Durante los últimos tres años, la Fiscalía General de la República destinó recursos millonarios para seguros de lujo que cubren desde accidentes en deportes extremos hasta tratamientos médicos de alto costo para su personal y familiares.
Durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, fiscales, agentes de alto perfil y funcionarios de mando superior contaron con un seguro médico VIP que cubría accidentes en tauromaquia, alpinismo, buceo, motociclismo, esquí y regatas, entre otras actividades. Este esquema representó un gasto al erario de mil 57 millones de pesos, pese a la Ley de Austeridad Republicana que desde 2019 prohibió seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos.
De acuerdo con una investigación de El Universal, el contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025, disponibles en Compras MX, muestran coberturas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general y entre 3 y 7 millones para mandos medios y superiores, con montos adicionales para familiares.
El seguro abarca hospitalización en cuarto privado, medicamentos, honorarios médicos, enfermería particular, ambulancia terrestre o aérea, sala de operaciones, terapias y procedimientos quirúrgicos especializados, incluso para lesiones derivadas de deportes extremos o cumplimiento del deber. También incluye tratamientos de radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, cirugías reconstructivas y atención por VIH/sida, con cobertura en México y en el extranjero por hasta 50 mil dólares.
La póliza abarca a titulares de 18 a 100 años, cónyuges, ascendientes y descendientes hasta 24 años, con atención disponible 24/7 todo el año. Entre los hospitales privados cubiertos destacan Hospital Ángeles, Médica Sur, Star Médica, Hospital Christus Muguerza y Hospital ABC, entre otros, sin incluir clínicas públicas.
El esquema ha generado cuestionamientos sobre la opacidad en el gasto público y la discrecionalidad en la FGR, contrastando con los lineamientos internos de austeridad publicados por la propia institución en 2023.
Con información de Alelhí Salgado para El Universal
El Comité de Transparencia argumenta que revelar los bienes del exfiscal podría poner en riesgo su seguridad y la de la propia institución.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó mantener en confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de Alejandro Gertz Manero durante los próximos cinco años, decisión que se hizo pública tras su reciente renuncia a la titularidad de la dependencia, cargo que ocupó por siete años.
De acuerdo con los documentos consultados por Froji MX, las seis “versiones públicas” de las declaraciones presentadas por el exfiscal aparecen totalmente testadas, con la información cubierta por bloques negros.
El Comité de Transparencia de la FGR sostuvo que la reserva responde a razones de seguridad, al advertir que divulgar los bienes, inversiones e ingresos del exfuncionario podría convertirlo en un objetivo atractivo para la delincuencia organizada.
La institución enfatizó que revelar detalles como propiedades o vehículos podría facilitar su localización en tiempo real, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de su familia, colaboradores y de la propia Fiscalía. Como sustento, el Comité citó el atentado contra el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para ilustrar los riesgos asociados a la exposición pública de patrimonios de altos mandos.
Además, la FGR argumentó que tampoco cuenta con el consentimiento del exfiscal para difundir sus declaraciones, y sostuvo que conocer la cantidad y tipo de bienes que posee no representa un interés público.
Sin embargo, este razonamiento contrasta con la práctica general de transparencia, donde las versiones públicas de funcionarios incluyen tipo de bien, fecha y valor de adquisición, sin comprometer datos personales. Incluso las declaraciones del propio Harfuch son de acceso abierto bajo estos criterios.
La decisión ha fortalecido el debate sobre los límites entre la seguridad de los servidores públicos y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, especialmente tratándose de quien encabezó por años la institución encargada de combatir la corrupción y asegurar la legalidad.
Con información de Rodrigo Gutierréz para Froji MX
La Cámara Alta publicó una convocatoria que recorta tiempos y fija el procedimiento para designar a quien encabezará la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
El Senado de la República dio inicio formal al proceso para nombrar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación, establece los pasos, requisitos y plazos que deberán cumplir quienes busquen encabezar uno de los cargos más relevantes del país.
De acuerdo con el documento aprobado por el pleno, el registro electrónico de aspirantes estará abierto de viernes a domingo. Los interesados deberán cumplir con requisitos constitucionales como: ser mexicano por nacimiento, tener mínimo 35 años al momento de la designación, contar con título de licenciatura en Derecho con al menos 10 años de antigüedad, poseer buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos.
La convocatoria señala que el Senado tiene un máximo de 20 días hábiles para integrar una lista de al menos 10 perfiles que será enviada a la Presidenta de la República, quien deberá seleccionar una terna y regresarla a la Cámara Alta para su votación.
No obstante, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió acelerar los tiempos. El próximo martes 2 de diciembre, el pleno votará la lista que se enviará de inmediato al Ejecutivo federal. Una vez recibida la terna, las y los aspirantes comparecerán ante el pleno antes de la elección final.
