El plan de retiro voluntario arranca el 1 de noviembre y pone en riesgo el sustento de miles de familias. El sindicato ATE ya prepara movilizaciones.
El Gobierno de Javier Milei vuelve a apretar al Estado argentino. Anunció un plan de retiro voluntario para eliminar 20 mil puestos de trabajo en la administración pública. Esos recortes se suman a los más de 77 mil que ya hizo desde que llegó a la Presidencia.
El programa empieza el 1 de noviembre y dura solo un mes. Los trabajadores que acepten recibirán una compensación según su edad y su antigüedad. A cambio, no podrán volver a trabajar en el Estado durante ocho años. Detrás de cada puesto hay una persona con familia, cuentas por pagar y una decisión difícil.
Las cifras oficiales muestran el tamaño del golpe. Desde diciembre de 2023, el Gobierno eliminó 77 mil 500 empleos públicos. Eso equivale a 21% de los puestos del Estado, uno de cada cinco.
Los sindicatos no se quedan callados. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el plan y anunció movilizaciones. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como un “despido extorsivo”. Con esas palabras, el gremio acusa al Gobierno de presionar a los empleados para que se vayan.
Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defiende el plan. Afirma que busca reducir el gasto público y, con ese ahorro, recortar impuestos.
El cambio de imagen institucional dejará miles de chalecos rosas en desuso; consejeros cuestionan la planeación del gasto y exigen aclarar qué ocurrirá con el inventario disponible.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé gastar 62.4 millones de pesos en nuevos uniformes para capacitadores y supervisores electorales que participarán en la organización de los comicios de 2027. La compra responde al cambio de imagen institucional, que sustituyó el rosa mexicano por el gris como color principal, pese a que el organismo cuenta con prendas que todavía pueden utilizarse.
Directivos del Instituto señalaron que, por razones de seguridad, el personal de campo deberá portar chalecos y otras prendas con los nuevos colores institucionales: gris, beige, blanco y negro. Sin embargo, reconocieron que existen miles de artículos del diseño anterior en condiciones de reutilización, cuyo destino aún se analiza. Una de las opciones es donarlos después de retirar los distintivos oficiales.
Durante una sesión de las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral, el consejero Martín Faz cuestionó por qué se descartó aprovechar el inventario disponible y pidió conocer las razones para justificar una adquisición millonaria. También solicitó información sobre la licitación y la planeación presupuestal, especialmente porque la identidad institucional se modificó dos veces en un periodo breve.
El consejero advirtió que el gasto debe evaluarse frente a los recursos existentes, las posibilidades de reutilización y los tiempos de contratación. Además, recordó que en el proceso electoral de 2024 hubo problemas en el suministro, al grado de que miles de colaboradores comenzaron sus labores sin contar con el uniforme completo.
La compra enfrenta plazos ajustados. Según lo expuesto en la sesión, el límite legal para emitir la licitación internacional vence el 16 de octubre, mientras que los bienes adquiridos con presupuesto de 2026 deben recibirse a más tardar el 31 de diciembre. Faz pidió aclarar si el procedimiento ya fue presentado y si existe certeza de que las prendas estarán listas a tiempo.
Aunque el INE justificó el cambio por motivos de seguridad, la decisión abre interrogantes sobre la planeación del gasto público, el aprovechamiento de los recursos existentes y el costo de renovar la imagen institucional. Por ahora, el organismo no ha precisado las pérdidas económicas que implicará dejar de utilizar los uniformes anteriores.
Morena y sus aliados juntaron 331 votos, frente a 118 de PAN, PRI y MC, en una sesión marcada por el debate sobre la deuda.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2027.El documento calcula que el gobierno tendrá 10.6 billones de pesos el próximo año para pagar el gasto público.
De ese total, 6.2 billones vendrán de impuestos y 1.7 billones, de deuda interna. Es decir, el país pedirá prestado para cubrir una parte de sus cuentas.
