Se han cumplido 14 años de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de nuestro país donde 49 infantes (25 niñas y 24 niños) perdieron la vida debido a múltiples factores en un incendio.
Si bien el caso respondió a situaciones específicas, podemos asegurar que fue debido a la corrupción la muerte de esas personas y todas quienes fueron heridas. De esto hablaremos un poco en las siguientes líneas.
Un sexenio de muerte
Corría el final del 2006 cuando un presidente espurio que se había robado la presidencia de la república (Felipe Calderón) declaraba la famosa guerra contra el narcotráfico en nuestro país. Así se vivía una verdadera militarización y se sumergía a todo el territorio en una violencia desmedida de la cual aún sufrimos sus secuelas y tendencias. Su apoyo directo a uno de los grupos delictivos (Cártel de Sinaloa) nos saldría tan caro que se vinieron miles de personas desaparecidas y rebasamos los cien mil asesinatos.
Pero ese clima de violencia era reforzado con simulaciones como la refinería que solo fue una barda y la famosa Estela de luz (suavicrema), monumentos todos a la corrupción. Así como su política neoliberal que buscó privatizar todo lo que estuviera a su alcance, un ejemplo fue la desintegración de Luz y Fuerza del Centro para dar un golpe político al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los lazos con el poder
Y en ese sexenio de muerte, venía a pasar un suceso devastador. Era un 5 de junio de 2009 cuando sucedía un incendio al lado de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el fuego se propagaría fácilmente a este lugar provocando la muerte 49 niñas y niños y un total de 104 más que fueron heridos, tenían entre cinco meses y cinco años de edad. Las condiciones deplorables e ilegales del lugar provocaron la propagación rápida del fuego ya referida pero también la imposibilidad o dificultad mayúscula para evacuar a la niñez de ahí.
Como contexto es importante señalar que durante el sexenio de Vicente Fox, se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para “flexibilizar” los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos.
En los hechos, esto significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y niños. Se había creado un gran negocio para los dueños de las casas cuna, quienes explotaron la necesidad de las familias trabajadoras y cobraron al IMSS por sus servicios, muchas veces sin cumplir las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y las vidas de infantes.
Es por ello que el incendio sacó a la luz otro aspecto oscuro de este esquema: la corrupción con que se otorgaron los contratos, los cuales recayeron en individuos con nexos políticos y familiares dentro de la clase gobernante. Una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima tanto de la entonces primera dama y hoy diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo como de Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones, como el director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, Juan Molinar Horcasitas, y quien encabezaba el instituto al momento del siniestro, Daniel Karam.
La impunidad
La impunidad se consumó cuando en junio de 2010 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales de alto nivel como responsables de violaciones graves de garantías individuales en el incendio. Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido.
Llegado a este punto podemos asegurar que cuando retoma el caso el gobierno de la 4T lleva a cabo investigaciones, vincula a proceso a dos personas (Sergio Antonio Salazar y Carla Rochín Nieto, quienes se desempeñaban como director de prestaciones económicas y sociales y coordinadora nacional de guarderías del IMSS en 2009) y realiza distintas medidas a 936 personas víctimas directas e indirectas de reparación integral del daño, que van desde becas, apoyos vitalicios, tratamiento psicológico, entre otras.
Sin embargo, el dolor y lo profundo de esta herida jamás va a sanar. Es un recordatorio crudo de que la corrupción mata, de que puede ser el origen de las más grandes atrocidades. También esto nos recuerda y motiva a seguir exigiendo justicia y a que debemos continuar luchando por un país donde se erradique la corrupción.
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