Marinos y policías lo ubicaron tras meses de investigación. Llevaba una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.
Samuel de la Cruz Anaya, alias “El Panda”, cayó en Coatzacoalcos, Veracruz. Las autoridades lo señalan como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jáltipan y el sur del estado.
Elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de autoridades estatales lo arrestaron en la colonia Estero del Pantano. Durante el operativo le aseguraron 398 mil pesos, un vehículo y teléfonos celulares, entre otros objetos. Después lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Para dar con él, los marinos le siguieron la pista con labores de inteligencia naval. Así descubrieron sus rutas de movimiento y los sitios donde podía esconderse. Además, confirmaron que tenía una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad. El Gabinete de Seguridad lo relaciona con secuestro, extorsión, venta de drogas y comercio ilícito de combustible.
La historia comenzó en enero de 2026, cuando secuestraron a dos empresarios en Cosoleacaque. Ese caso dio a los investigadores los primeros datos sobre una organización criminal de la región. Ese mismo mes, autoridades navales, estatales y municipales desmantelaron una casa de seguridad en El Cocuital, Jáltipan. Allí detuvieron a un hombre conocido como Sparta.
Con la información reunida, los investigadores identificaron a De la Cruz Anaya como presunto líder regional del grupo. Según ellos, el grupo opera en Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.
Por otra parte, la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos suma 163 detenidos. De ese total, 103 estarían ligados con organizaciones delictivas del sur de Veracruz. El Gabinete de Seguridad calcula que estas acciones le han costado a los grupos criminales unos 40 millones de pesos.
Para las autoridades, la captura de “El Panda” debilita una estructura que afecta la seguridad y el patrimonio de las familias veracruzanas.
La Fiscalía de Morelos lo acusa de homicidio calificado y de tentativa por una agresión armada en Temoac en julio de 2025.
Agentes de investigación detuvieron en Xochitepec, Morelos, a Axel Arturo N., presunto líder del grupo delictivo Los Aparicio, también conocido como Huazulcos. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo investiga por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplió una orden de aprehensión con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR). Los agentes lo localizaron en el poblado de Atlacholoaya, en Xochitepec. Después lo pusieron a disposición del juez que lo requería.
Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 25 de julio de 2025 en el barrio de San Juan, en el poblado de Huazulco, municipio de Temoac. Una pareja viajaba en su vehículo cuando un automóvil les cerró el paso. De ese auto bajó Axel Arturo N., quien presuntamente les disparó con un arma de fuego.
Con las investigaciones y los peritajes, la AIC juntó elementos que lo relacionarían con el ataque. Luego, el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Homicidios llevó los datos de prueba ante un juez. El juzgador libró la orden de aprehensión.
La familia del detenido también está en la mira de la justicia. Su padre, Arturo Romero Aparicio, a quien las autoridades señalan como fundador de la organización, está preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Su madre, Andrea Angelina Zamora Castillo, conocida como “La Patrona” y extesorera del Ayuntamiento de Temoac, cumple prisión en el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya.
Además, la organización aparece en otro caso que sacudió a la región. En julio pasado asesinaron al alcalde de Temoac, Valentín Romero. Fuentes policiacas lo vinculaban con el grupo porque estaba casado con una hija de Andrea Angelina Zamora y Arturo Romero.
La Fiscalía estatal confirmó que la captura se dio tras cateos en el municipio; también fueron detenidas otras personas.
El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Cleofas Juárez Lara, fue detenido este viernes en Tabasco. La Fiscalía General del Estado (FGET) informó, mediante un comunicado, que se realizaron cateos en el municipio y que como resultado fueron capturados el funcionario y otras personas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió cerca de las 3:15 horas en el propio municipio. Tras el cateo, Juárez Lara fue trasladado por vía terrestre a la ciudad de Villahermosa.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Tabasco, en coordinación con elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca. Hasta el momento, la dependencia no ha detallado los motivos de las detenciones.
Militares y Guardia Nacional hallaron en buen estado de salud a seis de los siete hombres de El Balcón, mientras la búsqueda del séptimo sigue abierta.
Seis familias de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, recibieron este viernes la noticia que esperaban desde hace tres semanas. El Ejército Mexicano, junto con la Guardia Nacional, encontró con vida a seis de los siete campesinos desaparecidos desde el 24 de septiembre. Los soldados siguen buscando al séptimo.
