La salida de Alejandra Gutierrez del PAN y su invitación a arribar a Movimiento Ciudadano exhiben una “reconfiguración” política que lejos de representar renovación, surgen críticas sobre reciclaje de personajes, disputas internas y el desgaste de los partidos tradicionales en Guanajuato.
La renuncia de Alejandra Gutiérrez al PAN, tras más de dos décadas de militancia, marcó una fractura en la política de Guanajuato y exhibió la crisis interna del blanquiazul, quienes enfrentan señalamientos de pérdida de rumbo así como de conflictos. La alcaldesa se suma a la lista de figuras que abandonan el partido debilitado.
Asimismo, Movimiento Ciudadano acelera su estrategia de expansión en el estado con la invitación a Gutiérrez, en un intento por posicionarse como alternativa política. Sin embargo, el discurso de “renovación” evidencia una práctica de reciclaje político que contradice su narrativa.
Mientras Máynez elogia a Gutiérrez y evita confrontarse con otros liderazgos locales considerando expandir la invitación como con Libia Dennise, también emitió críticas contra el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, a quien señaló como mala gestión con desvío de recursos, no sin antes recordar que formó parte de sus apuestas políticas en el 2018.
Por su parte, el PAN enfrenta fracturas internas por imposiciones y conflictos de interés, asimismo los blanquiazules muestran incapacidad para sostener unidad ante disputas que debilitan su sistema.
Movimiento Ciudadano presume de ser una opción distinta, pero recurre a los perfiles del viejo régimen, y mientras el PAN se desmorona, ambos partidos quedan en medio de una narrativa de contradicciones, desgaste y oportunismo que poco tiene que ver con una verdadera transformación.
En menos de dos meses se registran al menos 15 robos con agresiones a choferes; empresarios denuncian secuestros exprés y falta de resultados de autoridades.
La inseguridad en Guanajuato vuelve a encender alertas. Empresarios del sector automotriz reportaron que, en los últimos 45 días, se han cometido al menos 15 robos de vehículos en carreteras, muchos de ellos con violencia directa contra conductores, lo que exhibe un escenario fuera de control bajo la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
De acuerdo con Arturo González Palomino, presidente de la AMDA, los ataques se concentran en tramos clave como San Miguel–Querétaro, Silao–Irapuato y Salamanca–Morelia, donde los delincuentes golpean, privan de la libertad y despojan de unidades a los choferes. Incluso, denunció casos en los que se ha exigido dinero para liberar a las víctimas.
El líder empresarial subrayó que al menos cuatro eventos recientes han sido de extrema violencia, evidenciando la escalada del crimen en vías estratégicas para la economía estatal. La situación, advierten, refleja una falta de control efectivo por parte del gobierno estatal, que no ha logrado contener los ataques.
Además, acusó que la lentitud de la Fiscalía de Guanajuato ha provocado una “cifra negra” de delitos, ya que muchas denuncias no avanzan y los afectados deben investigar por su cuenta. Esta omisión institucional agrava la percepción de impunidad y deja en indefensión a transportistas y empresas.
Aunque autoridades estatales han convocado a una reunión con la Guardia Nacional en Irapuato, el sector privado exige resultados inmediatos. “No podemos seguir viviendo sin paz ni tranquilidad”, reclamó González Palomino ante un panorama que golpea directamente la actividad económica.
La crisis de seguridad en carreteras confirma que Guanajuato atraviesa uno de sus momentos más delicados, con una estrategia que, a ojos de los afectados, ha sido claramente rebasada por la violencia criminal.
El cierre del zoológico de León, ha dejado al descubierto un gran problema, animales muriendo, toma de decisiones sin rumbo y autoridades que reaccionan tarde. Bajo el gobierno de Libia Denisse y Alejandra Gutiérrez, el caso exhibe descuido, desorden y una falta evidente de control.
El cierre del zoológico es la consecuencia de errores que se han ido acumulando sin que nadie hiciera nada a tiempo, ¿cómo puede ser posible que un espacio público llegue a este punto sin que el gobierno haga algo desde antes?
Las muertes de animales son una gran alarma, no se trata de uno o dos casos, son decenas en poco tiempo y cientos en años recientes. Esto es una señal de abandono. Y lo peor es que a pesar de las cifras, no hubo reacción clara hasta llegar a la gota que derramó el vaso.
