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  • Manifestantes en Italia protestan por ley que podría censurar críticas a Israel

    Manifestantes en Italia protestan por ley que podría censurar críticas a Israel

    Francesca Albanese y cientos de manifestantes advierten que la iniciativa podría limitar las críticas al Gobierno israelí al incorporar una definición controvertida de antisemitismo.

    Cientos de personas se manifestaron en Roma contra un proyecto de ley sobre antisemitismo que avanza en el Parlamento italiano y que, según sus críticos, podría utilizarse para silenciar cuestionamientos a las políticas de Israel. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, también se ha pronunciado contra la iniciativa.

    La protesta ocurrió frente al Parlamento italiano y coincidió con una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la propuesta que fue aprobada por amplia mayoría en el Senado el pasado 4 de marzo. Para convertirse en ley, el texto debe recibir la aprobación de ambas cámaras en una misma versión.

    Los manifestantes utilizaron pancartas con el mensaje “el antisionismo no es antisemitismo”, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y grupos de activistas judíos cuestionaron la iniciativa. Daniel Calo, integrante de Tikkun, acusó que se pretende utilizar la lucha contra el antisemitismo para restringir las críticas al Estado de Israel y sus políticas.

    Uno de los principales puntos de controversia es la posible incorporación de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) a la legislación italiana. Sus detractores sostienen que algunos de sus ejemplos pueden equiparar determinadas críticas al Estado de Israel o al sionismo con expresiones antisemitas.

    La definición de la IHRA considera antisemita, entre otros supuestos, negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación mediante afirmaciones de que Israel es un proyecto racista, así como establecer comparaciones entre políticas israelíes contemporáneas y las aplicadas por los nazis. Sus críticos temen que estos criterios tengan efectos sobre el debate público.

    Amnistía Internacional Italia advirtió que, de aprobarse, la legislación tendría impacto en escuelas, universidades, redes sociales y asociaciones culturales. El debate continúa en el Parlamento mientras organizaciones y manifestantes exigen diferenciar la lucha contra el antisemitismo de las críticas políticas al Gobierno de Israel.

  • Washington golpea a la cúpula de la CPI en su cruzada contra el tribunal de La Haya

    Washington golpea a la cúpula de la CPI en su cruzada contra el tribunal de La Haya

    El gobierno de Trump sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a tres funcionarios más por las pesquisas del tribunal contra Israel.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. La medida marca un nuevo golpe en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal de La Haya.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó también al abogado senegalés Abdoulaye Seye en la lista de sancionados. Seye trabaja en la fiscalía de la CPI y ha supervisado investigaciones sensibles para Washington. Estas pesquisas abordan la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania.

    Las sanciones bloquean cualquier bien que ambos funcionarios posean bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben a ciudadanos y empresas de EUA realizar transacciones con ellos. El Tesoro permitirá, sin embargo, cerrar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

    Otras fuentes confirman que Washington amplió el golpe hacia dos jueces más. Se trata de Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Ambos magistrados integraron la sala que rechazó recientemente los recursos de Israel contra las investigaciones sobre Gaza.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con dureza. Calificó a la CPI como un tribunal “corrupto y profundamente politizado” que se ha extralimitado en su mandato. Añadió que su gobierno no tolerará lo que llama un ataque a la soberanía de los estados.

    Como presidenta, Akane cumple funciones sobre todo institucionales y de representación del tribunal. Su llegada a la lista de sancionados eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y la corte.

    La CPI respondió con firmeza horas después del anuncio. El tribunal advirtió que estas sanciones “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. Insistió en que amenazar a jueces y fiscales debilita a la justicia misma.

    La corte aseguró que seguirá trabajando con independencia e imparcialidad. Dijo que continuará aplicando el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, pese a las presiones externas.

    Esta acción se suma a una campaña que Trump inició al volver al poder. En febrero firmó una orden ejecutiva que señaló a distintas investigaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional. Esa orden apunta directamente a las pesquisas sobre el ejército estadounidense en Afganistán. También respalda las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

    Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos. El gobierno de Trump aplica el mismo argumento para proteger a Israel, otro país que tampoco suscribió el estatuto.

    Bajo esta misma orden, la Casa Blanca ya había sancionado antes a otros fiscales, jueces y hasta a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese.

  • La voz que sacude al mundo: Francesca Albanese y la red detrás de la guerra

    La voz que sacude al mundo: Francesca Albanese y la red detrás de la guerra

    La relatora de la ONU visitó Madrid para denunciar un sistema económico que lucra con el conflicto y exigir el aislamiento comercial de Israel.

    Francesca Albanese no utiliza eufemismos. La jurista italiana llegó al Círculo de Bellas Artes de Madrid con un mensaje directo que conmovió a la audiencia. Según la experta de la ONU, lo que ocurre en los territorios palestinos no es un accidente. Ella lo define como “necrocapitalismo”, un sistema donde el beneficio económico permite y sostiene la destrucción de un pueblo.

    Una red de intereses ocultos

    La relatora explicó que detener la violencia es difícil porque existen demasiados actores involucrados. No se trata solo de soldados en el frente de batalla. Albanese señaló una estructura de complicidad que incluye a:

    • Empresas privadas: Desde plataformas de hospedaje hasta gigantes tecnológicos.
    • Sector financiero:Fondos de inversión que alimentan la maquinaria bélica.
    •  Instituciones: Universidades y organismos que mantienen vínculos comerciales con el estado israelí.

    Esta red crea un sistema de impunidad. Por esta razón, la jurista insiste en que no basta con pedir la paz. Ella propone que los gobiernos occidentales corten todo intercambio comercial de inmediato.

    La verdad frente al silencio

    Albanese es la primera funcionaria de alto nivel en llamar a la situación por su nombre: genocidio. Esta valentía le ha costado caro. Actualmente, Israel le prohíbe la entrada a sus territorios y enfrenta sanciones de potencias extranjeras. No obstante, ella mantiene su compromiso de documentar el horror que viven miles de familias en Gaza y Cisjordania.

    Durante su intervención, criticó con dureza el papel de algunos medios de comunicación. Afirmó que muchas empresas informativas deciden ignorar la tragedia por intereses económicos. Además, lamentó que la defensa de los derechos humanos se confunda, a veces de forma intencionada, con el antisemitismo.

    Un llamado a la acción humana

    Para la relatora, la sociedad civil tiene un papel fundamental en esta crisis. El dolor de este tiempo solo sanará cuando el mundo actúe de forma coordinada. Ella visualiza un esfuerzo conjunto entre periodistas, políticos y ciudadanos para aislar a quienes violan la legalidad internacional.

    “La herida moral no se curará hasta que pare la masacre”, sentenció con firmeza. Su mensaje en Madrid fue una invitación a mirar más allá de las cifras. Es un recordatorio de que, detrás de cada decisión política o económica, hay vidas humanas que merecen respeto y protección.