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Alrededor de 40 socios del campo pesquero Paredones denuncian expulsiones y hostigamiento dentro de la cooperativa Eustaquio Urías, todo por haber aceptado empleo en la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente.

Un grupo de pescadores sinaloenses enfrenta una situación que pocos esperaban: perder su lugar en la cooperativa que durante años les dio sustento, no por incumplir sus obligaciones, sino por aceptar un trabajo en tierra firme. Los afectados aseguran que la dirigencia de la cooperativa Eustaquio Urías los expulsó del padrón por integrarse laboralmente a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo.

“Nos están corriendo sin escucharnos, nada más por trabajar en la planta. Nosotros lo único que buscamos es sacar adelante a nuestras familias”, relató uno de los denunciantes bajo anonimato.

Los testimonios describen un ambiente de presión interna donde la participación en protestas contra la empresa se convirtió en una exigencia no escrita. Quien no asistía a las movilizaciones comenzaba a quedar fuera. “Si no estás de acuerdo o no participas, te van sacando”, confirmó otro pescador.

Hasta ahora, al menos cuatro demandas laborales por despidos injustificados documentan el conflicto. Los afectados calculan que cerca de 40 socios viven una situación similar.

Del mar a la planta: una decisión económica

La historia de estos trabajadores no nació de una postura política, sino de una necesidad concreta. La pesca, explican, ya no alcanza. Las temporadas malas se acumulan y los ingresos no son constantes. Frente a eso, la planta ofreció algo que el mar no garantizaba: un salario quincenal y prestaciones.

“La pesca ya no alcanza. Hay temporadas buenas, pero no es constante. Uno tiene que buscar cómo sostener a la familia”, explicaron.

Algunos de los pescadores van más lejos y reconocen que el deterioro de la bahía no es solo culpa de la industria. “También nosotros mismos hemos dañado la bahía. Hay gente que no respeta las vedas y eso afecta a todos”, señaló uno de los testimonios.

Señalados en su propia comunidad

La exclusión de la cooperativa fue solo el primer golpe. Fuera de ella, el ambiente tampoco es sencillo. Los pescadores afectados afirman que enfrentan insultos y señalamientos en sus propias comunidades por haber aceptado el trabajo industrial.

“Nos señalan, nos gritan cosas por trabajar ahí. Nos llaman traidores”, relataron.

Por eso, todos los testimonios se recabaron bajo anonimato. El miedo a represalias es real y concreto. “No podemos dar nombres. Hay miedo. Somos gente de ahí mismo y esto se puede voltear en contra”, advirtieron.

La empresa cumple; la cooperativa, no

En medio del conflicto, los trabajadores destacan un contraste que les resulta irónico: mientras los bloqueos y protestas frenaron el acceso a las instalaciones, la empresa mantuvo el pago puntual de sus salarios. “La empresa se ha portado a la altura. Nos han pagado en tiempo y forma, incluso con los bloqueos”, afirmaron.

Esa estabilidad refuerza su decisión de mantenerse en el empleo, aunque el costo social siga siendo alto.

Una comunidad dividida

Lo que comenzó como un debate ambiental sobre la viabilidad de una planta industrial derivó en una fractura dentro del propio sector pesquero. La postura de la dirigencia de la cooperativa —alineada con los colectivos opositores al proyecto— marcó una línea dentro de la organización: o estás en contra de GPO, o quedas fuera.

“Esto ya no es solo pesca, es una cuestión de posturas. Si no piensas igual, te excluyen”, resumió uno de los afectados.

Para estos trabajadores, el fondo del asunto es más sencillo que cualquier debate político o ambiental. “No todos pensamos igual, pero eso no debería ser motivo para quitarnos nuestro lugar”, concluyeron.