El día de hoy, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el sistema de contrataciones del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, es débil e ineficiente, además de contar con altos costos presupuestales para el mismo organismo electoral.
Cabe destacar que con la nueva legislación, el Secretario Ejecutivo ya no podrá aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto.
El OIC realiza un balance de las contrataciones del 2008 al 2022, tiempo en el que Jacobo ha estado en el cargo, por lo que acusan que durante ese lapso el órgano electoral ejerció 138 mil 196 millones de pesos en servicios personales de forma inercial, sin sustento ni rigor técnico.
Asimismo, reiteraron que el INE, que cuenta con 17 mil empleados, está falto de lineamientos específicos para atender criterios básicos en el diseño y creación de estructuras orgánicas, además de que en 19 de 33 auditorías se detectaron anomalías en la contratación.
“El no contar con estos lineamientos refleja debilidades de control que podrían materializar el riesgo de haber aprobado estructuras orgánicas con altos costos al no estar técnicas ni metodológicamente justificadas en los criterios técnicos establecidos en la normativa.
“No se acredita que la modificación de las estructuras orgánicas aprobadas mediante acuerdos del Secretario Ejecutivo se diseñó, modificó y autorizó conforme a los criterios técnicos establecidos en los estatutos del Servicio Profesional ni en el Estatuto del personal de la rama administrativa ni en el manual de normas administrativas”, advirtió.
Burocracia dorada llenan de aplausos a la corrupción. Consejeros y representantes de distintos partidos opositores aplaudieron el retorno de Edmundo Jacobo Molina a sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
El día de hoy, en sesión ordinaria del Consejo General, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, calificó como “un acto de justicia” la reincorporación del funcionario, a quien describió como una persona “honesta y comprometida”.
“Con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”, señaló.
Asimismo, el consejero presidente recordó que el artículo 41 de la Constitución indica que es el Consejo General quien designa al secretario ejecutivo, y que ningún Poder del Estado puede removerlo si no existe un juicio político de por medio.
¿Qué pasó?
Un Tribunal Colegiado ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), aún cuando la aprobación y publicación del Plan B de Reforma Electoral ordenó su destitución del cargo, en el cual permaneció casi 15 años.
El Noveno Tribunal Colegiado fue quién concedió a Edmundo Jacobo una suspensión provisional, dentro del juicio de amparo que promovió Jacobo contra el Plan B de la Reforma Electoral. Siendo así, se impugnó el Décimo Séptimo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral, vigente desde el 2 de marzo y en el cual se estableció el despido del funcionario del INE.
La suspensión señala que Edmundo Jacobo fue designado Secretario Ejecutivo del INE hasta febrero de 2026, por lo que la Reforma electoral no justifica su despido.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, dice.
La jueza del Décimo Segundo Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, ordenó la restitución por tiempo indefinido Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
La jueza otorgó una suspensión definitiva a Jacobo Molina contra el cese de su cargo, contemplado en el artículo 17 del Plan B de la Reforma Electoral, publicado el 02 de marzo por el presidente López Obrador.
Para el caso de que la persona quejosa haya sido cesada de sus funciones, la medida cautelar tendrá una tutela anticipada. Esto es, su efecto será que se le restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del INE”, determinó.
Este lunes 13 de marzo podría integrarse al INE, mientras que la jueza resuelve de fondo el amparo promovido por Edmundo Jacobo. Sin embargo, Lobo Domínguez aclaró que la suspensión concedida sólo es para la restitución del cargo, mas no de las funciones previstas antes de la reforma electoral, por lo cual Edmundo Jacobo deberá acatar el nuevo ordenamiento.
“Se concede la suspensión definitiva, para que la parte quejosa continúe en el cargo que ostenta como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarla o destituirla de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada. En la inteligencia de que la concesión de la medida únicamente incide en su permanencia en el cargo, no así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones. ya que para ello debe apegarse al marco legal vigente”, advirtió la jueza.
Este fallo de la jueza se convirtió en la primera decisión judicial respecto al “Plan B”, ideado y materializado por Morena y sus aliados legislativos en el Congreso, sin el respaldo de los partidos de oposición.
Aún quedan pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas por partidos, legisladores y alcaldes de oposición, en contra de dos decretos del llamado “Plan B” de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento en el que se emitió la restitución de Edmundo Jacobo como secretario del INE dice lo siguiente:
“En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 146, fracción III y 148 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Edmundo Jacobo Molina, para los efectos antes precisados. Esto es, para que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación de la norma impugnada. Es decir, para que la parte quejosa continúe en el cargo que ostenta como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesaría o destituirla de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada. En la inteligencia de que la concesión de la medida únicamente incide en su permanencia en el cargo, no así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones. Ya que para ello debe apegarse al marco legal vigente”.
En entrevista la semana pasada, Edmundo Jacobo Molina afirmó no tener ningún “plan B” que no sea regresar a su cargo. Confió en que el Poder Judicial lo restituirá, y descartó convertirse en la cabeza de las decenas de trabajadores del INE cuyo empleo también está en riesgo con dicha reforma.