La discusión fue breve. Hubo una sola ronda de intervenciones a favor y en contra, y el debate en lo general duró solo dos horas. Después, 331 diputados de Morena y sus aliados votaron a favor. PAN, PRI y MC sumaron 118 votos en contra. Los legisladores pasaron de inmediato al análisis en lo particular.
En esa fase, los diputados inscribieron reservas a 24 artículos y a todos los transitorios. Acordaron tres rondas de tres oradores por partido, y el PVEM dejará de nuevo su turno. Solo prosperará la reserva del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Su propuesta libera de multas y recargos a quienes paguen sus adeudos fiscales en una sola exhibición. Incluye a personas físicas y morales, también a los grandes contribuyentes.
Hoy ese beneficio llega solo a quienes tienen ingresos totales de hasta 300 millones de pesos. El cambio amplía los estímulos a quienes tienen créditos fiscales firmes o consentidos, sin poner tope al monto.
Por su parte, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, defendió la propuesta del Ejecutivo. Admitió que el aumento de 442 mil 804 millones de pesos, un 1.1 por ciento real frente a 2026, no alcanzará para cubrir las necesidades del país. Además, destacó que el gobierno cumplió su palabra de no crear impuestos ni subir tasas, salvo por la inflación.
El legislador añadió que la recaudación crece y que el país ya no depende del petróleo. También dijo que la deuda no es irresponsable. Para sostenerlo, comparó los gobiernos pasados con el actual. Según su cuenta, Vicente Fox bajó la deuda 1.1 por ciento del PIB, Felipe Calderón la subió 14.5 y Enrique Peña Nieto, 12.4. Con Andrés Manuel López Obrador, aseguró, subió “sólo” 6.9.
En contraste, el priista Jericó Abramo dijo que la deuda no es mala en sí, pero debe servir para levantar obras. Con Morena, afirmó, el país la usa para pagar gasto corriente. Comparó la situación con una tarjeta de crédito: el techo de 1.7 billones sirve para pagar 1.67 billones de intereses. En sus palabras, el país pide prestado para la despensa y no para crecer.
Su compañero de bancada, Emilio Suárez Licona, alertó que los intereses y comisiones ya son un “barril sin fondo”. Cada peso que va a ese pago, explicó, deja de llegar a la salud, la educación, la vivienda y otros derechos básicos.
El Gobernador de Nuevo León recorrió Asia, Europa y Estados Unidos bajo el argumento de promover inversiones, turismo y el Mundial 2026; los registros disponibles también muestran hoteles de lujo y gastos de funcionarios de su equipo.
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y funcionarios de su administración realizaron durante 2026 viajes a Japón, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, España, Francia y Estados Unidos, con un gasto de al menos 5 millones 700 mil pesos en vuelos, viáticos y hospedaje, de acuerdo con una investigación de Arturo Daen para Sin Embargo.
La información revisada contempla gastos de la Secretaría Particular, Comunicación y las secretarías de Economía, Finanzas, Administración, Turismo y Gobierno. Sin embargo, los registros no incluyen en varios casos los gastos de hospedaje y alimentos del propio Samuel García, por lo que el monto podría ser mayor.
Uno de los viajes más costosos fue la gira por Japón y Corea del Sur, realizada del 2 al 13 de abril, en la que participaron siete personas y cuyo gasto en vuelos y viáticos ascendió a 1.57 millones de pesos. Cinco integrantes de Comunicación acompañaron al Gobernador para generar fotografías, videos y contenidos sobre sus actividades. En el caso de su secretario particular, Evencio Hernández, los registros reportan 181 mil pesos de viáticos.
Los comprobantes también muestran estancias en hoteles de lujo. Hernández se hospedó en el ANA InterContinental Tokyo, con un costo equivalente a 14 mil pesos por noche, y en el Conrad de Corea del Sur, donde una habitación premium alcanzó 50 mil pesos. Durante una gira europea, su gasto en vuelos y viáticos sumó 261 mil 385 pesos, con estancias de hasta 52 mil pesos en el Amstel Hotel de Ámsterdam y 51 mil en el JW Marriott de Madrid.
