Este viernes 21 de abril un juez dio la orden de no vincular a proceso al exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, quien se encuentra relacionado con los desvíos de La Estafa Maestra.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR), buscaba la medida de prisión preventiva por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La FGR señaló durante la audiencia inicial en el Reclusorio Sur a González Tiburcio por supuestos malos manejos, los cuales estaría directamente relaciones con un convenio general de colaboración firmado con la Universidad Indigenista de México del Estado de Sinaloa. También se detalla un convenio específico suscrito por Aída Marina Arvizu Rivas, entonces directora general adjunta para la Igualdad de Género.
A pesar de estos señalamientos, el juez Juan José Hernández Leyva consideró dictó la no vinculación a proceso luego de considerar como fundamental un peritaje presentado por la defensa del exfuncionario, que determinaba que las supuestas firmas de González Tiburcio en estos convenios eran falsificadas.
De esta manera, González Tiburcio libró el quinto intento de la FGR por abrir un proceso penal en su contra por este caso, sin embargo, la propia fiscalía podría hacer su propio peritaje para seguir con su intención de procesarlo.
La noche de este domingo 16 de abril fue detenido el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González Guerrero, luego de que fuera puesta sobre él una orden de aprehensión por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas.
El Ministerio Público Federal (MPF) lo relaciona directamente con el caso, debido a que varios testigos indican que González Guerrero fue quien ordenó no abrir la estación migratoria cuando dio inicio el incendio el pasado 27 de marzo.
Fue capturado en la avenida Tecnológico, en la colonia Jardines del Aeropuerto de Ciudad Juárez, se espera que una vez que sea presentado ante el juez que lo requiere se ordene la prisión preventiva, ya que se le acusa de homicidio y lesiones.
Además, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua aprobó el llamado que hizo la FGR al Francisco Garduño, comisionado del INM, para llevar a cabo la audiencia inicial de imputaciones, se espera que dicho funcionario acuda el 21 de abril a la cita.
Hasta el momento cinco personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas están personal de migración, un trabajador de la empresa de seguridad que custodiaba el edificio y un migrante, quien al parecer provocó el fuego.
“Se les acusa de los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales por comisión por omisión: los agentes de migración Daniel ‘N’, Rodolfo ‘N’, Gloria ‘N’; el guardia de seguridad privada, Alan ‘N’, quienes quedaron sujetos a proceso penal en su siguiente etapa complementaria”.
La Fiscalía General de la República informó que un juez de control obtuvo una orden de aprehensión en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que los responsables de la dependencia de gobierno tuvieron una vinculación directa con los lamentables hechos ocurridos el 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, el cual ocasionó la muerte de 40 migrantes.
#FGRInforma | #FGR obtuvo de Juez de Control en #CdJuárez, órdenes de aprehensión contra funcionarios del @INAMI_mx, y citación para audiencia de imputación para Antonio “N” y Francisco “N”, el 20 y 21 de abril, respectivamente.
Por lo anterior, el Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la Fiscalía su solicitud de citación, que contempla la Ley, para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación de Antonio “N” y Francisco “N” señalando como fechas el 20 y 21 de abril próximos, respectivamente.
Siendo así, en dichas audiencias se conocerán las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la FGR.
Hasta el momento es todo lo que se sabe, por lo que en cuanto existan nuevos informes, se dará a conocer.
Un juez de control federal vinculó a proceso este martes 12 de abril a cuatro militares por su posible participación en el asesinato de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El juzgador, Eduardo Javier Sáenz Torres, ordenó mantener a los militares sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en el campo militar número 1, donde se encuentran recluidos desde marzo pasado luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los procesó por el delito de desobediencia.
Se trata de los militares identificados como Agustín, Juan Carlos, Bernardo y Jorge Nicolás.
¿Qué pasó?
Los hechos por los que ahora los militares enfrentan proceso penal ocurrieron en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, cuando Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, este último ciudadano estadunidense, viajaban de regreso a sus casas en compañía de otros dos jóvenes.
Al transitar por la colonia Cavazos Lerma se cruzaron con un convoy de cuatro camionetas militares, el cual comenzó a seguirlos y más adelante abrieron fuego en su contra; fallecieron los primeros cinco jóvenes, otro resultó herido y el séptimo resultó ileso.
El Presidente López Obrador informó que el gobierno de los Estados Unidos devolverá a México la cantidad de 4 mil 813 millones 620 mil 591 pesos, que se traducen en 246 millones de dólares, por bienes confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del priista Humberto Moreira, detenido en Texas en 2014 y acusado de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.
Fue a través del Departamento de Justicia de la nación americana que se informó a la Fiscalía General de la República la devolución del dinero del ex funcionario del gobierno de Coahuila, que además fue uno de los varios testigos contra Genaro García Luna.
“Se notificó de la fiscalía de Estados Unidos que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario, hay una avalúo de lo que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández”.
