Etiqueta: FGR

  • Dictan prisión preventiva a “El Limones”, presunto operador de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa

    Dictan prisión preventiva a “El Limones”, presunto operador de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa

    Un juez federal avaló la detención y ordenó su reclusión en el Altiplano; la FGR lo señala por armas y narcotráfico, además de operar finanzas criminales.

    Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de “Los Cabrera” y presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. La medida fue impuesta tras calificar de legal su detención, por lo que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

    Durante la audiencia inicial, realizada de manera privada a solicitud del Ministerio Público, la FGR imputó a Rodríguez Ortiz acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la vinculación a proceso se resolverá la próxima semana.

    Las investigaciones ministeriales ubican a “El Limones” como dirigente del grupo sindical CATEM y como enlace financiero de “Los Cabrera”. Además, la FGR refiere que en conjunto con la familia “Los Herrera”, de Gómez Palacio, Durango, y con el Cártel de Sinaloa, habrían financiado células delictivas en la región de Torreón, Coahuila.

    Las indagatorias también señalan que el grupo al que pertenece estaría involucrado en amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua, lo que refuerza las líneas de investigación por delincuencia organizada.

    Rodríguez Ortiz fue detenido tras un cateo ejecutado por agentes federales en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango capital, donde se aseguraron armas largas, cargadores, equipo táctico, un vehículo y otros objetos constitutivos de delito. La FGR destacó que los aseguramientos robustecen la imputación y sostienen la solicitud de prisión preventiva.

    El caso se mantiene bajo investigación federal y será en la siguiente audiencia cuando el juez determine si queda formalmente vinculado a proceso por los delitos imputados.

  • Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

    Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

    Un juez federal consideró que el dato solicitado es clave para garantizar el debido proceso en el caso del empresario, preso en el Altiplano por delitos de alto impacto.

    Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos, información que, de acuerdo con un juez federal, es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal” que enfrenta tanto en aquel país como en México.

    La resolución fue emitida por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, quien determinó que la información solicitada durante meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser proporcionada al quejoso. Actualmente, Ye Gon se encuentra recluido en el Cefereso No. 1, Altiplano.

    Aunque el fallo no precisa públicamente cuál es la trascendencia jurídica específica del dato, el juzgador subrayó que contar con esta información es fundamental para que el acusado tenga las herramientas necesarias para enfrentar el poder punitivo del Estado, especialmente en un proceso penal de alta complejidad.

    Zhenli Ye Gon fue detenido en julio de 2007 en Estados Unidos y entregado a México en octubre de 2016, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Su caso alcanzó notoriedad internacional luego de que autoridades mexicanas aseguraran 207 millones de dólares en efectivo en una de sus residencias ubicadas en Lomas de Chapultepec.

    En su resolución, el juez sostuvo que las autoridades señaladas debieron canalizar la solicitud directamente al juez del proceso penal, ya que la información forma parte del expediente y es relevante para resolver la situación jurídica del procesado. De no hacerlo, señaló, se vulnera el artículo 17 constitucional, que obliga a todas las autoridades a privilegiar la justicia sustantiva sobre formalismos administrativos.

    Con información de La Jornada

  • Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    El detenido habría participado en el desvío de recursos públicos destinados a cárceles federales mediante facturación falsa y empresas fachada vinculadas a la red de corrupción del ex secretario de Seguridad.

    Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel “N”, identificado por el gobierno federal como uno de los operadores financieros de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras en prisiones federales durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

    De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” forma parte de un grupo de al menos 60 personas contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en el entramado financiero. Dentro del monto total desviado, se le atribuyen operaciones por 2 mil 950 millones de pesos, utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos mediante facturas falsas y movimientos a través de empresas fachada.

    Las indagatorias federales vinculan estas operaciones con compañías relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, señaladas por simular servicios y contratos inexistentes. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC confirmó que la captura ocurrió el jueves pasado, aunque no se detalló el lugar de traslado ni su inmediata puesta a disposición judicial.

    La Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido desde diciembre de 2021 una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez federal con sede en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México. En la ficha oficial se describen las características físicas y vestimenta del detenido al momento de su arresto.