Los rescatados son Everardo León, de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; e Isidro Brito Arriola, de 32. También están Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano, de 24, y Nicolás Atanacio González, de 74. Todavía falta Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
Los hombres trabajaban en el paraje La Lajita, del ejido El Balcón, cuando desaparecieron. En total, ocho vecinos dejaron de aparecer ese día. El 1 de octubre, Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, recuperó su libertad. Desde el principio, los habitantes señalaron a presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
La IX Región Militar y la 27/a. Zona Militar explicaron en un comunicado que lograron el hallazgo con trabajo de inteligencia. Además, actuaron junto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Después del rescate, los militares llevaron a los campesinos a la Fiscalía para realizar las diligencias.
Según el documento, los seis llegaron en buen estado de salud. Los soldados les dieron comida y atención médica antes del traslado. Un video del rescate muestra un trato cercano. Un militar pidió que cualquiera con una lesión o enfermedad lo dijera, y empezó por el hombre de más edad.
Uno de los campesinos contestó con voz cansada. Dijo que se sentía débil y que tenía algunas llagas, pero que ya sanaba. El militar confirmó que eran pequeñas llagas, y el hombre repitió que, sobre todo, sentía debilidad.
Mientras tanto, el padre Filiberto Velázquez pidió cautela. Dirige el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello y escribió en redes sociales que esperaba los detalles de las familias y de las autoridades. Su mensaje fue claro: “Rescate es una cosa y liberación otra”.
Velázquez ya había advertido que los captores mantenían a los siete hombres en Tierra Caliente. Según el sacerdote, exigían el control de la zona para abrirse paso hacia la Costa Grande.
El caso movió a la sociedad civil durante semanas. El 14 de octubre, el Centro Minerva Bello denunció que, tras 20 días, nadie confirmaba el paradero de los campesinos. También pidió protección especial para el joven de 17 años y para el hombre de 74.
Antes, el Centro había promovido un amparo. El 5 de octubre, el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, ordenó medidas urgentes de búsqueda bajo el principio de presunción de vida. Además, mandó ampliar los puntos de rastreo y usar los datos que dieron las familias y la comunidad.
La Defensa y las autoridades estatales aseguraron que seguirán coordinadas para cuidar a la población de la región. Quien tenga datos sobre el paradero de Domingo Atanacio Quirino puede llamar de forma confidencial a la Fiscalía al 733 100 5579 o al 55 7442 3172.
Fuerzas federales y estatales detuvieron en Acapulco a Juan Axel “N”, señalado como pieza clave de la red de vigilancia del grupo criminal. Las autoridades lo acusan de extorsionar a un panadero de Xaltianguis.
Juan Axel “N” ya no podrá vigilar a las autoridades desde las cámaras que, según la Fiscalía, instaló para Los Ardillos. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo detuvieron en Guerrero con una orden de aprehensión por extorsión agravada.
En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. Las cinco corporaciones trabajaron de forma coordinada para ubicar al sospechoso.
La acusación parte de un hecho del 8 de noviembre de 2025 en Xaltianguis, comunidad del municipio de Acapulco. Ese día, Juan Axel “N” habría presionado a un hombre que vende pan. Según la investigación, lo amenazó e intimidó para que pagara si quería seguir trabajando.
Las autoridades lo ubican como integrante de segundo nivel de “Los Ardillos”. Además, aseguran que instaló, configuró y operó equipos de radiocomunicación y videovigilancia en varias localidades de la región Centro y de Acapulco.
Con esa red, los criminales se comunicaban entre sí y seguían de cerca los movimientos de policías y militares. Así lograban anticiparse a cualquier operativo.
La Fiscalía también lo relaciona con otra tarea: quitar los dispositivos GPS de vehículos robados. De esa manera, el grupo evitaba que las víctimas o las autoridades rastrearan las unidades.
Un grupo que ha sembrado el miedo en la Montaña
Los Ardillos protagonizaron uno de los episodios más violentos del año en Guerrero. A partir del 6 de mayo, habitantes de la Montaña Baja denunciaron ataques con drones, explosivos y disparos. Señalaron directamente a esta organización.
Cuatro comunidades quedaron vacías. Los vecinos de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán huyeron a Alcozacán, donde también hubo balazos. Desde ahí grabaron videos y pidieron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las cifras generaron debate. Organizaciones indígenas hablaron de más de 2 mil desplazados, mientras que el gobierno contó 316 familias. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el conflicto nació de una disputa territorial entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.
