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Desde hace casi 25 años, los mexicanos no recibimos ninguna contraprestación a cambio de una parte de los impuestos que pagamos. Esos impuestos pagados no se invierten en educación pública, ni en salud, ni en infraestructura carretera, o desarrollo rural, o cultura; tampoco suman al gasto en defensa, energía o protección ciudadana. Nada.

Y no es poca cosa el importe, porque suma “de 40 a 60 mil millones de pesos cada año”, según informó el presidente López Obrador en una conferencia mañanera. Digámoslo de esta manera: es como si cada año lleváramos unas 50 mil bolsas negras para la basura con un millón de pesos cada una al domicilio de los saqueadores del país.

Peor todavía. Esos miles de millones de pesos son apenas los intereses que pagamos por la deuda del atraco llamado Fobaproa y no implican una disminución en el monto de la deuda, que a la fecha arroja un adeudo de un billón de pesos y que sólo acabarán de pagar los mexicanos que anden por aquí en el año 2070.

Pero, ¿qué es el Fobaproa? ¿Cómo llegamos a deber –y pagar- una deuda demencial sin deberla ni temerla?

“Esto va para los más jóvenes porque no aparecerá en los medios de manipulación”, como dice el clásico. Jóvenes que, por ejemplo, hoy tienen 25 años de edad y que apenas en el ocaso de su lejana vejez habrán de ver la luz al final del oscuro túnel llamado Fobaproa.

Veamos. Era 1994, al final de la borrachera neoliberal salinista. Vino el “error de diciembre” del gobierno de Zedillo que provocó que en 1995 la cartera vencida de los bancos se multiplicara del 15 al 44 %. 

Bajo el bondadoso nombre de “privatización” ya se habían hurtado y rematado bienes propiedad de la nación como Telmex, Minera Cananea, Imevisión, y los bancos privados, nacionalizados en 1982 por José López Portillo.

Los bancos eran una fiesta. En medio del carnaval de la corrupción salinista se daban créditos a diestra y siniestra, lo que generó “deficiencias desde la forma en que originalmente fueron otorgados, (porque) los créditos están mal constituidos en cuanto a su formalización documental, las garantías no están debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, (además) no existe seguimiento a la aplicación y destino de los créditos ni a su desempeño”, según el informe analítico sobre los adeudos enviados a la “panza” del Fobaproa publicado por López Obrador en el libro Fobaproa: Expediente Abierto (Grijalbo, 1999).

Expliquemos en términos comunes lo que encontraron los expertos.

Se otorgaron préstamos quirografarios –vulgares pagarés como promesa de pago- con la única garantía de la “probada solvencia moral y económica” del deudor; cuando vino la crisis, la presumida “solvencia moral y económica” de muchos empresarios se esfumó. Y cómo no, si lo que les da risa sociópata a los empresarios son los pagarés que firman ellos, los expertos en “maromas”. Ya que no había garantía que cubriera el documento, los deudores se negaron a pagar. Y díganme “insolvente” si quieren, nomás no pago.

Los préstamos prendarios fueron otra guasa. Ejemplo. Un préstamo a una distribuidora de abarrotes se garantizó con las existencias de mercancía al momento de la visita de los funcionarios bancarios. Al ejecutar la garantía prendaria se encontró que ya no existían las latas de chiles ni las cajas de jabón ni los cartones de cigarrillos que habían respaldado el crédito. ¿Resultado? Que el banco envió el adeudo al Fobaproa. Y háganle como quieran.

Los préstamos garantizados con hipotecas fueron otra sorpresa. El bien mueble estaba gravado, pero el deudor se hallaba casado con su esposa bajo el régimen de bienes mancomunados, de manera que no se podía realizar la garantía. ¿Qué hacemos, señor? Mándalo al Fobaproa.

Fue el mismo destino de los préstamos refaccionarios, personales, prendarios, hipotecarios o agropecuarios: irse a engrosar el Fobaproa para vender los bancos a los inversores extranjeros, pero ya saneados, sin deudas. Ésas, que las pague el pueblo.

Así llegamos al 12 de diciembre de 1998, con José Ángel Gurría como secretario de Hacienda, cuando los partidos PRI y PAN aprobaron que el Fobaproa fuera sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con el cual nos endilgaron una deuda que oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares.

El senador Joel Padilla, del Partido del Trabajo, afirmó en una intervención en tribuna que “Se han pagado más de 2 billones de pesos y la deuda, lejos de disminuir, ha aumentado en un 67%. Se han pagado réditos por más de 630 mil millones de pesos en 24 años (y) los pasivos siguen sin disminuir, pese a los montos exorbitantes que se han destinado al pago de ese mecanismo, el gobierno destinará este año 51 mil millones de pesos, para continuar con el salvamento a instituciones crediticias”. Lo afirmó en 2019, pero como si lo hubiera dicho ayer.

Fobaproa ha sido, es y será hasta el año 2070 uno de los robos más descomunales ejercidos en contra de los mexicanos y del cual se beneficiaron apenas unos pocos. Los casos reseñados no son ni los más abusivos ni los más cuantiosos, sino apenas pequeñas muestras del desaseo con el que actuaron los banqueros para endosarnos el resultado de sus pésimos manejos financieros.

Lo que atenta contra la razón es que son estos oligarcas que reciben anualmente 50 mil millones de pesos a cambio de nada se quejen de los 4,800 pesos bimestrales que reciben como pensión los adultos mayores, lamento en el cual los acompañan los aspiracionistas que se sueñan multimillonarios cuando compran a meses sin intereses en las ventas nocturnas de Sears. Caray. No tienen vergüenza.