“Yo no tengo otro plan B. Estoy en el Instituto Nacional Electoral no solamente porque es mi trabajo, sino porque es mi convicción, es una causa, es la causa de la democracia por la que he luchado por muchos años, y ha sido un privilegio para mí ocupar esa posición para fortalecer la democracia, fortalecer a nuestro país, y creo que es mi obligación combatir esta arbitrariedad por el futuro de la democracia”, dijo.
En estos momentos le estarán cantando a Lorenzo Córdova “dale, dale… ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó” para el robo, desvío de recursos y corrupción. Se encuentra en sus últimos momentos como presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); después de unos nueve largos años, ya empiezan a renunciar masivamente personas de su círculo.
La renuncia de por lo menos ocho funcionarios, entre ellos directores, titulares y demás, que curiosamente, dos de ellos eran parte importante de la administración y manejo del dinero público destinado al INE, esta cúspide de mafia electoral en donde los consejeros se han aprovechado y agandallado del poder guiados por el dinero, porque muchos de ellos ganan inclusive casi tres veces más que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de seguir contando con seguros, combustibles, vehículos y demás excesos y privilegios de esta institución.
Esto claramente muestra la ambición y cobardía tanto del Presidente del INE, como de sus consejeros. ¿Cómo un país con demasiados fraudes electorales cometidos puede tener a uno de los institutos electorales mas caros del mundo? Estuviera de acuerdo si fuera un instituto transparente, digno y eficiente que esté al tanto de la democracia, si embargo existen demasiados aspectos que no cuadran.
Todavía falta saber de cuánto serán los millonarios finiquitos que se llevarán en Abril, y después los millones o quizás miles de millones de pesos que se hayan metido a la bolsa estos ladrones de cuello blanco…
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer mediante un comunicado que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional ante el segundo paquete de reformas del “Plan B“, en la minuta solicitan que se suspenda, mientras se pronuncia sobre las controversias.
Asimismo, el INE indica que dicha Controversia Constitucional defiende “no solo la autonomía sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema” además de que, para el Instituto, 200 artículos de la Reforma pueden afectar al menos 25 disposiciones constitucionales.
Además, en la demanda solicitan que se interrumpa la aplicación de la reforma, debido a que afecta los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto y de la ciudadanía.
El Instituto confía que con el análisis constitucional realizado por la Suprema Corte, se restaurará el orden constitucional determinando la invalidez de la reforma.
Hace unos minutos se ha revelado que un Tribunal Colegiado ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), aún cuando la aprobación y publicación del Plan B de Reforma Electoral ordenó su destitución del cargo, en el cual permaneció casi 15 años.
El Noveno Tribunal Colegiado fue quién concedió a Edmundo Jacobo una suspensión provisional, dentro del juicio de amparo que promovió Jacobo contra el Plan B de la Reforma Electoral. Siendo así, se impugnó el Décimo Séptimo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral, vigente desde el 2 de marzo y en el cual se estableció el despido del funcionario del INE.
La suspensión señala que Edmundo Jacobo fue designado Secretario Ejecutivo del INE hasta febrero de 2026, por lo que la Reforma electoral no justifica su despido.
“No se advierte una razón por la que el cambio de facultades (de la Secretaría Ejecutiva) justifique que se termine anticipadamente la titularidad del nombramiento que se venía ejerciendo por el quejoso, como algún dictamen valorativo o procedimiento que demerite sus conocimientos o experiencia”, dice.
Edmundo Jacobo deja cargo
Tras la publicación del Plan B de la reforma electoral, Edmundo Jacobo Molina dejó el cargo como secretario ejecutivo del INE. Desde eso, el funcionario anuncio que solicitaría un amparo ante tribunales federales.
“En el primer momento en que se abran los tribunales federales acudiré a la justicia federal para solicitar un amparo y también voy a acudir en la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, señaló en ese entonces.
Según Edmundo, su separación del cargo no solo fue arbitraria sino la consideró ilegal, ya que no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales de la materia.
Cabe decir que el artículo transitorio décimo séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente:
“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”.
El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer que dos aspirantes afines a la Cuarta Transformación (4T), Jaime Miguel Castañeda Salas y Bertha María AlcaldeLuján, encabezaron los resultados para los exámenes en la categoría varonil y femenil, respectivamente, para ocupar los cargos de consejera o consejero presidente y tres cargos de consejeras o consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo a los resultados publicados, el exrepresentante de Morena ante el Consejo General, Jaime Miguel Castañeda Salas, obtuvo un puntaje total de 79 unidades, mientras que Bertha María Alcalde Luján, la excoordinadora de asesores del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, obtuvo 74 puntos, teniendo los mejores puntajes cada uno en su área.
Cabe mencionar que esta prueba fue presentada únicamente por 508 de los 531 aspirantes aceptados por el Comité, de los cuales los 102 hombres y las 102 mujeres con mejor puntaje continuará dentro del proceso de selección.
