Gilberto Loya Chávez dejó la Secretaría de Seguridad Pública para asumir el despacho de la FGE, luego de la renuncia de César Jáuregui Moreno, envuelto en la polémica por la participación de agentes estadounidenses en la entidad.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, designó a Gilberto Loya Chávez, hasta ahora secretario de Seguridad Pública estatal, como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE). El movimiento concentra en su círculo de confianza dos áreas clave de seguridad y procuración de justicia, en medio de cuestionamientos por la presencia de agentes de la CIA en operativos dentro de la entidad.
El relevo ocurre después de la renuncia de César Jáuregui Moreno, quien quedó en el centro de la controversia por el caso. En lugar de abrir una nueva etapa con explicaciones públicas y garantías de independencia para la Fiscalía, Campos optó por trasladar a su jefe de seguridad a la institución encargada de investigar los delitos. La decisión alimenta dudas sobre la autonomía que tendrá el organismo frente al gobierno estatal.
La mandataria justificó el nombramiento al señalar que cuenta con facultades constitucionales para designar a un encargado de despacho. También agradeció a Francisco Sáenz Soto, quien ocupó temporalmente esa responsabilidad y continuará dentro de la institución. Campos afirmó que el nombramiento definitivo se realizará conforme al procedimiento establecido en la Constitución y el Congreso local.
Como parte de los cambios, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien se desempeñaba como subsecretario de Estado Mayor, asumió la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Loya. La gobernadora defendió su experiencia dentro de la corporación y aseguró que los ajustes buscan fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en Chihuahua.
Sin embargo, el cambio de nombres no resuelve las preguntas de fondo: ¿qué ocurrió con la participación de agentes estadounidenses y qué responsabilidades se determinarán por esos hechos? Maru Campos debe ofrecer claridad sobre el caso y explicar cómo garantizará la independencia de la Fiscalía, en vez de presentar los relevos internos como prueba suficiente de que su gobierno actúa con firmeza. La ciudadanía necesita respuestas verificables, no solo nuevas designaciones.
