Un tribunal federal rechazó el amparo de Ramón Sosamontes Herreramoro y su proceso penal continúa por un contrato de 353 millones de pesos.
Un tribunal federal negó el amparo que solicitó Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de Comunicación Social de la desaparecida Sedesol. El exfuncionario, cercano colaborador de Rosario Robles Berlanga, seguirá enfrentando un proceso penal por uso indebido de atribuciones y facultades.
El caso gira en torno a un contrato de más de 353 millones de pesos que se firmó en 2014 con Radio y Televisión de Hidalgo. Ese convenio forma parte del entramado conocido como la Estafa Maestra.
Sosamontes presentó un amparo directo en marzo pasado. Buscaba revertir la resolución del 26 de febrero de 2026 que emitió el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito. Ese tribunal había determinado, en cumplimiento de una sentencia previa, que existen pruebas suficientes para procesarlo.
Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación desechó los argumentos de la defensa. Virginia Jácome Planté, secretaria en funciones de magistrada, calificó como infundados los señalamientos y negó la protección de la justicia federal.
El exfuncionario ya presentó un recurso de revisión. Por lo tanto, el litigio continúa abierto, aunque por ahora la vinculación a proceso se mantiene firme.
Un contrato bajo sospecha
La Fiscalía General de la República investiga a Sosamontes por contratar de forma indebida servicios con Radio y Televisión de Hidalgo. Según la dependencia, usó recursos públicos para esa operación.
Los investigadores afirman que los trabajos pactados nunca se realizaron. Esa irregularidad habría generado un daño a la Hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.
La televisora estatal tampoco contaba con la capacidad técnica, material ni humana para cumplir el convenio. Por esa razón, subcontrató más del 49 por ciento de los servicios y superó el límite que marca la Ley de Adquisiciones.
Antes de firmar el contrato, además, nadie realizó un estudio de mercado. Ese análisis debía comparar precio, calidad, financiamiento y condiciones de oportunidad entre distintos proveedores.
Tampoco existió una justificación clara para evitar la licitación pública. En su lugar, se optó por una adjudicación directa o una invitación restringida, sin comprobar antes que la televisora tuviera la infraestructura necesaria.
El expediente vuelve a exhibir uno de los mecanismos más cuestionados de la Estafa Maestra. Instituciones públicas recibían contratos millonarios que no podían cumplir, así que subcontrataban a terceros. Una matrioshka burocrática, con dinero del erario escondido dentro.