En Texas, Samuel García registró una noche de 11 mil 200 pesos en el JW Marriott Houston, mientras que diez integrantes de Comunicación gastaron 131 mil pesos para acompañar la gira. En Nueva York, cuatro funcionarios de Comunicación acumularon 551 mil pesos en vuelos y viáticos. Además, el área de Comunicación sumó 1 millón 876 mil pesos en viajes oficiales entre enero y abril.
La documentación disponible también muestra gastos en restaurantes y hasta 12 mil pesos por la renta de un bote en Ámsterdam. En varios casos, el Gobierno justificó las giras como acciones para atraer inversión, turismo y aprovechar el Mundial 2026.
Contratos, solicitudes de transparencia y convenios revelan millonarios pagos a figuras de los medios, mientras crecen los cuestionamientos por el uso de recursos públicos para promover la imagen de gobiernos panistas.
Los gobiernos panistas de Maru Campos, en Chihuahua, y del alcalde Marco Bonilla fueron señalados por destinar millones de pesos del erario a la contratación de Adela Micha, Chumel Torres, Paola Rojas y Marco Antonio Regil, bajo el argumento de impartir conferencias. Sin embargo, las contrataciones han sido cuestionadas al considerar que, en los hechos, funcionaron como convenios de promoción mediática que derivaron en entrevistas favorables y respaldo público a las administraciones del PAN.
De acuerdo con una investigación de Zona Free, uno de los casos más costosos corresponde a Adela Micha, quien recibió 1.5 millones de pesos del Ayuntamiento de Chihuahua por una conferencia de una hora durante el evento “Referencia Norte 2024”. A ello se sumaron más de 20 mil pesos en viáticos, incluyendo vuelos en primera clase. Además, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, firmó con la conductora tres convenios publicitarios por más de 5.2 millones de pesos, lo que ha despertado críticas por el presunto uso de recursos públicos para obtener cobertura favorable.
El alcalde Marco Bonilla también autorizó el pago de 319 mil pesos a Marco Antonio Regil por la conferencia “Mentalidad sana”, organizada durante la Semana de la Salud Mental. La contratación fue revelada mediante una solicitud de transparencia y generó cuestionamientos debido a que Chihuahua enfrenta una grave crisis de suicidios, mientras especialistas en salud mental denunciaron que los recursos pudieron destinarse a estrategias de prevención con expertos en la materia.
Por su parte, Paola Rojas recibió 406 mil pesos por participar en el evento “Mujeres haciendo negocios”, además de viáticos pagados por el Gobierno estatal. De acuerdo con los contratos, el traslado incluyó vuelos en primera clase y hospedaje. La contratación también fue criticada por considerar que la periodista no cuenta con un perfil especializado en el tema de la conferencia y por sus vínculos con el grupo político del expresidente Felipe Calderón.
Otro caso que ha generado polémica es el de Chumel Torres, quien participó en el evento “ChihuAguaFest” para promover el cuidado del agua. La organización del acto costó más de 3.4 millones de pesos, aunque la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se ha negado a transparentar cuánto se pagó al creador de contenido por su participación. La falta de información ha intensificado las críticas sobre el manejo de los recursos públicos y el presunto uso de estos eventos para fortalecer la imagen política de funcionarios panistas.
El PAN gastó en un mes cerca de un millón de pesos para promocionar su imagen en redes sociales; tan sólo por una publicación de tres días, en la que presumió el viaje a Washington de una comitiva para denunciar la “represión” de la marcha de la Gen Z, desembolsó 30 mil pesos
Por Martha Rojas
El Partido Acción Nacional no ha escatimado recursos del erario para remontar su campaña publicitaria de relanzamiento y, de paso, lanzar uno que otro golpe al Gobierno federal.