AMLO mencionó que se consultará al Fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, para que parte del dinero que se devolverá a México, se use para la campaña que advierte contra el consumo de drogas que ha emprendido el Gobierno de México en coordinación con varias dependencias, como la Secreatria de Salud y la de Educación Pública.
Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado una vez más que en la Cuarta Transformación no hay impunidad para ningún funcionario o servidor público, ya que confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Francisco Garduño Yáñez, aún titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de los migrantres fallecidos tras incendio en el puesto migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“En efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de pérdida de vida de Ciudad Juarez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”.
AMLO
Sin dar más detalles al respecto, el primer mandatario mencionó que Garduño y otros funcionarios del INM podrían estar siendo investigados por omisión y homicidio de los 40 migrantes que perdieron la vida.
#ConferenciaPresidente | Señaló @lopezobrador_ hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, "no sabemos el alcance, cuál es la acusación, porque son varios los implicados". pic.twitter.com/ft1PhrmvUp
“Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación, y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”.
López Obrador
Finalmente AMLO descartó que Garduño Yáñez haya presentado su renuncia ante el INM o que será removido de su cargo, mencionando que primero deberán concluir las investigaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, así como con el titular de Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el centro migratorio de Ciudad Juárez en donde fallecieron 40 personas.
Al igual que los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se ya se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.
De igual manera, se indicó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Aquí el comunicado escrito por la FGR
Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.
El 6 de abril del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, realizaron un aseguramiento de fentanilo y heroína en el municipio de Culiacán.
Al realizar trabajos de inteligencia para fortalecer el Estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales con presencia en citada entidad federativa, personal militar, de la Guardia Nacional y de la FGR obtuvieron información de un inmueble en la colonia Ampliación del Barrio, municipio de Culiacán, Sinaloa, que se ocupaba como centro de manufactura de droga.
Por lo anterior, al realizar reconocimientos en referida colonia, localizaron un domicilio con las características de las que ya tenía conocimiento, por lo que el personal del Ejército Mexicano y de la GN establecieron un perímetro de seguridad en inmediaciones de la vivienda, lo que permitió que los integrantes de la FGR cumplimentaran una orden técnica de investigación, en la cual se logró asegurar lo siguiente:
120.215 kg de pastillas de probable fentanilo de diferentes colores.
2.861 kg aproximadamente de posible fentanilo en polvo.
37 kg de pasta con posible fentanilo.
3 kg de probable heroína.
80 lts de posible metanol.
25 kg de probable sorbitol.
1 máquina mezcladora.
1 máquina tableteadora.
1 inmueble.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, con el objeto de que se realicen las investigaciones correspondientes y las acciones periciales que permitan confirmar el tipo y cantidad de droga, así como de sustancias químicas.
Estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho.
De esta manera, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda; asimismo, refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de la población.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, con quién acordaron trabajar en coordinación para procurar la justicia, seguridad y protección de las y los ciudadanos.
“Me reuní con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajamos en coordinación para la procuración de justicia, seguridad y protección de l@s quintanarroenses”, compartió la gobernadora en sus redes sociales.
Me reuní con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajamos en coordinación para la procuración de justicia, seguridad y protección de l@s quintanarroenses. pic.twitter.com/zZKKxJuasI
La mandataria comentó que el Fiscal General confirmó su respaldo a la iniciativa para la Ley de Seguridad Ciudadana que presentó ante el Congreso del Estado de Quintana Roo.
La Ley busca garantizar la seguridad y protección con enfoque ciudadano en el Estado, para lograr la paz y tranquilidad que anhelamos, agregó la gobernadora.
Mara Lezama anuncia nuevo modelo de seguridad para Quintana Roo
La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso estatal sobre la Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, a fin de transitar a un nuevo modelo de seguridad que tenga como eje central a la ciudadanía.
“La seguridad representa el problema más importante para nuestro estado. Para resolver este dolor, desde la campaña electoral promoví la evolución del modelo de seguridad pública a un nuevo modelo de seguridad ciudadana”, apuntó.
Asimismo, resaltó que la presentación de la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo representa establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas en Quintana Roo con un nuevo enfoque.
Este martes 4 de abril la Fiscalía General de la República dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas presuntamente responsables por la muerte de 40 migrantes dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.
Los acusados serán vinculados por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.
Entre los imputados se encuentran Gloria Liliana “N”, Daniel “N” y Rodolfo “N”, quienes serían los agentes del INM, además de Alan Pascual “V”, el guardia de seguridad de la empresa CAMSA y un hombre identificado como Jasón “N”, originario de Venezuela.
Este último, informó el miércoles pasado la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, es quien habría iniciado el fuego dentro de las instalaciones del INM.
“Tenemos algunas declaraciones de personas migrantes que estaban en el lugar y sí, algunos de ellos los mencionan”, dijo, previo a que la FGR solicitara las primeras órdenes de aprehensión.
Como presuntos responsables del hecho, las autoridades han identificado a por lo menos un elemento estatal y cuatro guardias privados más. De ellos, al menos uno ya se encuentra detenido en espera de que se celebre su audiencia.
