Autoridades federales detuvieron a Arturo Gómez Marín, conocido como “El Vampiro”, en Centro, Tabasco. Es el tercero al mando del grupo delictivo La Barredora.
La captura se llevó a cabo por elementos de la Defensa, Marina, SSPC, Guardia Nacional, FGR y autoridades locales. El Vampiro enfrenta acusaciones por extorsión y homicidio.
Durante su detención, los agentes encontraron un arma de fuego larga con 20 cartuchos. La operación se realizó tras un seguimiento de inteligencia que identificó su ubicación.
Los agentes marcaron el alto a El Vampiro cuando manipulaba el arma. Ahora, lo han puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. La detención representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Arturo “N”, alias “El Vampiro”, fue detenido en Tabasco por su presunta participación en actividades de extorsión y cobro de piso como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura se realizó en el municipio de Centro, Tabasco. Durante el operativo, elementos de la SSPC, Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía Genera de la República le aseguraron un arma larga con 20 cartuchos útiles, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.
La Barredora ha sido señalada por operar con la presunta protección de exfuncionarios del gobierno estatal, como Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad, hoy prófugo tras girarse orden de aprehensión en su contra.
Esta detención se suma a las recientes capturas de otros integrantes del grupo: “El Caiser” el 30 de julio y “El Pinto” el 23 de julio, ambos vinculados a delitos como secuestro, huachicol, trasiego de drogas y asociación delictuosa.
Con estos golpes, las autoridades buscan desarticular una red criminal que no solo extorsionaba a comerciantes, sino que presuntamente tejió alianzas con estructuras políticas en el estado.
Tras casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta fue absuelto por un tribunal federal que evidenció graves irregularidades procesales, pruebas contaminadas y violaciones a derechos humanos. La sentencia, de 425 páginas, desglosa siete razones clave que fundamentaron su liberación.
De acuerdo con Milenio, que tuvo acceso al expediente, la jueza Mariana Vieyra Valdés concluyó que la detención de Vallarta fue ilegal y que su presentación ante los medios como parte de un montaje contaminó la evidencia desde el inicio. El caso fue transmitido por televisión, simulando un operativo de rescate que nunca ocurrió. Esta recreación generó un “efecto corruptor” en todo el proceso.
Además, la confesión inicial de Vallarta fue descartada por presunta tortura. Aunque no se ha emitido una sentencia firme sobre los actos de tortura, la Fiscalía General de la República no investigó adecuadamente y eso invalida cualquier declaración extraída bajo ese contexto. La jueza subrayó que los derechos de las víctimas no justifican violar los del acusado.
También se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de las armas y cartuchos asegurados. No hubo peritajes concluyentes ni pruebas balísticas que vincularan directamente a Vallarta con esos objetos. Incluso, las diligencias de reconocimiento fueron realizadas en condiciones sugestivas y sin presencia de la defensa, afectando la fiabilidad de los testimonios.
Se suman contradicciones en las declaraciones de al menos diez testigos clave, cambios de versiones y relatos que se ajustaban conforme avanzaba el caso. Además, no se probó su pertenencia a un grupo criminal organizado, ni que existiera estructura, permanencia o roles definidos que configuraran el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, parte de las pruebas provienen de cateos ilegales. Ingresos a inmuebles como el rancho Las Chinitas y otros predios se realizaron sin orden judicial, violando flagrantemente la Constitución. Por lo tanto, todo lo recolectado carece de valor probatorio.
La jueza determinó que no era posible emitir una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas obtenidas de forma ilícita, lo que llevó a la absolución definitiva de Israel Vallarta, tras más de 19 años privado de su libertad sin sentencia.
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado la tarde del lunes 4 de agosto. El ataque ocurrió en el Bulevar Hidalgo, a la altura de Plaza Engrei.
La noticia ha causado conmoción y movilización de fuerzas de seguridad en la región. Desde 2019, Vázquez Reyna se encargaba de la delegación estatal de la FGR.
