El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) controlará en su totalidad el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya que busca evitar que la terminal sea manejada por el narcotráfico como lo fue con Genaro García Luna.
“La secretaría de Marina va a estar a cargo del AICM, ya está a cargo del control de la vigilancia, ha hecho muy buen trabajo, muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que no se llegue al extremo que el Aeropuerto lo controlaba el narcotráfico”.
Asimismo, agregó que la Semar también se hará cargo de otros aeropuertos como el de la Ciudad del Carmen, el Ciudad de Obregón y Guaymas. Por otro lado, la Secretaría de Defensa (Sedena) del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum, Campeche, Puebla y Nuevo Laredo.
Aseguró que el acuerdo contempla que continúe operando Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa paraestatal que administra y opera 18 aeropuertos propios y otros cinco en sociedad con gobiernos estatales.
Como cada semana, Liz Vilchis desmintió a los medios conservadores en la sección “Quién es quién en las mentiras”.
Liz Vilchis habló sobre la supuesta noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó pago millonario a empresa de García Luna. La información fue difundida por el medio “Animal político” y afirmaron que el gobierno había autorizado un pago de 6.4 mdd a empresa del ex titular de la seguridad Pública. Según la información publicada, se encontró registros de dos contratos del gobierno de México con empresas de Luna.
Liz Vilchis aseguró que los datos que se proporcionaron en la nota carecen de veracidad ya que los contratos corresponden a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra de las noticias falsas que desmintió fue que una comunicadora de ADN40 denunció que el director de Fondo Cultura Mexicana, el escritor Paco Ignacio estaba comiendo en un lujoso restaurante. La periodista público una foto en redes sociales denunciando los hechos, sin embargo, Liz Vilchis aseguró que el escritor no figura en dicho material. Se puede ver a un pareja, pero el director no se ve por ninguna parte.
Otra noticia que desmintió fue que Reforma difundió que existe una supuesta crisis energética por la reciente ola de calor en el país. A raíz de esto, inició una campaña de desinformación sobre este hecho y diversos medios replicaron los datos, asegurando que debido al aumento de temperaturas en el país, México no contaba con la capacidad para suministrar suficiente energía a la población de México.
Liz Vilchis aclaró que esto es totalmente falso y dijo que lo que no difundieron fue que en varias ciudades de Estados Unidos tuvieron un problema en la energía eléctrica.
Los medios conservadores también difundieron que supuestamente un elemento de la Guardia Nacional había disparado a un conductor, lo cual fue totalmente falso.
Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada.
La nota reveló que datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que a mayo de 2023, solo 4,350 millones de pesos de los 39 mil 55 mil millones de pesos que tienen congelados a los usuarios del sistema financiero desde 2014 para evitar y detectar actos relacionados con el financiamiento del terrorismo y operaciones que utilicen recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) permanezcan inmovilizados.
Casi nueve de cada diez pesos que la UIF había bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, actividades ilícitas de hidrocarburos, petróleo o petroquímica, servicio público ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión han sido recuperados en casos legales por las personas investigadas.
En casi una década se han desbloqueado 34 mil 705 millones de pesos, de los cuales 9 mil 303 millones (o 26 por ciento) fueron liberados a través de la garantía de audiencia, 25 mil 119 millones (o 72 por ciento) a través de juicios de amparo, y más 281 mil millones (0 por ciento), lanzados en 2017, 2018 y 2020, no han revelado su método de descongelación.
La investigación reveló que la tesorería de Pablo Gómez asegura haber bloqueado solo 346 millones de pesos hasta mayo de 2023, pero en esos cinco meses personas investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales o apoyo al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos a través de juicios de amparo.
La UIF está lejos de registrar el monto total bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero solo quedaron bajo protección 706 mil millones de pesos una vez que entró la garantía de audiencia y, más importante, los juicios de amparo, a través de los cuales los usuarios del sistema financiero fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas y posteriormente recuperaron el dinero.
