La presidenta afirmó que la periodista fue utilizada como testigo para sostener ante autoridades estadounidenses que los 43 normalistas no estuvieron en las barandillasde Iguala.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la periodista Anabel Hernández por su participación como testigo ante autoridades de Estados Unidos durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con Sheinbaum, el testimonio de Hernández fue utilizado para sostener que los estudiantes no estuvieron en ese lugar. “¿Quién fue quien utilizaron como testigo, y lo voy a decir, en Estados Unidos para decir que los estudiantes no estuvieron en la barandilla? Anabel Hernández”, afirmó.
Esto en beneficio de José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en Iguala. Hoy México mantiene una solicitud de extradición contra Bernabé y el señalamiento ocurre mientras la Fiscalía General de la República desarrolla nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido en Iguala. Una de ellas surgió del análisis de tres teléfonos pertenecientes a los estudiantes y de la actividad posterior a su desaparición. La FGR informó que uno de los dispositivos fue utilizado por un policía municipal y que otro refuerza la hipótesis de que algunos normalistas fueron trasladados a la barandilla municipal.
Sheinbaum destacó que estas investigaciones buscan reconstruir lo ocurrido mediante evidencia científica y registros telefónicos. “Recuerden que hay una línea de investigación dicha por los propios estudiantes que quedaron vivos de que estuvieron en la barandilla”, señaló.
La mandataria también mencionó otras líneas que actualmente se investigan, entre ellas el video de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala y la posible destrucción de evidencias. La FGR informó en agosto que Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, fue detenido y enfrenta una imputación por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.
Sheinbaum sostuvo que la investigación continúa con nuevas detenciones y elementos que no habían sido revisados a fondo. “El Gobierno federal ha reiterado que continuará las diligencias para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes y avanzar en las extradiciones pendientes”.
La investigación federal mantiene 162 expedientes abiertos y 168 personas bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 31 personas han sido detenidas por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con el más reciente informe presentado por autoridades federales sobre el caso ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Entre los detenidos se encuentran un militar, nueve ex policías municipales y siete ex servidores públicos, entre ellos el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. También fueron capturadas Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca Estrada, ex visitadora de esa institución, quienes actualmente colaboran con la Fiscalía General de la República (FGR).
Las nuevas investigaciones, realizadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, también derivaron en la captura de ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro civiles. Entre los casos destaca el de Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria El Ángel, y tres integrantes de su familia, cuyos nombres aparecen en las indagatorias sobre nuevos hallazgos relacionados con el caso.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) mantiene 162 expedientes abiertos: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. Además, 168 personas permanecen bajo proceso judicial por su presunta responsabilidad; 130 están en prisión y 38 enfrentan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
En materia de extradiciones, el Gobierno de México mantiene como objetivos a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, quien permanece prófugo en Israel, y al ex juez de barandilla de Iguala José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum ha abordado ambos casos con autoridades de esos países, mientras continúan los procedimientos legales para lograr que comparezcan ante la justicia mexicana.
El Gobierno revisó 12 años de expedientes y llamadas. Identificó a 17 nuevos objetivos, recuperó indicios en un SEMEFO de Iguala y detuvo a un exgobernador.
Doce años después de aquella noche en Iguala, las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos reciben datos nuevos. El Gobierno de México presentó cuatro líneas de investigación. Nacieron de revisar de nuevo los documentos y los registros telefónicos del caso.
Los investigadores aplicaron un método con base técnica y científica. Con él ordenaron y compararon todo lo reunido durante estos años. Así descubrieron indicios que nadie había notado o explorado a fondo.
La primera línea parte del análisis de comunicaciones. Este trabajo reveló patrones desconocidos de 17 nuevos objetivos, que ahora enfrentan una investigación. Además, reconstruyó los vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas ligadas a funerarias.
Las llamadas entre criminales, empleados de funerarias y personal del sector salud llamaron la atención de los peritos. Una de las personas investigadas y su familia tenían funerarias, administraban un panteón y operaban el SEMEFO de Iguala como concesionarios. En agosto de 2025, las autoridades comprobaron que el dueño de una funeraria usó el teléfono de un estudiante.
