La tragedia ocurrió en una fiesta de XV años en Salamanca. La fiscalía avanza en la investigación y pide discreción para no alertar a los responsables.
La Fiscalía General de Guanajuato ya tiene detenidos por el caso del tequila adulterado que cobró cuatro vidas y dejó a 35 personas intoxicadas. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste confirmó los arrestos este martes, aunque se negó a dar más detalles para proteger la investigación.
“La carpeta va bien, está firme”, afirmó el fiscal. Reconoció que ya identificaron a los responsables, realizaron cateos y aseguraron bienes relacionados con el caso. Aun así, pidió paciencia: revelar información podría alertar a quienes aún no están detenidos.
Todo comenzó el sábado 7 de junio, en una celebración de XV años en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca. Alguien llevó tequila adulterado a la fiesta. Dos días después, el lunes 9, las consecuencias ya eran visibles: 30 personas llegaron intoxicadas a la Secretaría de Salud de Guanajuato. Dos de ellas murieron ese mismo día.
El IMSS hospitalizó a otras ocho personas. Una más falleció en el hospital. Otra persona murió en su domicilio, sin llegar a recibir atención médica. En total, cuatro familias perdieron a un ser querido por beber algo que debía ser un tequila.
El fiscal aclaró que no hay más víctimas fuera de los asistentes a esa fiesta. El tequila adulterado no circuló en otros espacios. Por ahora, la investigación avanza y la fiscalía confía en llevar el caso a juicio.
La Fiscalía investiga a Go Traveling Bajío por un fraude que supera un millón de pesos. Las víctimas se organizan para recuperar sus ahorros.
Más de 60 personas han presentado denuncias contra la agencia de viajes Go Traveling Bajío, acusándola de un fraude que supera el millón de pesos. Este caso ha tomado fuerza en la Fiscalía General del Estado, que ya ha iniciado carpetas de investigación para cada víctima.
Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general, compartió que a lo largo de la semana se han recopilado numerosos testimonios. Este grupo de afectados, que confía en recuperar sus ahorros, ha buscado la justicia. Con cada denuncia, la Fiscalía busca proteger los derechos de todos los involucrados.
La agencia Go Traveling Bajío, con sede en León, ofrecía paquetes turísticos a diversas playas y destinos populares. No obstante, muchos de sus clientes alegan que la agencia no cumplió con sus promesas. De hecho, la oficina ubicada en la avenida Algeciras fue clausurada el lunes 18 de mayo.
Junto con la Secretaría de Turismo e Identidad, la Fiscalía intenta verificar si los servicios prometidos habían sido realmente contratados. Esta colaboración es clave para comprender el alcance del fraude y para ayudar a las víctimas.
A pesar de que la cifra de defraudados ya es considerable, se estima que el número puede aumentar a medida que más personas se presenten ante la Fiscalía. “Estamos comprometidos a buscar un acuerdo que repare el daño”, enfatizó el fiscal.
La entidad ya tiene identificada a la persona supuestamente responsable del fraude, pero aún no ha sido detenida. Las víctimas han tomado la iniciativa de compartir carteles en busca de Joel Rodríguez Hernández, quien figura como el creador de Go Traveling Bajío. En estos carteles, exhortan a la comunidad a ayudar a localizarlo.
Las familias afectadas están angustiadas. Muchos colocaron sus esperanzas y ahorros en esta agencia de viajes. La incertidumbre sobre sus gastos y futuros viajes pesa sobre ellos. La Fiscalía promete avanzar en la investigación, asegurando que se hará justicia. Las víctimas tienen la esperanza de que sus denuncias lleven a resultados concretos pronto.
El escándalo exhibe negligencia institucional; pese a destitución, el fiscal enfrenta críticas por errores repetidos y falta de control.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentra en el centro de la polémica tras la entrega equivocada de cuatro cuerpos a sus familiares, un error que no solo refleja fallas administrativas, sino una preocupante crisis de protocolos y supervisión interna. Aunque el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste ordenó la destitución del responsable, el caso ha desatado cuestionamientos sobre la eficacia real de la institución.
El propio fiscal calificó el hecho como un “lamentable error”, atribuyéndolo a inconsistencias en documentos y similitudes físicas entre las víctimas. Sin embargo, la explicación resulta insuficiente ante la gravedad del caso, pues evidencia una cadena de negligencias que permitió que los cuerpos fueran entregados sin una verificación rigurosa.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, Vázquez Alatriste reconoció que existen al menos tres casos similares, incluyendo la exhumación de restos mezclados en una fosa y la entrega errónea de una persona que después apareció con vida. Estos antecedentes debilitan el argumento de que se trata de incidentes excepcionales y refuerzan la percepción de fallas estructurales en la Fiscalía.
Aunque el fiscal prometió que no habrá “chivos expiatorios” y que se investigará toda la cadena de mando, la realidad es que la repetición de estos errores pone en duda la capacidad de la institución para garantizar procesos confiables. La destitución de un funcionario parece más un intento de contener la crisis que una solución de fondo.
Además, el señalamiento de que estos fallos opacan los “logros” de la Fiscalía en 2025 ha sido interpretado como una desconexión con la gravedad del daño causado a las familias, quienes enfrentan no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también el impacto emocional de recibir restos equivocados.
Este escándalo deja al descubierto una verdad incómoda: más allá de discursos y cifras, la Fiscalía de Guanajuato enfrenta un serio reto para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que puede operar con profesionalismo, rigor y respeto a las víctimas.
