Diputados panistas usaron sus módulos legislativos para montar una red comercial de electrodomésticos a precios de mercado, disfrazada de programa social.
Cuatro diputados de Morena llegaron esta mañana al Instituto Electoral de la Ciudad de México con una denuncia formal en mano. Paulo García, Brenda Ruiz, Ana Buendía y Miguel Macedo acusaron al PAN de engañar a familias de Tlalpan y Xochimilco: les vendieron tinacos, calentadores solares, colchones y electrodomésticos como si fueran apoyos subsidiados, pero los precios que cobraron fueron iguales o mayores a los del mercado.
La queja señala a dos diputados locales panistas por nombre: Daniela Gicela Álvarez Camacho y Andrés Sánchez Miranda. Según Morena, ambos pusieron su imagen, su cargo y los recursos de sus módulos legislativos al servicio de un negocio privado. Detrás del esquema opera Sumando Oportunidades A.C., una organización dirigida de facto por Jovani Miguel León Cruz, exalcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo. León Cruz carga con cinco causas penales activas y una condena de dos años y medio de prisión por desvío de recursos públicos. Aun así, el PAN lo contrató como asesor de su bancada en la Cámara de Diputados.
El diputado Paulo García fue directo al señalar el negocio: cada venta genera una comisión para los legisladores panistas. “Nosotros nos preguntamos: ¿ese dinero a quién cae? ¿Es un financiamiento paralelo?”, dijo. La denuncia ante el IECM incluye publicaciones de Facebook, videos de TikTok y catálogos de productos donde los diputados del PAN aparecen promocionando la mercancía. Las frases que usaron para vender —“apoyando a las vecinas y vecinos” y “a bajo costo para apoyar la economía de las familias”— hicieron creer a la gente que se trataba de un programa de gobierno. No lo era.
Un dato revela hasta dónde llegó la mezcla entre el cargo público y el negocio privado: el número de teléfono que aparece como contacto de ventas es el mismo que el módulo legislativo oficial de la diputada Álvarez Camacho ante el Congreso de la CDMX. Además, una lista interna de la organización muestra que los distribuidores recibían hasta 250 pesos de comisión por cada producto entregado.
Morena pide al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) medidas cautelares para detener la difusión del material y una investigación sobre el origen del dinero. Carlos Vázquez, representante del partido ante el instituto, advirtió que ya tienen la certificación de las publicaciones en redes. “No pueden negar los actos”, dijo. El contexto le da urgencia al caso: el proceso electoral local 2026-2027 ya arrancó, y Morena argumenta que esta red funcionó como propaganda electoral pagada por las propias familias que fueron engañadas.
Para el partido gobernante, el #RotoPAN no es un caso aislado. Antes vino el #CartelInmobiliario, donde funcionarios panistas usaron alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo para hacer negocios con bienes raíces. Ahora el blanco son familias de colonias populares que solo necesitaban un tinaco y confiaron en que su diputada los estaba ayudando. Morena anunció que irá hasta las últimas consecuencias y abrió las puertas de sus diputaciones a quienes hayan comprado productos a través de este esquema.
