Etiqueta: ICE

  • Detienen en EUA a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por irregularidad migratoria

    Detienen en EUA a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por irregularidad migratoria

    Aunque el arresto es por un asunto migratorio, el empresario sigue vinculado a investigaciones de alto impacto por corrupción y lavado de dinero en México.

    Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el Krome North Service Processing Center, un centro de detención migratoria, mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

    La detención, confirmada por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), no está directamente relacionada con las denuncias fiscales ni de lavado de dinero que enfrenta en México, aunque podría derivar en un proceso de extradición, ya que existen órdenes vigentes de la Fiscalía General de la República (FGR) contra él y su hermano Alejandro Álvarez Puga.

    El empresario y abogado es fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados, con presencia en 45 ciudades del país, investigado por presunto uso de empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este bufete habría facilitado operaciones para el lavado de dinero y la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

    El caso también vincula a Inés Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, quien junto con Álvarez Puga habría formado parte de una red que simuló licitaciones y falsificó documentos para acceder a fondos reservados. Desde 2018, ambos figuran en investigaciones del SAT por discrepancias fiscales; Gómez Mont incluso intentó regularizar su situación con un pago de 11 millones de pesos, aunque persistieron adeudos por 2.6 millones.

    Autoridades mexicanas mantienen abiertas las indagatorias y no descartan solicitar su extradición desde Estados Unidos, donde Álvarez Puga permanece privado de libertad mientras es definido su estatus migratorio. 

  • Agentes del ICE: reclutan delincuentes y afectan a migrantes

    Agentes del ICE: reclutan delincuentes y afectan a migrantes

    Migrantes mexicanos en EUA denuncian que el ICE contrata a delincuentes sin revisar antecedentes. Activistas alertan sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una reforma.

    Todo comenzó cuando el personal de la academia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Brunswick, Georgia, descubrió que uno de sus reclutas tenía antecedentes de robo y violencia doméstica. Andrés Palma Cohen, hijo de mexicano y estadounidense, cuenta que junto a otros jóvenes de origen mexicano revisan perfiles de nuevos agentes en ciudades como Chicago, Florida y Nueva York.

    Andy, que nació en EUA y domina perfectamente el español y el inglés, explica que cada día están más informados y organizados. Sus padres tienen un negocio de limpieza donde trabajan unas 40 mujeres, en su mayoría migrantes. Aunque siguen trabajando, lo hacen con miedo. Por eso, los jóvenes ciudadanos se han unido para defender sus derechos y denunciar que el gobierno los acusa de delincuentes, pero en realidad reclutan criminales en sus filas.

    Un dato importante es que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 10 migrantes mexicanos han muerto en Estados Unidos desde enero, en incidentes bajo custodia del ICE. El más reciente ocurrió este viernes. Andy señala que, incluso cuando el proceso de selección del ICE exige pruebas de drogas y controles de seguridad, estos filtros han sido ignorados en muchos casos.

    Algunos exfuncionarios del ICE han confirmado que antes del aumento de contrataciones, en verano, los controles eran más estrictos. La presión de la administración Trump buscaba incrementar los arrestos, especialmente de migrantes latinos. Esto ha llevado a que activistas y organizaciones religiosas adviertan sobre la posible omisión de señales de alerta en los antecedentes de los nuevos reclutas.

    El objetivo del gobierno estadounidense es contratar a 10 mil agentes del ICE. Sin embargo, activistas alertan que esta meta puede poner en riesgo la seguridad y los derechos de los migrantes. Además, aseguran que la fuerza laboral en EUA ha disminuido, algo que no se veía desde 2010.

    La organización ABIC, que reúne a 100 empresarios, organiza una campaña llamada “Asegurar la mano de obra de EUA” en los próximos días. La campaña busca apoyar a sectores donde trabaja mucho migrante, como la agricultura y la construcción. La propuesta principal es la ley bipartidista Dignity Act, que busca detener las redadas masivas y mejorar la capacitación policial.

    María Elena Valdivia, de la Coalición Campesina en Florida, explica que las redadas del ICE dejan sin mano de obra a muchas empresas. Ella pide con urgencia una reforma que facilite permisos de trabajo para migrantes indocumentados, porque muchas cosechas se quedan sin recoger y las empresas sin gente.

