Durante la mañanera del pueblo de este martes 22 de abril, el Gobierno de México informó que la inseguridad disminuyó 32.9%.
Como parte del informe trimestral en materia de seguridad, el Gobierno de México, a través de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que la incidencia delictiva general del país disminuyó 32.9% entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Asimismo, Figueroa aseguró que, en el delito de homicidio, se alcanzó una disminución de hasta 28.1% en el primer trimestre de 2025. Entre las entidades que reportaron más homicidios se encuentran Guanajuato (11.8%), Estado de México (8.2%), Sinaloa (6.9%), Jalisco (6.5%) y Guerrero (6.1%).
Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó las detenciones más relevantes, entre las que destaca la de Joel Alonso “N”, alias “El Gangoso”, en la Ciudad de México. Este sujeto es identificado como jefe de una célula operativa de “Los Mayos”, vinculada al Cártel del Pacífico.
Harfuch reiteró que, del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025, han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de esta sustancia. Además, se han confiscado más de 9 mil 600 armas de fuego en 17 estados del país. El Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
Ante estos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de una muestra de los frutos que ha dado la continuidad en la estrategia de seguridad, basada en la atención a las causas, la coordinación entre instituciones y autoridades, y el fortalecimiento de la inteligencia operativa en tareas policiales. La mandataria reiteró que también se trabaja en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó que este es un tema que los mexicanos resolverán: “colaboración sin subordinación”, sentenció.
En Salamanca, Guanajuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un campo de fútbol. El ataque ocurrió en la comunidad de Cárdenas. Otros dos hombres resultaron heridos.
Testigos relatan que varios hombres armados llegaron al lugar alrededor de las cinco de la tarde del lunes. Sin previo aviso, abrieron fuego contra seis personas que estaban en el campo.
Los dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital de Salamanca. Las autoridades acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Este trágico incidente recuerda el ataque del 16 de marzo, cuando ocho jóvenes fueron ejecutados en la comunidad de San José de Mendoza. La violencia en la región continúa generando preocupación entre los habitantes.
El periodista Ricardo Sevilla, en su reciente investigación, revela una alarmante percepción de inseguridad en Durango. Conversando con la población de la capital duranguense, se evidencia que el gobierno municipal no solo enfrenta problemas de corrupción, sino también una crítica inseguridad y pésimas condiciones de las calles.
📹 #Vídeo | Una investigación del periodista Ricardo Sevilla (@sevillacritico) revela los vínculos del alcalde prianista de Durango, José Antonio Roch,a con el crimen organizado.
Con el respaldo del actual gobierno municipal, los puntos de venta crecen mientras se pone en… pic.twitter.com/ZlViW0rLtH
Durante un recorrido en taxi, el operador compartió su perspectiva sobre la situación. Aseguró que, a pesar del discurso oficial de que Durango es un estado tranquilo, la realidad es muy diferente. “La tranquilidad es solo una fachada. La droga está presente, y todos lo saben”, afirmó.
El taxista destacó que las autoridades, incluyendo al presidente municipal y al gobernador, están al tanto del control que ejercen los narcotraficantes en la región. “El gobernador y el presidente municipal se reparten el pastel. Están bien pagados por el narco”, añadió.
Los testimonios de la ciudadanía reflejan un miedo palpable. Muchos evitan opinar por temor a represalias. “La gente no puede hablar porque tiene miedo al narco y a las autoridades”, comentó el taxista.
Además, la infraestructura de la ciudad deja mucho que desear. Las calles están llenas de baches y en mal estado. “Las calles están parcheadas, y el gobierno proyecta una imagen de una ciudad bonita, pero la realidad es otra”, explicó.
Durango necesita un buen gobierno que priorice el bienestar de la población y no esté atado al dinero del crimen. Lo que hace falta es valentía para enfrentar esta situación. Este análisis pone de manifiesto la urgente necesidad de un cambio en la administración local para mejorar las condiciones de vida en Durango.