Muestra de ello, es la millonaria suma que el partido blanquiazul ha invertido en sus campañas de redes sociales. Desde videos promocionales de relanzamiento, donde Jorge Romero o Ricardo Anaya aparecen como héroes nacionales que “no se rinden” o clips para promocionar el valor de la familia y el de la Generación Z costaron más de 1 millón de pesos en el último mes.
Llama la atención que el partido, que hoy en día dirige Jorge Romero Herrera, también destinó unos 30 mil pesos a la promoción de un viaje a Washington en el que una comitiva panista denunció la “presunta represión a la marcha de la Gen Z”.
El 25 de noviembre, Jorge Triana, Roberto Gil, Annia Gómez, Fernando Torres y Noemí Luna viajaron a la capital estadounidense para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presunta represión a la marcha del 15-N.
Sin embargo, el partido puso en circulación tres días después un clip que confirmaría que el viaje es parte de una campaña mediática del PAN a propósito de su relanzamiento.
Pues, de acuerdo con las publicaciones pautadas en la Biblioteca de Anuncios de Meta, el video del viaje se pagó para circular entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.
Desde su renovación de imagen hecha pública en octubre pasado, el partido ha desembolsado más de 5 millones de pesos en estudios de mercado, branding y campañas publicitarias. Mientras que el dirigente nacional, Jorge Romero, ha invertido cerca de 4 millones en su imagen personal, también en anuncios de Facebook.
Tan sólo en el último mes, el blanquiazul ha pagado anuncios de días de entre 3 mil y 250 mil pesos.
Siendo los más costosos aquellos en los que promete al “pueblo” caminar juntos para que las medicinas vuelvan a los hospitales.
Cabe señalar que, Romero, quien percibe alrededor de 187 mil 500 pesos mensuales del partido, ha capitalizado buena parte de sus recursos en promocionar su imagen personal. Esto, con miras a posicionar el partido de cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se elegirán 16 gobernadores y 500 legisladores.
Con una agresiva campaña en redes sociales, el PAN no sólo busca penetrar en la opinión pública como un “nuevo partido”, sino hacer que el repudio al aborto, las necesidades médicas y la inconformidad de la denominada Gen Z sean tema de controversia. Imponiendo una agenda ultraderechista.
Respecto al pago por el anuncio del viaje a Washington, el monto equivale a lo que un profesionista en México gana al mes. Y deja claro que la prioridad del PAN no es atacar los problemas que aquejan a México sino la promoción partidista y personal.
La gestión de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc se ha visto empañada por la opacidad en la adquisición de su nuevo parque vehicular de seguridad.
La administración de Rojo de la Vega presumió, a través de un gran despliegue mediático, la integración de supuestamente 53 nuevas unidades tipo patrullas.
Sin embargo, una investigación realizada por LosReporteros Mx revela graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras.
Entre acusaciones de ser víctima de una “cacería política”, Alessandra Rojo de la Vega ha defendido los “logros” de su gestión. No obstante, existe una baja percepción de resultados reales, lo que ha obligado a su equipo a maquillar las cifras para justificar lo que la alcaldesa no logra explicar.
El 8 de noviembre de 2025, por ejemplo, Rojo de la Vega presentó su primer informe de Gobierno ante una audiencia convocada en el Frontón México.
Acompañada por figuras como el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, la alcaldesa presumió, entre otros puntos, los siguientes “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación:
Instalación de 51 mil luminarias.
Adquisición de 53 patrullas nuevas.
Recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas.
Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Documentos emitidos por la alcaldía Cuauhtémoc vía Transparencia, y firmados por Erick Herrera Martell, director de la Unidad de Transparencia, revelan que la administración maquilló las cifras, dejando al aire varios millones de pesos provenientes de la renta del parque vehicular.
En un primer documento oficial, la alcaldía admitió haber arrendado (no comprado) 44 patrullas, incluyendo 28 motocicletas KTM.
La alcaldía afirmó haber gastado 8 millones 730 mil 565 pesos por las 44 unidades, una cifra que es matemáticamente imposible si se utiliza su propio desglose de rentas mensuales.
