El caso reciente revive un patrón de años: entrada de agentes extranjeros, opacidad institucional y decisiones que ponen en entredicho la soberanía nacional.
La polémica en torno a Maru Campos no surgió de la nada.
Su decisión de autorizar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y luego ausentarse en la Feria de San Marcos, mientras minimizaba la muerte de cinco personas como “un accidente”, encaja en una larga historia de permisividad hacia la injerencia extranjera durante gobiernos del PRIAN.
El episodio actual es revelador: mientras la Fiscalía estatal confirmó que los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México participaban en labores de entrenamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tenía conocimiento.
Esto podría implicar una violación al Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a reportar cualquier interacción con agentes extranjeros.
Pero Chihuahua ya ha sido escenario de hechos similares. En 2011, tras ataques contra personal consular en Ciudad Juárez, agentes del FBI ingresaron para investigar, marcando un precedente de intervención directa en territorio mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón. Aquella etapa consolidó una estrategia donde la seguridad nacional comenzó a depender de actores externos.
Más adelante, bajo el gobierno priista de César Duarte Jáquez, la presencia extranjera volvió a generar controversia.
La desaparición de agentes de la Interpol en Chihuahua evidenció un manejo opaco y sin rendición de cuentas, donde ni autoridades locales ni federales ofrecieron claridad sobre operaciones de inteligencia en curso.
Para 2016, la tendencia se profundizó: en Chihuahua se permitió esquemas de inspección conjunta con agentes estadounidenses en su propio territorio, incluso con autorización para portar armas en ciertos casos. Estas decisiones, impulsadas por administraciones del PRI y PAN, consolidaron un modelo de cooperación que, en los hechos, cede control operativo a intereses extranjeros.
Hoy, el caso de Maru Campos no solo revive ese historial, sino que lo agrava: autoriza la presencia de agentes, no informa a la Federación y después evade responsabilidades desde un evento social.
Los gobiernos prianistas normalizan la intervención extranjera mientras debilitan la soberanía nacional.
Chihuahua, una vez más, queda como símbolo de esa política que prioriza acuerdos externos por encima del interés público.