Tres meses después, en agosto, el gobierno federal informó que 264 familias volvieron a sus hogares y que 19 se reubicaron en otras zonas de Guerrero. Quedaban 33 familias por regresar. Desde entonces, las autoridades no han dado más información sobre ellas.
De la amapola a la extorsión
“Los Ardillos” surgieron hacia el año 2000 en Quechultenango. Celso Ortega Rosas, expolicía rural conocido como “La Ardilla”, los fundó y comenzó con el cultivo de amapola. Con el tiempo, levantó una red para controlar el territorio.
Cuando cayó el mercado de la amapola, el grupo buscó otras formas de ganar dinero. Según InSight Crime, pasó a la minería y al cobro de piso, entre otras actividades. Hoy las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en Guerrero.
Frente a un estadio lleno, la gobernadora repasó sus dos primeros años de gestión, presumió una caída en la violencia y prometió seguir cerca de la gente.
Treinta mil personas de los 36 municipios llenaron el Estadio Centenario para escuchar a la gobernadora Margarita González Saravia. Ella aprovechó el encuentro “A 2 años de la Cuarta Transformación en Morelos” para rendir cuentas y asegurar que escucha a las comunidades.
La mandataria explicó que gobernar exige estar cerca de la gente y tener instituciones sólidas. También pidió reconocer los avances y los retos que aún tiene el estado. Dijo que su meta sigue igual que el primer día: “servir a Morelos, trabajar cerca de su gente y construir un gobierno que escuche, atienda y dé resultados”.
En seguridad, González Saravia destacó el trabajo conjunto de las fuerzas federales y estatales, los municipios y la Fiscalía General del Estado. Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dio a conocer el Gobierno de México, informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 4.3 casos en noviembre de 2024 a 2.1 en julio de 2026. Eso equivale a una reducción de 51 por ciento.
Aun así, la gobernadora no habló de victoria total. “Es un avance importante. Pero sabemos también que todavía tenemos retos”, reconoció. Para ella, la paz exige prevenir la violencia, atender sus causas, recuperar espacios y mantener a las autoridades presentes en las comunidades.
Con esa idea, su gobierno dirigió el presupuesto a programas para quienes más lo necesitan. Entre ellos, mencionó los apoyos a personas con discapacidad, Corazón de Mujer, Pase Olin, Caravanas del Pueblo y Territorios de Paz y Buen Vivir.
La gobernadora también presumió obras que cambian la vida diaria de las familias: carreteras, escuelas, techumbres y sistemas para captar agua. Además, recordó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chinameca y los avances para abrir nuevas preparatorias.
Por otra parte, resaltó el apoyo al campo con caminos de saca, maquinaria e insumos. Sumó los apoyos productivos y el financiamiento para pequeños emprendedores. Para niñas, niños y jóvenes, su gobierno construye y rehabilita parques deportivos y recreativos.
En salud, agradeció el respaldo del Gobierno de México. Mencionó el Hospital IMSS-Bienestar de Jiutepec, el proyecto hospitalario del IMSS en Yecapixtla, la recuperación del Hospital Calero de Cuernavaca y un nuevo hospital en Puente de Ixtla. Con ellos, busca mejorar la atención de las familias morelenses.
Acompañada por representantes de distintos sectores sociales, la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo estatal habló de igualdad. Pidió que las mujeres tengan las mismas oportunidades en educación, salud, empleo, seguridad y cuidados, y que vivan libres de violencia. “Cuando una mujer avanza, avanza también su familia, su comunidad y nuestro estado”, afirmó.
Asimismo, González Saravia destacó la creación del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos (IPIAM). Impulsa además la construcción del Centro de Medicina Tradicional en Xochitepec para cuidar los saberes ancestrales. “Transformar no significa olvidar nuestras raíces. Transformar significa avanzar sin perder nuestra identidad”, puntualizó.
Al recordar a José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Emiliano Zapata, sostuvo que la historia pone una responsabilidad sobre quienes gobiernan hoy. También reconoció la continuidad del proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y agradeció su respaldo para el desarrollo de Morelos.
Por último, la gobernadora dio las gracias a la sociedad por su confianza, su esfuerzo, sus críticas y sus propuestas. Reiteró que está abierta al diálogo y pidió a su gabinete actuar con humildad, honestidad y responsabilidad. “Estamos aquí para servir a Morelos. No estamos aquí para servirnos de Morelos”, dijo.
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, asistió en representación de la presidenta Sheinbaum. También estuvo César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación.
