Por: Luis Piña
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de ley para regular las relaciones entre inquilinos y propietarios, con el objetivo de frenar los aumentos excesivos en las rentas, facilitar el acceso a una vivienda y evitar que las familias sean expulsadas de las colonias donde han construido su vida.
La propuesta, enviada al Congreso capitalino, contempla siete medidas principales, entre ellas establecer sanciones para quienes incumplan las reglas de arrendamiento, crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias con asesoría jurídica gratuita y brindar acompañamiento institucional a las familias que enfrenten un desalojo.
Durante su presentación, Brugada aclaró que la iniciativa no contempla congelar las rentas ni atenta contra la propiedad privada. Explicó que busca garantizar que los incrementos anuales no superen la inflación, un límite que ya establece el Código Civil de la ciudad, pero que, señaló, necesita mecanismos para asegurar su cumplimiento.
La mandataria destacó que cerca del 30 por ciento de las familias capitalinas renta una vivienda y que más de dos millones de personas viven bajo esta modalidad. Además, señaló que, durante los últimos 20 años, el precio de la vivienda se ha multiplicado por cinco, una situación que complica el acceso a un hogar, especialmente para las personas jóvenes y los sectores con menores ingresos.
Uno de los cambios planteados consiste en reducir los requisitos para rentar un inmueble. Actualmente, algunos propietarios solicitan varias garantías, como depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario. Con la nueva propuesta, únicamente se podrá exigir una garantía de cumplimiento, además del depósito contemplado en la legislación vigente.
La iniciativa también establece una carta de derechos y obligaciones para ambas partes. Los propietarios deberán mantener los inmuebles en buenas condiciones, devolver los depósitos conforme a lo acordado y registrar los contratos, mientras que los inquilinos tendrán que pagar puntualmente la renta, cuidar la vivienda y respetar las condiciones pactadas.
Asimismo, se prohibirá la discriminación para acceder a una vivienda en renta por motivos como edad, género, origen étnico u orientación sexual. La propuesta reconoce también el derecho de las personas a vivir con niñas, niños y animales de compañía.
Otro de los puntos centrales es la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que estará adscrita a la Procuraduría Social y ofrecerá orientación, mediación, conciliación y representación jurídica gratuita tanto a arrendatarios como a propietarios. La intención es resolver controversias y prevenir abusos sin que las partes tengan que recurrir necesariamente a procesos judiciales.
Los contratos de arrendamiento deberán tener una duración mínima de un año y se habilitará un registro digital para dar seguimiento a estos acuerdos, con medidas de protección para los datos personales. También se contemplan sanciones ante irregularidades, como incrementos ilegales en las rentas o daños ocasionados a los inmuebles.
En materia de desalojos, el Gobierno capitalino propone instalar un Gabinete de Acompañamiento Social que intervenga para proteger los derechos humanos de las personas afectadas y canalizar a las familias vulnerables hacia alternativas habitacionales y programas de apoyo.
Brugada subrayó que estas medidas no modificarán las resoluciones de los jueces ni interferirán en los procedimientos judiciales. El acompañamiento gubernamental estará enfocado en evitar actos violentos, proteger las pertenencias de las familias y procurar que niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad no queden desamparados.
Como parte de esta estrategia, el personal encargado de trasladar o resguardar las pertenencias durante los desalojos recibirá capacitación en derechos humanos. La intención es impedir que estos procedimientos se conviertan en escenarios de agresiones, robos o abandono de muebles y enseres en la vía pública.
La propuesta incluye, además, ampliar la oferta de vivienda social y asequible, impulsar opciones de vivienda pública en renta y promover la participación de la iniciativa privada en la construcción de inmuebles con precios accesibles. El Gobierno capitalino mantiene como objetivo realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 80 mil corresponderán a viviendas nuevas y 120 mil a mejoramientos y ampliaciones.
También se plantea crear un Observatorio Público de Vivienda que analice los precios, el uso del suelo y las transformaciones del mercado inmobiliario para fortalecer las políticas públicas y atender los efectos de la gentrificación, fenómeno que puede desplazar a habitantes de menores ingresos y pequeños negocios de sus comunidades.
Al respecto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que las rentas en la capital se ubican, en promedio, entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y las características del inmueble. Advirtió que estos costos representan una carga considerable para las familias y, en algunas zonas, los incrementos acumulados han alcanzado entre 100 y 200 por ciento.
Por su parte, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que la iniciativa incorpora una definición jurídica de la gentrificación, entendida como un proceso de exclusión que desplaza a residentes con menores recursos y a negocios tradicionales ante la llegada de habitantes con mayor capacidad económica y nuevas actividades comerciales.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que la nueva defensoría buscará equilibrar los derechos de quienes rentan y quienes ofrecen una vivienda, mediante servicios especializados, confidenciales y gratuitos.
En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que el gabinete encargado de los desalojos coordinará la participación de distintas dependencias para identificar casos de riesgo, procurar procedimientos pacíficos y ofrecer atención a las personas afectadas, sin intervenir en las decisiones judiciales.
Brugada hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para abrir un parlamento abierto en el que participen organizaciones sociales, especialistas, propietarios, inquilinos y otros sectores interesados en enriquecer la iniciativa antes de su aprobación.
La jefa de Gobierno sostuvo que la regulación busca dar mayor certeza a ambas partes, proteger el patrimonio familiar y evitar que el encarecimiento de la vivienda obligue a las personas a abandonar la ciudad o las comunidades en las que han desarrollado su vida.