En la colonia Luz y Esperanza, ubicada en la capital duranguense, persisten condiciones críticas de vida: escasez de agua, calles sin pavimentar, desempleo e inseguridad. Pese a las promesas de campaña de las autoridades actuales, los residentes aseguran que, tras tres años, no hay mejoras visibles. A ello se suma un temor generalizado a denunciar o opinar públicamente por miedo a represalias, tal y como lo constató el trabajo periodístico a cargo de Zeltzin Juárez.
Infraestructura abandonada y servicios básicos limitados
Las calles de la colonia exhiben graves daños: baches profundos y terracerías irregulares que, según los vecinos, dañan vehículos y complican el tránsito. “Aquí los brincos y brincos [de los autos] arruinan las suspensiones”, comentó un habitante bajo condición de anonimato. A esto se agrega la falta de agua potable, con cortes recurrentes que obligan a los residentes a racionar el líquido.
Inseguridad y silencio forzado
La violencia también acecha. Una mujer entrevistada admitió: “No me siento segura caminando aquí; sí hay peligro”. Sin embargo, la mayoría evitó dar declaraciones abiertas. “¿Usted votaría otra vez por el actual presidente municipal?”, preguntó Juárez. La respuesta más recurrente fue un incómodo “no sé” o evasivas, reflejando desconfianza hacia la gestión de Antonio “Toño” Ochoa, presidente municipal, y Esteban Villegas, gobernador de Durango, quienes en 2021 prometieron mejorar las condiciones de vida en la zona.
Promesas incumplidas y descontento social
Durante su campaña, Villegas y Ochoa prometieron impulsar obras de pavimentación, seguridad y acceso al agua. No obstante, los habitantes aseguran que las calles siguen igual, falta deempleo, escacez de agua y la delincuencia mantiene en alerta a la comunidad. “¿Dónde están las mejoras? Hace tres años prometieron, pero todo sigue igual”, cuestionó la periodista Zeltzin frente a una calle en total abandono.
Falta de transparencia y llamado anónimo
El reporte concluyó con un llamado a los ciudadanos a compartir sus testimonios de manera anónima en los comentarios del video, ante la evidente reticencia a hablar frente a cámaras. Mientras tanto, la colonia Luz y Esperanza espera respuestas concretas a problemas que, lejos de resolverse, profundizan la desilusión hacia sus autoridades.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaun detalló que Guanajuato lleva varios años siendo la entidad con más homicidios dolosos, además de ser el único estado donde estas cifras siguen yendo a la alza, y es que representa el 15.2% de los homicidios ocurridos en el país del 1 al 31 de enero, además, dijo que esto no sólo se debe a “la no atención profunda al tema de seguridad”, sino “también [es] producto a un modelo de desarrollo, el PAN lleva gobernando Guanajuato muchísimos años”.
Desde que el Partido Acción Nacional (PAN) asumió el gobierno de Guanajuato en 1991, la entidad ha pasado de ser una de las más prósperas del Bajío a convertirse en el epicentro de la violencia en México. Hoy, Guanajuato ocupa los primeros lugares en homicidios, ataques contra políticos y presencia del crimen organizado, dejando al descubierto el fracaso de la estrategia panista en seguridad.
Cifras que exponen la crisis
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato registró una tasa de homicidios de 70 por cada 100,000 habitantes en 2021, una de las más altas del país. El problema no se ha detenido: en 2024, el estado sumó 4,333 homicidios, un incremento del 23% respecto a 2018, cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asumió la gubernatura.
Los ataques contra funcionarios y políticos también se han disparado. Durante 2024, se registraron 31 asesinatos de candidatos, funcionarios y servidores públicos en Guanajuato, convirtiéndolo en el segundo estado con más violencia política, solo por detrás de Guerrero. Municipios como Celaya encabezan la lista de violencia, superando incluso a Acapulco en estos crímenes.
