La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó documentos falsos en procesos de contratación pública y aplicó multas e inhabilitaciones para proteger el interés público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de cuatro proveedores para participar en licitaciones y contrataciones de la administración pública federal, luego de comprobar que presentaron información falsa en distintos procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las sanciones fueron aplicadas a través del Órgano Interno de Control del instituto y forman parte de la estrategia de cero tolerancia a la corrupción en compras gubernamentales.
De acuerdo con la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, las resoluciones incluyen multas económicas y periodos de inhabilitación que van de un año a un año con tres meses, dependiendo de la gravedad de cada caso. Las irregularidades se detectaron en licitaciones nacionales, internacionales y adjudicaciones directas relacionadas con servicios médicos y suministros hospitalarios.
Entre los sancionados se encuentra María Esther Barrios Cabrera, multada con 643 mil pesos e inhabilitada por un año por entregar documentación ambiental falsa en una licitación de manejo de ropa hospitalaria. Asimismo, Gvicoa S.A. de C.V. recibió una sanción superior a 745 mil pesos y un año tres meses de inhabilitación por presentar un oficio apócrifo atribuido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
También fueron castigadas Comercializadora Svr, S.A. de C.V., por falsear una carta de apoyo en la compra de material terapéutico, y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., por intentar acreditar de forma irregular prórrogas de registros sanitarios en insumos del programa IMSS-Bienestar.
Las sanciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación e inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a las empresas contratar con el gobierno federal. La Secretaría reiteró que defenderá estas medidas para salvaguardar la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
