El Comité Técnico garantiza paridad de género y perfila quintetas que serán votadas en San Lázaro el 22 de abril.
El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista de 50 aspirantes mejor calificados para ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso clave para la renovación del árbitro electoral. El listado incluye 25 mujeres y 25 hombres, cumpliendo con el principio de paridad de género.
Entre los perfiles sobresalen Arturo Manuel Chávez López y Bernardo Valle Monroy, quienes obtuvieron 99 de 100 puntos en el examen de conocimientos, posicionándose como los aspirantes con mayor puntaje. Ambos figuran entre los nombres que han generado mayor atención pública dentro del proceso.
La selección es resultado de una evaluación técnica realizada por el comité, que sesionó en la Cámara de Diputados y publicó los resultados en el micrositio oficial. En la lista también aparecen funcionarios electorales, académicos y especialistas en materia administrativa y jurídica, lo que refleja un perfil diverso y especializado.
En el caso de las aspirantes, destacan consejeras y ex funcionarias electorales con experiencia en organismos locales, además de perfiles con trayectorias en el ámbito público y académico. El proceso también incluyó criterios de inclusión, con participación de personas que se autoadscribieron en categorías como discapacidad.
A partir de esta lista, el Comité integrará tres quintetas, de las cuales al menos una estará conformada únicamente por mujeres. Estas propuestas serán enviadas a la Junta de Coordinación Política, que deberá definir las ternas finales.
La etapa definitiva llegará el próximo 22 de abril, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados vote a las tres personas que ocuparán las vacantes en el INE, en una decisión clave para el rumbo de los procesos electorales en México.
El órgano electoral ocultó por años el acuerdo millonario; ahora se revela que fue adjudicado sin licitación pública y con amplio despliegue tecnológico.
El Instituto Nacional Electoral quedó bajo la lupa tras revelarse un contrato por 227 millones de pesos para renovar su sistema de videovigilancia en 40 sedes, información que inicialmente había sido reservada por cinco años bajo el argumento de seguridad, de acuerdo con una investigación de Otilia Carvajal para La Silla Rota. Fue hasta un recurso de transparencia que el organismo tuvo que entregar los detalles.
El contrato, asignado a la empresa AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV, incluyó la instalación de más de 300 cámaras, torniquetes, ponchallantas y sistemas de identificación electrónica en oficinas centrales y juntas locales. Sin embargo, lo que más llama la atención es que se otorgó por adjudicación directa, pese a que en años previos el límite para este tipo de procesos rondaba apenas el millón de pesos.
El gasto resulta particularmente llamativo, pues según la investigación es casi equivalente al presupuesto anual de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, encargada de tareas clave como el registro de nuevos partidos. Es decir, mientras se habla de austeridad, el INE invierte cifras millonarias en vigilancia interna.
Las cámaras, fabricadas por la empresa Verkada, cuentan con tecnología avanzada e incluso capacidad de grabar audio, aunque autoridades del Instituto aseguraron que esta función está deshabilitada. Los equipos fueron colocados en pasillos, áreas comunes y hasta la sala de prensa en Tlalpan, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance del monitoreo.
En su momento, la Unidad Técnica de Transparencia intentó reservar tanto el contrato como el nombre del proveedor, alegando riesgos a la seguridad nacional. No obstante, el Órgano Interno de Control desestimó estos argumentos al no encontrar evidencia que justificara tal nivel de opacidad, aunque sí mantuvo bajo resguardo el anexo técnico por posibles riesgos de sabotaje.
El INE justificó la inversión señalando que su sistema de vigilancia llevaba 18 años sin renovarse y que la falta de interconexión impedía un monitoreo eficiente. Aun así, la combinación de gasto elevado, adjudicación directa y opacidad inicial vuelve a encender el debate sobre el manejo de recursos dentro del árbitro electoral.
Con información de Otilia Carvajal para La Silla Rota.