Ese dato movió a los investigadores a actuar en octubre de ese año. Catearon las funerarias y el SEMEFO, y encontraron un fémur humano, un arma de fuego, documentos y un horno crematorio sin registro oficial. También detectaron graves irregularidades en el funcionamiento del SEMEFO.
Por eso, de marzo a junio de 2026, los equipos buscaron dentro de ese lugar. Recuperaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Los peritos los analizan para conocer su naturaleza y saber si coinciden con personas desaparecidas. A petición de madres y padres, el Equipo Argentino de Antropología Forense también participa en los estudios.
La segunda línea revisó tres teléfonos de estudiantes. Los expertos siguieron la cadena de personas que los usaron después de la desaparición. Con uno de esos equipos, las autoridades obtuvieron el 24 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala. Lo acusan de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Un policía municipal de Iguala usó otro de los teléfonos y registró actividad la noche de los hechos. Ahora investigan su participación. El tercer aparato refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes llegaron a la barandilla municipal, porque su usuario posterior era cercano a un exservidor público de esa dependencia. Esto contradice lo que declaró ante la entonces PGR José Ulises “N”, exjuez de barandilla.
La tercera línea salió de un nuevo análisis de los expedientes. Los investigadores identificaron a una persona que participó en los hechos y que tenía 14 años en ese momento. Nadie la había identificado hasta ahora. El 30 de julio de 2026 rindió su declaración, y su testimonio refuerza las acusaciones contra Guerreros Unidos.
La cuarta línea aborda el ocultamiento de los videos que grabaron las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las cámaras funcionaron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esta pista permitió reconstruir decisiones de funcionarios de alto nivel. Con ella, las autoridades detuvieron a la exmagistrada presidenta del Tribunal y a la ex visitadora, y ambas enfrentan un proceso penal.
Las declaraciones de las dos exservidoras, junto con otros elementos, sustentaron un paso mayor. El 6 de agosto de 2026, las autoridades detuvieron al exgobernador de Guerrero por desaparición forzada de los 43 estudiantes.
En el plano internacional, existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONUpara los Derechos Humanos. Ese organismo propondrá a los especialistas que se sumarán al caso.
El Gobierno aseguró que madres y padres siguen en el centro del proceso. Su prioridad es encontrar a los jóvenes, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables. Recalcó que el caso sigue abierto y que nadie está por encima de la ley.
Como siguientes pasos, las autoridades prometieron mantener y ampliar la búsqueda. También profundizarán las líneas de las videograbaciones y de la funeraria con el SEMEFO. Además, mantendrán el diálogo con las familias y garantizarán sus derechos por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En la conferencia participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.
La investigación pasó por tres gobiernos, sumó nuevas identificaciones, análisis de comunicaciones y procesos judiciales, pero el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue sin esclarecerse.
Este 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero. Desde entonces, el caso ha atravesado los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con cambios en las investigaciones y nuevas líneas para determinar qué ocurrió con los estudiantes.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la entonces PGR presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron entregados a integrantes de Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó irregularidades e inconsistencias y cuestionó el sustento científico de esa versión.
Con López Obrador se creó en 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y posteriormente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR. Esta etapa incorporó archivos, registros telefónicos, comunicaciones y nuevas búsquedas. También se confirmó la identificación genética de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, que se sumaron a la identificación previa de Alexander Mora Venancio. Así, 40 estudiantes continúan sin ser localizados.
En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un nuevo reanálisis de las actuaciones del expediente, del que surgieron nuevas líneas de investigación. Entre ellas se encuentran el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos relacionados con el Palacio de Justicia de Iguala. La investigación también derivó en la detención de un exgobernador de Guerrero, contra quien la FGR obtuvo prisión preventiva y formuló imputación por su posible participación en desaparición forzada; el proceso judicial continúa.
A 12 años de los hechos, el expediente continúa abierto. El Gobierno federal informó en agosto que las investigaciones recientes contemplan nuevas detenciones, análisis de comunicaciones y revisión de actores y hechos relevantes, además de mantener las labores de búsqueda. El caso, que ha cambiado de hipótesis e instituciones durante tres administraciones, mantiene pendiente la respuesta central para las familias: conocer el paradero de los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos.