El Comité aclaró que la publicada, es una lista “preliminar” y será el próximo 10 de marzo, en sesión pública, cuando den a conocer el listado definitivo de las personas aspirantes que continuarán a la tercera fase.
¿Quiénes son los mejores puntajes?
Bertha María Alcalde Luján
Bertha María Alcalde Luján es hermana de Luisa María Alcalde, quien funge como Secretaria del Trabajo, e hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo General del INE, fue la mujer que mayor calificación obtuvo en la prueba al obtener 74 aciertos de un total de 80.
Jaime Miguel Castañeda Salas
Dentro de la categoría varonil, el aspirante con mejor calificación fue Jaime Miguel Castañeda Salas, quien es maestro en derecho y quien se ha desempeñado como coordinador nacional de asesores de Morena, y fue además del grupo redactor de la reforma electoral.
Durante su habitual conferencia matutina de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya giró instrucciones para que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), datos respecto a los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Le dí instrucciones al Secretario de Gobernación para que solicita la Instituto de la Transparencia, que se le pida al Instituto Electoral que de a conocer cuanto dinero tienen en sus fideicomisos, para que sepamos y que uso le han dado a esos fideicomisos”.
sentenció el primer mandatario.
AMLO mencionó que el INE debe explicar cuanto dinero hay en sus fideicomisos y en que ese usa, además de cuales son las partidas principales, ya que al momento no se sabe nada y es un “enigma” los montos que maneja el órgano electoral.
“Porque ahora que está debatiéndose lo de la ley electoral, se piensa que se daña la democracia. En Estados Unidos, también periodistas del Wall Street Journal hablando de que es un atentado a la democracia, igual que Krauze aquí, cuando de lo que se trata es de que ganen tanto , que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE, eso es todo”.
López Obrador
AMLO revela “guardadito” de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación
EL líder del Ejecutivo federal también expuso que el Poder Judicial de la Federación cuenta con un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, que representa 40 veces más el gasto que ejerció Presidencia en 2022, el cual fue de 500 millones de pesos.
“Esto es, 20 mil 516 842 millones de pesos. 20 mil. Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al Gobierno la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil millones. El año pasado ejercimos 550 millones en la Presidencia pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más”, explicó AMLO.
Desde el Salńo de Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló datos sobre el fideicomiso que tiene el Poder Judicial de la Federación, el cual asciende a los 20 mil millones de pesos, representando 40 veces más que el presupuesto que ejerció Presidencia en 2022, el cual fue de 500 millones de pesos.
“Esto es, 20 mil 516 842 millones de pesos. 20 mil. Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al Gobierno la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil millones. El año pasado ejercimos 550 millones en la Presidencia pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más”
AMLO
#ConferenciaPresidente | El Poder Judicial tiene un fideicomiso, un guardadito, de más de 20 mmdp para jubilaciones, servicios médicos particulares y apoyos económicos extraordinarios, entre otros. pic.twitter.com/QIGHmgacbw
En la tabla, que muestra los recursos del fideicomiso del poder judicial de la federación al cuarto cuatrimestre del 2022, se observa que para pensiones complementarias se destinaron 789 millones 397 mil 493 pesos; para pensiones complementarias se destinaron 2 mil 815 millones 256 mil 192 pesos.
Consejo de la Judicatura tiene fideicomiso para mantenimiento de casas de magistrados
Para el Consejo de la Judicatura Federal, hay un presupuesto de 68 millones 596 mil 882 pesos destinados al mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, mientras que el Poder Judicial de la Federación cuenta con 15 millones 133 mil 865 pesos para apoyos médicos de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del organismo.
Adán Augusto pedirá a Transparencia monto de fideicomisos del INE
AMLO adelantó que Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, pedirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) información respecto al fideicomiso del Instituto Nacional Electoral ya que “es una incógnita”.
“De lo que se trata es de que no ganen tanto, que no vivan con tanto privilegios los altos funcionarios del INE. Eso es todo”, sentenció el primer mandatario.
El día de hoy, la Presidencia de la República dio a conocer que Janine Otálora, quien funge como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), violó el artículo 17 de la Constitución al no acatar el principio de imparcialidad previsto en dicho artículo, de acuerdo a lo señalado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
La CJEF reveló un incidente de impedimento en contra de Janine Otálora, quien de manera anticipada se pronunció a favor de la demanda del ex secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
Esto sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior.
Esto sin siquiera haber escuchado a todas las partes involucradas en el juicio, y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior.
Lo antes mencionado está referido a los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que se infiere que la magistrada quebrantó la ley.
Asimismo, la Presidencia de la República reiteró que Janine Otálora igualmente violó el artículo 146 del Reglamento Interno del TEPJF que señala:
No se podrá hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo
No se podrá entregar a persona ajena al Tribunal Electoral los proyectos de autos, acuerdos o sentencias previa resolución de los mismos
Por lo tanto, la postura anticipada de la magistrada del TEPJF, contraviene el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en el capítulo III Imparcialidad establece que:
“(Un magistrado debe) juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables”.