Diputada de Morena acusa negligencia sistemática y exige la renuncia del fiscal tras la entrega errónea de cuatro cuerpos a familias equivocadas.
Un nuevo escándalo sacude a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, luego de que la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, denunciara la entrega errónea de cuatro cuerpos a familias que no correspondían, evidenciando graves fallas en los procesos de identificación forense.
Los cuerpos pertenecían a víctimas de un accidente ocurrido el pasado 12 de marzo en la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. Sin embargo, la negligencia institucional derivó en un hecho que la legisladora calificó como “una burla y una afrenta a las víctimas”, al vulnerar la dignidad de las familias afectadas.
Durante la comparecencia del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste ante el Congreso, Aguilar Castillo cuestionó directamente la falta de controles y responsabilidades en la entrega de restos humanos. Recordó que el funcionario había prometido días antes que estos errores no volverían a repetirse, lo que, a su juicio, evidencia que “no tiene palabra”.
La legisladora también puso en duda la efectividad de las supuestas investigaciones internas anunciadas por la Fiscalía, al señalar que no existe claridad sobre sanciones reales contra los responsables, lo que refuerza la percepción de impunidad dentro de la institución.
En un posicionamiento contundente, Aguilar lanzó un mensaje directo al fiscal: “¿Está conforme con su mediocridad o ya pensó en renunciar?”, subrayando que cada error en la entrega de cuerpos representa una violación grave a los derechos humanos y al trato digno de las víctimas.
Cabe destacar que, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Fiscalía acumuló 54 recomendaciones en el último año, muchas relacionadas precisamente con fallas en la identificación y entrega de cuerpos, lo que confirma que no se trata de un hecho aislado, sino de una crisis estructural que exige rendición de cuentas inmediata.
El pasado domingo 25 de enero (2026), en Salamanca, Guanajuato, un campo de fútbol amateur se convirtió en una espeluznante zona de guerra.
Hubo una masacre que dio como saldo 11 muertos y 10 heridos.
El supuesto móvil, aseguraron las autoridades estatales, habría sido una disputa territorial CJNG vs CSRL.
Lamentablemente, esta clase de ataques no son infrecuentes en la región. Guanajuato, desde hace años, está en garras del crimen organizado. Y es que, días antes (el pasado 20 de enero), en San Miguel de Allende se sufrió un ataque similar donde hubo tres víctimas mortales, incluyendo un menor de edad.
La respuesta de la Fiscalía de Guanajuato, bajo el mando de Gerardo Vázquez Alatriste, activó su maquinaria de relaciones públicas. Hubo operativos rápidos y mediáticos en las localidades de Villagrán y Juventino Rosas (bastiones del CSRL).
El resultado arrojó dos detenidos que fueron presentados como “trofeos”.
Las detenciones, sin embargo, no son fruto de una investigación sólida sino una acción de control de daños ante la presión mediática de las masacres.
¿Y sabe por qué? Porque Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal del estado de Guanajuato, no es un novato. Conoce perfectamente los asuntos judiciales y ministeriales. Lamentablemente, su historial está marcado por la gestión de la impunidad, no de la justicia.
Pero déjeme darle algunos antecedentes de Gerardo Vázquez Alatriste. El actual fiscal de Guanajuato, un personaje muy cercano a la gobernadora panista, Libia, Denisse, fue Fiscal Especial del caso Cardenal Posadas Ocampo. El resultado de su trabajo, como bien se sabe, ha dejado 30 años de impunidad, 100 tomos de papel y cero sentencias firmes por el homicidio.
Como delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste es señalado por haber encubierto el desfalco de 50 millones de pesos en el ISSSTE.
Lo curioso es que Gabriel Cortés, en ese entonces director del ISSSTE, hoy es el actual secretario de salud de Guanajuato.
Lamentablemente, la gobernadora, Libia, Denisse, conocía perfectamente los señalamientos contra su secretario de salud y la negligencia de la obra fiscal, y aún así , ratificó a ambos impuestos clave de seguridad y de salud.
Guanajuato, desafortunadamente, ha perdido su característica definitoria: el uso legítimo y exclusivo de la fuerza. Hoy, el crimen organizado, parece marcar el rumbo de esa entidad mal gobernada por el PAN.
Seamos claros: las detenciones “exprés” tras estas masacres no buscan justicia real, sino calmar la ansiedad pública de manera momentánea. Es una performance de las autoridades de Guanajuato para simular que tiene el control, cuando, en realidad, la estructura criminal sigue intacta.
La gobernadora Libia Denisse debería entender que cuando ocurren masacres en espacios públicos, como sucedió el domingo pasado, en el campo de fútbol, y a plena luz del día, el mensaje es que el Estado queda reducido a un actor secundario. Los cárteles (CJNG y CSRL) ejercen la soberanía de facto sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos.
El discurso del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien presume que “Nuestro compromiso es la justicia”, genera una suerte de cinismo político. ¿Y sabe por qué? Porque, en tres semanas, Guanajuato lleva 53 asesinatos.
En Guanajuato, tristemente, la sociedad ya no espera justicia; espera sobrevivir. Las palabras de la fiscalía, avaladas por la gobernadora, se siente como “burlas” o, peor aún, como “ironías macabras”.
En Guanajuato, tristemente, las balas del crimen organizado matan cuerpos, pero la corrupción de la Fiscalía, infelizmente, mata la esperanza.
