El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), FranciscoGarduño, debe comparecer ante un juez federal el próximo 21 de abril por el incendio en el que murieron 40 migrantes en un incendio de la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ese día, a las 9:15 horas, se realizará la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le formulará imputación al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Este delito no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Silvia Gutiérrez, emitió el citatorio para Garduño a petición de la Fiscalía.
El comisionado debe acudir personalmente a la diligencia judicial para ser imputado por este delito porque, según la FGR, incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando delitos contra migrantes.
El incendio se registró el pasado 27 de marzo en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez y dejó 40 personas muertas y 25 lesionadas.
La Fiscalía, de inicio, obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra cinco personas, de las cuales, tres son integrantes del INM; una es de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y otra la que inició el fuego, y todas están en prisión.
El pasado martes 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante su conferencia matutina que la persona que tenía a las llaves para liberar a las personas migrantes no estaba en su puesto, razón por la que las llamas alcanzaron a los originarios de Centro y Sudamérica en la estación migrante el día de la tragedia donde fallecieron 40 indocumentados.
A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, se muestra el momento en que los encarcelados trataron de abrir uno de los accesos de la estación mi entras el fuego aumentaba a sus espaldas. Ante esto, además de las víctimas fallecidas, 28 resultaron con diversas heridas por quemaduras y afectación por el humo en sus pulmones.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo respaldó la versión en la que el incendio se propagó, luego de que los indocumentados detenidos prendieran luego a unas colchonetas como forma de protesta, pues se presume que serían deportados a sus respectivos países de origen, lo que causó miedo e iniciaron el motín.
Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado una vez más que en la Cuarta Transformación no hay impunidad para ningún funcionario o servidor público, ya que confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Francisco Garduño Yáñez, aún titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de los migrantres fallecidos tras incendio en el puesto migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“En efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de pérdida de vida de Ciudad Juarez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”.
AMLO
Sin dar más detalles al respecto, el primer mandatario mencionó que Garduño y otros funcionarios del INM podrían estar siendo investigados por omisión y homicidio de los 40 migrantes que perdieron la vida.
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“Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación, y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”.
López Obrador
Finalmente AMLO descartó que Garduño Yáñez haya presentado su renuncia ante el INM o que será removido de su cargo, mencionando que primero deberán concluir las investigaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, así como con el titular de Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el centro migratorio de Ciudad Juárez en donde fallecieron 40 personas.
Al igual que los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se ya se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.
De igual manera, se indicó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Aquí el comunicado escrito por la FGR
Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.
La tarde de este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el padre Alejandro Solalinde, con quien tuvo una charla sobre migración y justicia.
“Platiqué con el padre Solalinde sobre migración y justicia”, indicó el mandatario.
Esta reunión se da luego de que el pasado 31 de marzo López Obrador diera a conocer la creación de un consejo para que no se violenten los Derechos Humanos de los migrantes y cuyo primer integrante será el Padre Alejandro Solalinde Guerra.
El Primer mandatario mencionó que ya había hablado del mencionado consejo antes del incendió que costó la vida a 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua; “Me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia, y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear, un consejo, y le dije ‘aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria que tú estés’”.
Detalló que se tratará de un consejo para que no se violen los Derechos Humanos de los migrantes y desplazados que recorren México con la intención de llegar a Estados Unidos y que usualmente quedan del lado de la frontera mexicana, además dijo que se buscará una reforma al Instituto Nacional de Migración.
Ha trascendido en varios medios de comunicación que desde el Gobierno de México, ya se preparan los trámites y todo lo necesario para desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) y que éste sea sustituido por un nuevo organismo, señalan fuentes consultadas por La Jornada mencionan que se buscaría una salida jurídica para incluir modificaciones legales o un decreto, mismo mecanismo por el que se creó el INM en 1993 por Carlos Salinas de Gortari.
Personas consultadas por el rotativo mencionaron igualmente que ya se busca la renuncia de directivos, principalmente de quienes laboran en las áreas que avalaron los contratos de operación de operación de las instalaciones del INM.
La propuesta busca, entre otros, modificar el esquema de detención en las estaciones migratorias, tratar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos y libre movilidad, y que haya un enfoque integral y transversal de todos los niveles de gobierno.
En el mismo sentido se detalla que en lo que la Consejería Jurídica de Presidencia define la ruta legal, se creará una comisión interseccretarial con las y los titulares de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Gobernación,a demás de organizaciones civiles y la iglesia.
Solalinde ayudará a defender los Derechos Humanos de los migrantes
El pasado 31 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un consejo para que no se violenten los Derechos Humanos de los migrantes y cuyo primer integrante será el Padre Alejandro Solalinde Guerra.
El Primer mandatario mencionó que ya había hablado del mencionado consejo antes del incendió que costó la vida a 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua; “Me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia, y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear, un consejo, y le dije ‘aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria que tú estés’”.
Detalló que se tratará de un consejo para que no se violen los Derechos Humanos de los migrantes y desplazados que recorren México con la intención de llegar a Estados Unidos y que usualmente quedan del lado de la frontera mexicana, además dijo que se buscará una reforma al Instituto Nacional de Migración.
Inició la repatriación de los cuerpos de 40 migrantes fallecidos en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua.