No hay datos organizados y concisos sobre quiénes han sido dados de baja de la lista de bloqueados de la UIF.
Sin embargo, entre los casos más destacados de este año están los de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron la mano derecha y esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos recibieron protección a cambio de ser eliminados de la lista del Tesoro y pudieron recuperar los fondos que estaban congelados en el sistema financiero.
Personas vinculadas al caso Genaro García Luna, incluida su esposa Cristina Pereyra, tuvieron acceso a más de la mitad del dinero inicialmente congelado, según datos de la UIF divulgados en marzo.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado de que quien sea elegido como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo al 2024, hará un buen trabajo al frente del país, además de que darán continuidad al movimiento que encabeza con el pueblo.
“Entonces por eso ayer Adán renunció porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum, ese es el proceso. No es que esté renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo”.
Explicó
En cuanto a lo que queda de su sexenio, AMLO mencionó que en el año y tres meses que quedan, se seguirán impulsando los principios básicos de la 4T, tarea que deberá continuar quien lo suceda en Palacio Nacional.
El líder del Ejecutivo federal agregó que quien sea la o el próximo presidente deberá arrancar de raíz la corrupción y eliminar las injusticias y los privilegios, aunque admitió que es un proceso que lleva tiempo y que debe hacerse con el respaldo de millones de mexicanos, tal y como ha ocurrido en estos años.
“Hay que darle continuidad al proceso, por eso hablamos de continuidad con cambio y yo tengo que entregar no solo en su momento la presidencia, sino la dirección, la conducción del movimiento de transformación, lo que fue este movimiento de vanguardia que llevó a esta transformación”.
Mencionó
AMLO también mencionó que dejará algunos pendientes, como el juicio a las empresas de Genaro García Luna y sus socios o la lucha contra la corrupción, que aún no ha terminado.
“La única posibilidad del renacimiento de México era iniciar una transformación, pacífica pero radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancar de raíz la corrupción, los privilegios, la impunidad y eso es lo que ya inició”.
Este viernes Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre el juicio que el Gobierno de México presentó ante un tribunal de Miami, Florida, para recuperar alrededor de 600 millones de dólares que Genaro García Luna y sus socios, entre ellos su esposa, desviaron del erario público en los sexenios de Felipe Calderón Inojosa y Enrique Peña Nieto.
El funcionario mencionó que un Tribunal de Florida ya resolvió la demanda del gobierno de México presentada contra el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, por lo que ahora habrá un juicio para que esos 600 millones de dólares regresen a las arcas de México, además de que la decisión de la corte civil es inapelable, en el sentido de que la defensa de García Luna buscaba frenar el proceso.
Pablo Gómez mostró una tabla en donde se leen los nombres de los socios, empresas y cantidades que desviaron cada uno de ellos durante los dos sexenios del pasado, en donde destacan Linda Christina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y quienes firmaron contratos por 225,212,906 dólares.
Detallaron que los recursos que se desviaron fueron de 223 millones 212 mil 909 dólares durante el sexenio ilegítimo de Felipe Calderón y de 420 millones 753 mil 293 dólares en la administración de Enrique Peña Nieto.
“No se quedó en el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad con Felipe Claderón, siguieron operando con el nuevo gobierno (EPN)”, mencionó Gómez respecto a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez.
Corrupción, insignia de los gobiernos neoliberales
El titular de la UIF explicó a la audiencia de las mañaneras y a prensa que durante los gobiernos neoliberales la corrupción fue uno de los principales instrumentos de gobierno del país y destacó que la administración que encabeza el Presidente López Obrador es la primera que trabaja para desmantelar la corrupción.
Sobre la red de García Luna, el funcionario mencionó que tomaban el dinero, le daban vuelta a través de Barbados, siendo éste su paraíso fiscal de tránsito para finalmente llegar a Florida, por lo que no es de extrañar que lo robado, se haya invertido en aquel estado de la nación americana.