    Este caso se suma a otras detenciones relevantes, como la de Gloria García Luna y su hijo Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex funcionario, quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones también apuntan a triangulaciones financieras con empresarios estadounidenses, a quienes se adjudicaron contratos de obras y servicios que nunca se cumplieron, profundizando el escándalo de corrupción ligado al sexenio pasado.

  • ¡Casar se llevó 31 millones!

    ¡Casar se llevó 31 millones!

    Por Ricardo Sevilla

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso legal que ya ha comenzado a cimbrar a las élites de la derecha.

    Pero déjeme contarle la historia con datos duros.

    La FGR, que ahora está conducida por Ernestina Godoy, ha judicializado la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otras dos personas.

    Estos personajes serán imputados por su probable intervención en el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tal como lo establece el Artículo 217 del Código Penal Federal.

    Ahora bien, la acusación central gira en torno a la polémica obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar, tras el trágico fallecimiento de su esposo, en 2004.

    Sin embargo, apenas se anunció este movimiento, los beligerantes voceros de la derecha salieron a defender a Amparo Casar.

    Desde luego, escasean los argumentos.

    Por ejemplo, Manuel López San Martín, conductor de ADN 40 y empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego, dijo que se trata de una embestida contra Casar. López San Martín sostiene, sin ofrecer pruebas, que la FGR está orquestando una persecución política.

    Cabe recordar que el expediente de Casar fue dado a conocer ante la opinión pública en mayo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza, entonces director general de Pemex, decidió revelar detalles muy contundentes sobre el caso.

    Y es que Romero Oropeza dio a conocer que la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, fue catalogada, oficialmente, como suicidio.

    Con base en esta evidencia, Pemex anunció que buscaría recuperar una suma millonaria que asciende a 31 millones de pesos.

    Ahora bien, el fatídico suceso ocurrió el 7 de octubre de 2004, cuando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, perdió la vida al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex.

    Tras el deceso, María Amparo Casar solicitó el pago de un seguro de vida, la ayuda de gastos funerarios y, esencialmente, la pensión post-mortem a favor de ella y de sus dos hijos, que fue cubierta hasta que sus vástagos cumplieron 25 años.

    La información oficial compartida, en ese momento, detalló que la pensión vitalicia otorgada a Casar fue de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.

    Ahora bien, el punto de inflexión legal y ético es claro: la pensión y los beneficios que comportaron fueron concedidos antes de contar con un dictamen pericial oficial.

    Los directivos de Pemex de aquella época decidieron dar al fallecimiento el tratamiento de “accidente“, omitiendo esperar la resolución del Ministerio Público, que finalmente y de manera concluyente, determinó que la causa de muerte fue un suicidio.

    Eran épocas de Vicente Fox y el director de Pemex era, en ese momento, Luis Ramírez Corzo. Y durante los dos años que Ramírez Corzo estuvo al frente de la paraestatal, la multinacional Caterpillar obtuvo contratos por 30 mil millones de pesos.

    Ahora bien, esta omisión le permitió a Amparo Casar un beneficio económico que no correspondía legalmente bajo las pólizas de Pemex.

    Desde luego, el contexto político no puede ignorarse.

    Y es que las investigaciones sobre presunta corrupción que tocan a políticos de oposición y figuras de la sociedad civil –como María Amparo Casar, excolaboradora del gobierno de Fox, líder de MCCI y cercana a Claudio X. González– fueron gestadas durante el periodo de Gertz Manero al frente de la FGR. Ahora, se judicializan con la nueva estructura de la Fiscalía y el Poder Judicial Federal (PJF).

    Y aquí es importante subrayar que el caso Casar no es solo un pleito legal, sino un estratégico movimiento en el tablero de ajedrez político que enfrenta a la élite opositora, vinculada a empresarios como Claudio X., y ahora defendida por voceros afines a Ricardo Salinas Pliego, contra el aparato de justicia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy.

  • Solo el trabajo conjunto entre estados podrá disminuir el delito de extorsión: Sheinbaum

    Solo el trabajo conjunto entre estados podrá disminuir el delito de extorsión: Sheinbaum

    La Presidenta subrayó que el combate a la extorsión será prioridad en 2026 y que sólo una estrategia unificada entre Federación y estados permitirá frenar este delito.