El nombramiento se realizará mediante mayoría calificada. Aunque la convocatoria prevé una segunda votación en caso de no alcanzarse las dos terceras partes, el bloque de Morena y aliados cuenta con los votos suficientes para evitar un escenario prolongado.
La elección del nuevo Fiscal o Fiscala definirá la dirección del sistema de justicia en México, con perfiles que ofrecen desde la continuidad política y la reforma judicial hasta la especialización en litigio penal o la persecución de delitos económicos.
La inminente conclusión de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) abre la puerta a una renovación crucial en la procuración de justicia del país.
La administración de Gertz Manero, marcada por la controversia y un enfoque que algunos críticos señalaron como centralizado y selectivo, deja desafíos pendientes en la consolidación de la autonomía de la FGR y la lucha contra la impunidad. La designación de su sucesor o sucesora será un indicativo clave de la dirección que tomará el gobierno en materia de justicia penal.
Entre los nombres que resuenan en el panorama político y judicial como posibles candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General se encuentran figuras con experiencia significativa en distintos niveles del servicio público.
Ernestina Godoy Ramos, exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, destaca por su conocimiento de la operación ministerial y la transición hacia un modelo de fiscalía autónoma.
Durante su gestión en la capital, impulsó reformas y una estrategia de “alto impacto” contra delitos como el feminicidio y la corrupción inmobiliaria, presentando logros en la reducción de ciertos índices delictivos según datos oficiales. Su perfil se liga fuertemente a la continuidad de las políticas de seguridad y justicia de la actual administración.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), posee un profundo conocimiento del sistema constitucional y judicial mexicano. Su paso por la SCJN se caracterizó por una agenda de reforma judicial interna y una postura pública en favor de la defensa de los derechos humanos y la eliminación de la corrupción en el Poder Judicial.
Su trayectoria como jurista y su reciente acercamiento al poder ejecutivo lo posicionan como un candidato con el peso político y la capacidad técnica para abordar las complejidades institucionales de la FGR.
Un perfil que sobresale por su especialización en el litigio penal y su enfoque en la defensa legal es el de César Gutiérrez Priego. Abogado con una extensa práctica profesional. Gutiérrez Priego ha consolidado una reputación en el ámbito de la justicia militar y la defensa de los derechos humanos de personal de las fuerzas armadas, así como en casos de alto perfil de corrupción y defensa política. Sus logros más significativos incluyen el impulso de litigios estratégicos que han sentado precedentes en la revisión de sentencias y la protección contra actos de autoridad.
Ha representado con éxito a figuras clave en momentos de transición política, demostrando una habilidad particular para navegar el sistema judicial en casos de alta complejidad e interés público. Su enfoque se centra en la aplicación estricta de la ley y el debido proceso, con una trayectoria que le otorga una visión crítica sobre las deficiencias y áreas de oportunidad en la procuración de justicia.
Finalmente, el nombre de Raquel Buenrostro Sánchez, actual secretaria de Economía y extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), irrumpe con un perfil atípico pero de gran relevancia en la lucha contra los delitos de carácter financiero y fiscal.
Su gestión al frente del SAT se distinguió por una estrategia de combate a la evasión fiscal y la simplificación administrativa, logrando importantes incrementos en la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Este enfoque, riguroso y con resultados tangibles en la detección y persecución de ilícitos financieros complejos, podría trasladarse a la FGR para fortalecer la unidad encargada de la investigación de delitos de cuello blanco y la extinción de dominio, áreas consideradas cruciales para desmantelar estructuras de corrupción y delincuencia organizada.
Cada uno de estos perfiles presenta fortalezas únicas y representa una posible dirección para la FGR tras la era Gertz Manero, desde el rigor judicial y la reforma interna hasta la especialización en el litigio penal o el combate a la corrupción financiera.
La decisión final perfilará el futuro inmediato del sistema de justicia en México.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, exhortó a los 32 secretarios de Seguridad Pública a recuperar la tranquilidad en las calles, prevenir delitos y devolver a los mexicanos la confianza en un entorno de paz, protección y justicia.
Durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el fiscal pidió a los responsables de la vigilancia estatal asumir la responsabilidad de proteger a la población en vialidades, escuelas, transporte público y espacios de recreación, que son sitios clave para reducir la incidencia delictiva procurando el bienestar social.
Gertz Manero advirtió que, aunque existan estructuras de profesionalización, inversión y fuerza policial, es indispensable arrebatar los espacios públicos a la delincuencia. “Si logramos que las fuerzas locales se comprometan a reducir los delitos elementales de manera real, avanzaremos en seguridad”, subrayó.
