Etiqueta: Fiscalía General de la República

  • Ancira sigue sin pagar 216 millones de dólares por caso Agronitrogenados, confirma la FGR

    Ancira sigue sin pagar 216 millones de dólares por caso Agronitrogenados, confirma la FGR

    Dos apelaciones pendientes frenan la reanudación del proceso penal contra el exempresario y Emilio Lozoya.

    La Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, todavía debe completar la devolución de 216 millones de dólares. Ese monto corresponde al fraude cometido durante la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.

    Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, le confirmó este pendiente esa misma mañana. El tercer y último pago de Ancira debía realizarse en diciembre de 2023, pero nunca llegó.

    En 2025 la FGR advirtió que retomaría el proceso penal contra el exempresario por este incumplimiento. Después, la dependencia explicó que un tribunal negó un amparo promovido por Emilio Lozoya, extitular de Pemex, el 18 de noviembre de ese año. Lozoya autorizó originalmente la compra de la planta durante su gestión.

    Ante esa negativa, Lozoya presentó un recurso de revisión. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió el caso el 19 de junio de 2026 y confirmó la decisión anterior. Aun así, dos procedimientos de apelación siguen pendientes en un tribunal colegiado, lo que impide avanzar contra Lozoya y Ancira.

    El origen del sobreprecio

    Un dictamen contable citado por la FGR reveló que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta. En cambio, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales calculó que una planta nueva costaría apenas 58 millones 335 mil 960 dólares.

    Esa diferencia generó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad fijada como reparación del daño. A petición de Ancira, las autoridades propusieron un acuerdo reparatorio por ese monto. El exempresario ofreció como garantía el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

    El Consejo de Administración de Pemex aprobó el acuerdo el 9 de febrero de 2021. Un Juez de Control lo ratificó el 19 de abril del mismo año. El convenio estableció tres pagos: el primero de 50 millones 040 dólares se cubrió en noviembre de 2021, y el segundo, de 54 millones 166 mil 10 dólares, se pagó en noviembre de 2022.

    Con esos dos abonos, Ancira cubrió 104 millones 166 mil 50 dólares en total. La tercera parcialidad, de 112 millones 497 mil 990 dólares, venció el 30 de noviembre de 2023 y quedó sin pagar.

    Las prórrogas y el amparo de Lozoya

    La FGR pidió reanudar el proceso penal el 5 de diciembre de 2023. Ancira solicitó entonces una prórroga y argumentó que un proceso de capitalización en su empresa le impidió cumplir con el pago.

    El Consejo de Administración de Pemex aceptó extender el plazo hasta noviembre de 2024. Un Juez de Control autorizó la medida en enero de ese año y, en marzo, se firmó un convenio modificatorio.

    Sin embargo, en junio de 2024 el juez decidió reservar la aprobación definitiva del convenio. La razón fue una suspensión derivada del amparo que Lozoya había promovido, ya que no podía cerrarse el caso mientras ese recurso siguiera activo.

    Tras la negativa del amparo en noviembre de 2025 y la confirmación del tribunal colegiado en junio de 2026, el camino legal parecía despejarse. Pero las dos apelaciones que aún están pendientes mantienen congelado el proceso penal contra ambos implicados.

  • Caen mandos policiacos de Zacapu ligados a matanza de guardias civiles

    Caen mandos policiacos de Zacapu ligados a matanza de guardias civiles

    La Fiscalía de Michoacán capturó al director y al subdirector de Seguridad Pública de Zacapu por su presunto vínculo con el ataque armado que dejó cinco guardias civiles muertos.

    Dos jefes policiacos del municipio de Zacapu enfrentan cargos graves. Las autoridades los acusan de robo calificado y de tener relación con una emboscada que costó la vida a cinco elementos de la Guardia Civil.

    La Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó a los detenidos como Raúl F y Jorge Antonio R, director y subdirector de Seguridad Pública municipal. Un operativo conjunto logró su captura cerca de Zacapu.

    El ataque que investigan ocurrió el 10 de junio en la comunidad de La Mojonera, dentro del municipio de Nahuatzen. Ahí, un grupo armado emboscó a policías de la Guardia Civil. Cinco agentes murieron y otros cinco resultaron heridos.

