El SAT notificará en enero el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos, tras agotarse todos los recursos legales.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos legales, Grupo Salinas deberá pagar una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó su titular, Antonio Martínez Dagnino, durante la Mañanera del Pueblo. La notificación formal se realizará en enero de 2026, cuando iniciará el plazo para el pago voluntario.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, administrativo y jurídico, y dejó claro que el gobierno federal actuará conforme a derecho. Explicó que, una vez notificado el requerimiento, las empresas involucradas pueden solicitar descuentos o ajustes, tal como lo permite el Código Fiscal de la Federación, pero advirtió que, de no cumplir, se activarán los procedimientos correspondientes.
Martínez Dagnino precisó que la legislación fiscal contempla reducciones de hasta 39 por ciento, siempre que se cumplan los criterios legales y las sentencias emitidas por los tribunales. Recordó además que el artículo 31 constitucional obliga a todas las personas físicas y morales a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público.
El caso se remonta a 2013, cuando el SAT determinó adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Desde entonces, Grupo Salinas promovió múltiples impugnaciones en distintas instancias, las cuales fueron rechazadas de manera definitiva este año por la Corte, validando la actuación de la autoridad fiscal.
Sheinbaum añadió que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han supervisado el proceso para garantizar su legalidad y transparencia. Insistió en que el tema no debe politizarse, pues se trata de hacer cumplir la ley sin privilegios.
Con la notificación en enero, el SAT abrirá formalmente el plazo para que la empresa cubra el adeudo o solicite los mecanismos legales de pago. De no hacerlo, la autoridad fiscal podrá avanzar hacia medidas de cobro forzoso, conforme a la normatividad vigente.


