De 169 mil pesos más prestaciones: Así son las codiciadas vacantes en el INE que disputan magistrados, jueces y hasta “políticos”
Más de 410 expolíticos, jueces y asesores se disputan una de las tres vacantes para Consejero Electoral en el INE; una plaza que dura nueve años y goza de sendos privilegios, como auto, celular y un sueldazo de 169 mil pesos mensuales
Más de 400 expolíticos, jueces y asesores se disputan una de las tres vacantes para consejero electoral actualmente disponibles en el Instituto Nacional Electoral (INE). Cargos, por los que los aspirantes podrían obtener un salario de hasta 169 mil pesos mensuales, un paquete de cinco prestaciones, que incluyen prima vacacional, prima quinquenal, un jugoso aguinaldo, gastos de defunción, vacaciones. Además de cinco seguros, que incluyen seguro institucional, de retiro, gastos médicos mayores, un vehículo, un celular y hasta 14 mil pesos para gastos de alimentación.
Jueces, magistrados, consejeros electorales locales y un grupo de seis directivos de la Junta General Ejecutiva, cercanos a Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE, compiten por las vacantes. Sin embargo, los consejeros serán elegidos por la Cámara de Diputados que, hasta el momento, ha recibido 410 solicitudes para ocupar una de las plazas altamente demandadas.
Pero mientras el INE se sumerge en un turbulento proceso para elegir a sus próximos consejeros, la contienda anticipada por las elecciones de 2027 crece turbulentamente.
Algunos senadores, como Andrea Chávez, Raúl Morón, Lorena Valles o Saúl Monreal, ya han dejado sus funciones para sumarse a una contienda que aún no empieza y cuyos actos anticipados podrían ser sancionables, de acuerdo con la legislación electoral vigente.
Cabe señalar que, de los 410 aspirantes a consejero electoral, el 75% tiene nula experiencia en el ámbito electoral y otro 25% ya ha ocupado algún cargo público, algo que viola los requisitos para ocupar la plaza.
Entre los aspirantes destacan Roberto Ruz Sahrur, consejero en el OPLE de Yucatán; Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; José Antonio González Flores, la exconsejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, y la exjueza de Morelos, Gisela Hernández Salgado.
Además de Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial en el Estado de México; Juan Edgar Mejía Martínez, exsecretario de juzgado en la Ciudad de México; María Santos Montoya, exconsejera electoral en Guanajuato; José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial, y Alejandro Zúñiga Avilés, exconcejal del PRI en Venustiano Carranza.
Taddei inserta a gente cercana
Cabe señalar que fuentes, al interior del INE, apuntan a que los nominados de Guadalupe Taddei tendrían como finalidad consolidar un bloque aliado para aprobar las propuestas de la presidenta electoral en funciones, quien, por cierto, ha enfrentado obstáculos para hacer valer su voz.
Entre dichos nominados estarían Juan Manuel Velázquez, director de asuntos jurídicos, Jesús Ancira, responsable de asuntos laborales, Pedro Chirinos, encargado de vinculación con organismos electorales locales, y Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales.
Mismos que de obtener las plazas buscarían obtener acuerdos en materia legislativa y administrativa respecto a la administración del máximo órgano electoral.
Actualmente, el INE cuenta con sólo ocho integrantes, luego de que Daniel Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera concluyeran su periodo como consejeros.
En los próximos días se verá a ciencia cierta si Taddei logra construir un consenso administrativo en el órgano electoral.
Algo tiene que enfatizarse: un consejero sin experiencia electoral es igual a un árbitro de fútbol que no conoce las reglas del juego. El INE no es –ni debería ser– una agencia de empleos para políticos desempleados.
Sin finiquito y con procesos abiertos, los exconsejeros se despiden tras nueve años marcados por decisiones controvertidas y señalamientos de parcialidad.
Después de nueve años en el poder, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera finalmente dejaron el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cerrando una etapa que para muchos estuvo marcada por decisiones polémicas, sesgos políticos y constantes choques con la Cuarta Transformación.