    Valdivia lamenta que la propuesta de ley, presentada varias veces en el Congreso, no incluya una vía hacia la ciudadanía. La última versión, de julio, solo ofrece un permiso de residencia y trabajo, con un enfoque en respetar los derechos de los migrantes y humanizar a las fuerzas policiales. Ella insiste en que estos cambios son necesarios para proteger a las comunidades y mantener activa la economía.(Con información de La Razón).

  • México exige respuestas por la muerte de 10 mexicanos en Estados Unidos

    México exige respuestas por la muerte de 10 mexicanos en Estados Unidos

    Desde que Donald Trump inició su segundo mandato, al menos 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios. México pide transparencia y justicia para proteger a sus ciudadanos en el extranjero.

    En los últimos meses, México ha enfrentado una serie de tragedias que muestran lo vulnerable que están sus ciudadanos en Estados Unidos. Desde que Donald Trump empezó su segundo mandato, al menos 10 mexicanos han muerto en custodia o durante operativos migratorios. Estos casos generan preocupación y exigen respuestas claras.

    El incidente más reciente ocurrió en la madrugada del viernes en San Bernardino, California. La familia de ese mexicano aún espera que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento. La información preliminar indica que las causas aún están en investigación. Entre enero y octubre, ICE realizó 169 redadas, detuvo a más de 2,300 mexicanos y dejó un saldo de 10 muertes.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha tomado cartas en el asunto. Enviaron 13 notas diplomáticas a Estados Unidos para exigir explicaciones y garantizar apoyo a las familias afectadas. El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México seguirá peleando por los derechos de sus connacionales y exige transparencia en cada caso.

    México también cuenta con protocolos para atender estas tragedias en el extranjero. En casos de fallecimiento, se realiza una notificación inmediata a los familiares, se brinda apoyo jurídico y administrativo, y se cubren los gastos funerarios. Además, se trabaja en la repatriación del cuerpo y acompañamiento en todo el proceso.

    El tema de la protección de mexicanos en EUA tiene décadas de historia. Durante la administración de Trump, los operativos de ICE aumentaron, lo que generó críticas internacionales. Los riesgos de violencia, negligencia y abusos se hicieron más evidentes en centros de detención. La variedad de causas de muerte, desde tiroteos hasta complicaciones médicas, muestra la vulnerabilidad de los migrantes en esas condiciones.

    El gobierno mexicano ha brindado apoyo constante. Entre enero y octubre, repatriaron a más de 116 mil personas, y 93 mil recibieron asistencia consular. Además, realizaron casi 16 mil asesorías y visitaron más de ocho mil centros de detención, siempre buscando proteger a sus ciudadanos.

    Tanto Velasco como De la Fuente insistieron en que seguirán exigiendo justicia y transparencia. México no aceptará ninguna violación a los derechos de sus migrantes. La historia demuestra que, en temas migratorios, la protección y la humanización deben estar siempre en primer plano. La esperanza es que estas tragedias sirvan para mejorar los protocolos y evitar que más familias sufran.

  • Reclutamiento masivo de agentes ICE genera caos y errores administrativos

    Reclutamiento masivo de agentes ICE genera caos y errores administrativos

    La campaña del ICE para incorporar rápidamente 10.000 agentes de deportación enfrenta serios problemas logísticos y administrativos. Incentivos millonarios, falta de preparación interna y recortes en la capacitación han convertido el plan en un esfuerzo caótico y cuestionado, a pesar de la masiva financiación prometida por la administración Trump.

    El intento del Gobierno de Trump por ampliar el ICE con 10mil nuevos agentes, apoyado por bonificaciones de hasta US$50.000 por firmar contrato, se ha topado con obstáculos desde el inicio. Fuentes internas reportan que la agencia no estaba preparada para absorber tanta fuerza laboral en tan poco tiempo, lo que ha generado recortes, confusión y casos de candidatos rechazados por antecedentes problemáticos, incluyendo un informante de la DEA.

