Una de las 61 personas acusadas de participar en la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenida y puesta a disposición de un juez federal, y vinculada al caso por la Fiscalía General de la República (FGR).
Mara Thelma Vega Pozos fue la primera persona detenida en el caso que involucra a García Luna, su esposa y los cuatro hermanos del exfuncionario.
Fue acusada de recibir 255 mil 500 pesos (monto que la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR podrían considerar como dinero ilícito) a través de transferencias realizadas entre instancias federales con Operadora Grupo Gas Mart y luego canalizadas a las empresas GLAC Security y Nuvo.
Mara Thelma Vega Pozos se desempeñó como asesora legal en la SSP de la Coordinación de Administración y Servicios de la Policía Federal de García Luna desde febrero de 2008 hasta el 14 de agosto de 2010, cuando fue trasladada al Órgano Administrativo y Departamento de Prevención y Readaptación Social como director de área, donde se desempeñó hasta el 31 de mayo de 2013.
Vega Pozos debe permanecer recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en el estado de Morelos, según información obtenida del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El pasado 31 de mayo se realizó la audiencia inicial, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Vega Pozos.
La medida cautelar, que incluía prisión preventiva oficiosa, fue ordenada por un juez federal, quien también fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.
El presunto delito cometido por todos los implicados es el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados al Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de administrar los penales federales.
La fiscalía está investigando 10 contratos que presuntamente fueron firmados y pagados ilegalmente.
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