El fiscal enfatizó que el combate a la criminalidad requiere responsabilidad individual y colectiva, y que la prevención y la justicia deben actuar de manera coordinada con la comunidad. “El sistema delictivo crece si no intervenimos desde la proximidad con la población; cada uno debe asumir su papel”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a establecer acuerdos concretos: “Debemos devolverle a estudiantes, madres y trabajadores la certeza de que viven en un entorno seguro, y ese compromiso debe ser de todas las autoridades locales y federales”.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta acción surge tras denuncias de empresarios israelíes sobre un presunto soborno.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que investigan la denuncia relacionada con contratos para el software Pegasus. Gertz Manero indicó que la FGR solicitará formalmente la colaboración del gobierno de Israel.
El fiscal enfatizó la importancia de contar con pruebas claras para avanzar en el caso. También recordó que denuncias anteriores contra Peña Nieto no se consolidaron por falta de pruebas.
Peña Nieto desmintió haber recibido 25 millones de dólares de los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher. A través de sus redes sociales, el exmandatario calificó las acusaciones de “totalmente falsas” y sin fundamento.
Un reciente artículo del diario israelí The Marker reveló detalles sobre las negociaciones entre los empresarios y Peña Nieto. El reportaje destaca cómo estos acuerdos facilitaron operaciones comerciales entre Israel y México relacionadas con el software de ciberseguridad.
La FGR espera avanzar más rápidamente en este caso, dada la gravedad de las acusaciones y la relevancia del tema.
Un juez federal en Baja California rechazó suspender la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., pendiente desde 2023 por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, con supuestos vínculos al Cártel de Sinaloa.
El juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez concedió una suspensión limitada: si Chávez Jr. es detenido en México, deberá ser presentado de inmediato ante el Ministerio Público y no podrá ser incomunicado ni maltratado.
La demanda de amparo enfrenta riesgo de ser desechada si no se ratifica en un plazo máximo de tres días. Además, su abogado debe aclarar en qué juzgado continuará el proceso, ya que inicialmente fue presentada ante un tribunal en la Ciudad de México.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que Chávez Jr. ha promovido hasta seis amparos para evitar su detención al ingresar al país, pero negó que se le haya concedido alguna suspensión provisional.
Gertz Manero acusó también a autoridades estadounidenses de proteger al boxeador, quien vivía libre en ese país y contrajo matrimonio, a pesar de la orden de captura vigente en México desde 2023.
Julio César Chávez Jr. estuvo al menos dos veces en México con una orden de captura vigente por delincuencia organizada, sin ser detenido. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó durante año y medio a EE.UU. su detención sin obtener respuesta.
El boxeador, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue arrestado en EE.UU. el 2 de julio de 2025 por agentes migratorios, tras haber cruzado legalmente varias veces la frontera pese a la orden emitida desde enero de 2023.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr. ingresó a EE.UU. en agosto de 2023 y nuevamente en enero de 2025, tras estancias en México sin ser aprehendido. En abril de 2024, solicitó la residencia permanente en EE.UU., pero fue catalogado como amenaza pública por vínculos con el crimen organizado.
El fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que la defensa del boxeador ha intentado varios amparos para evitar su detención en México, pero han sido rechazados. Sin embargo, la FGR no ha aclarado por qué no actuó cuando Chávez Jr. estuvo en territorio nacional.
Gertz señaló que la Fiscalía envió solicitudes constantes a EE.UU. para su detención, pero no obtuvieron respuesta. La audiencia para definir su proceso de deportación en EE.UU. está programada para el 8 de julio.
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. tendrá este lunes 7 de julio su primera audiencia en Estados Unidos para definir su situación legal, informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
La defensa del pugilista, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa, ha promovido varios amparos para que pueda enfrentar su proceso en México y evitar su detención, señaló Gertz Manero.
Chávez Jr. fue detenido el pasado 3 de julio en Los Ángeles, California, tras vencer su visa de turista. La FGR confirmó que existen órdenes de aprehensión vigentes desde marzo de 2023 por delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas.
El titular de la FGR recriminó a autoridades estadounidenses por permitir que el boxeador se estableciera y actuara con libertad, pese a las solicitudes formales para su arresto. Chávez Jr. incluso solicitó una visa de residencia permanente amparándose en su matrimonio con Frida Muñoz, ligada a la familia de ‘El Chapo’ Guzmán.
Este no es el primer problema legal del pugilista en EE.UU.: en 2012 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y sin licencia, y en enero de 2024 fue detenido por posesión de armas ilegales, pagando una fianza bajo la condición de ingresar a un centro de rehabilitación.
Además, está vinculado conOvidio Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Chicago.