    La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde reiteró que la coordinación federal–estatal ha sido clave para disminuir homicidios y otros delitos de alto impacto. No obstante, advirtió que el gran reto para 2026será frenar la extorsión, un crimen que afecta directamente a familias, comercios y empresas en todo el país.

    Sheinbaum enfatizó que este delito impacta la percepción de inseguridad, por lo que llamó a fiscalías estatales y a la FGR a impulsar acciones conjuntas y a homologar el tipo penal de extorsión, una reforma que —dijo— permitirá combatirlo con más eficacia. También reconoció la colaboración con los gobiernos estatales sin importar diferencias políticas.

    La mandataria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad reforzará la investigación e inteligencia, y que el Centro Nacional de Inteligencia ahora se orienta más al apoyo directo en tareas de seguridad pública.

    En su primera participación como fiscal general, Ernestina Godoy presentó un plan emergente de seis ejes, que incluye mayor coordinación con el gabinete de seguridad, fortalecimiento de fiscalías federales en los estados, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y un nuevo modelo de investigación con estándares probatorios sólidos.

    Godoy subrayó que la Fiscalía es esencial en la cadena de justicia y que el país requiere alineación de estrategias entre los tres órdenes de gobierno para obtener resultados sostenidos. Durante la reunión, gobernadores de Morena, PAN, PRI y MC reconocieron la disposición del gobierno federal para trabajar de manera conjunta y destacaron los avances en la reducción de delitos graves.

  • FGR recupera 62 millones por Estafa Maestra

    FGR recupera 62 millones por Estafa Maestra

    La Fiscalía General de la República logra exigir a exfuncionarios la compensación por el daño ocasionado al Estado mexicano. 

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha recuperado 62 millones 877 mil 192 pesos, una parte de lo que el Estado perdió en el escandaloso esquema conocido como La Estafa Maestra. Esta recuperación se da tras demostrar la culpabilidad de Ricardo Mejía Zayas, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México.

    Ambos exservidores públicos deberán pagar esta cantidad como condición para recibir los beneficios legales que ofrece el Código Penal Federal. La FGR mostró evidencias claras que vinculan a Mejía Zayas y Monroy Gaytán con el uso indebido de sus funciones para causar un daño significativo a las finanzas del país.

    El caso involucra un convenio irregular entre Sedesol y la universidad estatal. Este acuerdo no garantizaba las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad y oportunidad. Además, la universidad subcontrató todos los servicios pactados a un costo inferior, lo que llevó a una significativa pérdida para la hacienda pública.

    La Estafa Maestra, revelada originalmente por el medio Animal Político, destapó un entramado donde diversas secretarías federales contrataban a universidades que no estaban capacitadas para realizar ciertos servicios. Esto resultó en que las instituciones académicas subcontrataran a empresas privadas, facilitando la triangulación de recursos. En total, se documentaron contratos ilegales por más de 7 mil millones de pesos, con 186 empresas involucradas, muchas de las cuales eran fantasmas o carecían de la capacidad para manejar recursos públicos.

    Es importante mencionar que las universidades involucradas obtuvieron alrededor de mil millones de pesos solo por actuar como intermediarias, aun cuando no cumplieron con los servicios acordados. 

    Este caso es solo una parte de un problema más amplio de corrupción en el país. Recientemente, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue detenido. Se le acusa de desviar más de 290 millones de pesos, lo que destaca la gravedad de esta situación.

  • César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.

    Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.

    La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.

    La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

    La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong

  • Duarte y el desvío de fondos

    Duarte y el desvío de fondos

    La Fiscalía General de la República acusó a César Duarte de desviar más de 76 millones de pesos a empresas vinculadas a su familia. La audiencia inicial se celebró el 9 de diciembre en el penal del Altiplano.

    La Fiscalía General de la República acusó a César Duarte Jáquez de desviar más de 76 millones de pesos. Los hechos habrían ocurrido cuando fue gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016.