La defensa del empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, cuestionó la apertura consecutiva de cinco carpetas de investigación en su contra y sostuvo que los nuevos procesos han surgido justo cuando el empresario estaba cerca de recuperar su libertad.
📹 #Vídeo | El abogado, Adrián Arellano, señaló que existe una inspección por parte de la Policía respecto a lo desarrollado en la etapa uno en Aguascalientes y que se hará referencia a documentos emitidos por las propias autoridades, en especial por la Fiscalía. pic.twitter.com/72Y9KI4K2c
Durante una conferencia de prensa, el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, integrante del despacho Vega-Macgregor-Arellano, señaló que existe una actuación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes para mantener a su cliente privado de la libertad. Aclaró que esta es la postura de la defensa y que dicha acusación forma parte de una denuncia presentada ante autoridades federales.
El litigante explicó que el primer proceso contra Maiz Domene está relacionado con los contratos que Next Energy celebró con el Municipio de Aguascalientes para un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica. La investigación por fraude comenzó el 27 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la cronología presentada por la defensa, la orden de aprehensión se libró el 14 de noviembre de 2025 y fue ejecutada el 17 de diciembre de ese año.
Adrian Arellano aseguró que al señor Eugenio se le ha negado su derecho a la defensa, no se han dado pruebas a la defensa y ha imperdo la presunción de culpabilidad en su contra sin argumentos sustentables pic.twitter.com/bXgFGwhHww
Para Arellano Regino, el origen del conflicto es principalmente contractual, por lo que cuestionó que el asunto haya sido llevado a la vía penal bajo la acusación de fraude.
“Lo que nosotros hemos señalado es que estamos ante un incumplimiento contractual que debió resolverse en materia mercantil”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, pocos días después de la detención del empresario se abrió una segunda carpeta. Según la defensa, ésta se originó por un incidente ocurrido durante un traslado de Maiz Domene a un hospital, en el que dos policías lo acusaron de haberlos amenazado y ofrecido dinero.
La defensa también puso bajo la lupa la rapidez con la que avanzó ese expediente. Arellano Regino aseguró que la investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y que el 16 de enero de 2026 ya se había emitido una nueva orden de aprehensión.
“Estamos hablando de que en menos de 20 días se integró, se judicializó y se ordenó una orden de aprehensión en contra de una persona”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, después aparecieron otras investigaciones por delitos distintos, entre ellos peculado, narcomenudeo y extorsión agravada, con lo que el empresario terminó enfrentando cinco carpetas de investigación.
La defensa considera que la sucesión de expedientes no es casual y sostiene que las nuevas acusaciones han aparecido en momentos en los que Maiz Domene estaba próximo a obtener su libertad.
“Va obteniendo la libertad el señor Eugenio y, como va obteniendo la libertad, necesitan buscar una carpeta para poderlo detener y dejarlo privado de la libertad”, acusó Arellano Regino.
El conflicto tiene como antecedente el contrato celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy. En torno a ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con pagos realizados por el gobierno municipal, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra cinco exfuncionarios municipales por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su conocimiento a la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Disciplina y de la SCJN. Arellano aseguró que ya existe una sanción por parte del Tribunal de Disciplina en contra de uno de los jueces que mantiene preso a Eugenio Maiz, por su mala actuación y falta de imparcialidad
A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y al Teibunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su… pic.twitter.com/2satGIXpth
La defensa de Maiz Domene también presentó una denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que, según su señalamiento, involucrarían a jueces, agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos de Aguascalientes.
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Aguascalientes hayan actuado de manera coordinada para impedir la libertad del empresario. Esa acusación corresponde a la defensa y forma parte de los señalamientos que busca que sean investigados por autoridades federales.
Fuerzas estatales, federales y militares desplegaron un operativo en Coyuca de Benítez que terminó con la captura de siete elementos municipales y el aseguramiento de dos patrullas.
Un operativo conjunto sacudió este jueves al municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande de Guerrero. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado detuvieron a siete policías municipales durante la mañana.
Las diligencias comenzaron alrededor de las ocho de la mañana con un despliegue considerable de fuerzas. Cerca de diez camionetas de la policía ministerial y la Guardia Nacional rodearon las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal durante varias horas.
Además, las autoridades instalaron retenes de inspección a lo largo de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, específicamente en las salidas del municipio. Una vendedora de comida describió el ambiente como tenso desde temprana hora.