El problema se volvió grande cuando murieron varios animales en un solo hecho, lo que obligó a que se tomaran medidas desde fuera. Es grave que tenga que intervenir una autoridad externa para hacer el trabajo del gobierno local y estatal incompetente de Libia Dennise y Alejandra Gutiérrez Campos.
Y eso no ha sido todo, puesto que el zoológico ni siquiera tiene un rumbo claro, con nombramientos que no se concretan y decisiones que se quedan a medias. Sin alguien firme al mando, sólo incrementa el caos.
Las peticiones de mejora de espacios, reforzar seguridad, arreglo de instalaciones, que en teoría son algo básico, es lo mínimo que debieron garantizar desde un inicio. Un gobierno que no prevé, no actúa, que permite el robo, tráfico y el maltrato hacia los animales sólo eleva la crisis y hace que los problemas crezcan.
Cuando hay descuido, silencio y falta de decisiones firmes por parte de un gobierno corrupto, ineficiente e inepto, los resultados siempre serán los mismos: problemas que se salen de control, no hay excusas, sólo están evidenciando que el cargo les quedó muy grande.
La salida de una de sus principales figuras en Guanajuato confirma el desgaste del blanquiazul, que sigue perdiendo militantes y rumbo político.
El PAN suma otra baja. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su renuncia al partido tras denunciar ataques sistemáticos en su contra y una dirigencia nacional que, aseguró, “perdió el rumbo”.
A través de redes sociales, la edil hizo pública su decisión luego de varios días de tensión interna. “Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios”, expresó, al tiempo que criticó que el partido se haya convertido en un instrumento que afecta al propio municipio que gobierna.
Amigas y amigos:
Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra.
Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir.
La salida no es menor: León es uno de los bastiones históricos del panismo, y aun así, ni ahí logran mantener la unidad. El episodio deja en evidencia a un partido que, entre pleitos internos y decisiones erráticas, sigue viendo cómo se le escapan cuadros clave… y luego se preguntan por qué pierden elecciones.
Gutiérrez también señaló que durante años resistió presiones y ataques con la intención de descarrilar su administración, lo que terminó por romper definitivamente con la cúpula panista. Pese a su salida, afirmó que continuará trabajando “24/7” para mantener un gobierno cercano y de resultados en León.
Mientras tanto, el PAN acumula renuncias y fracturas. Lejos de recomponerse, el partido parece empeñado en achicarse solo, dejando claro que su crisis ya no es discurso de adversarios, sino una realidad que se les desmorona desde dentro.
La alcaldesa cerró su mensaje adelantando que “viene algo más grande”, lo que abre la puerta a nuevos escenarios políticos fuera del blanquiazul, en un momento donde el partido sigue perdiendo terreno… y militantes.
La gobernadora de Guanajuato ha evitado pronunciarse sobre la agresión contra un reportero a manos de agentes estatales, en un escenario marcado por la violencia, pero opta por promocionar contenidos personales, totalmente ajenos a la crisis de seguridad.
La agresión contra un periodista en Guanajuato no sólo evidenció el uso de la fuerza por parte de elementos estatales, sino que también un silencio que pesa desde la cima del poder. Mientras el comunicador era golpeado, despojado de sus pertenencias y hospitalizado tras cubrir un operativo, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo optó por no emitir postura alguna.
Los hechos son graves, un reportero identificado fue atacado por agentes durante un cateo, recibiendo golpes con armas, siendo aventado entre vehículos oficiales y despojado de sus pertenencias. Las imágenes de su estado no dejaron lugar a dudas sobre el nivel de violencia ejercido.
Sin embargo, desde el gobierno estatal no hubo condena inmediata ni mensaje de respaldo hacia la práctica del periodismo. No es sorpresa que los gobiernos liderados por el PAN hayan aumentado de manera exponencial la violencia en el país.
En medio del asunto, la mandataria decidió enfocar la comunicación hacia la promoción de un podcast, donde abordó temas como el día de la tierra, pero, ¿qué prioridad tiene la gobernadora? ¿Qué mensaje emite a un sector que arriesga la vida en un estado manchado por la violencia e inseguridad?
Durante la actual administración, Guanajuato ha sido señalado reiteradamente por el repunte de homicidios y la inseguridad que persiste, por lo que han colocado al estado en una situación crítica.
El silencio de la gobernadora ante un ataque directo a la libertad de prensa refleja las prácticas tradicionales panistas, más cuando las propias instituciones involucradas forman parte de “mecanismos” de protección a periodistas, lo que vuelve el caso todavía más preocupante.
