza Medina Hernández consideró improcedente que el asunto continuara en el Reclusorio Oriente. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la audiencia del 16 de diciembre y archivar administrativamente el caso, sin impedir que la Fiscalía prosiga el proceso ante la autoridad competente.

    En su resolución, la jueza también reprendió a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, Liliana Cárdenas Tapia, por programar la audiencia sin verificar previamente si otro juez había intervenido, conducta que calificó como “contumaz” y que, advirtió, podría derivar en la intervención del Órgano de Administración Judicial si se repite.

    La determinación judicial no cancela la acusación, pero redefine el cauce legal del proceso, obligando a la FGR a retomar el caso ante el juez que ya conocía los hechos, a fin de evitar duplicidad de actuaciones y violaciones al debido proceso.

  • Fuerzas federales decomisan más de 82 mil litros de combustible en Tepeaca, Puebla 

    Fuerzas federales decomisan más de 82 mil litros de combustible en Tepeaca, Puebla 

    El operativo coordinado permitió asegurar pipas, vehículos e inmuebles presuntamente usados para el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

    En un fuerte golpe contra el robo de combustible en Puebla, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, aseguraron 82 mil 735 litros de hidrocarburo en el municipio de Tepeaca, una zona identificada por actividades ligadas al huachicol.

    De acuerdo con información oficial, el operativo se realizó tras labores de inteligencia e investigación, que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con el manejo ilegal de combustible. Con estos datos, las fuerzas de seguridad reforzaron los patrullajes y reconocimientos terrestres, estableciendo un perímetro de seguridad para apoyar a la FGR en el cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación.

    Durante la intervención, las autoridades lograron el aseguramiento de 25 vehículos cisterna, además de tres vehículos adicionalesdiversa herramienta especializada para la habilitación de tomas clandestinas y dos inmuebles, los cuales presuntamente operaban como centros de resguardo y distribución ilegal de hidrocarburo.

    Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de determinar la situación jurídica de los bienes asegurados y dar continuidad a las investigaciones periciales correspondientes. Este aseguramiento representa una acción relevante dentro de la estrategia federal para combatir el robo de combustible, delito que genera pérdidas millonarias al Estado y riesgos graves para la población.

  • Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.

    Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.

    Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.

    De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.

    Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.

    Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.

    La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.

  • FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.

    De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.

    La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.

    Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

    Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.

  • Dictan prisión preventiva a “El Limones”, presunto operador de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa

    Dictan prisión preventiva a “El Limones”, presunto operador de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa

    Un juez federal avaló la detención y ordenó su reclusión en el Altiplano; la FGR lo señala por armas y narcotráfico, además de operar finanzas criminales.

    Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de “Los Cabrera” y presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. La medida fue impuesta tras calificar de legal su detención, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

    Durante la audiencia inicial, realizada de manera privada a solicitud del Ministerio Público, la FGR imputó a Rodríguez Ortiz acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la vinculación a proceso se resolverá la próxima semana.

    Las investigaciones ministeriales ubican a “El Limones” como dirigente del grupo sindical CATEM y como enlace financiero de “Los Cabrera”. Además, la FGR refiere que en conjunto con la familia “Los Herrera”, de Gómez Palacio, Durango, y con el Cártel de Sinaloa, habrían financiado células delictivas en la región de Torreón, Coahuila.

    Las indagatorias también señalan que el grupo al que pertenece estaría involucrado en amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua, lo que refuerza las líneas de investigación por delincuencia organizada.

    Rodríguez Ortiz fue detenido tras un cateo ejecutado por agentes federales en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango capital, donde se aseguraron armas largas, cargadores, equipo táctico, un vehículo y otros objetos constitutivos de delito. La FGR destacó que los aseguramientos robustecen la imputación y sostienen la solicitud de prisión preventiva.

    El caso se mantiene bajo investigación federal y será en la siguiente audiencia cuando el juez determine si queda formalmente vinculado a proceso por los delitos imputados.