    Para realizar la captura, participaron varias corporaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional coordinaron esfuerzos junto con la Fiscalía estatal. Después de la detención, un juez definirá la situación legal de ambos funcionarios.

    Este caso no surge de forma aislada. Desde febrero de 2025, la policía municipal de Zacapu ya estaba bajo la lupa federal. En esas fechas, la Fiscalía General de la República detuvo en ese municipio a Jesús Rivera Aguirre, conocido como Don Chuy, La Gorda o La Hamburguesa. Las autoridades lo señalan como operador criminal relevante en la zona.

    Tras esa captura, la FGR abrió indagatorias contra elementos de la corporación municipal. La sospecha apuntaba a que algunos policías habrían avisado sobre la llegada de fuerzas federales. Incluso se investigó si entorpecieron deliberadamente un operativo previo.

    La detención de estos dos mandos marca un avance importante. Es la primera vez que capturan a funcionarios públicos por su presunta relación directa con la emboscada de Nahuatzen.

  • Vinculan a proceso a cuatro hombres por transportar más de 2.5 toneladas de cocaína y gasolina

    Vinculan a proceso a cuatro hombres por transportar más de 2.5 toneladas de cocaína y gasolina

    Los imputados fueron detenidos por la Marina en dos embarcaciones frente a costas mexicanas; permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Wilson “N”, Jordy “N”, Henry “N” y Erwin “N” por su participación en los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y atentar contra la salud, ya que transportaban dos toneladas de clorhidrato de cocaína y casi mil litros de gasolina, ambos con la agravante de pandilla.

    Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los elementos de prueba necesarios para que un juez de control determinara la vinculación a proceso de los cuatro imputados. Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13, en Oaxaca.

    La captura ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, detectaron desde un helicóptero dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con dirección a costas mexicanas. Tras interceptarlas, los ocupantes fueron asegurados en flagrancia.

    Durante la inspección, las autoridades localizaron diversos paquetes con clorhidrato de cocaína que arrojaron un peso total de dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Además, fueron asegurados 19 bidones con 988.65 litros de gasolina. El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

  • Poder Judicial y FGR unen fuerzas para mejorar la justicia penal en México

    Poder Judicial y FGR unen fuerzas para mejorar la justicia penal en México

    Hugo Aguilar Ortiz y Ernestina Godoy firmaron un convenio de capacitación conjunta que busca fortalecer al sistema de justicia sin comprometer la autonomía de ambas instituciones.

    Este jueves, el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo busca construir un mejor sistema de justicia penal mediante capacitación y proyectos conjuntos.

    Durante la firma, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, contó que al llegar al cargo en septiembre de 2025 recibió una propuesta de capacitación de la FGR. En ese momento la rechazó, pues temía que afectara la percepción de imparcialidad del sistema judicial.

    No obstante, Aguilar Ortiz reconsideró esa postura con el tiempo. El ministro explicó que la verdadera autonomía requiere coordinación entre instituciones que sirven al mismo pueblo y a la misma nación.

    Por otro lado, el ministro anunció que la Suprema Corte inició una evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El mecanismo cumple 18 años de funcionamiento en el país.

    Aguilar Ortiz confía en que sistematizar la experiencia acumulada permitirá perfeccionar el sistema actual. Esta revisión abarca tanto la procuración como la administración de justicia en México.

    En su turno, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos aseguró que la justicia empieza mucho antes de una audiencia judicial. Godoy destacó que todo comienza con la formación de los servidores públicos y el intercambio de buenas prácticas.

    Asimismo, la fiscal insistió en que esta colaboración institucional no vulnera la autonomía constitucional de ninguna de las partes. Godoy llamó a formar nuevas generaciones de fiscales y jueces con un enfoque humanista y cercano a la gente.

    Finalmente, el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, detalló los alcances del convenio. La SCJN, la FGR y el INACIPE trabajarán juntos en formación jurídica y proyectos de investigación compartidos.

    Vargas Solano añadió que las instituciones se comprometieron a fortalecer el conocimiento jurídico entre su personal. El objetivo final es actualizar constantemente a jueces, fiscales y ministerios públicos en ciencias penales.

  • La Corte ratifica el castigo a un ex funcionario de la CFE por el caso WhiteWater

    La Corte ratifica el castigo a un ex funcionario de la CFE por el caso WhiteWater

    La Suprema Corte negó un amparo a Javier Gutiérrez Becerril y con ello confirmó su inhabilitación de 10 años por contratos irregulares de gas otorgados en el sexenio de Peña Nieto.