Una de sus últimas apariciones fue el 31 de marzo, donde participó en una ceremonia con el gobernador Américo Villarreal y Claudia Sheinbaum. En esa ocasión, se reconoció la labor de los cuerpos de emergencia por las inundaciones en el estado.
De acuerdo con las primeras versiones, delincuentes armados interceptaron a Vázquez Reyna, lo persiguieron y lo ejecutaron a balazos. Después, incendiaron su camioneta Cadillac Escalade.
Algunos medios informan que su vehículo explotó con él dentro, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha iniciado una coordinación con la FGR para investigar los hechos.
Sandra, una de las propietarias de la Guardería ABC, fue detenida en un centro migratorio de Eloy, Arizona, tras emitirse una ficha roja de Interpol vinculada al incendio que cobró la vida de 49 niñas y niños en 2009. El colectivo Manos Unidas por la Justicia, integrado por madres y padres de las víctimas, exige a las autoridades mexicanas actuar de inmediato y solicitar su extradición.
El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo, confirmó que la captura se realizó por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que no hay justificación para que la Fiscalía General de la República (FGR) no se haya pronunciado oficialmente ni haya informado a las víctimas. “No puede haber silencio ni inacción ante una detención directamente relacionada con el caso ABC”, enfatizó.
El colectivo alertó que una firma legal en Estados Unidos busca que Sandra obtenga asilo político, alegando persecución. “No es persecución, es cumplimiento de una sentencia por la muerte de 49 menores y lesiones a más de 100”, sostuvo el abogado. También pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum sensibilidad ante la exigencia de justicia.
Alvarado recordó que México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente y funcional, por lo que, con voluntad política, la FGR podría gestionar la entrega de la detenida sin necesidad de juicios largos, bastando una solicitud formal al Departamento de Justicia estadounidense.
De ser extraditada, Sandra deberá ser ingresada a un centro de internamiento en Hermosillo, Sonora, para cumplir con la sentencia pendiente. A 15 años de la tragedia, las familias insisten: la justicia no puede seguir esperando.
Elementos de seguridad detuvieron a cuatro ex servidores públicos en Puebla por su relación con el crimen organizado. La operación involucró a diversas autoridades, incluyendo la SSPC y la FGR.
Las detenciones resultaron de meses de investigación. Las autoridades identificaron a los ex policías que brindaban protección e información a grupos criminales. También obstaculizaban investigaciones sobre homicidios y distribución de drogas.
Se obtuvieron pruebas suficientes para ejecutar las órdenes de aprehensión. Los operativos se realizaron en diferentes domicilios de Puebla, donde se detuvo a los sospechosos.
Durante la captura, se aseguró un arma larga, un cargador y varios cartuchos. Luego de informarles sobre sus derechos, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.
Los ex funcionarios están relacionados con el homicidio de dos policías en marzo y una agresión armada en febrero. Esta acción reafirma el compromiso del Gabinete de Seguridad de combatir la violencia y proteger a la población.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en colaboración con las secretarias de Defensa, Marina , Fiscalía general de la Republica (FGR) y Guardia Nacional informaron por medio de un comunicado la detención de cuatro ex servidores que estaban vinculados con el crimen organizado.
De acuerdo con el informe oficial
“Las detenciones son resultado de varios meses de trabajos de investigación, vigilancia y seguimiento para identificar a servidores y ex servidores públicos relacionados con actividades delictivas“.
Con base en los datos de prueba obtenidos, las autoridades solicitaron y ejecutaron órdenes de aprehensión en diferentes domicilios del municipio de Puebla. Durante los operativos, los elementos de seguridad detuvieron a los cuatro hombres y, tras corroborar su identidad, se les aseguraron un arma larga, un cargador y diversos cartuchos.
Posteriormente, los detenidos fueron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, con el objetivo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación.
Cabe señalar que a los detenidos también se les vincula con el homicidio de dos policías, ocurrido en marzo del presente año, así como con una agresión armada registrada en febrero.
Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de colaboración y coordinación con las entidades federativas para capturar a generadores de violencia que afectan la seguridad y la paz de la población.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante un comunicado, informó que se llevaron a cabo operativos en diferentes estados de la República y en la capital del país. De acuerdo con las autoridades, se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, así como de distintos tipos de droga en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Según el informe emitido por las autoridades del Gobierno de México, en Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal recibieron una denuncia por detonaciones de arma de fuego. Este hecho llevó a la detención de un hombre vinculado con la distribución de drogas, homicidios y control territorial en la Costa de Oaxaca. Además, le fue asegurada un arma corta y un cargador abastecido.
Mientras tanto, en Puebla, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía de Tabasco, la Policía Estatal y la Marina detuvieron a un hombre que era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en diez homicidios.
Por otro lado, en los municipios de Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, la Marina de México, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Estatal, llevaron a cabo un operativo terrestre en el que detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, en el cual aseguraron doce artefactos explosivos improvisados. Además, catearon un inmueble donde localizaron a cuatro personas privadas de su libertad, quienes fueron atendidas por médicos para verificar su estado de salud.
En Coatzacoalcos, Veracruz, personal de Semar, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a siete personas y aseguraron dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 34 cartuchos, diversas dosis de droga, un inhibidor de señal, cuatro cuchillos, nueve celulares y dos vehículos.
Elementos de la Marina y de la Fiscalía del Estado detuvieron a seis personas por el delito de desaparición forzada en Cabo San Lucas, Baja California Sur
Las autoridades informaron que estos operativos forman parte de las acciones conjuntas para combatir a los grupos delictivos y garantizar la seguridad en distintas regiones del país.
Israel Vallarta Cisneros saldrá del penal del Altiplano después de pasar 19 años preso sin sentencia, luego de que una jueza federal le concediera sentencia absolutoria por su presunta participación en el delito de secuestro. La información fue confirmada por su esposa, Mary Sainz a través de redes sociales poco antes de la medianoche del jueves 31 de julio.
La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, determinó que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que ordenó su liberación inmediata, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede apelar, sin posibilidad de frenar su salida.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo televisado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Ambos fueron señalados como parte de la presunta banda de secuestradores Los Zodiacos. En 2013, Cassez recuperó su libertad tras obtener un amparo por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión sin sentencia hasta hoy.
Durante casi dos décadas, Israel Vallarta enfrentó cargos por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su defensa —encabezada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)— denunció irregularidades y violaciones a sus derechos, incluyendo tortura y prisión preventiva injustificada.
Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó que se revisara su caso por el tiempo transcurrido sin sentencia y por su estado de salud, señalando que debían aplicarse medidas alternativas a la prisión preventiva.
Pese a estas recomendaciones, en 2023, un tribunal colegiado avaló mantenerlo preso, argumentando que la FGR justificó el riesgo procesal. No obstante, ahora, con esta resolución definitiva, Israel Vallarta podrá volver a casa, 19 años después.
La Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 26 de julio ejecutó un cateo en la colonia La Escondida en Reynosa, Tamaulipas, donde aseguró un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo.
Además de la incautación de huachicol, se localizaron nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks, tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial, que estaban a disposición del desplazamiento de hidrocarburo.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) asegura que el inmueble y lo asegurado quedó bajo órdenes del Ministerio Público Federal (MPF), quien mantiene abierta la investigación por los delitos de quien o quienes resulten responsables del movimiento ilegal de hidrocarburo.
#FGR en Tamaulipas, ejecutó un cateo en la colonia La Escondida en Reynosa, donde aseguró más de un millón 800 mil litros de hidrocarburo, además nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks, tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial. ▶️… pic.twitter.com/3M87gIyK0w
La autorización para el cateo se dio por parte de un Juez Federal y fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde también participó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También estuvo presente Protección Civil, los bomberos y delegados de Pemex.
La cantidad de litros de hidrocarburo incautados podría llenar el 72% de una piscina olímpica, por lo que la acción por parte de las autoridades representa una fuerte sacudida para el crimen organizado en el Estado que limita al este con el Golfo de México.