Lejos de una salida tersa, los tres exconsejeros se van con procesos administrativos abiertos en el Órgano Interno de Control, lo que mantiene en pausa un finiquito cercano a los 4.8 millones de pesos. La queja fue impulsada por Morena tras su voto para posponer la revocación de mandato en 2021, episodio que evidenció tensiones con el proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gestión, críticos los señalan por actuar como un bloque que obstaculizó reformas y decisiones clave, incluso —acusan— intentando frenar procesos como la elección del Poder Judicial. En el caso de Zavala, se le cuestionó por interpretaciones polémicas de declaraciones presidenciales, mientras que Rivera y Ravel fueron señalados por posturas recurrentemente alineadas con la oposición.
En sus mensajes de despedida, los exconsejeros defendieron su labor. Ravel aseguró que deja una institución con “bases sólidas”, mientras Rivera cuestionó que se investigue a consejeros por decisiones colegiadas. Zavala, por su parte, advirtió sobre “pulsiones autoritarias”, aunque sus críticos no tardaron en responder: “autoritarismo” fue precisamente lo que muchos vieron en sus resoluciones.
Más allá de los discursos institucionales, su salida deja un Consejo General con solo ocho integrantes, en espera de nuevos nombramientos. Pero también deja un sabor agridulce: para algunos, se cierra un capítulo de excesos; para otros, simplemente se reciclan viejas prácticas bajo nuevos rostros.
Lo cierto es que, entre acusaciones, expedientes abiertos y despedidas solemnes, estos tres perfiles abandonan el INE con más polémica que aplausos. Difícil extrañarlos… pero imposible no recordar sus decisiones más controvertidas.
Funcionarios de la cúpula del organismo electoral se inscriben al proceso en medio de tensiones internas y falta de consensos en el Consejo General.
En un movimiento inédito dentro del Instituto Nacional Electoral, seis directivos en funciones, cercanos a Guadalupe Taddei, se registraron como aspirantes a ocupar tres consejerías del organismo, lo que ha encendido alertas sobre un posible reacomodo de poder al interior del árbitro electoral.
A diferencia de procesos anteriores, donde participaban asesores o perfiles externos, en esta ocasión figuras clave de la Junta General Ejecutiva (JGE) —responsable de decisiones jurídicas y administrativas— buscan dar el salto al Consejo General. Fuentes señalan que esta estrategia responde a la falta de acuerdos que ha enfrentado Taddei desde su llegada, marcada por divisiones internas y resistencia a sus propuestas.
Entre los aspirantes destacan Jesús Octavio García González, director de Administración; Roberto Carlos Félix López, titular de Organización Electoral; así como Juan Manuel Velázquez Barajas, Jesús Ancira Jiménez, Pedro Pablo Chirinos Benítez y Arlene Cabral Porchas, todos identificados por su cercanía con la presidencia del INE.
El proceso ocurre en un contexto de alta competencia: más de 500 personas se registraron, una cifra menor a la de 2023, pero aún significativa. Mientras tanto, el Consejo General opera actualmente con ocho integrantes con derecho a voto, tras la salida de tres consejeros, lo que complica la toma de decisiones ante posibles empates.
La falta de mayoría ha debilitado la capacidad de maniobra de Taddei, ya que incluso perfiles que antes eran considerados aliados han votado en sentido contrario. En este escenario, la incorporación de perfiles afines resulta clave para consolidar su influencia dentro del órgano electoral.
Además, también buscan regresar al instituto figuras como Flavio Cienfuegos Valencia y María del Carmen Alanís Figueroa, lo que refleja el alto interés por ocupar espacios estratégicos en el INE en un momento político decisivo para el país.
El respaldo del Instituto Nacional Electoral a los spots del Partido Revolucionario Institucional, pese a los señalamientos en su contra, reabre el debate sobre los límites de la crítica política evidenciando su inclinación ante audiovisuales que apuntan más por la insinuación que por las propuestas.
El apoyo del INE a los promocionales del PRI, pese a los señalamientos en su contra, reabre el debate sobre los límites de la crítica política y evidencia una preocupante falta de normas ante campañas que apuestan más por la insinuación que por las propuestas.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que los spots del PRI no constituyen imputaciones directas de delitos y se encuentran amparados por la libertad de expresión. Entre los materiales se incluyen “PRI Defensores” y “Ruta del Enriquecimiento”, este último dirigido específicamente a Samuel García, acusándolo de desviar recursos mientras la ciudadanía enfrenta carencias.