    La presión sobre los funcionarios del ICE y la Casa Blanca es intensa. Stephen Miller, vicesecretario general y principal promotor de la agenda de deportación, manifestó su frustración por la lentitud de los nuevos reclutas en las calles. Internamente, el proceso de contratación apresurado ha generado conflictos, como el pago de bonificaciones a candidatos que ni siquiera aprueban la academia de formación, además de instrucciones confusas sobre ubicación de trabajo y salarios.

    La sobrecarga de recursos humanos ha obligado al ICE a solicitar apoyo de FEMA para gestionar las más de 175.000 solicitudes recibidas. Sin embargo, la agencia mantiene que los estándares de aptitud física y entrenamiento se respetan, señalando que más del 85% de los nuevos agentes cuentan con experiencia previa y formación policial, aunque fuentes internas destacan que la capacitación se ha reducido a 47 días y ya no incluye entrevistas ni evaluaciones completas de antecedentes.Esta no es la primera vez que el DHS intenta un aumento masivo de contrataciones. La experiencia de la CBP entre 2006 y 2011 mostró que las incorporaciones rápidas exponían a la agencia a riesgos de corrupción y problemas operativos. Expertos y exfuncionarios advierten que repetir este modelo en meses, en lugar de años, podría derivar en consecuencias similares para el ICE, con agentes poco preparados enfrentando tareas críticas de control migratorio.

    Con información de CNN en Español.

  • Agentes de ICE dispararon a “Richard”, influencer mexicano en Los Ángeles

    Agentes de ICE dispararon a “Richard”, influencer mexicano en Los Ángeles

    El influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como “Richard”, fue baleado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, durante un confuso operativo en el que también resultó herido un agente federal por fuego amigo. El hecho, registrado en video, ha provocado una ola de indignación y denuncias de persecución contra comunicadores latinos.


    El colectivo Unión del Barrio denunció que “Richard” era un objetivo del ICE por sus reportes sobre redadas y operativos migratorios en la comunidad latina del sur centro de Los Ángeles. De acuerdo con documentos judiciales, el incidente ocurrió el martes, cuando varios vehículos de ICE interceptaron el automóvil del mexicano de 44 años, quien fue acusado de evadir un arresto anterior. Los agentes rodearon el vehículo y ordenaron que descendiera, pero el influencer habría intentado maniobrar para escapar, momento en el cual los oficiales abrieron fuego en al menos 11 ocasiones, hiriéndolo en el codo y lesionando accidentalmente a un agente del Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals).

    El Departamento de Justicia de EUA presentó cargos contra Parias por “embestir vehículos policiales” y “agredir a un agente federal”. Sin embargo, su abogado, Carlos Jurado, denunció que su cliente permanece hospitalizado sin acceso a una entrevista privada, lo que calificó como una violación al debido proceso. “Informar a la comunidad está protegido por la Primera Enmienda”, advirtió Jurado, señalando que las autoridades están criminalizando a quienes documentan los abusos migratorios.

    El caso ha encendido las alarmas entre colectivos de derechos civiles y defensores de migrantes, quienes acusan una escalada de violencia por parte del ICE. En redes sociales, usuarios compartieron el video del momento de los disparos, mientras otros exigieron transparencia y la liberación de Parias, quien acumula cientos de miles de seguidores por sus transmisiones en español sobre temas de seguridad, redadas y problemas comunitarios.

    El tiroteo ocurre apenas una semana después de que agentes migratorios embistieran el vehículo del activista Leonardo Martínez en Oxnard, durante otro operativo. Estos incidentes han intensificado las críticas hacia la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que los manifestantes califican como una campaña de intimidación contra voces latinas y medios comunitarios.

  • Redada migratoria en Nueva York desata caos y protestas en Canal Street

    Redada migratoria en Nueva York desata caos y protestas en Canal Street

    Una operación de control migratorio en la icónica Canal Street de Nueva York terminó en caos tras enfrentamientos entre agentes federales, vendedores y manifestantes. Mientras el DHS aseguró que sus fuerzas actuaban contra la venta de productos falsificados, testigos y autoridades locales denunciaron uso excesivo de la fuerza y una intervención “innecesaria” contra inmigrantes.