Finalmente puntualizó que la demanda del Gobierno de México es un precedente, ya que es la primera vez que se hace un juicio contra una trama de corrupción y es la primera vez que una administración se empeña en combatir la corrupción como un sistema.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) aprendió y obtuvo una vinculación a proceso contra Jannet Miriam Martínez Sánchez, titular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, señalada por los delitos de delincuencia organizada y peculado, además de que se le considera ex socia de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad de Felipe Calderón.
Martínez Sánchez es señalada de habría participado en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en los penales federales y autoridades mencionan que la mujer fue detenida el pasado 6 de junio por elementos de la Policía Federal Ministerial en inmediaciones de la comunidad de Zaragoza, estado de Puebla.
La ahora detenida fue puesta a disposición de un juez de control con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que fue el encargado de ordenar la detención de más de 50 personas involucradas con el otorgamiento y pago de contratos por parte del órgano administrativo de readaptación social durante la gestión de García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el ilegitimo gobierno del panista Felipe Calderón que comprendió de 2006 a 2012.
Las investigaciones señalan que se benefició a empresarios y particulares que se coludieron con García Luna para desviar recursos públicos a través de 10 contratos ilícitos por un monto de 5 mil 112 millones de pesos bajo el pretexto de adquirir tecnología, servicios y bienes para prisiones federales.
El pasado 12 de junio se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jannet Miriam Martínez Sánchez por los delitos de peculado y delincuencia organizada, informaron fuentes ministeriales.
Por el momento el juez fijó un plazo de 4 meses para concluir las investigaciones complementarias y se le dictó la mediad de cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro de Readaptación Social (Cefereso) 15 de Morelos.
El presidente Andrés Manuel López Obradorcelebró que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo a Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas, con el que buscaba evadir un pago de más de 300 millones de pesos por impuestos acumulados desde 2015.
En este contexto, el mandatario agregó que el pueblo también salió beneficiado ya que, si la resolución hubiese sido a favor, la deuda sería del pueblo.
“Afortunadamente no se aprobó la resolución”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este jueves, un día después de la sesión en la Segunda Sala, durante la que se discutió el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que favorecía al tío del extitular de la extinta Policía Federal Luis Cárdenas Palomino.
“Decirle a la gente, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros que también han sido sancionados por evasión fiscal, iban a solicitar que se les devolviera el dinero, o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección”, explicó el primer mandatario.
Este jueves, el primer mandatario de México no solo celebró el rechazo del amparo si no también de lo que sucedió en Estados Unidos con García Luna, al desechar un recurso de la defensa de Luna para que no pudiera ser aceptable la denuncia contra el ex secretario de Seguridad Público en México.
Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México respecto a una demanda civil en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, por presunto lavado de fondos robados.
La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados. En 2021 la UIF presentó la demanda en los tribunales del condado de Miami-Dade donde se le acusaba al exfuncionario de lavado de dinero por más de 700 millones de dólares.
Quienes también estarían involucrados en este delito serían la esposa de García Luna, Linda Pereyra, y la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López.
En el caso de los Weinberg, los abogados presentaron una apelación argumentando que el caso debía ser juzgado en Miami.
Tanto un juez en Miami, como la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida, han dictaminado a favor del Gobierno mexicano, aunque aún falta un largo proceso para que se dictamine un juicio.
Cabe señalar que esta demanda es independiente al juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable en febrero pasado de cinco delitos; cuatro de ellos por tráfico de drogas y uno por mentirle a la autoridad migratoria.
Hace apenas un mes se dio a conocer que Linda Cristina Pereyra, así como cuatro familiares del exfuncionario mexicano, cuentan con una orden de aprehensión ya que son acusados del desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos de prisiones federales.
En el 2005, la carrera policial de Genaro García Luna se encontraba en su mayor apogeo. Dirigía la Agencia Federal de Investigación y su nombre sonaba para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública si el Partido Acción Nacional seguía en el poder para 2006. Ese mismo año, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en Estados Unidos, le entregó a él y a su equipo cercano en la AFI un reconocimiento por su colaboración en la aprehensión y entrega de 9 homicidas.
