La denuncia señala un supuesto entramado inmobiliario y judicial para controlar hasta 269 hectáreas y una concesión de 360 mil metros cúbicos de agua al año en Huimilpan.
La familia Urquiza Fernández denunció ante la Presidencia de la República al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por un presunto intento de despojo de terrenos y derechos de agua en Huimilpan. Los afectados señalan que detrás de la operación estaría la empresa MJF Campestre, de la que, según su denuncia, el exmandatario posee 60 por ciento de las acciones.
De acuerdo con los denunciantes, el conflicto involucra los ranchos “La Haciendita” y “El Salto”, con una superficie conjunta de hasta 269 hectáreas. Este último cuenta con una concesión para aprovechar 360 mil metros cúbicos de agua al año, recurso que, sostienen, sería uno de los principales motivos de la disputa. La familia acusa que un fideicomiso les ofrecía apenas 20 por ciento de las utilidades, mientras la empresa desarrolladora tendría 80 por ciento.
El caso escaló cuando la familia se negó a entregar “El Salto”. Desde entonces, denuncian la apertura de carpetas penales, cateos y órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia. Incluso señalaron que el 31 de diciembre de 2025 elementos del Ejército y la Guardia Nacional participaron en un cateo, mientras que posteriormente se realizó otro operativo en el domicilio de Pamela Urquiza, donde viven menores de edad.
Los afectados aseguran que una disputa originalmente civil terminó convertida en un problema penal y acusan una posible coordinación entre la empresa, autoridades de la Fiscalía de Querétaro y actores políticos para presionarlos a entregar los terrenos. La familia afirma que Pamela y Julián Urquiza obtuvieron un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso.
La denuncia fue turnada a la oficina de Claudia Sheinbaum el pasado 11 de febrero. Los Urquiza piden una investigación federal y sostienen que el caso podría revelar un presunto “cártel inmobiliario” en Querétaro, mientras las acusaciones contra Domínguez deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades correspondientes.