    Una redada migratoria encabezada por agentes federales en Canal Street, una de las zonas comerciales más concurridas y turísticas de Manhattan, se tornó violenta la tarde de este martes, luego de que manifestantes y transeúntes intentaron impedir la detención de varios vendedores ambulantes. La operación, que formaba parte de un “control contra la venta de productos falsificados”, derivó en empujones, uso de gas pimienta y enfrentamientos con civiles.

    De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes “fueron agredidos por alborotadores que gritaban obscenidades e intentaron bloquear sus vehículos”. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran a los oficiales derribando a manifestantes al suelo y usando fuerza física para dispersarlos. Testigos relataron que los arrestos incluyeron a vendedores de origen latino que ofrecían artículos electrónicos y fundas decorativas para celulares.

    Un reportero de The Associated Press confirmó que al menos un vendedor y varios manifestantes fueron detenidos durante la redada. En las imágenes captadas, se observa a agentes encapuchados escoltando a los arrestados mientras un grupo de personas coreaba “Fuera el ICE de Nueva York” y exigía el fin de las operaciones migratorias en zonas comerciales.

    El alcalde Eric Adams se deslindó del operativo y aseguró que la ciudad no participó en la redada. “Nuestra administración ha sido clara: los neoyorquinos indocumentados que buscan ganarse la vida no deben ser blanco de las fuerzas del orden”, expresó en un comunicado. El edil pidió al DHS entregar un informe detallado del operativo y subrayó que los recursos policiales deberían concentrarse “en los verdaderos criminales, no en quienes venden para sobrevivir”.

    El DHS confirmó el arresto de al menos una persona por agredir a un agente, aunque evitó precisar cuántos vendedores fueron detenidos. Canal Street, conocida por su mercado de imitaciones de lujo, ha sido históricamente un punto de fricción entre las autoridades y los vendedores ambulantes, muchos de ellos migrantes, que ven en esas calles su única fuente de ingreso.

  • La “migra” justifica uso de violencia y brutalidad policial en la frontera

    La “migra” justifica uso de violencia y brutalidad policial en la frontera

    En plena era Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) admitió haber usado fuerza excesiva contra 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, pero se justifica alegando que 474 de sus agentes fueron agredidos por hispanos durante operativos. La cifra confirma una política sistemática de violencia y control que se extiende por toda la frontera sur, mientras las redadas dejan un saldo creciente de abusos, muertes y denuncias por violaciones a los derechos humanos.


    “Sí pegamos, pero ellos pegan más”. Así resume el CBP su propio balance de violencia en la frontera. Mientras millones de personas protestan en el mundo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la agencia fronteriza justifica el uso de la fuerza en sus redadas alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. En su más reciente informe, el organismo reconoce haber violentado a 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, aunque asegura que 474 agentes fueron agredidos por hispanos durante el mismo periodo.

    Los datos internos del CBP, obtenidos por MILENIO, revelan que 531 agentes participaron en actos de fuerza excesiva, lo que confirma una práctica constante y normalizada. Solo entre junio y agosto, los casos aumentaron 50%, con picos en la frontera sur, donde se concentran 278 de los incidentes registrados. Detrás de estas cifras hay un patrón operativo sostenido: intervenciones físicas, persecuciones y controles en zonas de cruce, que reflejan una política de “contención total” impuesta desde la declaratoria de emergencia nacional decretada por Trump a inicios de año.

    El panorama es más grave si se consideran las actuaciones del ICE, la otra cara del aparato migratorio estadounidense. Desde 2023, el organismo dejó de publicar sus estadísticas de uso de la fuerza, pese a los reportes de muertes bajo custodia y de prácticas inhumanas, como el uso del dispositivo WRAP para inmovilizar completamente a personas ya detenidas. Organizaciones civiles como Detention Watch Network contabilizan al menos 20 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el poder, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2006.

    La narrativa oficial insiste en que los agentes enfrentan una amenaza creciente. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido sobre supuestos planes de cárteles mexicanos para atacar a personal fronterizo, ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinatos de mandos de alto nivel. Sin embargo, defensores de derechos humanos y observadores internacionales señalan que esta retórica busca reforzar un clima de miedo y justificar la militarización del control migratorio.