Este operativo surge tras la desaparición de un hombre originario de Tecpan de Galeana. Policías municipales de Coyuca lo detuvieron frente a sus familiares el viernes pasado, y su cuerpo apareció sin vida el domingo en la zona de El Papayo.
La Fiscalía informó que ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la corporación municipal. Ahí, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra los siete elementos, dos de ellos mujeres, y aseguraron dos patrullas oficiales.
Según la dependencia estatal, los hechos que se investigan ocurrieron el 11 de septiembre sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Los detenidos quedarán a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.
Por otra parte, la ley establece que toda persona detenida se presume inocente hasta que exista una sentencia judicial firme. La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de este caso.
Pese al operativo, la vida cotidiana en el centro de Coyuca continuó con normalidad. Solo dos elementos de tránsito municipal dirigían el tráfico vehicular al mediodía, sin mayores alteraciones visibles.
La Fiscalía del estado detuvo al docente que protagonizó un video viral con tocamientos hacia un estudiante de secundaria.
Autoridades de Guanajuato arrestaron y vincularon a proceso penal al maestro que apareció en un video realizando juegos con tocamientos de tipo sexual contra un alumno de la secundaria General 20 “Centeotl”, en Acámbaro. El docente enfrenta un cargo por abuso sexual.
La Fiscalía General del Estado informó que el operativo se coordinó con autoridades de Michoacán. Agentes de Investigación Criminal cumplieron una orden de aprehensión contra José Luis, de 36 años, señalado como probable responsable del delito en agravio de un adolescente.
El profesor fue localizado y detenido en la colonia Torreón Nuevo, en la ciudad de Morelia. La institución lo había despedido el mismo día en que se difundió el video, meses atrás.
Según el relato de la Fiscalía, el maestro aprovechó su posición de autoridad dentro del aula. Bajo el pretexto de dinámicas de juego, sometió en varias ocasiones al adolescente y lo tiró al suelo para cometer actos de índole sexual, sin atender sus peticiones de que se detuviera.
Estudiantes grabaron los hechos y ese material forma parte de las pruebas del caso. La madre del menor presentó la denuncia formal, lo que permitió reunir los elementos necesarios para que un juez dictara el auto de vinculación a proceso. El acusado permanece en prisión preventiva.
El video comenzó a circular en redes sociales el 18 de agosto. Las imágenes mostraban al maestro con gestos de connotación sexual frente a varios alumnos dentro del salón de clases.
Tras conocerse el caso, la Secretaría de Educación de Guanajuato y la gobernadora Libia García Muñoz Ledo confirmaron el cese inmediato del docente, originario de Michoacán.
El Código Penal estatal contempla hasta 10 años de prisión para quien ejecute un acto sexual sin consentimiento y sin buscar la cópula. La pena sube hasta 12 años cuando la víctima es menor de edad. Si el responsable es servidor público y actúa en ejercicio de sus funciones, la sanción aumenta todavía más.
Yesenia Méndez, quien fue secretaria particular del edil asesinado Carlos Manzo, perdió su puesto en el Ayuntamiento de Uruapan justo después de ampliar su declaración ante la fiscalía estatal.
Una semana después de presentarse ante la Fiscalía General del Estado para ampliar su declaración sobre el homicidio de Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez perdió su empleo en el Ayuntamiento de Uruapan.
La extrabajadora ocupaba el cargo de secretaria particular del exedil y contaba con una base laboral desde 2021. Ahora anunció que acudirá a los tribunales para defender sus derechos laborales.
Méndez no descartó que su salida tenga relación directa con la información que compartió recientemente ante las autoridades. En su testimonio, explicó el vínculo laboral que sostuvo con Samuel “N”, el principal detenido por su presunta participación en el asesinato de Manzo.
Durante su comparecencia también pidió aclarar la relación laboral y personal que, según ella, mantenía el exfuncionario con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz. Por otra parte, cuestionó el aumento salarial que recibió Samuel “N”, quien llegó a ganar 70 mil pesos mensuales según recibos de nómina que ella misma mencionó.
El 24 de agosto pasado, Méndez solicitó una investigación para determinar quién entregó la agenda privada del exalcalde a Samuel “N”. Ante su despido, aseguró que no se dejará intimidar y exigió que los hechos se aclaren con pruebas y no con descalificaciones.
Este movimiento ocurre justo cuando el ayuntamiento despidió a una veintena de policías municipales por no acreditar su examen de control de confianza.