Morena y el propio gobernador presentaron quejas buscando la suspensión de estos spots, argumentando que sus contenidos son difamatorios y carecen de sustento. Sin embargo, la Comisión resolvió por unanimidad que la difusión debía continuar, citando que se trata de “opiniones” políticas.
El INE, quien descartó las medidas cautelares contra dos spots del PRI, confirmó una línea débil frente a contenidos polémicos. Bajo el argumento de que no hay imputaciones directas, la autoridad electoral optó por no intervenir, dejando intactos mensajes que reflejan dudas en la ciudadanía.
El PRI, lejos de renovar su discurso, continúa implementando su estrategia de insinuaciones y acusaciones indirectas, buscando desgastar a adversarios sin asumir responsabilidad, por lo que se repite de manera predecible: enfocar la atención en supuestos excesos y generar duda sobre la gestión de Samuel García y la postura de Morena.
El papel del INE resulta cuestionable, pues aunque la autoridad defiende la libertad de expresión, su decisión se percibe como un respaldo a campañas que se enfocan en la desinformación. La falta de intervención refuerza la idea de que, mientras no haya acusaciones formales, todo tipo de insinuación política es tolerable.
Por su parte, el PRI bajo la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, continúa su narrativa agresiva no sólo contra Samuel García sino también con Morena, mientras el INE adopta una postura donde evita resolver lo que le compete.. La combinación deja un panorama donde la polémica y las insinuaciones pesan más que las propuestas y el debate público se debilita.
El organismo electoral ordenó bajar un espot en radio y TV al considerar engañosa la información sobre financiamiento público de Morena.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro inmediato de un espot de Movimiento Ciudadano (MC) que se difundía en radio y televisión, al determinar que contenía información falsa en contra de Morena, particularmente sobre el manejo de recursos públicos.
La decisión fue tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, luego de que Morena presentara una queja formal contra el promocional en el que MC afirmaba que el partido guinda es “el más caro del mundo” y que ha recibido 30 mil millones de pesos en apenas una década provenientes de impuestos.
En el mismo mensaje, MC aseguraba que Morena “no ha regresado un solo peso” del financiamiento público, lo cual fue desmentido durante el análisis del caso. Consejeros electorales señalaron que al menos una de las afirmaciones es “evidentemente falsa”, pues en 2020 Morena sí renunció al 50% de sus prerrogativas durante la pandemia de COVID-19.
Aunque inicialmente se perfilaba rechazar la solicitud de Morena, los consejeros Arturo Castillo, Claudia Zavala y Rita Bell modificaron el proyecto y votaron a favor de conceder la medida cautelar, obligando a MC a retirar el contenido por posible desinformación.
El consejero Castillo subrayó que Movimiento Ciudadano, al contar con representación ante el Consejo General, tenía conocimiento del acuerdo aprobado en 2020, por lo que la difusión del mensaje resultaba aún más cuestionable.
El panista debuta como suplente en el Consejo General entre señalamientos, carteles y un intercambio que evidenció la vieja polémica por corrupción inmobiliaria en la CDMX.
El arribo de Santiago Taboada al Instituto Nacional Electoral (INE) no pasó desapercibido. Representantes de Morena lo recibieron sin filtro: “cuiden sus carteras, llegó el cártel inmobiliario”, dejando claro que el panista no llegó precisamente entre aplausos.
El ahora representante suplente del PAN —en sustitución de Víctor Hugo Sondón— se estrenó en medio de una sesión clave donde se discutirían cambios internos del blanquiazul, pero lo que realmente acaparó la atención fue el incómodo recordatorio del historial que arrastra la llamada trama inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
Desde Morena, el representante Guillermo Rafael no se guardó nada y exhibió una cartulina en plena sesión para señalar que personajes ligados a permisos irregulares, construcción ilegal y beneficios inmobiliarios hoy buscan espacio en el árbitro electoral. Y sí, el mensaje iba con dedicatoria directa.
