El nuevo presidente Abelardo de la Espriella declaró el fin del diálogo con las guerrillas, y el país ya enfrenta una violenta respuesta armada.
Colombia vive horas de tensión desde el pasado 7 de agosto. Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente en la Universidad Santiago de Cali, marcando el inicio del período 2026-2030. Durante su primer discurso, el mandatario rompió con la política de negociación de su antecesor, Gustavo Petro, y anunció una ofensiva total contra los grupos armados.
El nuevo gobierno actuó con rapidez. De la Espriella descartó cualquier diálogo con los grupos armados que impulsó Petro y anunció el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz hacia cárceles de máxima seguridad. La medida busca cortar la capacidad de estas estructuras para operar desde los penales del país.
La respuesta armada llegó casi de inmediato. Disidentes de las FARC atacaron con explosivos un peaje en construcción cerca de Cali, un día después de la investidura presidencial. Además, un ataque con drones contra una subestación de policía en Cesar dejó un oficial muerto, lo que elevó la tensión en distintas regiones del país.
Este escenario recuerda inevitablemente al que vivió México hace casi dos décadas. Felipe Calderón usurpó la presidencia en 2006 y declaró una guerra frontal contra el narcotráfico, sin negociación previa. Esa estrategia militarizada desató una ola de violencia que dejó decenas de miles de muertos y desplazados en todo el territorio mexicano.
La comparación entre ambos procesos resulta preocupante para muchos analistas. Al igual que Calderón, De la Espriella apuesta por la confrontación directa como única vía posible. Sin embargo, la historia mexicana demostró que la mano dura, sin una estrategia integral, puede fragmentar a los grupos criminales y multiplicar la violencia en lugar de contenerla.
Colombia enfrenta hoy una crisis de seguridad de gran magnitud. El país cuenta con al menos ocho focos activos de conflicto y más de 27 mil integrantes de grupos ilegales, según estimaciones recientes. En 2025, la violencia desplazó a más de 107 mil personas en distintas zonas rurales del territorio nacional.
Por ahora, el gobierno colombiano insiste en que la ofensiva continuará sin pausa. De la Espriella prometió perseguir a los responsables de cada ataque y fortalecer la presencia militar en las regiones más golpeadas. Así, el país entra en una nueva fase de confrontación cuyo desenlace todavía nadie puede predecir con certeza.