Al mismo tiempo, García Luna recibía millones de dólares de los dos cárteles mexicanos más poderosos, el de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, para permitir el paso libre de cocaína por la frontera sur de EU. García Luna jugaba al policía bueno y al policía malo.
De acuerdo con un reconocimiento, en 2005 el LAPD envió un reconocimiento al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, dirigida a la AFI porque “en un lapso de dos años, esta unidad a través de la república mexicana ha sido responsable por el arresto de nueve homicidas que huyeron de la ciudad de Los Ángeles con la intención de evadir la justicia.”
La policía angelina reconoció que el trabajo de la Unidad Encargada del Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión había sido vital para dichos casos, y reconoció a futuro que “el entusiasmo, fuerte colaboración, profesionalismo y el espíritu de cumplir con su oficio demostrado por este personal, brinda nuevas avenidas de respeto en la batalla contra la delincuencia.”
Sin embargo, y al mismo tiempo, según declararon varios testigos colaboradores en el caso por narcotráfico contra García Luna en Estados Unidos, la AFI estaba en la nómina de los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa.
El primer testigo de las autoridades, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, ex operador del cártel de los Beltrán Leyva, Genaro García Luna y su mano derecha en la AFI, Luis Cárdenas Palomino, recibían 1.5 millones de dólares mensualmente como sobornos en una casa de El Barbas, en Perisur, en la Ciudad de México: “Hacíamos fajillas de 10 mil dólares y juntábamos cinco de esas para hacer tabiques de 50 mil que metíamos en cajas de oficina.”
Según El Grande, con estos pagos, además de tener paso libre para sus drogas, tenían acceso a otros materiales como “uniformes, camionetas clonadas y charolas que son credenciales de identificación de la agencia (AFI).”
18 años después de que la Policía de los Ángeles reconociera a García Luna, el funcionario mexicano fue declarado culpable de tráfico de drogas por un jurado de Brooklyn, Nueva York. Aguarda su sentencia, pero al mismo tiempo el certificado de reconocimiento del departamento de policía estadunidense, se quedará en los archivos de la Fiscalía General de la República, como un recordatorio de que nada es lo que parece: “agradece la cooperación profesional y la asistencia incalculable otorgada por los elementos anteriormente mencionados.”
Tal y como lo prometió ayer lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el día de hoy a otra ex colaboradora de Genaro García Luna que ahora fue contratada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández para laborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de María Fernanda Casanueva de Diego, que de 2017 a 2018 ostentó el cargo de Oficial Mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo cargo que ostentó en el periodo de 2012 a 2016, pero en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estando bajo la jurisdicción de Luis Videgaray en ambos casos.
Casa nueva de Diego también fue directora general del secretariado de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública de 2009 a 2011, cuando Genaro García Luna fue secretario de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ mostró que María Fernanda Casanueva, “la abogada que contrataron en la Corte y que trabajó con García Luna”, fue contratada por Norma Lucía Piña como secretaria ejecutiva de Administración para manejar presupuesto en el… pic.twitter.com/VPTuCiSk3A
La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que el cargo que ahora ostenta María Fernando Casanueval, le fue otorgado por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Con esto, Casanueva de Diego, sería la segunda funcionaria que colaboró con Genaro García Luna y ahora ostenta un cargo en el máximo tribunal del país, esto gracias a Norma Piña, quien en ambos caso, las contrató para laborar en la SCJN.
Fue el pasado 19 de mayo, cuando AMLO también exhibió en su rueda de prensa que Piña Hernández, contrató a Sonia Vargas Terrero como Directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y que también colaboró con el ex secretario de seguridad de Calderón, que ahora está siendo procesado por la justicia de los Estados Unidos por varios cargos de tráfico de sustancias.
