Por Ricardo Sevilla
Entre 2001 y 2012, mientras la expansión del narcotráfico alcanzaba sus picos más violentos en Colombia y México, un grupo de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) participaba en “fiestas sexuales” y orgías financiadas por los carteles que supuestamente debían combatir.
De acuerdo con el Informe del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes utilizaban apartamentos alquilados por el gobierno para realizar orgías con trabajadoras sexuales locales.
Entre estos 10 agentes se encontraban un director regional asistente y nueve agentes especiales.
De esos 10, 7 agentes admitieron haber asistido a las fiestas después de las investigaciones iniciales.
Los hechos son expuestos detalladamente en un documento titulado “The Handling of Sexual Harassment and Misconduct Allegations in the Department’s Law Enforcement Components”. Este informe de 131 páginas describe puntualmente cómo los agentes de la DEA participaron, con entusiasmado desenfreno, en fiestas con prostitutas en el extranjero.
Sin embargo, lo que más indignó al Congreso de EUA y a la opinión pública no fue solo el número, sino la levedad de los castigos impuestos.
Siete agentes, por ejemplo, únicamente recibieron suspensiones de solo 2 a 10 días. Un agente fue absuelto de toda responsabilidad. Y tres de ellos, descritos como agentes especiales de supervisión, fueron señalados específicamente por recibir dinero, regalos costosos y armas de parte de miembros de carteles de la droga.
Y, efectivamente, al revisar el informe de la OIG se pudo confirmar que las fiestas fueron pagadas por miembros de carteles de la droga (incluyendo servicios, comida y costosos regalos).
En 2015, legisladores de los partidos Demócrata y Republicano cuestionaron severamente a Michele Leonhart por la falta de castigo a los agentes involucrados.
Leonhart, hasta ese momento, era considerada una figura histórica dentro de la aplicación de la ley en Estados Unidos. Michele, que era la segunda mujer en dirigir la DEA (2007-2015), terminó una carrera de 35 años debido a este escándalo.
El argumento más fuerte en su contra fue que, al no castigarlos, evidenció que los agentes de la DEA podían ser comprados con “placeres” por los mismos carteles que, en teoría, perseguían.
Es importante destacar que, aunque el foco estuvo en estos 10 agentes, el reporte de la OIG analizó un periodo de cuatro años (2009-2012) y encontró un patrón más extenso. Y es que se registraron un total de 26 acusaciones de solicitud de servicios sexuales en el extranjero vinculadas a agencias del Departamento de Justicia.