    Javier Gutiérrez Becerril seguirá sin poder ocupar cargos públicos durante una década. Así lo determinó este jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó por unanimidad el amparo que el ex funcionario promovió contra su sanción.

    Gutiérrez Becerril fungió como subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad. La autoridad lo señaló por irregularidades en contratos millonarios de gas natural licuado, adjudicados en 2016 a la empresa estadounidense WhiteWater Midstream durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

    Los ministros concluyeron que el artículo 209, fracción II, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es constitucional. El ex directivo argumentaba que esa norma violaba su derecho a una defensa adecuada.

    Según su reclamo, la ley no obliga a notificarle personalmente cuando un tribunal recibe su caso o decide que no puede resolverlo. La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que esa etapa procesal no define su situación jurídica ni afecta su defensa.

    De acuerdo con la ministra, el ex funcionario podrá ejercer su derecho a probar y alegar ante la autoridad que finalmente resuelva el procedimiento. Por eso, agregó, la falta de notificación personal en ese punto no representa una violación al debido proceso.

    El caso también forma parte de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República. Además, reportajes periodísticos documentaron que Gutiérrez Becerril adquirió propiedades de lujo en el sur de Francia y en Houston, Texas, cuando aún era servidor público.

    Todo comenzó en 2021, cuando la auditoría interna de la CFE detectó las presuntas irregularidades en los contratos de 2016. Como no fue posible localizar al ex funcionario, la notificación se hizo por edictos. En 2023, la empresa lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años.

    Gutiérrez Becerril impugnó entonces la sanción mediante un amparo, al considerar que nunca fue emplazado de forma correcta. Ahora, con el amparo negado, la Corte devolvió el expediente a un tribunal colegiado para que resuelva los demás cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

  • Aduanas detecta semillas de mariguana escondidas en muñecos con destino a Bolivia

    Aduanas detecta semillas de mariguana escondidas en muñecos con destino a Bolivia

    Autoridades mexicanas descubrieron 2.5 kilos de semillas con rasgos de cannabis dentro de juguetes que salían de Sinaloa hacia Santa Cruz.

    Agentes de la Guardia Nacional y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México lograron detener un envío ilegal con destino a Bolivia. El cargamento escondía semillas de mariguana dentro de muñecos de peluche.

    Durante una revisión de rutina, el personal de Aduanas encontró cinco cajas de cartón. Cada una contenía dos muñecos rellenos con semillas de características similares al cannabis. En total, las autoridades aseguraron 2.5 kilos de esta sustancia.

    El envío partió originalmente desde Sinaloa. Su destino final era la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, según confirmó el Gabinete de Seguridad federal.

    Después del hallazgo, los elementos de la Guardia Nacional tomaron posesión de la mercancía decomisada. Ahora la pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República. La institución continuará las investigaciones para esclarecer el origen y los responsables de este intento de exportación ilegal.

    Este caso se suma a los constantes esfuerzos de las autoridades mexicanas para frenar el tráfico de sustancias prohibidas hacia otros países de la región.

  • Rubén Rocha Moya reaparece tras 69 días de licencia y rechaza acusaciones

    Rubén Rocha Moya reaparece tras 69 días de licencia y rechaza acusaciones

    El gobernador con licencia de Sinaloa afirmó que ha permanecido en Culiacán desde el 1 de mayo, reiteró que ya compareció ante la FGR y acusó una campaña de desprestigio.

    Rubén Rocha Moya reapareció públicamente este miércoles, al cumplirse 69 días desde que solicitó licencia como gobernador constitucional de Sinaloa para enfrentar las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario con licencia sostuvo que decidió separarse del cargo por convicción y confianza en las instituciones mexicanas “con toda amplitud y sin cortapisa alguna”.

    En su publicación, Rocha Moya informó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió “de manera puntual y veraz” a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal. Asimismo, aseguró que desde el pasado 1 de mayo ha permanecido en su domicilio en la ciudad de Culiacán, desmintiendo rumores sobre un supuesto resguardo por parte de corporaciones federales. “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, afirmó.