    El saldo de esta política es alarmante: más muertos, más violencia institucional y una frontera que se transforma en zona de excepción permanente. Con la “emergencia nacional” como escudo, la administración Trump reaviva la guerra contra los migrantes, donde cada redada se ampara en la idea de una defensa patriótica y cada golpe se legitima como acto de soberanía.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • ICE despliega sistema de espionaje digital sin precedentes en Estados Unidos

    ICE despliega sistema de espionaje digital sin precedentes en Estados Unidos

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos amplió su infraestructura de vigilancia con nuevas tecnologías de reconocimiento facial, rastreo telefónico y monitoreo masivo de redes sociales. El plan, valorado en 1,400 millones de dólares, ha generado preocupación entre legisladores y defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre el riesgo de un uso político e ideológico del espionaje.


    El ICE ha reforzado su capacidad de vigilancia con la adquisición de sistemas de reconocimiento facial, escaneo de iris, software espía y programas de rastreo digital capaces de monitorear casi todas las redes sociales. De acuerdo con el portal USASpending.gov, la agencia comprometió en septiembre más de 1,400 millones de dólares en contratos tecnológicos, el mayor gasto en este rubro en casi dos décadas. El objetivo, señalaron fuentes oficiales, es “proteger la seguridad nacional”, aunque críticos temen una expansión sin precedentes del espionaje interno.

    El plan contempla la creación de centros de monitoreo en Vermont y California para rastrear plataformas como Facebook, X, TikTok, Instagram, LinkedIn, Reddit y WhatsApp. La agencia sostiene que los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales son su principal objetivo, pero el contrato permite modificar las prioridades “según las necesidades del Gobierno”. Esto ha despertado sospechas de que las herramientas podrían usarse también contra activistas, sindicatos y opositores políticos.

    Tres de los sindicatos más grandes del país —Trabajadores del Automóvil Unidos, Trabajadores de Comunicaciones de América y la Federación Americana de Profesores— interpusieron una demanda contra el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional, acusándolos de ejercer una “vigilancia ideológica” basada en inteligencia artificial. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió las medidas alegando que “grupos de izquierda han promovido disturbios y ataques contra agentes federales”.

    Entre las compras más polémicas figuran el reconocimiento facial de Clearview AI, el software espía Graphite —capaz de hackear teléfonos sin consentimiento— y la plataforma ImmigrationOS, desarrollada por Palantir, que rastrea los movimientos de inmigrantes dentro del país. Aún no se conocen los protocolos que regularán el uso de estas tecnologías, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible deriva autoritaria en la política migratoria de Washington.

  • Camisas de fuerza y vuelos secretos: EUA deporta en secreto a migrantes hacia África bajo la Administración de Trump

    Camisas de fuerza y vuelos secretos: EUA deporta en secreto a migrantes hacia África bajo la Administración de Trump

    Una investigación reveló que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo deportaciones secretas de migrantes hacia países africanos, usando aviones militares y sin notificar a abogados ni familias. Los traslados, marcados por el secretismo y denuncias de abusos, forman parte de una estrategia para disuadir la migración irregular.

    La Administración de Donald Trump ha intensificado una política migratoria sumamente agresiva y opaca, la cual incluye la deportación de decenas de migrantes hacia países africanos donde no tienen vínculos ni garantías legales. De acuerdo con una investigación de El País y The New York Times, el gobierno estadounidense ha presionado a más de 30 naciones africanas para que acepten recibir migrantes, y al menos cinco (Ghana, Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda) ya han firmado acuerdos secretos con Washington.

    El caso de K. S., un ciudadano de Gambia que emplea un pseudónimo por razones de seguridad, refleja la crudeza de esta práctica. El pasado 4 de septiembre, fue sacado por sorpresa de un centro de detención en Luisiana, esposado de manos, cintura y tobillos, y subido a un avión militar junto con otras 13 personas. Cuatro de ellas fueron forzadas a portar camisas de fuerza por negarse a abordar sin hablar con sus abogados. El grupo fue trasladado a Ghana, donde quedó abandonado sin documentación ni recursos. Algunos, de acuerdo a testimonios, fueron deportados posteriormente a Togo, Malí o Nigeria, sin que se conozca su paradero actual.