Se reporta que los cuerpos de siete personas salvadoreñas se encuentran en camino a su país de origen por vía terrestre, esperando que este sábado 8 de abril crucen la frontera por Chiapas.
De igual forma, 11 de los cuerpos que fueron identificados como originarios de Guatemala serán trasladados en avión la próxima semana como resultado de un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el gobierno de dicho país.
Cabe resaltar que solo un cuerpo fue reconocido como colombiano y ya fue entregado a las autoridades de su país.
El martes 11 de abril llegará al país personal de Venezuela especializado en huellas con el objetivo de reconocer a los restos de las personas procedentes de ese país.
Por último, respecto a los seis migrantes hondureños fallecidos en el incendio aún se encuentran en el proceso de identificación por lo que en días próximos programarán un vuelo para repatriarlos.
Este martes 4 de abril la Fiscalía General de la República dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas presuntamente responsables por la muerte de 40 migrantes dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.
Los acusados serán vinculados por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.
Entre los imputados se encuentran Gloria Liliana “N”, Daniel “N” y Rodolfo “N”, quienes serían los agentes del INM, además de Alan Pascual “V”, el guardia de seguridad de la empresa CAMSA y un hombre identificado como Jasón “N”, originario de Venezuela.
Este último, informó el miércoles pasado la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, es quien habría iniciado el fuego dentro de las instalaciones del INM.
“Tenemos algunas declaraciones de personas migrantes que estaban en el lugar y sí, algunos de ellos los mencionan”, dijo, previo a que la FGR solicitara las primeras órdenes de aprehensión.
Como presuntos responsables del hecho, las autoridades han identificado a por lo menos un elemento estatal y cuatro guardias privados más. De ellos, al menos uno ya se encuentra detenido en espera de que se celebre su audiencia.
La tarde del viernes, un grupo de migrantes increparon al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde le exigieron justicia para los 39 desplazados que perdieron la vida tras el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM).
El grupo de personas que protestaban se lanzaron contra la camioneta donde viajaba e primer mandatario, logrando abrirse paso entre reporteros y elementos de la ayudantía de Presidencia, para gritarle consignas a AMLO.
“No somos iguales, no te confundas”, le respondió el Ejecutivo federal a una mujer que le dijo que en México no se haga lo mismo que en Estados Unidos con los migrantes.
Ante reclamos, AMLO pidió amablemente que se dejara pasar a su vehículo, al tiempo que cuestionó si en realidad eran provocadores que había mandado Maru Campos, la gobernadora panista de la entidad.
“se me hace que te mandó Maru”, señaló el Presidente, mientras que la mujer aseguró que Campos tampoco la representa.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, informó en rueda de prensa que se rescindirá el contrato de la empresa de seguridad CAMSA, el cual se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones del INM ubicadas en 23 estados de la República, hasta el 31 de diciembre de este año 2023 con un monto mínimo 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones.
“Reiteramos que se inició el proceso administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que ocurrió en al menos nueve omisiones”
Señaló
Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en materia deDerechos Humanos, informó que se imputó a Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”, a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el incendio de Ciudad Juárez.
#ÚltimaHora | #Vídeo | Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, informó que se imputó a Rodolfo "N", Gloria "N", Daniel "N", Jason "N" y Alan "N", a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el incendio… pic.twitter.com/GzpANl5OsX
Se suspende estación de Ciudad Juárez de manera definitiva
Rodríguez Velázquez señaló que de forma definitiva se cerró la estación migratoria de Ciudad Juárez, por lo que los extranjeros que aún permanecían ahí serán trasladados.
“Anunciar que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación de Juárez, Chihuahua, por lo que las personas albergadas se trasladaran al centro integrador Leona Vicario; reiteramos la indignación y dolor este tipo de hechos, nuestra política de cero impunidad, cero corrupción y cero impunidad”, apuntó.
La titular de la SSPC detalló que no es una estancia provisional, sino más bien un centro integrador donde les ofrecerán alimentos y servicios médico a los migrantes.
FGR analiza legalidad del contrato
La fiscal Herrerías expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) examinará la legalidad del contrato de la empresa CAMSA
“Además de irregularidades, la FGR habrá de examinar puntualmente legalidad del contrato, omisiones que las personas empleadas desplegaron en los hechos, ya que por tratarse de empresa no están exentas de respetar derechos humanos, castigarse en su posición de garantes”, añadió.
La servidora comunicó que era responsabilidad de los servidores de custodia la seguridad de los migrantes retenidos y que no están exentas de obligaciones, con base en el Artículo 51, que señala que deben recibir cursos básicos de formación, capacitación y adiestramiento de conformidad.
“Analizamos qué conductas constituyen un hecho delictivo, pues hay responsabilidad de quienes realizaban acciones de seguridad; será esclarecido”.
Reiteran que no habrá ningún tipo de impunidad
Rosa Icela Rodríguez reiteró que se hará un deslinde claro de las responsabilidades y reafirmó que no se cometerán injusticias.
“No vamos a cometer injusticias, toda la investigación llegará hasta donde tope, lo dije, sin otro propósito de hacer justicia; habrá un deslinde muy claro, muy preciso de responsabilidades, los familiares pueden estar seguros que se trata de una investigación seria y a fondo, se trata de homicidios, que es un delito grave, muy doloroso y no podemos simular eso, no podemos permitir que haya impunidad”.