Aunque la fiscalía ha anunciado “investigaciones”, la ausencia de liderazgo político en un momento así deja un vacío que no se llena con comunicados institucionales. La exigencia de justicia no puede recaer únicamente en procesos administrativos, puesto que requiere de posicionamientos claros y totalmente firmes desde el poder ejecutivo.
Lo que transmite Libia Dennise es una desconexión entre la realidad violenta que vive Guanajuato y la narrativa oficial que intenta proyectarse. Al final, lo que comunica es silencio. Mientras un periodista lucha por recuperarse de una agresión, el gobierno parece más preocupado y ocupado en construir su propia imagen que en garantizar mínimas condiciones de seguridad y respeto.
El Gobierno de Guanajuato ha entregado millones a una asociación que dirige una exdiputada panista señalada por opacidad y que, para más datos, fue exempleada de Ricardo Salinas Pliego.
Se trata de Feed the Hungry, una asociación que dirige Verónica Agundis, amiga de la gobernadora Libia Dennise Muñoz. Agundis ya había dirigido el Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario, una asociación que, al ser auditada, reveló múltiples anomalías en el ejercicio del gasto y contrataciones opacas.
Feed The Hungry es una organización que, originalmente, fue fundada en Estados Unidos, y opera en México bajo las denominaciones Feed the Hungry A.C. y Feed the Hungry San Miguel, Inc.
Esta fundación, que se define a sí misma como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, funciona como un banco de alimentos que distribuye desayunos y comidas en zonas de alta vulnerabilidad.
Y, bajo este pretexto, desde 2021, Feed The Hungry figura como una de las 45 asociaciones que el Gobierno de Guanajuato financia y apoya.
En julio de 2025, Feed the Hungry San Miguel y Feed the Hungry, A.C. nombraron a Verónica Agundis Estrada como nueva directora.
Solo tres meses después, la asociación firmó un jugoso “acuerdo de entendimiento” con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para llevar desayunos a las comunidades rurales de San Miguel de Allende, una localidad – donde el último censo del INEGI, que data de 2020- reveló estar compuesta por 80% de mexicanos en pobreza y 20% de extranjeros, que se asientan en la zona centro y que gozan de todos los beneficios de las grandes ciudades, mientras las cabeceras que la rodean como Parral, Clavellinas, Cerritos y Puerto de Nieto figuran como algunas de las zonas más pobres del estado.
Feed The Hungry asegura llevar más de 45 años operando en San Miguel de Allende con distintos programas que han beneficiado, según la organización, a más de 4 mil 500 niños y 51 comunidades rurales de San Miguel de Allende.
Sin embargo, en ese lapso la organización también ha gozado de generosos beneficios por parte del gobierno de Guanajuato, sobre todo durante la administración de Diego Sinhue, y ahora, con Libia Dennise.
Además de ello, la organización ha convertido en una de sus principales directoras a Verónica Agundis, excandidata panista al gobierno de San Miguel de Allende en 2024 y exgerente de producción en TV Azteca Bajio.
Cabe enfatizar que, tras su paso por la dirección del Parque Bicentenario Guanajuato, Verónica Agundis fue señalada por graves omisiones en la cuenta del fideicomiso.
De hecho, en enero de 2026, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Cierre de la Auditoría del Fideicomiso de Inversión y Administración Parque Guanajuato Bicentenario, correspondiente al periodo enero de 2023-diciembre de 2024, donde señaló, al menos, tres omisiones.
Y justo en ese periodo, Verónica Agundis estuvo al frente de la administración de dicho fideicomiso.
De acuerdo con documentos de la Auditoría, el fideicomiso no pudo esclarecer el ejercicio de los recursos públicos entregados. En específico, señaló que se detectaron anomalías en los procesos de contratación, gastos no comprobados en obras para las cuales no se hizo ningún trámite ante las dependencias correspondientes y hubo un nulo control sobre las finanzas.
Pero antes de concluir la auditoría y esclarecer el destino de los recursos, así como la legitimidad del gasto ejercido y personal contratado, Agundis dejó la dirección del fideicomiso para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal en San Miguel de Allende.
Sin embargo, perdió y, en compensación por el esfuerzo no realizado, se unió a las filas de Feed The Human en julio de 2025.
El historial de Verónica Agundis, íntima amiga de la gobernadora Libia Denisse, quien respaldó el arranque de su campaña en San Miguel, no se ha limitado a sus últimos dos trabajos.