    Los migrantes deportados incluyen personas con permisos humanitarios, como K. S., que había huido de Gambia por ser bisexual, una preferencia sexual penalizada con cadena perpetua en su país. Pese a ello, las autoridades estadounidenses lo entregaron con documentos falsos y fue devuelto al mismo lugar del que escapó. “Nos dieron 100 euros y nos abandonaron en la frontera”, declaró uno de los deportados a su abogado.

    Human Rights First documenta más de mil 500 vuelos de deportación ejecutados por EUA entre enero y septiembre, seis de los cuales tuvieron como destino países africanos a los que los migrantes no pertenecían. Las autoridades justifican estas acciones bajo el argumento legal de que la ley migratoria permite la deportación a terceros países cuando no es posible retornar al país de origen

    Los acuerdos, de los cuales poco se conoce oficialmente, incluyen incentivos económicos y políticos. Un documento filtrado por The Handbasket reveló que Ruanda solicitó concesiones diplomáticas y hasta 100 mil dólares por aceptar deportados. Esuatini habría recibido 5.1 millones de dólares a cambio de alojar a 160 migrantes.

    Diversas organizaciones humanitarias y abogados denuncian que los deportados permanecen detenidos en condiciones precarias, sin contacto con sus familias ni acceso a defensa legal. La Unión Africana ha criticado públicamente la práctica, al acusar a Estados Unidos de “exportar sus responsabilidades migratorias” y usar a los migrantes como moneda de cambio diplomática.

  • Trump refuerza maquinaria antiinmigración: ICE se expande y consolida su poder

    Trump refuerza maquinaria antiinmigración: ICE se expande y consolida su poder

    A diez meses del inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha convertido al ICE en la agencia más poderosa de su Gobierno. Con un presupuesto histórico, miles de nuevos agentes y centros de detención en expansión, el presidente republicano impulsa su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”, con un sistema que mezcla cooperación policial, privatización y denuncias por violaciones de derechos humanos.

    Durante los primeros meses de su segunda presidencia, Donald Trump ha transformado por completo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un presupuesto de 75 mil millones de dólares para los próximos cuatro años, la agencia migratoria ha iniciado una de las mayores expansiones en la historia del país: más agentes, más cárceles y más redadas. Este crecimiento acelerado busca cumplir una meta ambiciosa y polémica: realizar 3 mil arrestos diarios, según el plan delineado por Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria trumpista.

    El ICE ha reforzado su presencia en todo el territorio, con más de 21 mil agentes activos y la meta de sumar otros 10 mil antes de finalizar el año. Como parte de su ofensiva, la agencia ha rehabilitado antiguas prisiones privadas clausuradas por abusos, además de inaugurar nuevos centros de detención como el temido Alligator Alcatraz en Florida. Sin embargo, las denuncias por hacinamiento, falta de atención médica y separación de familias han aumentado. Diversas organizaciones acusan al Gobierno de trasladar constantemente a los migrantes para obstaculizar su defensa legal y presionarlos a firmar su autodeportación.

    Otro eje de la expansión del ICE ha sido la reactivación del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales ejercer funciones migratorias. Desde enero, más de mil acuerdos de cooperación se han firmado en todo el país, con Florida y Texas a la cabeza. Críticos del programa denuncian que fomenta el perfilamiento racial, erosiona la confianza en las autoridades locales y desvía recursos policiales de problemas comunitarios urgentes.

    La privatización también juega un papel central. Empresas como GEO Group y CoreCivic, con vínculos con altos funcionarios del Gobierno, controlan más del 90% de los centros de detención. Estas compañías, junto con contratistas de transporte, alimentación y vigilancia, reciben miles de millones en fondos públicos. Para los críticos, la política migratoria de Trump no sólo criminaliza la migración, sino que también alimenta una lucrativa industria de la detención, en la que los derechos humanos se subordinan al negocio.

    Con información de Cristobal Vásquez para El País.