El pleno de la SCJN desechó por improcedente el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el ministro Javier Laynez Potisek no revisara la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder
El pleno de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, desechó por improcedente el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el ministro Javier Laynez Potisek no revisara la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.
Imagen: El Juego de la Suprema Corte
Este martes, los ministros resolvieron el asunto en votación económica, por lo que el recurso promovido por la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, fue desechado.
Cabe señalar que la Suprema Corte admitió que ha permitido de manera excepcional la procedencia de algunos impedimentos. Sin embargo, Laynez Potisek dijo que este recurso legal no se puede plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales, debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria.
Durante su conferencia matutina de este martes, el Presidente López Obrador mencionó que muy probablemente la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue sometida a mucha presión por parte de quienes la colocaron en el máximo tribunal.
Esto lo dijo debido a que ya no se pudo sostener un diálogo para entregar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero.
“Ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15 mil millones de pesos para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco, pero eso fue lo que dieron a conocer al principio (…) Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue.”
AMLO mencionó que Norma Piña aceptó donar los más de 15 mil millones para buscar una salida a la situación, sin embargo está rodeada, un claro ejemplo de que la autoridad no es libre y depende de intereses creados.
“Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle: ‘¿qué hiciste?’. Y la sometieron a fuertes presiones y la hicieron cambiar de parecer porque no creo que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces”.
“Han de haber dicho: ‘nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias’. Más que nada eso es lo que pienso, porque son intereses, no sólo en lo económico, sino también mucho conservadurismo, mucha carga ideológica de derecha”.
Fue el pasado 10 de noviembre cuando Luisa Maria Alcalde, Secretaria de Gobernación, mencionó que la ministra Norma Piña pidió que se suspendieran los diálogos hasta que se resolvieran los amparos y controversias.
Este miércoles, se ha reportado que el gobierno federal ha impugnado, es decir, ha solicitado la nulidad de la suspensión provisional que una juez federal otorgó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) en contra de la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con La Jornada, la jueza novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, fue quien determinó la suspensión provisional con efectos generales, es decir, que trasciende para todos los trabajadores del PJF.
Ante esto, el gobierno de México decidió impugnar en contra de la medida pues se había realizado un acuerdo con la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos que utilizaban las y los ministros para cubrir sus gastos personales, serían donados para el restablecimiento de Acapulco luego del huracán “Otis”.
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A pesar de que Piña había aceptado la propuesta e incluso se había formado un Comité de Transparencia, la ministra se dedico a dar largas y afirmó que se debía esperar a que se solucionarán todos los amparos promovidos por los mismos magistrados del PJF, los cuales también serían resultón por ellos mismos, es decir, es una medida para ganar tiempo y no donar el dinero al pueblo mexicano.
Cabe destacar que el gobierno federal cuenta con los ingresos para el Plan de Reestructuración de Guerrero, el cual ya se está llevando a cabo, sin embargo, los 15 mil millones de pesos serían de ayuda para el pueblo y no para los gastos de una minoría.
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El caso de la suspensión y la impugnación se turnó al décimo tercer tribunal colegiado, mismo que decidirá si se confirma, se modifica o se revoca la sentencia. En las próximas horas se determinará si es definitiva la suspensión o cual será el decreto.
A pesar de que el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado en diferentes ocasiones que la eliminación de los fideicomisos no afecta a los trabajadores del PJF debido a que sus sueldos están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año, la oposición y los medios de manipulación insisten en desinformar e indicar que los 15 mil millones de pesos afecta directamente a los trabajadores, además de que han afirmado que el gobierno federal no cuenta con recursos para Acapulco y por ello insisten en los documentos, sin embargo, la reestructuración se encuentra avanzando de manera eficaz sin los ingresos de los contratos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusó recibo de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de minoría en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) y turnó el asunto al ministro Javier Laynez Potisek, quien decidirá si se admite o no a trámite.
La acción quedó registrada como el expediente 2014/2023 y fue presentada por los senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, demandando las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que liquidan 13 de sus 14 fideicomisos, que en conjunto suman más de 15 mil 800 millones de pesos.
Cuando se promulgó la reforma, el presidente Andrés Manuel propuso que estos recursos se destinaran a los damnificados por Otis en Guerrero. La presidenta ministra, Norma Piña contestó a la petición del mandatario señalando que esa opción era viable y que esperaba conocer cómo se llevaría a cabo.
No obstante, días después dijo que primero se tenían que resolver los amparos promovidos en contra de la reforma la Ley Orgánica.
Al respecto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió que la SCJN atrajera el primero de estos amparos, sin embargo, el máximo tribunal le respondió que esto no será posible.