De hecho, la suma correcta de los once meses, basada en sus propios datos de renta, asciende a más de 10 millones de pesos, lo que abre una duda que taladra a los habitantes de la demarcación: ¿cuál fue el destino y la justificación de ese presupuesto?
Lo escandaloso no es solo el error de suma, sino que el discurso de la alcaldesa, que presume luchar por la justicia presupuestaria, se contradice con una realidad administrativa costosa: el arrendamiento de vehículos con opción a compra o devolución es un mecanismo que genera jugosas ganancias para automotrices y financieras.
Y es que, al término de su gestión, la alcaldía Cuauhtémoc se quedará sin las patrullas o, peor aún, deberá erogar más dinero para comprarlas, dejando un pasivo a la siguiente administración.
Pero eso no es todo.
Un segundo documento, también firmado por Erick Herrera, agrava la situación al contradecir al primer documento y duplicar el costo.
Dicho documento afirma que se adquirieron 53 unidades tipo patrulla (9 más que la cifra anterior). Y afirma que el costo total fue de 20 millones 319 mil 26 pesos.
Por si fuera poco, el proceso de adquisición es todo un enigma. Y es que la administración de Rojo de la Vega no se molesta en aclarar si se llevó a cabo un proceso de licitación pública.
Existe una diferencia de 11 millones 588 mil 461 pesos entre el gasto reportado en el primer documento (asumiendo los 8.7 millones) y el segundo documento (20.3 millones). Y asoma la negra duda: ¿La renta o adquisición de las otras nueve unidades costó más de once millones de pesos, duplicando el gasto por apenas un 20% más de unidades?
Lamentablemente, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega parece no importarle aclarar estas flagrantes contradicciones financieras. Y tampoco parece importarle la opinión de quienes gobiernan. Y es que el 57.7% de los habitantes mayores de 18 años en Cuauhtémoc manifiestan sentirse inseguros.
El gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, logró por segundo año consecutivo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo del gasto público, resultado que lo coloca entre los nueve estados con finanzas claras en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
La ASF confirmó este lunes ante la Cámara de Diputados que Sinaloa no tiene montos por aclarar, gracias a su disciplina financiera y cumplimiento normativo. Junto con Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo, la entidad quedó exenta de observaciones en el uso de recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación ha dictaminado que no existe ningún monto por aclarar en el ejercicio del gasto. Cada peso se ha ejercido con responsabilidad, transparencia y sentido social.
Es una muestra del compromiso que mantenemos con Sinaloa: ejercer el gasto con… pic.twitter.com/VVwnzAvXb0
El gobernador Rocha Moya reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo prioridad en su administración. Por su parte, la secretaria de Transparencia, Guadalupe Ramírez, destacó que en Sinaloa no se han detectado desvíos, cohechos ni malversaciones, gracias a revisiones constantes en contrataciones y obra pública.
Estos resultados reafirman el compromiso del gobierno sinaloense con el uso responsable del presupuesto y refuerzan la confianza ciudadana en las instituciones.
Los ingresos tributarios en México aumentaron un 10.1% anual entre enero y abril de 2025, marcando un hito notable. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebra este incremento, el más alto en diez años para este período.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios alcanzaron 2 billones 20 mil 249.5 millones de pesos. Esta cifra supera en más de 83 mil millones lo proyectado en la Ley de Ingresos. Este avance se atribuye al crecimiento del consumo interno, un mercado laboral fuerte y una mayor eficiencia en la captación fiscal.
Dentro de los impuestos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue el más significativo. Este impuesto ascendió a un billón 174 mil 840 millones de pesos, lo que representa un aumento real del 9.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este ingreso fue 42 mil 299 millones de pesos superior a lo estimado inicialmente.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) también mostró un crecimiento impresionante, con un incremento real del 13.9%. La recaudación totalizó 537 mil 208 millones de pesos, impulsada principalmente por un tipo de cambio más alto que elevó el valor en pesos de las importaciones.