La ahora filántropa arrastra un buen número de puestos tanto en la administración pública de Guanajuato, así como en la iniciativa privada, donde se desempeñó como titular de noticieros en Radio Fórmula Bajío y gerente de producción de TV Azteca Bajío, en 2004.
Al frente de la dirección de Feed Human en San Miguel de Allende, los resultados de Agundis fueron rápidamente visibles, pues en octubre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación.
Sin embargo, el monto de los recursos destinados a dicha asociación por el programa de desayunos, enmarcados en el programa “Adopta una Escuela” y la entrega de mil 500 cubrebocas no han sido transparentados por el Gobierno de Guanajuato ni por la Secretaría de Educación.
Lo que sí se sabe es que para 2025, la dependencia tuvo un generoso incremento en su presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que la dependencia no ha esclarecido puntualmente en qué gastó los recursos y tampoco ha desglosado el monto que se asigna a los comedores comunitarios. Ni tampoco los términos y recursos de su convenio con Feed The Hungry.
Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato continúa presumiendo sus logros en materia social y económica.
La transición de Agundis del sector público al “tercer sector” sin un periodo de enfriamiento ni una auditoría aclarada refleja el fenómeno de las puertas giratorias en la política mexicana.
La filantropía no puede ser la excusa para ocultar la corrupción.
No hay “ayuda” que justifique la falta de transparencia con el dinero público.
Pero eso no parece importarle al gobierno panista que encabeza Libia Dennise Muñoz.
La Contraloría investiga 7.3 millones de pesos en adjudicaciones irregulares; la mayoría se otorgó por asignación directa.
El ahora exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, presentó su renuncia inmediata en medio de un escándalo por la asignación de contratos por 7.3 millones de pesos a una presunta empresa fantasma en León, Guanajuato.
La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos confirmó la salida del funcionario y aseguró que la decisión busca garantizar una investigación “objetiva, imparcial y a fondo” por parte de la Contraloría municipal, que ya abrió un expediente para esclarecer posibles responsabilidades legales.
El caso gira en torno a la empresa Office and Publicity (Officy), la cual, según revelaciones periodísticas, habría sido constituida utilizando la identidad de dos mujeres de colonias populares, sin contar con presencia física ni digital verificable. A pesar de ello, el gobierno municipal le otorgó 12 contratos para servicios como impresión y artículos promocionales.
De acuerdo con la información disponible, solo uno de los contratos fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, mientras que el resto se realizó mediante asignaciones directas, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En tanto avanzan las indagatorias, Arantxa Ruiz Vázquez fue designada como encargada de despacho de la dependencia. El proceso de investigación buscará determinar si hubo simulación de servicios, uso indebido de identidad o desvío de recursos en la administración local.
El escándalo golpea también el escenario político, ya que Allan León es aspirante a la alcaldía dentro del PAN, en un contexto donde la propia alcaldesa ha mostrado distancia con el partido, abriendo la puerta a un posible reacomodo político en las próximas semanas.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por desconocer a Cecilia García como integrante de un colectivo de búsqueda, pese a que activistas lo desmintieron. El caso exhibe revictimización, falta de rectificación y una crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el estado.
La polémica estalló tras declaraciones de la gobernadora el pasado 8 de abril en Irapuato, donde afirmó que Cecilia García, joven de 28 años asesinada tras ser secuestrada, “no tenía la calidad de buscadora”. Aunque intentó matizar que el hecho seguía siendo lamentable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de restar legitimidad a la víctima, en un contexto donde los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos constantes.
En respuesta, la plataforma “Desaparecidxs Guanajuato” y activistas como Alma Lilia Tapia desmintieron categóricamente a la mandataria, asegurando que Cecilia formaba parte activa del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde hace más de cuatro años. Incluso, recordaron que participó recientemente en la marcha del 8 de marzo y en diversas búsquedas, lo que desmiente de manera contundente la versión ‘oficial’. Las declaraciones no solo son falsas y revictimizan a quien ya no puede defenderse.