“Esta Suprema Corte de Justicia carece de atribuciones para conocer de juicios de amparo indirecto en primera instancia“, señala el acuerdo publicado en los estrados de la SCJN.
Como cada dos semanas, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador para presentar la sección Cero Impunidad, en donde también expone como jueces y magistrados favorecen a delincuentes.
Comenzó mencionando el caso del juez José Ezequiel Santos Alvarez, que otorgó un amparo a Tito “N”, ex alcalde de Tierra Blanca, Veracruz, para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso por “delitos ambientales”.
Igualmente expuso la situación del juez Fermín Santiago Santiago, otorgó un amparo a el ex secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio “N”, para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público.
La jueza Zarahí Escobar Acosta otorgó un amparo a Gabriel “N” para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio de 2023 en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sobre el caso Ayotzinapa, el juez José Rivas González cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria del ex procurador José Murillo Karam, autor de la desmentida verdad histórica creada por el priismo.
La determinación del juez viola el curso regular de la justicia, pues se aprovechó del sistema de turnos en los juzgados, fijó un plazo de dos horas y media para la celebración de la audiencia de revisión de medidas y cambió el análisis de alto riesgo procesal de sustracción presentado por la Fiscalía General de la República.
Como era de esperarse los jueces también salieron en defensa de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, impidiendo que el dinero de los mismos se use en beneficio del pueblo.
El juez Juan Fernando Luévano Ovalle concedió una suspensión definitiva el 9 de noviembre de 2023 para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos.
Sobre este mismo tema, la jueza Elizabeth Trajo Galón otorgó una suspensión provisional a la Asociación Nacional de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y se suspendan las consecuencias de la reforma de eliminó 13 fideicomisos del Poder Judicial. La jueza perteneció a la misma asociación que tramitó el amparo.
Las palabras de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre aceptar destinar los fideicomisos del poder a los damnificados de Guerrero quedaron en el olvido ya que este viernes, en fast track el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua otorgó una suspensión definitiva para impedir que estos recursos entreguen a la Tesorería de la Federacióny puedan destinarse a tal fin.
Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.
En un comunicado, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con dicha decisión violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional, el cual señala que “ningún juez debe conocer de su propia causa”; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo.
“El principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del Estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen una gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio”, se lee en el documento.
Agregaron que los jueces y magistrados solo resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial. “Pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”.
En este mismo sentido puntualizaron que el que los jueces y magistrados perciban beneficios extraordinarios a cardo de los recursos públicos no es garantía de la independencia judicial.
“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF. No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad, al ser juez y parte en asuntos de su interés”.
Además, por lo dicho de Piña en donde señaló que era una alternativa real para los recursos del Poder Judicial, el gobierno solicitó a la presidenta de la Corte a que “ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.
En la conferencia de prensa matutina de este viernes, transmitida desde Tijuana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la ministra Norma Piña Hernández, no ha cumplido con su compromiso de donar los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco luego de las afectaciones por el huracán “Otis”.
Luego de que en la Cámara de Diputados se aprobará la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se generó un acuerdo en donde se indicaba que los recursos se donarían para apoyar en el restablecimiento de Guerrero ante el fenómeno natural, incluso, se creó un comité de transparencia para que el organismo verificara que el dinero efectivamente se estaría usando en lo determinado.
A pesar de la corrupción del organismo jurídico de México, el Presidente ofreció transparencia y apoyo para la ciudadanía de Guerrero, así como para el PJF. Posteriormente Piña redactó un documento dirigido al primer mandatario en donde se indicaba que estaba de acuerdo con el uso de los fideicomisos, sin embargo, en los últimos días el PJF ha reportado que se han emitido amparos en contra de la eliminación de los fideicomisos, decisión que ya estaba tomada, incluso, aliados del Partido Acción Nacional (PAN) están involucrados en los mismos.
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Ante esto, López Obrador hizo notoria su inconformidad con el actuar de Norma Piña y el PJF, en donde nuevamente muestran que el pueblo nunca ha sido de su interés y que a toda costa defenderán los privilegios de millones de pesos de los que han gozado violando a la Constitución Mexicana, por ganar 4 veces más que el Presidente y por los actos de corrupción que han realizado por trabajar en favor de la delincuencia.
Asimismo, AMLO informó que para el acuerdo, no solo se tuvo la firma de Piña, si no también la otros personajes, incluso, del representante del PAN, también exigió que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclare si cambio de opinión, si fue presionada o que explique el motivo por el cual no va a cumplir con lo que había acordado.
“Cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones, cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros, que ganan 700 mil pesos mensuales, ganan más que los ministros de Estados Unidos, habiendo tantas necesidades y además violando la Constitución, ganan 4 veces más que lo que gana el Presidente de la República”.