El PAN, entre la impunidad y el colapso de la seguridad
A pesar de estos números alarmantes, los gobiernos panistas han evitado asumir responsabilidades y han apostado por una estrategia de seguridad que ha resultado ineficaz para contener el avance del crimen organizado. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 2024, cuando Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado durante 15 años, presentó su renuncia tras las fuertes críticas por su incapacidad para frenar la violencia.
La crisis ha sido tal, que incluso funcionarios municipales han sido secuestrados por el crimen organizado, como ocurrió en enero de 2025 con el alcalde del municipio de Doctor Mora y la contralora de Atarjea.
Pobreza y falta de oportunidades: un cóctel de violencia
Más allá de la incapacidad del PAN para garantizar la seguridad, la crisis de violencia en Guanajuato también está vinculada a problemas estructurales que sus gobiernos han ignorado. Expertos coinciden en que la falta de oportunidades educativas, los bajos salarios y la pobreza han facilitado el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, generando un círculo vicioso de criminalidad que el PAN no ha sabido ni querido atender.
Con la llegada de la gobernadora, también panista, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la entidas sigue siendo un campo de batalla entre grupos criminales, dejando a la población en un estado de indefensión permanente.
El modelo de seguridad panista ha fracasado
Con más de 30 años de gobiernos panistas, Guanajuato está hundido en una crisis de violencia sin precedentes. El modelo de seguridad del PAN no solo ha sido ineficaz, sino que ha permitido que el crimen organizado se fortalezca y expanda su dominio en la región.
Pese a que el estado de Yucatán ha cambiado de administración y que ahora gobierna la Cuarta Transformación, algunos organismos estatales siguen en manos de corruptos funcionarios panistas que dejó Mauricio Vila por la entidad, y ejemplo de ello es el caso que denuncia César Aticiaga Ronquillo, dueño de una empresa de grúas de plataforma que el pasado domingo 12 de enero fue detenido ilegalmente por elementos de la Fiscalía Estatal.
Aticiaga Ronquillo narró para Los Reporteros MX, que el pasado fin de semana, fue contratado para transportar una camioneta de lujo de la Ciudad de México a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, sin embargo, llegando a la entrada de Mérida, Yucatán, un reten militar lo detuvo para una inspección de rutina, donde se confirmó que no cometía ninguna irregularidad en su habitual trabajo, pero metros más adelante, elementos de la Fiscalía Estatal lo detuvieron sin razón aparente para de inmediato amedrentarlo y robar su teléfono y la carpeta de documentos de la camioneta que transportaba.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | César Aticiaga Ronquillo, Operador de grúa de plataforma, denuncia que elementos de la Fiscalía de #Yucatán, aún controlada por panistas, lo detuvieron ilegalmente, le robaron sus pertenencias y violentaron psicológicamente, para sustraer un vehículo de… pic.twitter.com/6b1JzAwtjW
Tras esto, policías ministeriales arribaron al lugar para subir de tono las agresiones en contra de César y exigir la camioneta transportada, pero al negarse, fue escoltado a la Fiscalía para ser encarcelado en la cárcel municipal por 36 horas: “Vi que bajaron la camioneta en la fiscalía y la mía se la llevaron. Nunca me dieron ningún papel, nunca hubo nada, solo amenazas de muerte de parte de los policías de PDI”
Mapa de la Fiscalía donde César fue violentado y en donde se vieron por última vez las camionetas
Sumado a esto, el denunciare acusa que al ser ingresado a la cárcel municipal, fue obligado a firmar una declaración a pesar de que no dio testimonio alguno a las autoridades. En la celda, fue además víctima de violencia psicológica constante sumado que se le negó hasta el día siguiente su llamada por derecho.
Policía Ministerial confesó que robaría la camioneta de lujo
La tarde del martes 14 de enero y tras ser liberado de la ilegal detención, Aticiaga Ronquillo sufrió nuevas amenazas de muerte para que abandone el estado y no regrese, dejando ahí su camioneta de trabajo más la Mercedes que transportaba.