    La FGR presentó los cargos durante la audiencia inicial del 9 de diciembre en el penal del Altiplano. La defensa pidió suspender la audiencia; el juez rechazó la petición y permitió la presentación de pruebas.

    Según la acusación, los recursos que iban para el sector ganadero pasaron por varias empresas. Entre ellas están Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera División del Norte, Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral.

    La Fiscalía afirma que los fondos se entregaron mediante subsidios y convenios para comprar ganado y equipo. Meses después, las transferencias terminaron en cuentas personales de Duarte y de su familia.

    También dice que parte del dinero sirvió para pagar una tarjeta American Express a nombre de la esposa del exgobernador. La FGR añadió a la carpeta dictámenes contables y fiscales de la Auditoría Superior de Chihuahua.

    Esos informes detectaron un conflicto de interés, pues las empresas beneficiadas tendrían vínculos con Duarte. Además, la Fiscalía incorporó declaraciones patrimoniales y registros bancarios con múltiples transferencias.

    La investigación incluye a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La Fiscalía lo señala como tesorero de las empresas y presunto colaborador en el esquema.

    La FGR dijo haber presentado más de 100 datos de prueba contra el exgobernador. La autoridad detuvo a César Duarte el 8 de diciembre y lo trasladó al penal del Altiplano.

    La noticia volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la corrupción en Chihuahua. Muchas personas esperan que el proceso aclare lo ocurrido y que la justicia actúe con rapidez. El caso seguirá su curso y el juez decidirá las próximas fechas y medidas.

  • Duarte: el rey zafiro

    Duarte: el rey zafiro

    Por Ricardo Sevilla

    El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

    El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.

    El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.

    La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.

    Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:

    • Peculado agravado
    • Asociación delictuosa
    • Lavado de dinero
    • Enriquecimiento ilícito
    • Uso indebido de atribuciones
    • Financiamiento ilegal al PRI
    • Retención de salarios a burócratas
    • Robo de ganado destinado a pequeños productores
    • Y presunta creación de un banco con recursos públicos

    Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.

    Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?

    Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.

    De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.

    Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.

    Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.

    Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.

    Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.

    Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.

    En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.

    Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.

    Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.

  • En administración de Gertz, FGR pagó más de mil mdp en seguros médicos VIP para funcionarios

    En administración de Gertz, FGR pagó más de mil mdp en seguros médicos VIP para funcionarios

    Durante los últimos tres años, la Fiscalía General de la República destinó recursos millonarios para seguros de lujo que cubren desde accidentes en deportes extremos hasta tratamientos médicos de alto costo para su personal y familiares.

    Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, fiscales, agentes de alto perfil y funcionarios de mando superior contaron con un seguro médico VIP que cubría accidentes en tauromaquia, alpinismo, buceo, motociclismo, esquí y regatas, entre otras actividades. Este esquema representó un gasto al erario de mil 57 millones de pesos, pese a la Ley de Austeridad Republicana que desde 2019 prohibió seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos.

    De acuerdo con una investigación de El Universal, el contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025, disponibles en Compras MX, muestran coberturas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general y entre 3 y 7 millones para mandos medios y superiores, con montos adicionales para familiares.

    El seguro abarca hospitalización en cuarto privado, medicamentos, honorarios médicos, enfermería particular, ambulancia terrestre o aérea, sala de operaciones, terapias y procedimientos quirúrgicos especializados, incluso para lesiones derivadas de deportes extremos o cumplimiento del deber. También incluye tratamientos de radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, cirugías reconstructivas y atención por VIH/sida, con cobertura en México y en el extranjero por hasta 50 mil dólares.

    La póliza abarca a titulares de 18 a 100 años, cónyuges, ascendientes y descendientes hasta 24 años, con atención disponible 24/7 todo el año. Entre los hospitales privados cubiertos destacan Hospital Ángeles, Médica Sur, Star Médica, Hospital Christus Muguerza y Hospital ABC, entre otros, sin incluir clínicas públicas.

    El esquema ha generado cuestionamientos sobre la opacidad en el gasto público y la discrecionalidad en la FGR, contrastando con los lineamientos internos de austeridad publicados por la propia institución en 2023.

    Con información de Alelhí Salgado para El Universal