El señalamiento no es menor: el llamado “cártel inmobiliario” acumula detenciones de exfuncionarios panistas y múltiples investigaciones, por lo que la presencia de Taboada en el INE fue vista como una especie de “invitado incómodo”. En pocas palabras: pasar de los escándalos urbanos al escritorio electoral no borra antecedentes.
Pero Taboada, lejos de quedarse callado, intentó devolver el golpe asegurando que si de corrupción se habla, Morena también tiene lo suyo. Incluso lanzó acusaciones contra funcionarios capitalinos, en un intento por repartir culpas que sonó más a defensa desesperada que a argumento sólido.
El INE no solo será escenario electoral, sino también ring político donde algunos llegan con más equipaje que credibilidad. Y Taboada no llega limpio.
Siete consejeros rechazaron el documento enviado al Senado por la presidencia del INE, al asegurar que no fue discutido ni aprobado de forma colegiada.
Una nueva controversia sacude al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que siete de sus once consejeros negaran haber avalado el documento remitido al Senado de la República sobre las implicaciones del Plan B electoral. El escrito fue enviado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, lo que desató un nuevo episodio de división interna en el organismo.
A través de una carta pública, los consejeros señalaron que dicho documento no fue producto de una decisión colegiada, ni se discutió previamente en el Consejo General. Entre quienes respaldaron esta postura destacan Dania Ravel, Claudia Zavala y Carla Humphrey, junto con otros integrantes que incluso están por concluir su encargo.
La consejera Ravel enfatizó que no existe un posicionamiento institucional formal sobre la reforma electoral, al tiempo que subrayó que cualquier cambio debe construirse con análisis técnico, diálogo y transparencia, recordando la experiencia de más de tres décadas del instituto.
En contraste, consejeros como Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas no respaldaron el pronunciamiento, lo que evidencia una fractura persistente en el órgano electoral desde la renovación parcial de sus integrantes en años recientes.
En paralelo, la tensión también alcanza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el magistrado Felipe de la Mata difundió una imagen junto a sus colegas Felipe Fuentes y Mónica Soto, evocando episodios pasados de confrontación interna tras la salida de Reyes Rodríguez Mondragón.
Este nuevo desencuentro en el INE ocurre en medio del debate por el Plan B electoral, un tema que mantiene en tensión a las instituciones electorales y que podría tener impacto directo en la organización de futuros comicios en México.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral perciben hasta 262 mil pesos mensuales y argumentan “autonomía” para mantener salarios elevados.
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura frente a los intentos de austeridad impulsados desde el gobierno federal y el Congreso, al rechazar recortes presupuestales y defender los altos salarios de sus consejeros, que actualmente ascienden a 262 mil pesos brutos mensuales, superando el ingreso de la Presidenta.
Desde 2018, el organismo electoral ha protagonizado constantes choques con el Ejecutivo y el Legislativo, argumentando que su autonomía constitucional le permite definir el uso de sus recursos. Incluso, ha sostenido que el salario presidencial no está claramente determinado, al considerar prestaciones adicionales como el uso de Palacio Nacional y otros apoyos.
La nueva iniciativa de reforma político-electoral, enviada al Senado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, plantea que ningún funcionario gane más de 134 mil pesos mensuales, lo que obligaría a consejeros y altos mandos del INE a reducir significativamente sus percepciones.
Además de los consejeros, la medida impactaría a la Junta General Ejecutiva y a miles de empleados del instituto, quienes actualmente cuentan con prestaciones superiores a las de la ley, incluyendo seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema fue recurrente, señalando que la autonomía no debe ser sinónimo de privilegios. Sin embargo, el INE ha defendido que sus remuneraciones están protegidas por criterios constitucionales y son necesarias para garantizar la independencia electoral.
Incluso, ante recortes previos, el organismo acudió a la Suprema Corte, argumentando que la reducción de recursos podría afectar la instalación de casillas y, por ende, los derechos ciudadanos. A pesar de ello, el debate persiste: ¿autonomía o excesos?