Foto de la grúa y la unidad de lujo robada
“Un ministerial que llegó, yo creo que era el jefe, dijo ‘tú camioneta (de lujo) me gustó y me la voy a quedar, cómo ves, y aquí la vas a bajar y te vas a ir sin nada’. Eso fue lo que me comentó”, menciona el operador de la grúa, que reitera que en todo momento contó con sus papeles en orden para ejercer su trabajo.
Elemento de la policía ministerial señalado de perpetrar el robo de las unidades y la detención ilegal
En cuanto a la grúa, menciona que su medio de trabajo no está en ninguno de los corralones de Mérida, sumado a que le niegan información sobre la unidad, mientras que la lujosa camioneta tampoco ha sido ubicada, aunque se especula que sigue en la Fiscalía.
Lo obligan a firmar una declaración falsa
César Aticiaga Ronquillo detalló que al llegar a la cárcel de Mérida tras la arbitraria detención, no se le tomó declaración tras narrar lo que había vivido hace escasos minutos, siendo obligado a firmar un testimonio que en ningún momento le fue tomado y en el que se le acusa de “alboroto en vía pública”.
Presionado por la situación, donde sus pertenencias ya habían robadas por elementos de la fiscalía y sin conocer a nadie en la ciudad, César firmó la falsa declaración para aminorar las consecuencias que podría sufrir en contra de su integridad.
Fiscalía de Yucatán, en manos de la corrupción
Durante la entrevista, Aticiaga mencionó que los policías ministeriales y municipales de Mérida son la misma delincuencia en la entidad: “A mi me dio mucha tristeza porque en una celda, aun chavo le pegaron y había una mujer que esa policía estatal, y le estaban pegando y ella se reía”, mencionó.
El agredido mencionó que denunciará el caso ante la Derechos Humanos debido a las amenazas para que no vuelva a la entidad, donde continua desaparecida la camioneta con la sustenta a su familia y la unidad que transportaba y que fue robada descaradamente por los elementos de la aún panista, Fiscalía de Yucatán.
Celular que le fue robado a César aún aparece en la Fiscalía de Yucatán
“Es mi única fuente de trabajo, como me robaron todo, también ando batallando, todo el dinero que traía el policías se los echó a las bolsas. Hasta un peso”, comentó César, que por obvias razones, teme volver a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Finalmente, César comentó que la ciudad de Mérida no es como la presentan los medios conservadores, ya que es común que elementos de la fiscalía y de las policías locales cometan ilícitos como el que denuncia, por lo que llamó a que las autoridades federales tomen cartas en el asunto, no solo en su caso, sino en las muchas irregularidades que parece haber dejado Maurico Vila y que ahora deberán ser atendidos por el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.
Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato sostendrán una reunión con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, para exigir detalles sobre la nueva estrategia de combate al crimen conocida como Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA). Así lo anunció Sergio Contreras Guerrero, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El encuentro se llevará a cabo este jueves en las instalaciones del C-5, y abordará temas clave como las zonas identificadas como focos rojos en el estado y la posibilidad de que el gobierno estatal solicite un endeudamiento para adquirir armas de grueso calibre, autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Falta de transparencia en la estrategia CONFIA
Contreras Guerrero expresó su preocupación por la falta de información detallada sobre la estrategia CONFIA, presentada por la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo en noviembre de 2024. Según el legislador, el Congreso no ha recibido informes claros sobre las acciones específicas del programa ni sobre las zonas prioritarias de intervención.
“La petición del Verde en esta reunión es el esclarecimiento del programa -CONFIA-, el esclarecimiento de las zonas de conflicto y el tema del armamento”, enfatizó Contreras Guerrero.