En contraste, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se quedó por debajo de las expectativas, con una recaudación de 214 mil 271 millones de pesos. Esto representa 19 mil 422 millones menos de lo proyectado. El impuesto sobre las importaciones destacó con un notable repunte real del 47.6%, alcanzando 56 mil 215 millones de pesos.
A pesar de que los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron ligeramente inferiores a lo estimado, la SHCP reportó un nivel de déficit presupuestario favorable. Este déficit se ubicó un 34.5% por debajo de lo programado hasta abril.
En cuanto a la composición de los ingresos, los ingresos petroleros cayeron un 12.3% real anual, sumando 315 mil 283 millones de pesos. Por otro lado, los ingresos no petroleros, incluidos los tributarios, crecieron un 9.3% real, colocándose 114 mil 839 millones de pesos por encima de lo previsto.
Además, el gasto público también se redujo. El Gobierno Federal ejerció 3 billones de pesos, lo que representa un recorte de 216 mil 618 millones respecto al presupuesto aprobado. Esta reducción se concentró en el gasto en capital y corriente, con disminuciones reales del 16.4% y 5.4%, respectivamente.
Este sólido desempeño en los ingresos tributarios y la reducción del déficit presupuestario brindan un panorama económico favorable para el país en el presente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que entre los meses de enero a noviembre del año 2024, el gasto público creció 6.3 por ciento en términos reales anuales y presentó un aumento de 7.4 por ciento en el componente destinado a proveer bienes y servicios al Pueblo de México.
Como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer los ingresos de los hogares y la competitividad del país a través de una mayor capacidad productiva, la inversión en infraestructura y el gasto en desarrollo social se incrementaron, de enero a noviembre, en 11.4 y 8.1 por ciento real anual, respectivamente”, detalló la SHCP.
Hacienda dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a noviembre del 2024, en el que se destacó que los recursos destinados al desarrollo social, a los programas del Bienestar, representaron 66 por ciento del gasto programable. Se trata del mayor incremento en términos porcentuales desde el año 2014.
Para el sector Salud hubo un incremento del 12.7 por ciento, para Protección Social se aumentó 10.7 por ciento, y em Educación hubo un aumento del 4.7 por ciento en términos reales, lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el bienestar de todas y todos los mexicanos.
En cuanto a infraestructura, la inversión creció 11.4 por ciento en términos reales, indicó la SHCP, superando las proyecciones de 40 mil millones de pesos, emitidas previamente.
La inversión directa del gobierno federal aumentó 34.9 por ciento en términos reales anuales, marcando el mayor crecimiento desde 2014 y destacando el impulso gubernamental en infraestructura clave”, mencionó la SHCP.
La dependencia federal celebró que las finanzas públicas de México se muestren robustas y saludables, ofreciendo resultados que superaron todas las expectativas y cumplieron de manera sólida todas las metas fiscales que se establecieron para el ejercicio.
En cuanto al déficit presupuestario y el déficit primario, ambos se pudieron controlar y quedaron por debajo de los niveles programados, esto es el resultado de una administración fiscal prudente y responsable, acorde a los principios de la 4T.
Esta gestión ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados”, continúa el informe de la SHCP.
En el documento se reitera sobre los buenos resultados en cuanto a la recaudación tributaria, que en el periodo de enero a noviembre del 2024 registró un aumento de 6.2 por ciento en términos reales anuales y destacan los incrementos en el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de combustibles.
2.2 por ciento en términos reales fue la tasa de crecimiento de los ingresos presupuestarios, comparándolos con el mismo periodo del año 2023, lo que permitió superar el promedio del último decenio de 2.1 por ciento, rebasando los 104 mil millones de pesos programados para estos meses.
El déficit presupuestario fue de 1 billón 153 mil millones de pesos al cierre del mes de noviembre de 2024, logrando una reducción de 278 mil millones de pesos en el nivel presupuestado.