Expresó AMLO
El tabasqueño emitió un mensaje para la ciudadanía de Acapulco y afirmó que no les faltará nada pues ya se tiene un plan de reestructuración.
Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Luján, informó que se tuvo un encuentro con Norma Piña en donde comentó que derivado de los amparos que han presentado, se tiene que esperar a la resolución por parte de los ministros ya que no es posible tomar determinaciones mientras no haya una resolución por parte de la corte.
Alcalde señaló que los jueces y magistrados son los que han estado presentando los amparos y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones, por lo que, Luisa mencionó que se trata de un conflicto de interés.
Luisa aclaró que la suspensión tiene lugar cuando se tiene prevista una afectación, sin embargo, no es el caso ya que no existen afectaciones al eliminar los fideicomisos, destacó que los ingresos de los trabajadores provienen del Presupuesto de Egresos a la Federación (PEF), no de los fideicomisos.
Durante su conferencia matutina de este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Poder Judicial de la Federación y a la ministra presidenta, Norma Piña, señalando que están armando una jugarreta para no ayudar a Acapulco.
AMLO mencionó que por un lado Norma Piña aceptó que se donaran los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, mientras jueces siguen metiendo amparos para conservar los mismos.
“La presidente de la Suprema Corte, que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro que están pensando, porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal (…) El doble discurso, la doble moral, la hipocresía”.
Sentenció
#ConferenciaPresidente | "Todavía no veo claro", dijo @lopezobrador_ ante lo que llamó "jugarreta" del poder Judicial al frenar la transferencia de 15 mil mdp originalmente destinados a fideicomisos de dicho aparato; Norma Piña aceptó entregar tal cantidad para apoyo a… pic.twitter.com/fSujh2l2ja
“Los jueces que son libres, promueven amparos. Yo creo que vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella”, agregó AMLO sobre el caso del dinero.
El mandatario mencionó que los conservadores se molestaron bajo la lógica de ellos, que menciona que los fideicomisos y privilegios no se tocan, por lo que reprendieron a la ministra.
Para concluir el tema, López Obrador lanzó un cuestionamiento sobre si esta jugarreta se trata de una confabulación del mismo Poder Judicial o una rebelión contra la presidenta.
En la conferencia matutina de este miércoles 8 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que no ha escuchado nada de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que suman un total de 15 mil millones de pesos, mismos que serán utilizados para el restablecimiento de Acapulco, Guerrero.
Luego de que el primer mandatario propusiera la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el PJF, el Congreso de la Unión aprobó dicha eliminación y se propuso que ese dinero fuera utilizado en beneficio del pueblo guerrerense.
La titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, aceptó la propuesta y cedió a que los 15 mil millones de pesos sean utilizados en favor de la zona afectada por el huracán “Otis”.
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Sin embargo, esta mañana, López Obrador comentó que no ha escuchado nada de los fideicomisos, es decir, no ha visto movilidad por parte del PJF con la Secretaría de Gobernación, organismo liderado por Luisa Alcalde, a quien designó como intermediaria entre el PJF y el Poder Ejecutivo.
AMLO aseguró que Luisa Alcalde no le ha brindado ningún informe que implique una respuesta de movilidad por parte del PJF, afirmó que es urgente porque Acapulco puede repararse muy pronto, pero, se requiere del recurso.
Cabe destacar que Andrés Manuel también propuso que se formara un comité que integraría al PJF, a la Auditoria Superior de la Federación y al Poder Ejecutivo para que se realizará un sistema de transparencia en el uso de los recursos de los fideicomisos.
“Que por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones de Acapulco, lo está viendo la secretaria de Gobernación, pero no me ha informado, quiero ver porque ya, eso se puede resolver muy pronto, va a ayudar mucho”.
Luego de que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña haya aceptado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de donar los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados de Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) comenzó con los trámites para llevar a cabo esto.
“Reconocemos la sensibilidad y disposición de la ministra Norma Lucía Piña, Presidenta de la SCJN y del CJF, de trabajar de manera conjunta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a atender a las y los damnificados por el Huracán ‘Otis’ en Guerrero”, escribió Alcalde Luján en una misiva.
A través de este medio, la titular de la relaciones internas del país, Luis María Alcalde Luján, se comunicó con Norma Piña por instrucción del mandatario del Ejecutivo para establecer un diálogo con la presidenta de la Corte y los órganos directivos de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Asimismo, informó que el objetivo de dicho dialogo será establecer una comisión conformada por representantes de los tres poderes que permita administrar a través de un fondo de ayuda los recursos de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.
Por último, expresó que dichas acciones tendrán un impacto positivo en la recuperación del Puerto de Acapulco y su gente.