    El gobernador con licencia reiteró que las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico carecen de sustento y rechazó los señalamientos realizados por una oficina del gobierno de Estados Unidos. “He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, expresó en su mensaje.

    Rocha Moya sostuvo que los señalamientos en su contra forman parte de una estrategia política para desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación y vulnerar la soberanía nacional. “Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, concluyó el mandatario con licencia, quien permanece separado del cargo mientras continúan las investigaciones.

  • FGR asegura armas, equipo táctico y siete vehículos tras cateo en Durango

    FGR asegura armas, equipo táctico y siete vehículos tras cateo en Durango

    El operativo se realizó en un inmueble de Nuevo Ideal, luego de una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional.

    La Fiscalía General de la República (FGR) en Durango ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Ideal, tras una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional, quien alertó por actividades delictivas en el lugar. 

    La diligencia fue autorizada por un juez federal como parte de una investigación por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron un arma de fuego, 58 cartuchos útiles, tres cargadores, tres chalecos tácticos, un casco táctico, un par de botas tácticas y siete vehículos. 

    La inspección se realizó con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron seguridad perimetral. Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, instancia que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

  • Militares abaten a “Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

    Militares abaten a “Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

    Elementos del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, desmantelaron una célula criminal de “Los Chapitos” en Culiacán y dieron de baja a su líder durante un enfrentamiento armado.

    Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron a un grupo delictivo que generaba violencia en la entidad. Durante la operación, sujetos armados atacaron al personal castrense. Los soldados repelieron la agresión para proteger su integridad.

    En el enfrentamiento murió Cristhian Guadalupe “N”, conocido como “Texas”. Las autoridades lo identificaron como jefe de plaza en Culiacán. Este operador criminal encabezaba homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos en la región.

    Como resultado del operativo, las fuerzas armadas detuvieron a cuatro personas más. Los militares aseguraron armas largas, granadas y cartuchos en el lugar. También decomisaron droga, equipo táctico, radios y varios vehículos.

    Esta acción forma parte de una serie de golpes recientes contra el Cártel del Pacífico. La Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República han coordinado detenciones de operadores relevantes de esa organización. Las autoridades de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad capitalina también participan en estas acciones conjuntas.

  • FGR exige a EUA aclarar el secuestro de “El Mayo” Zambada

    FGR exige a EUA aclarar el secuestro de “El Mayo” Zambada

    La fiscal Ernestina Godoy denunció que el FBI ejecutó una operación secreta en territorio mexicano para capturar al líder del Cártel de Sinaloa.

    La Fiscalía General de la República exige a Estados Unidos información completa sobre el piloto y la aeronave que trasladaron a Ismael “El Mayo” Zambada. La fiscal Ernestina Godoy presentó una cronología del caso en conferencia matutina y calificó la intervención del FBI como una violación a la soberanía nacional.

    Godoy explicó que todo comenzó el 23 de julio de 2024. Ese día, medios y representaciones mexicanas en Estados Unidos confirmaron que Ovidio Guzmán ingresó al programa de testigos protegidos. La embajada estadounidense notificó el cambio dos días después, sin avisar antes al gobierno mexicano.

    El mismo 25 de julio ocurrió la extracción de Zambada. La operación inició en Sinaloa y terminó en Nuevo México, según detalló la funcionaria. La FGR investiga actualmente la estrategia completa que usaron los captores.

    La fiscal señaló una posible conexión entre ambos hechos. Consideró que la cercanía en fechas, los lazos familiares y los vínculos entre organizaciones delictivas sugieren una relación directa. Además, Estados Unidos recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán poco después de la captura.

    El periodista Luis Chaparro reveló recientemente documentos que confirman la participación del FBI. Según su reportaje, la agencia reconoció haber ejecutado el operativo en México. Godoy indicó que ese reconocimiento representa una prueba clave para el caso.

    Un portavoz de la FGR calificó la acción como un secuestro planeado desde Estados Unidos. Explicó que agentes capturaron a un ciudadano mexicano en su propio país y lo trasladaron sin autorización a otro territorio. Esta situación abre un conflicto legal y diplomático de gran alcance.

    La institución advirtió sobre tres consecuencias graves derivadas del caso. Primero, señaló múltiples violaciones al derecho mexicano e internacional. También denunció un acuerdo realizado al margen de la ley y una posible mentira de un diplomático estadounidense.