El Senado declaró culpable al mandatario por el caso Ueno Bank y le quitó el escudo de inmunidad que tendría como expresidente.
Santiago Peña perdió la Presidencia de Paraguay este viernes 6 de noviembre de 2026. El Senado lo declaró culpable de faltas graves ligadas al colapso de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.
El mandatario había intentado irse antes. El jueves 5 de noviembre anunció su renuncia, en pleno juicio político. Aun así, el Congreso no formalizó su salida y siguió con el proceso para definir su responsabilidad.
Los senadores lo acusan de usar su cargo para favorecer a un banco donde tenía intereses económicos. Según la acusación, expuso dinero público del sistema de pensiones a posibles pérdidas.
Rechazar la renuncia tuvo un costo alto para Peña. Al declararlo culpable, el Senado le quitó los beneficios de los expresidentes que dejan el cargo por otras vías. Pierde el escaño vitalicio en el Senado y la inmunidad parlamentaria. Por eso, ahora podría enfrentar procesos judiciales por las operaciones financieras de Ueno Bank.
Los fiscales ya movieron ficha. El jueves abrieron tres investigaciones penales por los depósitos de recursos públicos en el banco. Los casos apuntan a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a funcionarios y exfuncionarios del Banco Central y del fondo de pensiones.
La crisis estalló el 3 de noviembre. Ese día, el Banco Central anunció la resolución de Ueno Bank, porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido. Los clientes se preocuparon y surgieron dudas sobre los lazos del banco con el poder político.
Peña tuvo acciones en el Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con Ueno Bank, hasta 2025. La oposición usó ese dato como argumento central para hablar de conflicto de intereses. Además, el banco creció a gran velocidad. En pocos años pasó de ser casi desconocido a convertirse en uno de los más grandes del país.
Tras la decisión del Senado, Alliana asumiría la Presidencia para completar el periodo. Él también aparece en las investigaciones penales. Así, el caso suma un nuevo capítulo a una crisis financiera y política que ya mezcla acusaciones, sospechas y dudas sobre el manejo del dinero público.