#Aclaración 🕯️Respecto de las declaraciones de la Procuradora de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (https://t.co/5Oqa18Bys4) sobre la revictimización de Cecilia García Ramblas, cabe remarcar lo siguiente: – Cecilia era persona buscadora buscadora perteneciente a un… https://t.co/WOqhqckQfR
La falta de una disculpa pública ha agravado el conflicto, y aunque la Procuraduría de Derechos Humanos estatal sugirió que hubo una rectificación, los colectivos lo desmintieron nuevamente: “no ha habido retractación, disculpa o aclaración”, reclamaron. De igual manera advirtieron además que difundir información no verídica pone en riesgo a todo el grupo, minimiza la trayectoria de la víctima y refleja una preocupante desconexión del gobierno con la realidad que enfrentan las familias.
Cabe recordar que Guanajuato se mantiene bajo alertas internacionales por violencia contra defensores, con al menos 18 acciones urgentes abiertas ante la ONU y señalamientos de la CIDH por el alto riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda. A pesar de que el gobierno presume una reducción del 2% en desapariciones, las cifras históricas y los asesinatos de buscadores evidencian una crisis estructural que está muy lejos de resolverse.
Más que un error aislado, lo ocurrido con Cecilia García exhibe un patrón preocupante: la autoridades, en lugar de respaldar a las víctimas, terminan cuestionándolas o minimizando su papel.
En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, las palabras de Libia Denisse resultan profundamente irresponsables e insensibles.
Con información de Jesús Patiño para Periódico AM.
El Censo del INEGI exhibe una impunidad casi total; la mayoría de sanciones se reduce a “regaños en privado” pese a casos graves como acoso.
La impunidad administrativa en Guanajuato quedó al descubierto: 1,689 denuncias contra funcionarios en 2024 derivaron en apenas un despido, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunque se iniciaron más de 2,199 investigaciones, la gran mayoría terminó en sanciones mínimas o sin consecuencias reales.
De acuerdo con el informe, solo 61 servidores públicos fueron sancionados en todo el estado, y de estos, 58 casos fueron considerados no graves, lo que se tradujo en simples amonestaciones privadas. Es decir, ante faltas que incluyen acoso y abuso de autoridad, la respuesta institucional parece más un trámite que una verdadera rendición de cuentas.
El municipio de León encabezó la lista con 12 sanciones, incluyendo el único despido registrado, relacionado con un caso de acoso sexual. Sin embargo, el propio sistema permitía que estas conductas fueran clasificadas como faltas no graves, lo que explica por qué apenas 3% de los casos termina en una sanción efectiva.
Aunque recientemente se reformó la ley para endurecer castigos por acoso, los datos evidencian una realidad incómoda: denunciar en Guanajuato rara vez tiene consecuencias. Incluso, el porcentaje de quejas que avanzan a investigación disminuyó respecto a años anteriores, lo que refuerza la percepción de un sistema que filtra más de lo que sanciona.
La situación se agrava al observar que municipios como Acámbaro, Ocampo o Yuriria no iniciaron un solo procedimiento, pese a recibir denuncias. Mientras tanto, casos documentados muestran procesos revictimizantes, donde las víctimas enfrentan traslados, presión institucional y, en algunos casos, la minimización de los hechos como simples “bromas”.
En resumen, Guanajuato no enfrenta un problema de denuncias, sino de voluntad para sancionar. Porque cuando más de mil casos terminan en regaños discretos, lo que se castiga no es la falta… sino la confianza ciudadana.
Al menos 20 cuerpos en fosas clandestinas en Cortázar reavivan la crisis de desapariciones en Guanajuato. Autoridades confirmaron que los restos fueron hallados en múltiples puntos de la comunidad de Valencia de Fuentes, lo que evidencia un patrón alarmante en la zona.
El hallazgo de al menos 20 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Cortázar, regresa a encender las alertas sobre la crisis de desapariciones en el estado. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que los restos fueron localizados en la comunidad de Valencia de Fuentes, distribuidos en distintos puntos, evidenciando un patrón que refleja la magnitud del problema.
En un inicio, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Mauricio Estefanía informaron que colectivos de búsqueda, en coordinación con la Fiscalía, habían ubicado más de 15 cuerpos en un predio de la zona. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, se precisó que los hallazgos se extendían a por lo menos cuatro puntos diferentes, incluidos terrenos cerriles donde se localizaron restos humanos e indicios adicionales.
El caso no es aislado, pues la recurrencia de fosas clandestinas en Guanajuato pone en evidencia una crisis estructural que no ha logrado ser contenida. A pesar de operativos y promesas institucionales, los hallazgos continúan repitiéndose, mientras familiares y colectivos son quienes, en muchos casos, encabezan las búsquedas ante la falta de resultados contundentes.
