Nueva York y otras entidades buscan frenar una medida que ampliaría la discrecionalidad del Gobierno estadounidense para negar tarjetas verdes a solicitantes considerados potenciales usuarios de apoyos públicos.
Un total de 22 estados de Estados Unidos, incluido Nueva York, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por una nueva norma que podría dificultar que miles de personas obtengan la residencia permanente en el país.
La medida cuestionada permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evaluar con mayor amplitud si quienes solicitan una tarjeta verde podrían recurrir en el futuro a determinados programas de asistencia gubernamental. Con ello, las autoridades tendrían mayores facultades para determinar quién puede establecerse legalmente en Estados Unidos.
Los estados demandantes consideran que la disposición representa un cambio relevante en las reglas para obtener la green card, al permitir que la situación económica y el posible uso de beneficios públicos de una persona pesen en la decisión migratoria. La controversia llega en medio de la ofensiva de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias.
La norma otorgaría al Gobierno federal mayor margen para rechazar solicitudes bajo el argumento de que una persona podría convertirse en una carga para el sistema de apoyos públicos. Esto podría afectar especialmente a familias migrantes que dependen o podrían requerir asistencia gubernamental durante su proceso de establecimiento en el país.
Entre los estados que se oponen a la medida destaca Nueva York, cuyo gobierno ha mantenido una postura crítica frente a las políticas migratorias impulsadas por Trump. La demanda busca que los tribunales detengan la aplicación de la norma y eviten que entre en vigor bajo los nuevos criterios.
El enfrentamiento representa otro choque entre la administración federal y gobiernos estatales por la política migratoria de Estados Unidos. Mientras Trump busca ampliar los controles para definir quién puede permanecer legalmente en el país, los estados demandantes advierten que la nueva regla podría dificultar injustificadamente el acceso a la residencia permanente.