Debate sobre la compra de armas
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, informó que la Defensa autorizó la compra de armas automáticas y de alto poder para fortalecer la lucha contra los grupos criminales. No obstante, el diputado del PVEM insistió en la necesidad de mayor transparencia antes de respaldar este tipo de medidas.
“Con cosas aisladas no nos van a resolver el problema, por eso necesitamos conocer la estrategia”, declaró Contreras Guerrero, quien agregó que es fundamental tener claridad sobre el tipo de armamento, su cantidad, calibre y costos involucrados.
Además, el legislador subrayó la importancia de integrar al Congreso en una estrategia integral de seguridad, que incluya reformas legislativas como el aumento de penas en delitos específicos y la autorización de créditos para equipamiento.
La falta de información y el manejo opaco de la estrategia de seguridad por parte del gobierno panista han generado críticas y demandas de esclarecimiento. Legisladores y actores sociales urgen a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo a priorizar la transparencia en un tema tan delicado como la seguridad pública, especialmente en un estado con altos índices de violencia.
La inseguridad elevada al primer problema social de país infunde miedo y una sociedad con miedo es mucho más manipulable, por eso los regímenes anteriores insistieron en la gran magnitud de la inseguridad como el enemigo número uno de la sociedad mexicana.
El régimen anterior imponía la obsesión por la inseguridad incluso antes de que el narcotráfico apareciera como el protagonista de la violencia en las calles: era necesario asustar a la población para que no cuestionara la acumulación de dinero que se otorgaba al supuesto combate a la inseguridad, se abrían posibilidades de recurrir a alternativas presupuestales directas ante la inminente lucha por salvaguardar la integridad de los mexicanos.
Quienes colocaron a la población en el campo de batalla entre las autoridades y el narcotráfico fueron las autoridades. Con la ayuda de los medios los gobiernos colocaron a la población como carne de cañón en su lucha por una delincuencia que el otorgaba un gran poder de manipulación y un enorme presupuesto.
Cuando el mido dejó de ser la guerrilla en México el origen del terror se trasladó al narcotráfico. La propia Dirección Federal de Seguridad fue clausurada definitivamente con el pretexto de su actuación represiva, aunque en realidad se intensificó posteriormente desde las diferentes corporaciones policiacas del PRI y del PAN. Derivó en el CISEN que era una oficina de persecución de disidentes, que designaban como enemigos del país, cuando, en muchos casos, luchaban por la libertad.
La impunidad garantizada de los elementos de la DFS y luego del CISEN, es una asignatura pendiente de la justicia en México. Los integrantes dela Brigada Blanca que torturaban para ver si acaso eran sospechosos los detenidos, en su gran mayoría jóvenes, hombres y mujeres que sufrieron las peores vejaciones en nombre de la defensa de la integridad de una sociedad que en el fondo despreciaban y robaban.
Los funcionarios de la DFS, de la Brigada Blanca, del Cisen, salían millonarios de sus funciones inexplicablemente. Un solo comandante, que eran intocables y considerados casi héroes de la patria, no quedó pobre luego de trabajar como represor de jóvenes mexicanos, actividad que disfrutaban ejecutar y ver.
La inseguridad, la violencia, la lucha por el sueño de caminar por las noches sin miedo hizo de la población el objetivo de miedo, pero no de la inseguridad, problema que los funcionarios públicos desde Ávila Camacho hasta Peña Nieto, que implantaron una fuente de ingresos sin auditorías y una manera más sencilla de que el pueblo obedeciera.
Los mexicanos conservan el miedo al comunismo, sobre todo una clase media desinformada y poco ilustrada, temor al que se suma el narcotráfico. Es una vieja costumbre el temor, que pasa de generación en generación sin más averiguación que la machacona insistencia de los medios sobre el grave problema número uno de México.
Así como The New York Times participa en la campaña de montajes contra el gobierno, así también favoreció, junto con otros medios del vecino país, el miedo. Estados Unidos le convenía, como le conviene ahora, que la gente le diera prioridad una mentira porque de esa manera podría introducir soldados, agentes de la CIA, de la DEA y del FBI a territorios ajenos.