La Fiscalía General de la República aseguró el Semefo de Iguala y dos funerarias presuntamente vinculadas a irregularidades en el manejo de cuerpos, como parte de una nueva línea de investigación por el caso Ayotzinapa.
En un giro inesperado dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), aseguró este jueves el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, en un operativo realizado bajo estricta reserva y con la participación de elementos armados del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con fuentes locales, las acciones comenzaron poco después del mediodía y se extendieron a varios puntos de la ciudad, donde agentes federales colocaron sellos con las leyendas “Desaparición Forzada” y “Contra la Salud”, junto con el número de carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020, por lo que está prohibido cualquier acceso o manipulación de cadáveres, documentos o archivos en los inmuebles intervenidos.
Entre los lugares asegurados figura la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad de Rancho del Cura y señalada por su presunta relación con el empresario Rodolfo Rueda Mazón, concesionario del propio Semefo de Iguala. También fue intervenida la funeraria Rueda, ubicada sobre la Avenida Bandera Nacional, además de otros inmuebles relacionados con los mismos propietarios, todos ahora bajo investigación federal.
El operativo tuvo lugar menos de dos semanas después de los disturbios del 27 de septiembre, cuando estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) atacaron el Palacio de Justicia de Iguala durante las protestas por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas. Analistas consideran que el aseguramiento del Semefo y las funerarias ha abierto una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de cuerpos y evidencias durante los años posteriores a la tragedia. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo.
Con información de José De Jesús Dorantes González para El Sol de Acapulco
Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.
En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.
Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.
A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.
Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos confirmaron una nueva reunión con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, programada para este martes en Palacio Nacional. Será el cuarto encuentro con la mandataria, donde insistirán en la urgencia de avanzar en las investigaciones y localizar a los estudiantes desaparecidos desde hace casi 11 años.
Los familiares señalaron que acciones recientes, como la deportación de Edgar Damián Sandoval Albarrán “La Rana”, testigo clave en el caso, están ligadas a la cuestionada “verdad histórica” del basurero de Cocula, pero advirtieron que las pesquisas siguen sin enfocarse en las líneas centrales, de acuerdo con una entrevista que realizó La Jornada con las madres y padres.
Exigen que el Ejército entregue los 800 folios con información relevante, además de esclarecer las llamadas telefónicas que involucran a altos funcionarios y al exlíder de Guerreros Unidos en el traslado de estudiantes a un sitio llamado Loma de Coyotes, cerca de Iguala.
Mario González, padre de uno de los desaparecidos, criticó que “siguen anclados en la versión del basurero y no avanzan en la información clave del Ejército, las declaraciones y las conversaciones hackeadas”.
En la reunión, los padres reiterarán también la petición para que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), clave para mantener la presión sobre el caso.
Durante la marcha, los familiares portaron imágenes de sus hijos y realizaron el tradicional pase de lista en el antimonumento +43, desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde exigieron justicia acompañados de estudiantes normalistas y organizaciones civiles.
Cinco camiones de la minera Capela, filial de Peñoles, fueron incendiados la tarde del sábado en la carretera federal Iguala-Teloloapan, presuntamente por la organización criminal Familia Michoacana, como represalia por supuestos pagos incumplidos.
Tres camiones fueron quemados en Xalostoc, Ixcateopan de Cuauhtémoc, y dos más cerca del restaurante El Cazador, en Teloloapan. Las unidades, que transportaban maquinaria y materiales mineros, quedaron calcinadas, provocando alarma y cierre temporal de la vía.
Hasta la noche del sábado, ni el gobierno de Guerrero ni el federal habían emitido pronunciamiento sobre el ataque. Las autoridades locales y estatales mantienen vigilancia en la zona, mientras pobladores y trabajadores colaboraron para controlar el incendio. Este incidente refleja la persistente presión de grupos criminales sobre empresas mineras en Guerrero, que enfrentan extorsiones y amenazas que afectan sus operaciones y la seguridad regional.
