El reciente incidente protagonizado por la diputada priista, Mónica Elizabeth Sandoval, ha desatado una ola de críticas hacia su figura y la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo. Según César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Sandoval irrumpió violentamente en un predio del gobierno, golpeando a dos policías que resguardaban el lugar.
Cravioto no dudó en calificar la actuación de Sandoval como “irresponsable e ilegal”. Afirmó que, aunque los diputados crean leyes, ellos mismos deben ser los primeros en cumplirlas. Este episodio pone en evidencia la falta de respeto hacia las normas que deberían regir el comportamiento de los funcionarios públicos.
Además, Cravioto criticó a la alcaldesa Rojo por su manejo del albergue de Peralvillo. Aseguró que tanto ella como Sandoval están mal informando al público y buscando sacar ventaja política de la situación. La falta de coordinación entre ellos es evidente. Cravioto enfatizó que se han realizado múltiples esfuerzos para colaborar con la alcaldesa, pero su enfoque ha sido errático y desleal.
La situación se agrava con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por intento de despojo. Cravioto confirmó que ya se iniciaron investigaciones sobre la violencia desatada por Sandoval y sus acompañantes. Esta acción pone en tela de juicio la integridad de quienes ostentan cargos públicos y buscan actuar por encima de la ley.
En cuanto a los policías agredidos, Cravioto informó que se encuentran estables, pero con lesiones visibles. Su valentía al intentar proteger el inmueble no debe ser pasada por alto. La violencia que enfrentaron a manos de quienes deberían ser ejemplos a seguir es un reflejo de la creciente impunidad.
En este contexto, la figura de Alessandra Rojo se tambalea. Su intento de politizar la situación en Peralvillo parece más una estrategia para desviar la atención que una búsqueda genuina de soluciones. Las acciones de Rojo y Sandoval, en lugar de construir, solo han contribuido a la polarización y el conflicto.
Este escándalo no solo afecta a los involucrados, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el estado de la política en la Ciudad de México. La ciudadanía exige funcionarios responsables y comprometidos con la ley, no actores que se escudan en sus cargos para justificar comportamientos violentos e ilegales.