Una manera de exorcizar el miedo es dando a conocer la verdadera historia de la guerra sucia, y así como hay homenajes post mortem, debe haber condenas a los muertos para que los mexicanos, de todas las edades, identifique, de una vez por todas, a los causantes originales del miedo, el cual no era gratuito porque en toda la existencia de la DFS sus agentes se dedicaron a castigar un pensamiento distinto al impuesto desde el gobierno a través de un partido político hegemónico, autoritario y represivo.
Sólo con la condena a los numerosos integrantes de la represión que alcanzaron la impunidad con la muerte, se podrá conocer el origen del miedo inexplicable de los mexicanos hacia una inseguridad que se ha magnificado y colocado como la peor miseria humana en su historia del país.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , pidió a la población mantener la calma y estar pendiente de la información oficial del Gobierno de México, ante los hechos de inseguridad que se registran en la sindicatura de Jesús María, ubicada al norte de Culiacán.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, Roncha Moya señaló que las fuerzas de seguridad federal fueron agredidos por por parte de hombres armados, cuando realizaban un recorrido de vigilancia en una comunidad de la sindicatura de Jesús María. Ante ello, se desplegó un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno para detener a los agresores.
Hago un llamado a la población de Culiacán a mantener la calma. La situación que ha trascendido, está siendo atendida y se focaliza fuera de la ciudad. Se recomienda, en cualquier caso, estar atentos a la información oficial y evitar la que se emite de manera extraoficial con el solo propósito de causar alarma.
Indicó Rocha Moya.
Hago un llamado a la población de Culiacán a mantener la calma. La situación que ha trascendido, está siendo atendida y se focaliza fuera de la ciudad. Se recomienda, en cualquier caso, estar atentos a la información oficial y evitar la que se emite de manera extraoficial con el…
En ese sentido, el mandatario sinaloense señaló que ese enfrentamiento ocasionó que hombres incendiaran dos vehículos en la carretera México 15, a la altura de Limón de los Ramos, para evitar que las fuerzas de seguridad pudieran detenerlos.
Cabe mencionar que, el alcalde de Culiacán señaló que los hechos de violencia eran focalizados en donde elementos de las Fuerzas de Seguridad Federal han realizado algunas acciones, sin dar algún detalle el motivo de la movilización.
Hacemos un llamado a la población a conservar la calma, y mantenerse atentos a los reportes oficiales de las autoridades de Gobierno.
— Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) August 29, 2024
Derivado de acciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal, en la sindicatura de Jesús María, al norte del municipio de Culiacán, se han registrado hechos de inseguridad focalizados en esa zona, sobre la Carretera México 15.
Con la Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal, México avanza en la pacificación del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad ha disminuido un 15.3% desde diciembre de 2018, cuando era del 74.7%, hasta alcanzar el 59.4% en junio de 2024.
Durante junio de 2024, el 59.4% de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Esta reducción en la percepción de inseguridad refleja los esfuerzos en justicia social y seguridad implementados en los últimos años.
El informe muestra una tendencia a la baja constante en la percepción de inseguridad tanto en hombres como en mujeres. En diciembre de 2018, la percepción entre hombres era del 69.2% y entre mujeres del 79.2%. Para junio de 2024, estos números han disminuido a 54.4% y 64.3% respectivamente.
La gráfica también destaca la estabilidad y mejoras en la percepción de seguridad a lo largo de los últimos años, a pesar de algunos repuntes ocasionales. La paz, como resultado de la justicia social y la implementación de políticas de seguridad efectivas, se refleja en estos datos positivos.
Estos resultados son indicativos de que las políticas de seguridad y justicia social están teniendo un impacto significativo en la vida diaria de los mexicanos, reduciendo la percepción de inseguridad y contribuyendo a la pacificación del país.
